(Washington, DC) – El Gobierno de Estados Unidos debería ordenar a los agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que no actúen en las inmediaciones de centros de votación, lugares de votación anticipada ni buzones electorales durante el periodo de las elecciones de mitad de mandato, señaló hoy Human Rights Watch. La presencia de estos agentes federales podría disuadir a algunas personas de votar.
“Los abusos cometidos por agentes de ICE ya han afectado gravemente a ciudadanos estadounidenses que han sido interceptados, golpeados, detenidos, deportados e incluso asesinados”, señaló Philippe Bolopion, director ejecutivo de Human Rights Watch. “Los votantes no deberían tener que temer quedar atrapados en una redada de ICE cuando acuden a votar”.
La votación temprana presencial ya está en marcha en la mayoría de los estados. En una encuesta nacional realizada en septiembre, el 40 % de las personas encuestadas afirmó que espera algún tipo de presencia de ICE en los centros de votación, y ese porcentaje fue aún mayor entre las personas no blancas encuestadas, que esperaban ver agentes de ICE en lugares de votación.
La legislación federal prohíbe en términos generales que funcionarios federales envíen “tropas u hombres armados” a los centros de votación. Varias leyes estatales prohíben que agentes armados, incluida la policía, realicen actos que puedan interferir en las elecciones o intimidar a los votantes con su presencia cerca de los centros de votación. Algunos estados prohíben incluso que agentes del orden, incluida la policía, permanezcan cerca de los centros de votación salvo que estén respondiendo a un incidente concreto.
A pesar de estas claras prohibiciones, ni el presidente Donald Trump ni los responsables del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) han querido descartar la posibilidad de que agentes federales, incluidos agentes de ICE, estén presentes en lugares donde se vota.
En marzo, Todd Blanche, entonces fiscal general adjunto y actualmente fiscal general, dijo: “¿Por qué hay objeciones a enviar a ICE a los centros de votación? [...] Las personas indocumentadas no pueden votar. No tiene ningún sentido”. En febrero, Karoline Leavitt, que entonces era secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo que no podía “garantizar” que no hubiera agentes de ICE en las inmediaciones de centros de votación en noviembre.
A principios de septiembre, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo que no había planes para desplegar agentes de ICE en los centros de votación, aunque dejó abierta la posibilidad de que estuvieran presentes si tenían que “ejecutar una orden contra alguien a quien hemos estado buscando activamente” o si “existe una amenaza contra ese centro de votación”.
Actualmente hay tres demandas pendientes en los tribunales federales para impedir que el ICE actúe en los colegios electorales, además de otro proceso judicial que pretende obligar al Gobierno a revelar sus planes con respecto a la presencia de agentes del ICE en los colegios electorales. En Washington, D. C., la Junta Electoral pidió en octubre a la Guardia Nacional que limitara su presencia cerca de los buzones electorales durante las elecciones de mitad de mandato, después de que se recibieran quejas por la presencia de tropas junto a un buzón electoral en Foggy Bottom.
El Gobierno de Trump lleva tiempo sosteniendo que un gran número de personas que no tienen la ciudadanía estadounidense votan ilegalmente en las elecciones del país, pero no ha aportado pruebas de que el problema tenga una magnitud suficiente para haber afectado al resultado de ninguna elección en ningún lugar del país. Diversos estudios, entre ellos los del Fair Elections Center, el Bipartisan Policy Center, el Brennan Center y el Cato Institute, no han encontrado pruebas de voto masivo por parte de personas no ciudadanas y han concluido que este fenómeno tiene una incidencia insignificante en los resultados electorales.
ProPublica determinó que agentes federales de inmigración han detenido al menos a 500 ciudadanos estadounidenses desde el inicio del segundo mandato de Trump, incluidos 36 casos en los que las personas detenidas no pudieron ponerse en contacto con sus familiares o abogados durante 24 horas o más. El mismo estudio también concluyó que los agentes detuvieron a más de 100 ciudadanos estadounidenses tras poner en duda que lo fueran; casi todos eran personas racializadas.
En Minnesota, Human Rights Watch concluyó que los abusos cometidos por ICE durante la Operación Metro Surge atemorizaron a muchas personas, que dejaron de salir de casa y faltaron al trabajo, a la escuela e incluso a citas médicas esenciales. Ciudadanos estadounidenses racializados entrevistados entonces por Human Rights Watch señalaron que tenían tanto miedo de ser objeto de perfilamiento racial que comenzaron a llevar siempre consigo sus pasaportes.
El análisis de Human Rights Watch también indica que, en 2025, ICE utilizó en Los Ángeles la raza y el origen étnico como indicadores rudimentarios para inferir la nacionalidad de una persona y detuvo a personas basándose en esos criterios. La percepción del riesgo asociado a un encuentro con ICE podría ser considerablemente mayor entre las comunidades no blancas.
La notoriedad de estos incidentes y de los abusos generalizados cometidos por ICE durante los dos últimos años podría disuadir a algunas personas de votar si creen que es probable encontrarse con agentes de ICE cerca de los centros de votación, señaló Human Rights Watch.
“Se debería ordenar públicamente a los agentes de ICE que se mantengan alejados de los centros de votación y de cualquier lugar donde se esté votando”, señaló Bolopion.
