(Nueva York, 17 de septiembre de 2025) – Los líderes mundiales reunidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas del 22 al 30 de septiembre de 2025 deben comprometerse a proteger a la ONU frente a gobiernos poderosos que pretenden desfinanciar y socavar la capacidad de la organización de promover los derechos humanos y la justicia internacional, señaló hoy Human Rights Watch.
A poco del debate general anual de la Asamblea General, los líderes mundiales celebrarán una cumbre sobre la situación en Palestina, que se prevé que presidan el premier francés Emmanuel Macron y el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman.
“Los derechos humanos y la propia ONU están en la mira de gobiernos poderosos hasta un extremo sin precedentes”, manifestó Federico Borello, director ejecutivo interino de Human Rights Watch. “Los líderes mundiales deben comprometerse a adoptar medidas para asegurar que el organismo mundial cuente con los recursos y el apoyo político que necesita para llevar adelante su labor humanitaria y de derechos humanos que salva vidas en todo el mundo, como en Gaza, Ucrania, Sudán, Haití y en otros lugares donde hay personas necesitadas”.
A su vez, los gobiernos deben adoptar medidas para frenar la escalada de atrocidades por parte de Israel contra palestinos en Gaza y Cisjordania, apuntó Human Rights Watch. Deben condenar y realizar acciones para contrarrestar las sanciones de Estados Unidos contra funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI), organizaciones palestinas destacadas y una experta de la ONU. Deberían movilizarse a favor de instituciones como la CPI, que está combatiendo la impunidad por crímenes de guerra y otras atrocidades en Myanmar, Israel/Palestina, Sudán, Ucrania y en otras partes del mundo.
Este grupo de líderes mundiales debería aprovechar la oportunidad que presenta la conferencia sobre Palestina del 22 de septiembre de comprometerse públicamente a actuar para poner fin a décadas de impunidad por violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos perpetradas por autoridades israelíes contra la población palestina. Esta cumbre, que se organiza en respuesta a la opinión consultiva histórica de julio de 2024 que emitió la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la ocupación israelí del territorio palestino, es una continuación de una reunión de alto nivel que tuvo lugar en julio.
En esa opinión consultiva de la CIJ, se determinó que la ocupación israelí, que se inició hace décadas, es ilegal, viola el derecho de los palestinos a la autodeterminación y se distingue por abusos graves, incluido el apartheid. En la conferencia del 22 de septiembre, Francia, el Reino Unido, Australia, Canadá y otras partes manifestaron que reconocerían un Estado palestino.
Sin embargo, esas declaraciones corren el riesgo de convertirse en meros gestos vacuos, a menos que los Estados se comprometan a adoptar medidas concretas para detener el exterminio de palestinos por parte de Israel y la expansión de los asentamientos ilegales. Los gobiernos deben suspender las transferencias de armas a Israel, prohibir el comercio con asentamientos ilegales e imponer sanciones dirigidas específicamente a funcionarios israelíes que sean responsables de crímenes contra palestinos, incluidos crímenes de lesa humanidad y actos de genocidio, dijo Human Rights Watch. Los Estados también deberían presionar a Hamás y a grupos armados palestinos para que liberen a todos los civiles rehenes.
La ONU está sumida en una crisis financiera existencial, en gran parte debido a la negativa de Estados Unidos a pagar sus contribuciones —una obligación que tienen los países— y a la cancelación de prácticamente la totalidad de la financiación voluntaria estadounidense para innumerables agencias y organismos de la ONU. Ello está socavando la labor humanitaria de la ONU, así como las investigaciones sobre derechos humanos en Ucrania, Rusia, Sudán, Siria, Israel/Palestina, la República Democrática del Congo, Afganistán, Myanmar, Corea del Norte y otros lugares.
Estados Unidos no es el único actor que incumple sus obligaciones financieras con la ONU. China, el segundo mayor contribuyente de la ONU, ha estado postergando sus pagos para el presupuesto ordinario de la organización y para las operaciones de mantenimiento de la paz. Muchos otros gobiernos también están en mora. Gobiernos con vastos recursos en la Unión Europea, el Reino Unido, Alemania, Francia, Suiza, los Países Bajos, Suecia y otros han emulado la decisión estadounidense de coartar sus programas de ayuda exterior reduciendo aún más sus propios presupuestos de ayuda exterior, lo cual exacerba las dificultades económicas de la ONU.
Los gobiernos que tienen verdadero interés en proteger los derechos humanos deben pagar sus contribuciones asignadas de manera puntual e integral y aumentar las contribuciones voluntarias a la ONU, dando prioridad a programas que protegen los derechos humanos y salvan vidas.
