- El ejército de Burkina Faso, junto con milicias aliadas y un grupo armado vinculado con Al Qaeda, ha matado a más de 1.800 civiles y ha desplazado por la fuerza a decenas de miles de personas desde 2023.
- La junta está cometiendo graves abusos, no está asegurando la rendición de cuentas por los abusos cometidos en todos los bandos y está restringiendo la información para ocultar el sufrimiento de la población civil atrapada en la violencia.
- Los organismos regionales y los gobiernos aliados deberían trabajar con las autoridades de Burkina Faso y presionarlas para que aborden los graves abusos cometidos por todas las partes y garanticen una rendición de cuentas real.
(Nairobi, 2 de abril de 2026) – El ejército de Burkina Faso, junto con milicias aliadas y un grupo armado vinculado a Al Qaeda, ha matado a más de 1.800 civiles y ha desplazado por la fuerza a decenas de miles de personas desde 2023, señaló hoy Human Rights Watch en un informe. Estas atrocidades, incluida la limpieza étnica de civiles fulani por parte del gobierno, constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, por los que altos mandos de todas las partes podrían ser responsables.
El informe de 316 páginas, “‘Nadie puede escapar’: crímenes de guerra y de lesa humanidad en Burkina Faso cometidos por todas las partes”, documenta el devastador impacto sobre la población civil de un conflicto armado que ha recibido poca atención a nivel mundial. El equipo de investigación documentó 57 incidentes que implican a las fuerzas militares burkinesas y a milicias aliadas conocidas como Voluntarios para la Defensa de la Patria (VDP), así como al grupo armado islamista Jama’at Nusrat al-Islam wa al-Muslimin (JNIM), desde que la actual junta militar tomó el poder en septiembre de 2022. Human Rights Watch también publicó documento para explicar las cuestiones jurídicas implicadas.
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Narrator: There’s a brutal conflict going on in West Africa that many people have never heard of. In Burkina Faso, government forces have been fighting Islamist armed groups for more than a decade. All sides have made attacks on civilians a key part of their strategies, killing thousands. More than 2 million people have been displaced by the fighting.
Soundbite: “That day, 25 people died on the spot. Some were cut up by the impact of the airstrike; others had their heads cut off. Some died from choking on the dust they inhaled after the strike. After the strike, everyone started to flee.”
Narrator: So why haven’t many people heard about this crisis? Burkina Faso’s military government has banned or silenced local and international media and created a climate of fear to deter people from speaking out.
Soundbite: “The VDPs [government-backed militia] surrounded us, they told us to watch what they were going to do. There were people who had been stabbed with iron bars. When they finished stabbing, they slit their throats.”
Narrator: Human Rights Watch spent a year and a half documenting 57 attacks across Burkina Faso. We spoke with nearly 400 witnesses over the phone or in neighboring countries where they had fled and documented the killing of at least 1,800 civilians between 2023 and 2025. But this may be the tip of the iceberg.
Narrator: Since President Ibrahim Traoré took power in a military coup in 2022, he has made the fight against Islamist armed groups his main objective.
Narrator: The military has armed tens of thousands of people in a militia called the Volunteers for the Defense of the Homeland, commonly known as VDPs. If a community has VDPs, JNIM, one of the main Islamist armed groups, often targets the entire population.
And government forces have massacred civilians simply for living in areas that JNIM controls.
Narrator: The military and VDPs have especially targeted ethnic Fulani people whom they accuse of supporting JNIM.
Entire Fulani communities have been attacked and forcibly displaced, and their property looted, acts that amount to ethnic cleansing.
Soundbite: They [VDPs] told us: “It’s [President] Ibrahim Traoré who sent us to kill you.” And they began slitting the throats of people in front of us. They called us “terrorists,” which we are not.
Narrator: Military abuses have fueled recruitment by JNIM and the cycle of retaliatory attacks has led to widespread violence against civilians. All sides have committed abuses that amount to war crimes and crimes against humanity. To seek justice for these crimes, we needed to identify who was responsible.
Narrator: So, we used AI to go through thousands of hours of footage from Burkina Faso’s state-owned news channel and a social media platform used by JNIM. The software we developed identified key information about JNIM, military units, and the names of people involved in specific attacks. This information, along with witness accounts, allowed us to identify members of the Burkinabé armed forces and JNIM who were in a position of command during each attack.
Narrator: These include: Capt. Ibrahim Traoré, the president of Burkina Faso, and top military commanders. It also includes the leaders of JNIM, such as Iyad Ag Ghaly, Amadou Kouffa, and Jafar Dicko.
Narrator: None have been held accountable. States should investigate these serious international crimes, and the International Criminal Court should bring perpetrators to justice. Accountability and civilian protection cannot wait.
“La magnitud de las atrocidades que se están cometiendo en Burkina Faso es sobrecogedora, al igual que la escasa atención internacional que recibe esta crisis”, afirmó Philippe Bolopion, director ejecutivo de Human Rights Watch. “La junta está cometiendo abusos horribles, no está garantizando la rendición de cuentas en todos los bandos y está restringiendo la información para ocultar el sufrimiento de la población civil atrapada en la violencia”.
Human Rights Watch entrevistó a más de 450 personas en Burkina Faso, Benín, Costa de Marfil, Ghana y Malí, así como por teléfono, sobre abusos graves cometidos entre enero de 2023 y agosto de 2025. El equipo de investigación también llevó a cabo un amplio análisis de fuentes abiertas, examinando imágenes satelitales, miles de horas de material audiovisual y documentos oficiales para verificar los hechos e identificar a los mandos implicados en todos los bandos.
