(Washington D. C.) – La reconocida abogada de derechos humanos Ruth López continúa en detención provisional en El Salvador, con su caso bajo reserva judicial, un año después de su captura, señaló hoy Human Rights Watch. Las autoridades salvadoreñas deben garantizar a López un juicio pronto, público y justo, levantar la reserva judicial del caso, y permitir contacto regular con su familia y sus abogados.
López, de 48 años, dirige la Unidad Anticorrupción de Cristosal, una de las principales organizaciones de derechos humanos de Centroamérica, desde donde ha investigado presuntos casos de corrupción de altos funcionarios de la administración del presidente Nayib Bukele de El Salvador, y ha denunciado graves violaciones de derechos humanos bajo el régimen de excepción que permanece vigente en el país. La detención de López marcó el inicio de una escalada represiva contra críticos del gobierno, incluyendo defensores de derechos humanos y periodistas.
“Ruth López pasó años advirtiendo que el presidente Bukele estaba desmantelando las instituciones que protegen a los salvadoreños frente al abuso de poder”, dijo Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “Lamentablemente, su propio caso es la prueba más clara de que tenía razón sobre la deriva autoritaria de El Salvador. Las autoridades deben levantar la reserva sobre su caso, presentar sus evidencias, si las tienen, en una audiencia pública, y permitirle acceso efectivo a sus abogados”.
La policía detuvo a López el 18 de mayo de 2025, en su domicilio en San Salvador. López fue inicialmente acusada de peculado en relación con su trabajo, hace más de una década, como asesora de un exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas. Aproximadamente 15 días después de su arresto, la fiscalía cambió la acusación a enriquecimiento ilícito.
En una audiencia realizada el 4 de junio de 2025, un juez ordenó su detención provisional. Posteriormente fue trasladada al centro penitenciario La Granja Penitenciaria de Izalco, donde permanece detenida. En diciembre, el juez a cargo del caso prorrogó su detención provisional por seis meses adicionales, hasta junio de 2026.
Las pruebas contra López no se han presentado en audiencia pública. El juez tampoco ha expuesto públicamente las razones para mantener su caso bajo reserva judicial.
A través de su trabajo en Cristosal, López investigó el presunto mal uso de fondos públicos—incluyendo irregularidades en la contratación pública durante la pandemia—y presentó recursos legales contra la destitución sumaria, en mayo de 2021, del fiscal general y los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional. También ayudó a liderar una campaña ciudadana contra la derogación de la prohibición de la minería metálica en El Salvador ocurrida en diciembre de 2024. Asimismo, presentó recursos de hábeas corpus en favor de venezolanos deportados desde Estados Unidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una mega prisión en El Salvador a inicios de 2025.
La detención de López fue el inicio de una serie de medidas dirigidas contra críticos del gobierno, señaló Human Rights Watch.
El 20 de mayo de 2025, dos días después de la detención de López, la Asamblea Legislativa, controlada por el partido del presidente Bukele, aprobó una “ley de agentes extranjeros”. La ley, que dice promover la “transparencia”, en la práctica otorga al gobierno amplia discrecionalidad para controlar, estigmatizar y sancionar a organizaciones de derechos humanos y medios independientes que reciben financiamiento internacional.
Desde la entrada en vigencia de la ley, la Asociación de Periodistas de El Salvador y al menos otras tres organizaciones de la sociedad civil han cerrado sus oficinas en el país, citando requisitos abusivos impuestos por la ley.
El 7 de junio de 2025, la policía arrestó a Enrique Anaya, uno de los abogados constitucionalistas más prominentes del país y un destacado crítico del gobierno, bajo presuntos cargos de lavado de dinero. Pocos días antes de su arresto, Anaya había condenado públicamente la detención de López. Anaya también permanece en detención provisional, y su expediente se encuentra bajo reserva.
Como consecuencia de esta escalada, numerosos críticos del gobierno se han visto forzados al exilio. Entre mayo y septiembre de 2025, al menos 140 defensores de derechos humanos y periodistas salieron del país. En julio de 2025, Cristosal anunció que suspendía sus operaciones en El Salvador y se relocalizaba en Guatemala y Honduras. Su director, Noah Bullock, declaró que la organización se veía obligada a elegir entre “la cárcel o el exilio”.
El uso de la detención provisional indefinida contra López y otros críticos del gobierno refleja un patrón más amplio en El Salvador, donde reformas legales sucesivas adoptadas desde 2022 han desmantelado de hecho las garantías del debido proceso, incluyendo los límites a la detención provisional, y han permitido audiencias masivas de cientos de imputados a la vez. La mayoría de estas medidas se adoptaron bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, que ha sido utilizado para detener a más de 91.000 personas. Human Rights Watch ha documentado violaciones generalizadas de derechos humanos durante el régimen de excepción, incluyendo detenciones arbitrarias masivas, tortura, desapariciones forzadas y condiciones inhumanas de detención.
La independencia judicial en El Salvador se ha visto gravemente debilitada desde mayo de 2021, cuando la Asamblea Legislativa destituyó sumariamente a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, reemplazándolos con aliados del Ejecutivo.
El 22 de septiembre de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que López y Anaya enfrentaban riesgos graves y urgentes para su vida, integridad y salud, e instó a El Salvador a garantizar condiciones adecuadas de detención, incluyendo contacto regular con familiares y abogados. Las autoridades salvadoreñas no han informado públicamente de ninguna medida para implementar estas recomendaciones.
Los gobiernos extranjeros y los organismos internacionales de derechos humanos, incluido el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, deberían intensificar sustancialmente su escrutinio público sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador, señaló Human Rights Watch. Deberían instar públicamente a El Salvador a garantizar a López, Anaya y otros críticos detenidos un juicio pronto, público y justo, levantar la reserva judicial sobre sus casos, y garantizarles contacto regular con sus familias y abogados.
Conforme a la Carta Democrática Interamericana, la Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene el mandato de discutir y tomar medidas contra la “alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro”. Sin embargo, su Consejo Permanente no ha ejercido su responsabilidad de discutir la situación en El Salvador.
“La creciente represión contra defensores de derechos humanos y periodistas acerca a El Salvador a gobiernos autoritarios como los de Venezuela, Nicaragua y Cuba”, dijo Goebertus. “Los gobiernos latinoamericanos y europeos deberían tomarse en serio la deriva autoritaria del país y responder con urgencia”.
