Los dirigentes políticos de todo el mundo estarán reunidos en la sede de las Naciones Unidas hasta el 19 de marzo para asistir a la asamblea anual de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Dada la prevalencia mundial de la violencia contra las niñas, las dificultades de los sistemas judiciales y el difícil panorama de la asignación de fondos deberían centrarse en garantizar que las niñas que sufren violencia puedan acceder a la justicia.
La violencia contra las mujeres y las niñas —incluida la violencia sexual y de género, el abuso en línea y otras formas de violencia— afecta a una de cada tres mujeres en todo el mundo, y una de cada cinco sufre abusos antes de los 18 años. Para muchas, el acceso a la justicia sigue siendo sumamente difícil.
Entre las barreras a las que se topan se encuentran el acceso limitado a los sistemas judiciales, la formación y los recursos inadecuados para las fuerzas del orden y el personal judicial, el retroceso de las políticas y la financiación insuficiente de los programas de prevención y respuesta, factores que contribuyen a la impunidad y perpetúan los ciclos de violencia.
Los sistemas judiciales con capacidad limitada para investigar y procesar eficazmente la violencia contra las niñas, tanto en línea como fuera de línea, dan la impresión de que la impunidad es la norma. Las investigaciones de Human Rights Watch sobre la violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes muestra que muy pocos casos llegan a juicio y aún menos resulta en una condena.
En un caso en Ecuador documentado por Human Rights Watch, un juez cuestionó la “voluntad” de una niña de 15 años, que había sido abusada en línea y luego violada por un familiar, de participar en la relación, según la fiscal involucrada.
Los sistemas judiciales deben ser accesibles para todas las niñas, incluidas las niñas con discapacidad y las que se encuentran en instituciones. Los funcionarios deben proporcionar mecanismos de denuncia seguros y confidenciales, ofrecer servicios de traducción e interpretación y garantizar la presencia de personal especializado y capacitado. Deben utilizar métodos de entrevista diseñados para minimizar la revictimización y limitar el número de veces que una sobreviviente tiene que testificar.
La formación continua del personal judicial y los recursos adecuados son esenciales para combatir la violencia contra las niñas. Las investigaciones de Human Rights Watch han revelado que, en muchos países, la policía, los fiscales y los jueces carecen de la formación necesaria para manejar casos que involucran a niñas y sobrevivientes de violencia sexual. Los sistemas judiciales también suelen carecer de recursos y personal suficientes, lo que limita su capacidad para responder eficazmente al número de casos.
Estos problemas pueden llevar a estigmatizar a las sobrevivientes y disuadirlas de continuar con sus casos. Es esencial contar con orientación, formación y recursos actualizados para investigar y procesar las nuevas formas de violencia en las que la tecnología digital amplifica el daño.
Las reparaciones también deben incluir indemnizaciones, rehabilitación, servicios y apoyo para ayudar a prevenir nuevos abusos. Sin embargo, incluso el reducido número de sobrevivientes cuyos casos dan lugar a una condena pueden tener dificultades, a veces durante años, para recibir una indemnización tras procesos judiciales largos y, a menudo, traumatizantes.
Para las sobrevivientes cuyas imágenes abusivas han circulado en Internet, la rápida remoción de este contenido de manera respetuosa con los derechos es un primer paso fundamental para reducir el daño adicional y garantizar la reparación. Las empresas, incluidas las tecnológicas, también deben tomar las medidas necesarias para garantizar que sus productos o servicios no socaven el acceso de las niñas a la justicia.
Un estudio de 2023 reveló que los sistemas judiciales de los países de ingresos bajos y medios-bajos suelen carecer de fondos suficientes, lo que socava los esfuerzos para procesar la violencia contra las mujeres y las niñas. En algunos países, los gobiernos han disuelto los ministerios responsables de los asuntos de la mujer, alegando recortes en el gasto público. Esto ocurre al tiempo que los movimientos contra las mujeres ganan influencia, con la actual administración estadounidense liderando los esfuerzos en las Naciones Unidas y a nivel mundial para frenar la igualdad de género.
La ya limitada ayuda al desarrollo destinada a prevenir y responder a la violencia se ha reducido aún más tras los graves recortes de la ayuda internacional por parte de Estados Unidos y otros gobiernos. Un estudio de ONU Mujeres de 2025, en el que se encuestó a más de 400 organizaciones que trabajan para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, reveló que todas ellas afirmaban verse afectadas de manera significativa o en cierta medida por los recortes de financiación.
Garantizar que las niñas puedan acceder a la justicia será fundamental para hacer frente a la lacra mundial de la violencia. Los gobiernos reunidos en la ONU deben comprometerse a fortalecer los sistemas de justicia para las niñas, fortalecer los esfuerzos de prevención contra los retrocesos y comprometer los fondos necesarios para cumplir estas promesas.
