- Cerca de 5.700 hombres y niños, detenidos como presuntos miembros del Estado Islámico (EI) y transferidos a Irak a principios de 2026, podrían sufrir abusos, incluyendo procesos judiciales injustos para los adultos, seguidos de la pena de muerte.
- Decenas de países están demorando la repatriación y la provisión de ayuda a sus nacionales detenidos en Irak en un contexto de acusaciones de tortura, enfermedades graves y varias muertes en detención.
- Los gobiernos deben dejar de delegar la responsabilidad por sus nacionales y asegurar que reciban un trato humano, tanto en el extranjero como en el país.
(Beirut) – Cerca de 5.700 hombres y niños, detenidos como presuntos miembros del Estado Islámico (EI) y transferidos a Irak a principios de 2026, están en riesgo de sufrir abusos, incluido el enjuiciamiento inminente de adultos en procesos judiciales injustos, seguidos por la pena de muerte, señaló hoy Human Rights Watch. Decenas de países están demorando la repatriación y la ayuda a sus nacionales detenidos, en un contexto de acusaciones de tortura, enfermedades graves y varias muertes en detención.
Los detenidos, de los que 3.500 serían de Siria y 2.200 de Irak y otros 65 países, ya habían estado en riesgo de muerte durante siete años y medio en el noreste de Siria. Ninguna de las personas extranjeras había sido acusada ni enjuiciada, por lo que su detención prolongada en Siria fue arbitraria e ilegal. Las fuerzas militares estadounidenses transfirieron de forma intempestiva a esas personas a Irak entre el 21 de enero y el 12 de febrero de 2026.
“Los miles de niños y hombres enviados a Irak merecen un trato humano y garantías de debido proceso, al igual que los miles de víctimas del Estado Islámico merecen justicia genuina”, dijo Letta Tayler, asesora sénior sobre la lucha contra el terrorismo de Human Rights Watch. “La comunidad internacional no debe dejar que Irak gestione esta responsabilidad inmensa solo”.
Human Rights Watch entrevistó a 56 personas, entre ellas familiares y abogados de detenidos, funcionarios gubernamentales iraquíes y extranjeros, representantes de las Naciones Unidas y expertos independientes, defensores de derechos humanos iraquíes e internacionales y analistas legales y de seguridad. Por temor a sufrir represalias, muchas de esas personas hablaron bajo anonimato. Human Rights Watch también analizó artículos de prensa, publicaciones en redes sociales y documentos, declaraciones y correspondencia con familias de países cuyos nacionales fueron transferidos.
Las autoridades judiciales en Irak indicaron que terminaron de interrogar a los detenidos y que los juicios por cargos de terrorismo comenzarán en los próximos días. El juicio contra seis de los 47 nacionales franceses transferidos por separado desde Siria en 2025 por presuntos vínculos con el EI está programado para el 5 de octubre.
Los detenidos se encuentran entre decenas de miles de personas sirias, iraquíes y otros hombres, mujeres y niñas y niños extranjeros arrestados durante el colapso del EI en el noreste de Siria desde 2019. Fueron retenidos por el grupo armado Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), con respaldo estadounidense y liderazgo kurdo hasta enero de 2026, cuando los enfrentamientos entre esos combatientes y las fuerzas del gobierno de transición sirio sumieron en el caos al noreste de Siria. Temiendo que escaparan de prisión, las fuerzas militares estadounidenses transportaron por vía aérea y autobuses hasta Irak a 5.704 personas.
Irak tuvo apenas pocos días para prepararse y las autoridades no esperaban recibir a tantas personas gravemente enfermas, según dijeron un funcionario del gobierno iraquí, un funcionario de un gobierno occidental y otras dos fuentes. Más de 1.100 personas adultas tenían enfermedades graves y contagiosas, incluida la tuberculosis, según afirmaron. La tuberculosis es una enfermedad con alto riesgo de contagio y puede ser mortal si no se trata. Cientos de personas murieron por tuberculosis mientras estaban detenidas en el noreste de Siria.
Un hombre murió durante el traslado y otros 14 fallecieron después de haber llegado a destino, aparentemente debido a graves condiciones de salud, según indicaron varias fuentes, entre ellas una autoridad penitenciaria iraquí. Las celdas de los detenidos no tenían ventilación ni salubridad adecuadas. Según señalaron, estas condiciones han mejorado y hay médicos iraquíes que están dando atención especializada y evaluaciones psicológicas a los niños. Pero las celdas están ocupadas al 158 % de su capacidad, explicó la autoridad penitenciaria.
