Un informe de las Naciones Unidas ha revelado que miembros de la fuerza autorizada por la ONU que opera en Haití, la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS, por sus siglas en inglés) liderada por Kenia, fueron responsables de cuatro casos de violencia sexual en el país, incluida la violación de una niña de 12 años y de dos niñas de 16 años.
Aunque el secretario del gabinete del primer ministro de Kenia, Musalia Mudavadi, afirma que las denuncias se investigaron internamente y se determinó que carecían de fundamento, el informe de la ONU indica que solo en un caso se llevó a cabo una investigación interna. En cualquier caso, el hecho de que la MSS investigue su propia conducta plantea dudas sobre la independencia de estas conclusiones. La Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU normalmente revisaría de forma independiente las denuncias relacionadas con las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU, pero dado que la MSS no se considera una fuerza de la ONU, esta oficina no ha intervenido.
La MSS está en proceso de transición hacia una fuerza ampliada autorizada por la ONU denominada la Fuerza de Represión de las Bandas (FRB), que sustituirá al personal keniano por nuevas fuerzas internacionales. Antes de la salida del personal keniano, la misión debería garantizar que todas las denuncias, incluidos los cuatro casos reportados, se investiguen de manera exhaustiva. Si una investigación encuentra indicios de violencia sexual, los hallazgos deberían remitirse a las autoridades kenianas.
Las mujeres y las niñas de Haití enfrentan una violencia sexual generalizada. Las fuerzas internacionales enviadas para ayudar a restablecer la seguridad no deberían agravar los abusos. La Fuerza de Represión de las Bandas debería establecer salvaguardias de derechos humanos más sólidas para prevenir nuevas violaciones, incluyendo cursos de formación continuos y estandarizados que abarquen la violencia sexual y de género, la violencia doméstica y de pareja, y la protección de la infancia.
Debería aplicarse una política de tolerancia cero frente a la violencia sexual, con la destitución de todo el personal implicado y su remisión al sistema de justicia penal correspondiente. Los contingentes también deberían cumplir requisitos mínimos de participación de mujeres e incluir un asesor en protección infantil para mejorar la interacción con las sobrevivientes y de manera general, la seguridad y la rendición de cuentas.
Al mismo tiempo, cualquier denuncia de abuso debería ser investigada por un mecanismo independiente de la cadena de mando, integrado por personal capacitado para interactuar con sobrevivientes de violencia sexual con un enfoque informado por el trauma, sensible a las necesidades de la niñez y culturalmente adecuado. El mecanismo debería estar sujeto a supervisión independiente. Los hallazgos deberían hacerse públicos, traducirse al criollo haitiano y al francés, y debería garantizarse la protección de las sobrevivientes y su acceso a la justicia y a las reparaciones.
La FRB y los organismos de las Naciones Unidas deberían ampliar su capacidad para monitorear las denuncias de violencia sexual, incluso mediante el despliegue de monitores de derechos humanos más allá de Puerto Príncipe, en todas las zonas de despliegue de tropas. Los monitores deberían ser accesibles y estar disponibles en todo momento, proporcionar apoyo centrado en las sobrevivientes y dar a conocer ampliamente su presencia. Todas las medidas deberían guiarse por la protección y el respeto hacia las sobrevivientes.
