La crisis multidimensional política, económica, humanitaria y de derechos humanos de Haití se agravó aún más en 2025. Los grupos criminales, aliados bajo la coalición “Viv Ansanm” (Viviendo Juntos, en creole), consolidaron su control sobre la mayor parte de la capital y su área metropolitana, y se expandieron a tres de los diez departamentos del país.
Los grupos criminales continuaron cometiendo abusos generalizados, incluyendo masacres, asesinatos, violencia sexual y reclutamiento de niños y niñas, lo que contribuyó de manera significativa al desplazamiento interno, que en septiembre ascendía a 1,4 millones de personas. Según algunos analistas, Haití tiene la tasa de homicidios más alta del mundo.
El control ejercido por los grupos criminales y sus ataques perturbaron gravemente el acceso a bienes esenciales y servicios públicos. Más de la mitad de la población de Haití (5,7 millones de personas) sufre altos niveles de inseguridad alimentaria aguda y más de 6 millones, incluidos 3,3 millones de niños y niñas, necesitan asistencia humanitaria urgente. La cancelación de la mayor parte de la ayuda financiera de Estados Unidos debilitó aún más la respuesta humanitaria.
Los abusos cometidos por los denominados grupos de “autodefensa” también contribuyeron a la violencia, mientras que las Naciones Unidas informaron que, a finales de septiembre, más de la mitad de todos los asesinatos se produjeron durante operaciones de seguridad.
La inestabilidad política persistió. Las autoridades de transición de Haití, encabezadas por el primer ministro y el Consejo Presidencial de Transición (CPT), crearon un “grupo de
trabajo” (Task Force) que llevó a cabo operaciones con drones armados contra grupos criminales. También iniciaron un proceso de reforma constitucional y asignaron fondos para las elecciones. En diciembre, el CPT aprobó un decreto y un calendario electoral, en el que se programó una primera vuelta de elecciones para agosto de 2026, una segunda vuelta para diciembre de 2027 y resultados electorales definitivos para el 20 de enero de 2027, condicionado a que mejore la situación de seguridad.
La misión multinacional de apoyo a la seguridad (MSS por sus siglas en inglés), autorizada por la ONU, y la Policía Nacional de Haití siguieron enfrentándose a importantes retos en materia de personal y financiación, lo que les ha impedido cumplir plenamente su mandato.
En septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó la transformación de la MSS en una “Fuerza de Supresión de Pandillas” (GSF, por sus siglas en inglés) y estableció la Oficina de Apoyo de la ONU para Haití (UNSOH, por sus siglas en inglés) para proporcionar apoyo logístico y técnico a la GSF.
En octubre, el huracán Melissa inundó varias regiones de Haití y causó la muerte de 43 personas, entre ellas 10 niños.
Violencia de los grupos criminales
Los grupos criminales controlan alrededor del 90 % de Puerto Príncipe y su área metropolitana y se han expandido a zonas que antes eran seguras y a regiones clave como los departamentos de Artibonite, Centro y Noroeste. Siguen controlando las principales carreteras, lo que perturba gravemente la prestación de servicios esenciales y la asistencia humanitaria.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Haití (OACDH) informó de que los grupos criminales mataron al menos a 4.384 personas entre enero y septiembre de 2025. También hirieron a 1.899 y secuestraron a 491 personas. A finales de septiembre, habían llevado a cabo al menos 13 masacres en los departamentos del Oeste, Centro y Artibonite, según la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH).
Entre enero y septiembre se denunciaron 1.270 casos de violencia sexual, atribuidos en su mayoría a grupos criminales. Las sobrevivientes tuvieron poco o ningún acceso a protección y servicios. Los recortes de financiación de Estados Unidos privaron a aproximadamente 750.000 mujeres y niñas del acceso a la atención médica, apoyo psicosocial y servicios de emergencia, lo que limitó aún más el acceso que ya solo estaba disponible para una pequeña parte de las sobrevivientes.