Más de 440 de los detenidos trasladados son niños, incluido uno de 12 años. De ellos, se cree que 305 son sirios y que el resto procede de cerca de otros 15 países, según un funcionario judicial iraquí. Algunas de sus madres y hermanos y hermanas todavía están detenidos en el campamento de Roj, en el noreste de Siria, por presuntos vínculos con el EI. Otros 1.000 son hombres jóvenes que habían sido capturados por las Fuerzas Democráticas Sirias cuando eran niños y que, desde entonces, están detenidos sin acusación formal. Los niños y hombres están recluidos en sectores separados de la prisión de máxima seguridad de Al-Karkh, cerca del aeropuerto internacional de Bagdad.
A ninguna de las personas transferidas se les dio la oportunidad de oponerse a su traslado ni se les dijo a dónde estaban siendo enviadas, destacó una fuente de un gobierno occidental con conocimiento de la operación. El sistema de justicia iraquí ha cometido numerosas torturasy ejecuciones ilegales. A falta de una evaluación de riesgos y de salvaguardias creíbles, el traslado de los detenidos a un sistema de justicia con este historial podría violar del derecho internacional a una escala masiva.
Human Rights Watch recibió información de tres fuentes que indican que cinco detenidos extranjeros afirmaron haber sido torturados durante interrogatorios tras su traslado a Irak en 2026. En enero, 13 de los franceses transferidos en 2025 dijeron haber sufrido torturas y otros abusos con la intención de forzarlos a realizar confesiones falsas, dijo su abogado.
Las autoridades judiciales y penitenciarias iraquíes negaron que haya habido maltratos. El funcionario judicial manifestó que los detenidos podrían haberse causado marcas y contusiones a modo de “engaño”, para simular que habían sufrido abusos. Dijo que toda denuncia de tortura se remitiría a las autoridades judiciales para su investigación. Human Rights Watch no pudo confirmar los señalamientos de tortura.
Los traslados han agudizado el temor de los familiares cuyos seres queridos ya habían pasado años detenidos en condiciones críticas en el noreste de Siria.
“Realmente me asusta”, expresó el familiar de un hombre transferido que es ciudadano de un país occidental. “¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cuándo va a terminar esto? Esta situación sigue y sigue, y no se ve ninguna luz al final del túnel”.
Irak necesita mucho más apoyo internacional, considerando la cantidad de detenidos y sus condiciones de salud delicadas, explicaron funcionarios del gobierno iraquí y de gobiernos occidentales. Un funcionario iraquí sostuvo que hay una necesidad “urgente” de más insumos médicos.
Las autoridades judiciales iraquíes manifestaron que también están solicitando ayuda internacional para llevar a cabo investigaciones y para confirmar las nacionalidades de las personas, incluso por parte de los países de origen de los detenidos, ya que no llegaron con expedientes judiciales ni documentos de identidad.
“La comunidad internacional debe dar un paso adelante y asumir la responsabilidad que le corresponde” por sus nacionales, afirmó Ali Diaa, director administrativo del Centro Nacional de Cooperación Judicial Internacional de Irak, que supervisa las investigaciones de las personas detenidas. “Estamos buscando apoyo tangible, no talleres ni conferencias”.
El Estado Islámico cometió atrocidades masivas en Irak entre 2014 y 2017, y en Siria de 2014 a 2019, incluido contra el grupo minoritario religioso yazidí. Según el Consejo Judicial Supremo de Irak, entre los detenidos trasladados hay varios “líderes de primera línea” del EI. Si bien los responsables de crímenes internacionales graves deben rendir cuentas, los detenidos serán juzgados aplicando la Ley Antiterrorista iraquí de 2005, que prevé la pena de muerte por delitos que se definen de manera demasiado amplia e imprecisa. Esto hace temer que un número desconocido de personas detenidas reciban la pena de muerte arbitrariamente. La competencia legal de Irak respecto de la mayoría de los detenidos extranjeros también es muy cuestionable.
Irak ha instado a los países a que repatrien a todas las personas extranjeras a las que no condenen por delitos vinculados con Irak y que las enjuicien cuando haya razones que lo justifiquen. Estados Unidos también ha instado a que haya repatriaciones. Pero la mayoría de los gobiernos de estos nacionales han rechazado o demorado la promesa de repatriaciones, al temer que haya riesgos para la seguridad y, según algunas fuentes, que esto suponga un alto costo político y dificultades para el enjuiciamiento. Las repatriaciones a algunos países expondrían aún más a los repatriados al riesgo de tortura, juicios sin garantías y desapariciones. Se sabe sobre solo dos detenidos, ambos niños, que fueron repatriados en abril de 2026. Los gobiernos que evitan adoptar medidas razonables para proteger a sus nacionales del trato inhumano y juicios injustos, entre otras cosas, bloqueando activamente su retorno, podrían ser cómplices de los abusos que ocurran.
“El traslado a Irak de estos niños y hombres no constituye una ‘misión cumplida’ por sí sola”, aseveró Tayler. “Los gobiernos deben dejar de delegar la responsabilidad por sus nacionales y asegurar que reciban un trato humano, tanto en el extranjero como en el país”.
