(Nueva York) – La decisión de la Administración Trump de sancionar a la Corte Penal Internacional (CPI) constituye una afrenta sin precedentes contra la justicia global y el Estado de derecho, señaló hoy Human Rights Watch. El 9 de octubre de 2026, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, anunció la imposición de sanciones a la CPI.
“La Administración Trump ha dejado en claro su objetivo de destruir a la CPI para evitar que funcionarios estadounidenses e israelíes enfrenten cargos ante la corte”, expresó Philippe Bolopion, director ejecutivo de Human Rights Watch. “Al atacar a la corte, el gobierno estadounidense pone en riesgo la posibilidad de que haya justicia para víctimas de abusos en lugares como Palestina, Ucrania, Myanmar o Sudán”.
La CPI es un tribunal internacional permanente que se creó para juzgar a personas acusadas de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y del crimen de agresión, incluidos altos funcionarios públicos. Tras los genocidios ocurridos a mediados de la década de 1990 en Ruanda y en la antigua Yugoslavia, la comunidad internacional creó la CPI para impedir que los máximos responsables de crímenes graves eludieran la justicia. Casi las dos terceras partes de los países miembros de la ONU forman parte de la corte. Además de su investigación sobre Palestina, el tribunal ha abierto investigaciones sobre presuntos crímenes en 17 situaciones, que incluyen las de Afganistán, Darfur en Sudán, Bangladesh/Myanmar, Ucrania y Venezuela.
La decisión del Gobierno de EE. UU. de sancionar a la CPI se anunció el mismo día en que el Comité Nobel de Noruega dio a conocer que otorgaba el Premio Nobel de la Paz 2026 a Navi Pillay, ex magistrada de la CPI y reconocida abogada internacional, en reconocimiento a su papel fundamental “para garantizar el enjuiciamiento de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y casos de genocidio”.
En un anuncio el día 9 de octubre, Rubio expresó que las sanciones tenían por objeto proteger a nacionales estadounidenses de investigaciones y enjuiciamientos en la CPI. El gobierno de Trump ya había cuestionado la investigación impulsada por la corte sobre ciudadanos israelíes por su conducta en Palestina. La CPI dictó órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes graves en Gaza. Palestina se convirtió en miembro de la CPI en 2015 y, desde el 13 de junio de 2014, otorgó a la corte el mandato de investigar los crímenes graves cometidos en su territorio o por sus nacionales.
El gobierno de Trump ya ha sancionado a fiscales de la CPI, nueve magistrados de la CPI, tres renombradas organizaciones palestinas de derechos humanos y a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en el Territorio Palestino Ocupado, e instó a los países miembros de la CPI a que abandonen el tribunal.
Las sanciones estadounidenses tienen efectos graves para las personas contra las que se dirigen, como el congelamiento o cierre de cuentas bancarias, el rechazo de operaciones financieras, la denegación de acceso a servicios digitales y prohibiciones de ingreso a Estados Unidos. Las sanciones de EE. UU. también tienen un efecto amedrentador sobre bancos no estadounidenses y otras empresas fuera de la jurisdicción de EE. UU., que también podrían perder el acceso al sistema bancario de ese país si no respetan las sanciones. Esto implica que la CCI podría perder el acceso a empresas de las que depende para su funcionamiento habitual, y que incluyen desde actividades bancarias hasta aspectos como información, tecnología o viajes.
El 11 de agosto de 2026, Human Rights Watch, junto con otras tres organizaciones de derechos humanos, presentó una demanda ante un tribunal federal de Estados Unidos en la que pidió que se revocara el régimen de sanciones utilizado previamente para autorizar las sanciones a la corte. Un conjunto amplio de organizaciones de derechos humanos, otros expertos y ex funcionarios del gobierno estadounidense han presentado memoriales en carácter de “amicus” (amigos del tribunal) en apoyo a la demanda.
Los países miembros de la CCI, incluidos los Países Bajos, que son sede de la CCI en La Haya, los líderes de la Asamblea de los Estados Partes de la Corte, la Unión Europea, expertos en derechos humanos de la ONU, el Secretario General de la ONU, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las organizaciones de la sociedad civil y la propia CPI se han pronunciado reiteradamente en contra de las sanciones.
Si bien la CPI y sus países miembros también han adoptado medidas importantes para salvaguardar a la corte del posible impacto de las sanciones, se necesitan más acciones para asegurar que la corte pueda seguir llevando adelante su labor crítica. La UE debe activar de inmediato su estatuto de bloqueo, que busca proteger a operadores europeos de los efectos de sanciones extraterritoriales.
Las sanciones del gobierno de Trump dirigidas a la justicia internacional forman parte de un ataque más amplio contra leyes, instituciones y organizaciones creadas para proteger los derechos humanos, apuntó Human Rights Watch. Estados Unidos también abandonó los Acuerdos Climáticos de París y se ha retirado de la Organización Mundial de la Salud, además de desvincularse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El presidente Donald Trump y otros altos funcionarios estadounidenses también han expresado menosprecio por el derecho internacional y han amenazado con cometer crímenes de guerra.
“La CPI fue creada para que nadie, por poderoso que sea, pueda eludir la justicia por los peores crímenes”, explicó Bolopion. “Es fundamental que gobiernos de todo el mundo tomen todas las medidas que estén a su alcance para contrarrestar los efectos de las sanciones estadounidenses y apoyen a la corte y a quienes dependen de ella para obtener justicia”.