El informe anual del Secretario General de la ONU para la cuestión de los niños y los conflictos armados, que abarca los acontecimientos ocurridos en 2024, reveló que los niños de Haití son sometidos a algunas de las tasas más altas del mundo de violaciones y abusos sexuales, así como de abusos graves en general. Haití se encuentra entre los cinco primeros países del mundo en esas categorías. La mayoría de los menores de edad afectados por violaciones graves eran niñas. Al momento de redacción de este informe, al menos el 30 % de los miembros de grupos criminales eran menores de edad, que son utilizados en actividades criminales que van desde la extorsión hasta actos de violencia graves, incluidos asesinatos y secuestros.
Violencia por parte de las fuerzas de seguridad y los grupos de “autodefensa”
A pesar del apoyo de Estados Unidos, Canadá, Francia y la ONU en capacitación, financiación y equipamiento, la policía sigue enfrentándose a limitaciones financieras, logísticas y de personal. Los agentes de policía también han sido responsables de un uso excesivo de la fuerza y otras violaciones graves de derechos humanos durante sus operaciones contra los grupos criminales.
Según la ONU, al menos 3.199 personas fueron presuntamente asesinadas durante operaciones policiales entre enero y agosto, de las cuales el 17 % no estaba involucrada en los enfrentamientos.
Según la ONU, algunas unidades policiales habrían llevado a cabo 174 ejecuciones sumarias entre enero y septiembre de 2025. Hasta septiembre, la oficina de asuntos internos de la policía había abierto 90 investigaciones por posible uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Ninguna de estas investigaciones se había completado al momento de redacción de este informe.
El fiscal de Miragoâne siguió llevando a cabo y ordenando ejecuciones extrajudiciales, con al menos 43 casos denunciados hasta septiembre, que las autoridades aún no han investigado.
Según la ONU, el grupo de trabajo del gobierno, supuestamente dirigido por el primer ministro, comenzó en marzo a realizar operaciones con drones equipados con explosivos en zonas controladas por grupos criminales. Hasta el 20 de septiembre, estas operaciones habían causado la muerte de al menos 547 personas, entre ellas 20 sin afiliación criminal y 9 menores de edad.
Ante la incapacidad de la policía para contener la creciente violencia, han proliferado los grupos de “autodefensa”, que en ocasiones operan junto con unidades policiales. Según la ONU, hasta septiembre habían asesinado a 572 personas sospechosas de pertenecer a grupos criminales, muchas de ellas sin vínculos verificados con dichos grupos.
Actores internacionales clave
La misión MSS, dirigida por Kenia, cuenta con menos de 1.000 efectivos y se ha enfrentado a una importante escasez de fondos. En 2025, siguió colaborando con la policía haitiana en patrullajes y operaciones contra grupos criminales, especialmente en Kenscoff, una de las últimas zonas seguras de la capital.
La misión está comprometida con la vigilancia de los derechos humanos y cuenta con un mecanismo de denuncia y una línea telefónica gratuita disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para facilitar la presentación de denuncias a las víctimas y los denunciantes. Al momento de redacción de este informe, la ONU no había informado de ninguna violación de derechos humanos por parte de miembros de la MSS.
En septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó la transformación de la MSS en una “Fuerza de Supresión de Pandillas” (GSF). La nueva fuerza contará con un total de 5.550 efectivos, entre policías, militares y personal civil, con autoridad para actuar de forma independiente o en coordinación con la Policía Nacional de Haití. La GSF está autorizada para llevar a cabo operaciones para neutralizar a los grupos criminales, proteger la infraestructura clave, apoyar y desarrollar la capacidad de las fuerzas de seguridad haitianas, facilitar las condiciones para las elecciones y el acceso humanitario, y apoyar los esfuerzos contra la trata de personas. Al momento de redacción de este informe, no se había desplegado nuevo personal.