Bajo el presidente Ibrahim Traoré, la junta ha intensificado la represión contra la oposición política, la disidencia pacífica y los medios de comunicación independientes, creando un clima de terror y restringiendo gravemente el flujo de información sobre el conflicto y su impacto.
Desde 2016, JNIM y otros grupos armados islamistas han llevado a cabo una insurgencia contra sucesivos gobiernos en Burkina Faso como parte de una ofensiva más amplia en la región del Sahel. JNIM ha matado a civiles y saqueado bienes, lo que ha llevado a la junta a emprender campañas contrainsurgentes brutales. Los asesinatos y otros abusos graves contra la población civil, a menudo procedente de comunidades acusadas de apoyar al bando contrario, se han convertido en una táctica clave tanto de la junta como de JNIM.
En uno de los incidentes más mortíferos, el ejército burkinés y milicias aliadas mataron a más de 400 civiles en diciembre de 2023 en unas 16 aldeas cercanas a la localidad de Djibo, en el norte, durante una operación conocida como “Operación Tchéfari 2 (Miel de los guerreros, en fulfulde)”. “[La milicia] abrió fuego”, dijo una mujer de 35 años. “Mis dos hijas murieron en el acto”. Las balas también la hirieron gravemente a ella y a su hijo de 9 meses. Escuchó a un miembro de la milicia decir: “Asegúrense de que nadie respira antes de marcharse”.
El ejército y las milicias han atacado a comunidades fulani por su presunto apoyo a grupos armados islamistas, lo que ha dado lugar a la limpieza étnica de comunidades enteras.
En noviembre de 2023, milicias aliadas al gobierno mataron a 13 civiles fulani, entre ellos 6 mujeres y 4 niños, en la aldea occidental de Bassé. “Todos los cuerpos, excepto el de mi hijo, estaban agrupados en el patio, con los ojos vendados con sus propias ropas rasgadas y las manos atadas a la espalda… acribillados a balazos”, dijo un hombre de 41 años. “Mi hijo… estaba boca abajo. Le habían disparado en la nuca”.
JNIM ha utilizado amenazas generalizadas y violencia para someter y castigar a comunidades como parte de sus esfuerzos por ampliar su control territorial en zonas rurales. El 24 de agosto de 2024, JNIM mató al menos a 133 civiles, entre ellos decenas de niños, en la localidad central de Barsalogho, acusando a toda la comunidad de apoyar a los VDP.
“[Los combatientes de JNIM] disparaban sin parar, como si tuvieran munición de sobra”, dijo un hombre de 39 años. “La gente caía como moscas. Vinieron a exterminarnos. No perdonaron a nadie”. Cinco miembros de su familia murieron en el ataque.
JNIM ha sitiado decenas de pueblos y aldeas en todo Burkina Faso, bloqueando el movimiento de personas y bienes, lo que ha provocado hambre y enfermedades. El grupo armado ha colocado artefactos explosivos improvisados en carreteras y ha destruido puentes, fuentes de agua e infraestructuras de comunicación.
Todas las partes son responsables de crímenes de guerra, incluidos homicidios deliberados, ataques contra civiles y bienes de carácter civil, pillaje y desplazamiento forzado, señaló Human Rights Watch. También han cometido asesinato y desplazamiento forzado como parte de ataques contra la población civil, lo que constituye crímenes de lesa humanidad.
Human Rights Watch concluyó que el presidente Traoré, comandante en jefe de las fuerzas armadas, y seis altos mandos militares burkineses podrían ser responsables, en virtud de la responsabilidad de mando, de graves abusos y deberían ser investigados. Iyad Ag Ghaly, líder supremo de JNIM, buscado por la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes en Malí entre 2012 y 2013, así como otros cuatro mandos de JNIM, también podrían ser responsables en virtud de la responsabilidad de mando por abusos cometidos en Burkina Faso y deberían ser investigados.
Los miembros de todas las partes en conflicto en el país gozan de una impunidad casi total. Las víctimas y sus familiares señalaron que no confían en las instituciones judiciales nacionales o que no pueden acceder a ellas. Las autoridades han negado o minimizado las denuncias de abusos, especialmente por parte de las fuerzas militares y las milicias, y no han llevado a cabo investigaciones creíbles.
Los gobiernos han tomado pocas medidas frente a estos crímenes atroces, señaló Human Rights Watch. Los socios internacionales de Burkina Faso —entre ellos, las Naciones Unidas, la Unión Africana, la Unión Europea y sus Estados miembros, así como Estados Unidos— deberían abordar los ciclos prolongados de abusos e impunidad en el país. Deberían promover la rendición de cuentas, entre otras medidas imponiendo sanciones selectivas a los mandos responsables de abusos identificados por Human Rights Watch. La Fiscalía de la CPI debería abrir un examen preliminar sobre presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos por todas las partes en Burkina Faso desde septiembre de 2022.
“El mundo debe reconocer la magnitud de las atrocidades que se están cometiendo en Burkina Faso y ponerles fin”, afirmó Bolopion. “Los organismos regionales y los gobiernos aliados deberían trabajar con las autoridades de Burkina Faso y presionarlas para que aborden los graves abusos cometidos por todas las partes y garanticen una rendición de cuentas real”.
