(Nueva York) – Los proyectos legislativos que avanzan en Maryland y Alabama ampliarían los derechos de voto a las personas que tengan condenas por delitos graves, y esto implicaría un progreso importante del movimiento que aboga por extender el derecho a voto a todas las personas, señaló hoy Human Rights Watch. Alabama aprobó recientemente una ley que facilita que las personas puedan votar después de haber cumplido penas de prisión. El gobernador de Maryland, Wes Moore, debería refrendar el proyecto HB115, y otros estados deben seguir su ejemplo.
En Maryland, la norma HB115 inscribiría automáticamente a las personas para que puedan votar al salir de la cárcel, lo que eliminaría un obstáculo significativo que, durante años, ha excluido de los padrones electorales a personas que reúnen los requisitos para votar. El Proyecto 24 del Senado de Alabama, refrendado hace poco por el gobernador, exige que el Consejo de Indultos y Libertad Condicional brinde información “fácilmente accesible” sobre el proceso de restablecimiento a las personas que hayan completado condenas. También requiere que el consejo informe al Secretario de Estado cuando se restablezcan derechos individuales, a fin de añadir a esas personas a las listas de votantes. La aprobación del proyecto representa un progreso importante para el estado, donde 1 de cada 10 personas adultas negras quedan inhabilitadas para votar debido a condenas penales.
“Estos proyectos legislativos son victorias que se consiguieron con el arduo esfuerzo de defensores y personas directamente afectadas que, durante años, han trabajado para expandir el derecho de voto en estos estados”, manifestó Trey Walk, investigador y activista sobre democracia de Human Rights Watch. “Estados Unidos debe estar a la altura de sus ideales democráticos y reconocer el derecho a votar con independencia de si una persona tiene experiencia con el sistema de derecho penal”.
Estas reformas se producen al mismo tiempo que la Administración Trump ha adoptado medidas que podrían dificultar incluso más la posibilidad de votar. La Administración ha intentado imponer nuevas restricciones al voto por correo, que es utilizado por millones de votantes, incluidas personas con discapacidad.
En octubre de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos analizó los argumentos del caso Luisiana v. Callais, en el que se plantea si crear distritos electorales integrados mayoritariamente por personas negras, para dar cumplimiento al artículo 2 de la Ley de Derechos Electorales de 1965, viola la Constitución estadounidense. El caso, que se resolverá en los próximos meses, ha concitado gran alarma entre quienes defienden la justicia racial y el derecho de voto.
“Ante los ataques persistentes contra las protecciones federales al derecho de voto, es crucial que las legislaturas estatales aborden esta cuestión”, opinó Walk. “No solo deben defender sino, además, ampliar el acceso a las urnas”. Estados Unidos sigue estando apartado de las prácticas globales prevalentes, al despojar del derecho de voto a un gran número de personas como resultado de condenas penales, y la inhabilitación para votar debido a delitos graves afecta a más de cuatro millones de personas.
El impacto de esto tiene un perfil sumamente racial. La iniciativa The Sentencing Project estimó en 2024 que 1 de cada 22 personas afroamericanas en edad de votar está privada del derecho de voto, una cifra que supera en más del triple a la proporción entre las personas que no son negras. Según indica el mismo estudio, al menos 495.000 personas de la comunidad latina de Estados Unidos el 1,5% de la población elegible para votar, están inhabilitadas para votar.
Aún queda mucho por hacer, incluso si se promulgan ambos proyectos de ley, destacó Human Rights Watch. El proyecto de Alabama, en particular, mantendría la práctica del estado que exige a las personas en régimen de libertad vigilada o de libertad condicional por delitos graves que paguen tasas judiciales, multas y otros costos antes de que se puedan restablecer sus derechos de voto. Este requisito consistente en “pagar para votar” hace que las personas de bajos ingresos sean, por diferencia desproporcionada, las que quedan fuera de los padrones electorales.
A nivel global, la mayoría de los países con poblaciones de 1,5 millones de personas o más nunca o muy pocas veces niegan el derecho de voto debido a una condena penal. Las reformas en estados como Maryland y Alabama acercan a Estados Unidos a esta norma internacional.
El derecho de voto se encuentra protegido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Estados Unidos ratificó en 1992. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sostiene que cualquier restricción al derecho de voto debe ser “objetiva y razonable” y que la duración de las suspensiones del derecho a votar basadas en condenas debe guardar proporción con el delito y la condena.
En 2024, Human Rights Watch, junto con The Sentencing Project y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (American Civil Liberties Union, ACLU) publicó el informe “Out of Step: U.S. Policy on Voting Rights in Global Perspective” [Desfasados: Política estadounidense sobre derechos de voto en perspectiva global], que examina políticas estatales y federales en materia de inhabilitación para votar debido a delitos graves. Las organizaciones recomendaron que Estados Unidos ponga fin a la inhabilitación por delitos graves, elimine las prácticas de “pagar para votar”, establezca centros de votación en los establecimientos penitenciarios y exija a los funcionarios que informen a todos los votantes elegibles sobre los derechos que les corresponden.
“Cada estado debería buscar derribar las barreras innecesarias que no permiten votar”, destacó Walk. “El voto es un derecho humano que protege a todas las personas”.