Los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y el Consejo de Seguridad de la ONU ampliaron medidas contra antiguos funcionarios haitianos y grupos criminales, incluyendo detenciones y sanciones selectivas. Estados Unidos designó a dos grupos criminales, Viv Ansanm y Gran Grif, como organizaciones terroristas extranjeras, acusó a Jimmy Chérizier (“Barbecue”) y a un socio suyo, y detuvo a dos empresarios acusados de apoyar a grupos criminales.
El Consejo de Seguridad de la ONU sancionó a los grupos criminales Gran Grif y Viv Ansanm, y la UE y Canadá sancionaron a otras tres personas por infligir violencia y socavar la estabilidad en Haití. En diciembre, Estados Unidos condenó a cadena perpetua a un antiguo líder de un grupo criminal, Germine Joly.
El flujo de armas y municiones hacia Haití, en gran parte procedente de Estados Unidos, ha seguido alimentando la violencia. Al momento de redacción de este informe, el Senado y el Congreso de Estados Unidos estaban examinando dos proyectos de ley para frenar las transferencias ilegales de armas, y seguía en vigor el embargo de armas de la ONU.
Derechos económicos, sociales y culturales
La crisis de seguridad y la inestabilidad política han agravado una situación humanitaria ya de por sí grave. Según estimaciones del Banco Mundial, más del 66 % de la población de Haití, de 11,9 millones de personas, vivía con menos de US$3,65 al día.
Según el Programa Mundial de Alimentos, alrededor de 5,7 millones de personas en Haití se enfrentan a una grave inseguridad alimentaria y 600.000 sufren hambruna, una de las tasas más altas del mundo.
En 2023, la fecha más reciente para la que se disponía de datos, solo el 51 % de los haitianos tenía acceso a la electricidad, y solo de forma intermitente y a precios elevados. Alrededor del 35 % de la población carece de acceso a agua potable.
El sistema de salud de Haití continua al borde del colapso. Según la Organización Panamericana de la Salud, alrededor del 40 % de los centros de salud fueron cerrados en 2025 y el 33 % funcionaban solo parcialmente en abril de 2025, dejando a dos de cada cinco haitianos sin acceso a atención médica esencial.
Médicos Sin Fronteras, la única fuente de atención médica para las víctimas de la violencia en algunas zonas, suspendió sus operaciones en uno de sus centros médicos de la capital en marzo, después de que sus vehículos fueran atacados, y cerró definitivamente el centro en octubre.
El cólera sigue siendo un grave problema de salud pública, con 2.852 casos sospechosos notificados por el Ministerio de Salud Pública hasta octubre de 2025.
Según UNICEF, más de 1.600 escuelas han cerrado en todo el país. La violencia y la ocupación de centros educativos por parte de grupos criminales han trastornado la vida de 243.000 estudiantes y 7.500 maestros.
Gobierno de transición y elecciones
Haití no ha celebrado elecciones desde 2016. Su parlamento está inactivo desde 2019 y el país no tiene funcionarios elegidos por sufragio a nivel nacional desde enero de 2023.
El CPT, cuyo mandato se extiende hasta el 6 de febrero de 2026, asignó fondos a operaciones de seguridad y fronterizas, y puso en marcha una revisión constitucional con el objetivo de celebrar un referéndum y elecciones antes de que finalice su mandato. En mayo, el CPT presentó un nuevo proyecto de constitución y el primer ministro anunció una financiación de $65 millones para el proceso electoral. El CPT canceló el proyecto de revisión constitucional en octubre.
Sistema judicial
El sistema judicial haitiano siguió enfrentándose a importantes retos, debido en gran medida a la continuidad de la violencia y la corrupción, a pesar de los esfuerzos por restablecer el funcionamiento de los tribunales y reforzar los mecanismos de rendición de cuentas.
