Los continuos combates entre el grupo armado M23 y las fuerzas ruandesas, por un lado, y el ejército congoleño y las milicias aliadas, por otro, han llevado la miseria y las atrocidades al este de la República Democrática del Congo durante los últimos tres años.
La población civil se ha visto expuesta a desplazamientos masivos, bombardeos y asesinatos indiscriminados, violencia sexual generalizada y otras violaciones cometidas por todas las partes en conflicto.
Ahora, añadiendo a la interminable lista de atrocidades, el M23 ha deportado por la fuerza a civiles -un crimen de guerra- a Ruanda con la ayuda de la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), según descubre HRW en un nuevo informe.
En febrero, el M23, apoyado por Ruanda, obligó a cientos de miles de personas a abandonar los campos de desplazados cercanos a Goma. Los combatientes del M23 impidieron a algunos regresar a sus hogares y vivieron en escuelas y refugios provisionales en Sake, a unos 25 kilómetros de Goma.
Luego, en mayo, el M23 reunió a unas 2.000 personas en Sake y las llevó por la fuerza a un centro de tránsito gestionado por ACNUR en Goma. Allí, muchos fueron deportados ilegalmente a Ruanda.
De las personas trasladadas por la fuerza el 12 de mayo, el M23 trasladó primero a algunos de los hombres al Stade de l'Unité (Estadio de la Unidad) de Goma. Allí, el M23 acusó a muchos de ellos de ser "súbditos ruandeses", a pesar de que tenían documentos congoleños.
Los testigos afirmaron que los combatientes del M23 quemaron las tarjetas de elector congoleñas y dijeron a los que consideraban ruandeses que volvieran a su país.
El traslado forzoso de civiles a Ruanda, ya sean ciudadanos congoleños o refugiados ruandeses, es un crimen de guerra según los Convenios de Ginebra.
Ruanda, junto con el M23 al que apoya, controla partes del este del Congo. Esto significa que cumple la definición de fuerza de ocupación según el derecho internacional.
Esto hace al gobierno de Ruanda responsable en última instancia de los numerosos abusos del grupo armado en el este del Congo.
La comunidad internacional debe presionar con firmeza a Ruanda para que detenga de inmediato las deportaciones ilegales, proteja a todos los habitantes de las zonas que controla y lleve ante la justicia a los responsables de los abusos.