En 2023, Estados Unidos aportó casi USD 13.000 millones a través de contribuciones asignadas y voluntarias a la ONU. Esa cifra se redujo drásticamente a casi cero este año, después de que Trump dispusiera una “revisión” de las contribuciones de EE. UU. a la ONU. No está claro si Estados Unidos reanudaría la financiación a la ONU, ni tampoco cuándo y en qué medida.
Los y las líderes de la ONU deberían buscar formas de reducir los costos y, al mismo tiempo, evitar recortes generalizados que impactarían desproporcionadamente en el trabajo en materia de derechos humanos, cuya financiación insuficiente ya es crónica. Conforme las autoridades de la ONU siguen impulsando un conjunto de propuestas de reducción de costos como parte de su iniciativa “ONU80”, deben asegurar que las investigaciones independientes sobre violaciones de derechos humanos cuenten con los recursos necesarios para seguir adelante.
“El monitoreo y las investigaciones por parte de la ONU pueden disuadir a los gobiernos abusivos de cometer atrocidades contra civiles”, explicó Borello. “Los gobiernos poderosos que buscan socavar los programas humanitarios y de derechos humanos de la ONU deben ser repudiados, y no emulados. De ello dependen las vidas de millones de personas en todo el mundo”.
Quienes desempeñan roles de liderazgo deben ejercer presión para que se adopten medidas significativas que aborden las crisis agudas en Sudán y Haití. En Sudán, la población civil enfrenta hambruna, violencia sexual y otras atrocidades. En Haití, los grupos delictivos están extendiendo su control, lo que aumenta el número de asesinatos y hechos de violencia sexual, incluidas violaciones en grupo, y esto obliga a millones de personas a desplazarse y atravesar una grave situación de inseguridad alimentaria. Por su parte, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, se ha negado a respaldar los llamamientos de defensores de derechos humanos y de Estados miembros para que se envíen misiones de protección física a Sudán y Haití.
El 6 de febrero, Trump emitió una orden ejecutiva que autoriza la inmovilización de activos y las prohibiciones de entrada a funcionarios de la CPI y otros actores que apoyan el trabajo que lleva adelante la corte. Hasta ahora, el gobierno de EE. UU. ha impuesto sanciones al fiscal de la corte, sus dos fiscales adjuntos, seis magistrados, la relatora especial de la ONU para el Territorio Palestino Ocupado, Francesca Albanese, y a tres organizaciones líderes de la sociedad civil palestina. Estas sanciones constituyen un ataque flagrante al Estado de derecho y el sistema de justicia internacional. Su objetivo principal es frustrar la investigación en curso de la CPI sobre Palestina, incluidas las órdenes de arresto vigentes contra primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en Gaza.
Los Estados miembros de la ONU deben expresar su apoyo al mandato global de la CPI y al trabajo crítico que realiza la sociedad civil, y pedir al gobierno de EE. UU. que cancele el programa de sanciones. Los Estados miembros también deberían comprometerse a adoptar medidas concretas para proteger a la corte de estas sanciones, entre otras cosas, a través de legislación como el Estatuto de Bloqueo de la UE, cuyo objetivo es proteger a las empresas europeas de los efectos de las sanciones extraterritoriales.
Los Estados miembros deben comprometerse en mayor medida con la justicia internacional implementando todas las opiniones consultivas de la CIJ, incluida la opinión de la Corte de julio en la que se describió al cambio climático como una amenaza existencial para el planeta y se argumentó que la inacción de los Estados para proteger al clima acarrea consecuencias legales.
Los delegados deben instar a los Estados miembros a seguir impulsando negociaciones sobre un tratado internacional para prevenir y sancionar los crímenes de lesa humanidad. El tratado suplirá un vacío en el derecho internacional que contribuye a que haya impunidad por actos atroces de homicidio, torturas, desaparición forzada, violencia sexual y persecución, entre otros, infligidos a civiles en todo el mundo.
Los abusos cruentos y sistemáticos que los talibanes siguen perpetrando contra mujeres y niñas en Afganistán desde que volvieron a tomar el poder en 2021 son un ejemplo de por qué debería incluirse al apartheid de género como crimen de lesa humanidad en cualquier tratado que eventualmente se adopte sobre estos crímenes, apuntó Human Rights Watch.
“La ONU y el sistema internacional de derechos humanos están siendo puestos a prueba”, indicó Borello. “Para estar en el lado correcto de la historia, es fundamental oponer resistencia a los gobiernos poderosos que intentan debilitar las normas internacionales y eliminar las vías para la rendición de cuentas”.