En abril, las autoridades emitieron un decreto por el que se crearon dos unidades judiciales especializadas para judicializar delitos masivos, incluidos la violencia sexual y los delitos financieros. Sin embargo, en diciembre ninguna de las dos unidades estaba operativa.
La rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y en la actualidad, incluidas las masacres y la violencia sexual, sigue siendo prácticamente inexistente.
En octubre, la Corte de Apelación de Haití anuló una sentencia judicial en el caso del asesinato de Jovenel Moïse y asignó un nuevo juez para reiniciar la investigación. La decisión anuló la acusación de 51 sospechosos y supuso un importante revés para los esfuerzos de rendición de cuentas.
Algunos actores políticos, entre ellos el exsenador Prophane Victor y Magalie Habitant, fueron detenidos y acusados de apoyar a grupos criminales.
Hasta septiembre, las prisiones de Haití albergaban a 7.274 detenidos, el 81 % de los cuales estaban a la espera de juicio. La mayoría vivía en condiciones inhumanas, sin comida, agua ni atención médica adecuadas, según la ONU. Al menos 139 personas murieron mientras estaban detenidas, en su mayoría por enfermedades relacionadas con la desnutrición.
En junio, las autoridades de transición publicaron un nuevo código penal y código de procedimiento penal, que debía entrar en vigor en diciembre.
Acceso al aborto
Anteriormente, Haití prohibía totalmente el aborto. El nuevo código penal despenalizó el aborto antes de la octava semana de embarazo y en cualquier momento en casos de violación o incesto, o cuando la salud mental o física de la persona embarazada está en peligro. Al momento de redacción de este informe, el nuevo código penal aún no había entrado en vigor.
Derechos de las personas con discapacidad
Haití se adhirió a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2009, pero su marco jurídico sigue incluyendo disposiciones discriminatorias. Según la ONU, aproximadamente el 16 % de la población de Haití tiene alguna discapacidad, aunque no se ha realizado ningún censo desde 2003. Las personas con discapacidad de Haití se enfrentan a importantes barreras para acceder a servicios esenciales y sufren una discriminación y un estigma generalizados.
Desplazamiento interno y migración
A septiembre, 1,4 millones de haitianos, casi la mitad de ellos menores de edad, se encontraban desplazados internamente, muchos de los cuales vivían en asentamientos informales con escaso acceso a alimentos, agua, saneamiento o atención médica.
Haití carece de una política de asistencia a los desplazados internos. El Plan de Respuesta Humanitaria de la ONU sigue sin contar con la financiación necesaria, limitando la ayuda internacional.
Hasta mediados de diciembre, los gobiernos extranjeros habían devuelto a Haití a más de 251.000 personas, a pesar del riesgo para sus vidas e integridad física y del llamado del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados a que se ampliara la protección de los refugiados a los haitianos en virtud de la Declaración de Cartagena de 1984. La República Dominicana llevó a cabo el 98 % de esas repatriaciones; el resto provinieron de las Islas Turcas y Caicos y los Estados Unidos, entre otros. Hasta mediados de diciembre, Estados Unidos había devuelto a 1.159 personas, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
En la República Dominicana, tras el anuncio del presidente de 15 medidas de control fronterizo, las fuerzas de seguridad aumentaron la detención y la repatriación forzada de migrantes haitianos. Muchos de ellos eran mujeres embarazadas y en posparto y menores de edad, que según la ley migratoria dominicana no deben ser detenidos. Grupos de la sociedad civil denunciaron numerosos abusos durante las deportaciones.
A pesar de los esfuerzos de la OIM y las organizaciones locales de base, Haití carece de capacidad para ayudar y reintegrar a los deportados.
En junio, el gobierno estadounidense anunció la terminación, cinco meses antes de lo previsto, del Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) para unos 500.000 haitianos que viven en Estados Unidos, pero una orden judicial mantuvo el programa en vigor hasta febrero. En diciembre, el gobierno estadounidense confirmó la terminación del programa.