(New York) – El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debería autorizar rápidamente una misión internacional para hacer frente a la escalada de violencia en Haití y garantizar que cuente con fondos y personal suficientes, así como con sólidas salvaguardias de los derechos humanos, ha afirmado hoy Human Rights Watch.
Los grupos criminales de Haití han consolidado y ampliado su control territorial más allá de la capital, intensificando la violencia en zonas del país que anteriormente se consideraban seguras. El Consejo está debatiendo la posibilidad de transformar la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS por sus siglas en inglés), liderada por Kenia, en lo que denomina una “Fuerza de Supresión de Pandillas” (GSF por sus siglas en inglés). Desde su despliegue en junio de 2024, la misión ha enfrentado una grave limitación de personal y fondos, lo que le ha impedido cumplir plenamente su mandato.
“El tiempo se está acabando para evitar que Haití caiga por completo en manos de los grupos criminales abusivos”, afirmó Nathalye Cotrino, investigadora sénior para las Américas de Human Rights Watch. “La ONU tiene la oportunidad de contribuir de manera significativa para resolver la crisis de Haití garantizando urgentemente que cualquier fuerza, ya sea la MSS o la GSF propuesta, cuente con el personal y la financiación adecuados, rinda cuentas y esté equipada con sólidas salvaguardias de derechos humanos”.
La forma más eficiente de lograr todo ello sería que el Consejo convirtiera cualquier operación internacional que autorice para Haití en una misión de pleno derecho de la ONU, señaló Human Rights Watch.
La violencia en Haití sigue en aumento, con al menos 3.137 personas asesinadas en la primera mitad de 2025, según la ONU. Los grupos criminales controlan casi toda la capital de Haití, se han expandido a otros tres departamentos y han interrumpido significativamente la prestación de servicios esenciales y la ayuda humanitaria en todo el país. Hasta la fecha, 1,4 millones de personas han sido desplazadas y la mitad de la población se enfrenta a inseguridad alimentaria aguda.
Basándose en las recomendaciones formuladas por el secretario general de la ONU en febrero de 2025, Estados Unidos y Panamá, circularon un proyecto de resolución para transformar la MSS en una “Fuerza de Supresión de Pandillas”. La fuerza estaría compuesta por hasta 5.500 efectivos policiales, militares y civiles, autorizados para operar de forma independiente o junto con la Policía Nacional de Haití, lo que supone dos cambios significativos en comparación con los aproximadamente 1.000 efectivos, en su mayoría policiales, de la actual MSS, que solo pueden operar en apoyo de la policía haitiana.
Una nueva Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas para Haití (UNSOH por sus siglas en inglés) prestaría apoyo a la GSF. Esta oficina también proporcionaría asistencia logística y técnica a los actores que ya operan en el país, incluida la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH por sus siglas en francés), la Policía Nacional de Haití y las Fuerzas Armadas de Haití, y coordinaría sus actividades con la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Sin embargo, si la propuesta de la GSF deja graves vacíos en materia de financiación, personal y salvaguardias de derechos humanos, corre el riesgo de repetir los mismos errores que han socavado la eficacia de la misión actual, señaló Human Rights Watch. Cualquier misión de apoyo a la seguridad en Haití debería contar con el respaldo de una financiación previsible y sostenida. Es esencial disponer de recursos estables para cubrir los salarios y los gastos operativos a fin de evitar las deficiencias que paralizaron la MSS, y se necesitan compromisos vinculantes para la contribución de tropas a fin de garantizar que la fuerza cuente con todo el personal necesario y sea capaz de responder a los poderosos grupos criminales de Haití.
La Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas para Haití (UNSOH) también debería contar con los recursos adecuados para proporcionar todo el equipo necesario a través del sistema de cuotas obligatorias de las Naciones Unidas, es decir, los fondos que los países miembros están obligados a aportar para las operaciones de la ONU.
Si se crea, la GSF debería contar con un proceso riguroso de verificación de antecedentes, conforme a las normas de la ONU, así como con formación en derechos humanos para todo su personal, tanto antes del despliegue como durante la misión. La formación debería abordar temas como el uso de la fuerza, la violencia de género, la protección de la niñez y la prevención de la explotación sexual.
Todo el nuevo personal debería cumplir con estas normas, acatar plenamente la Política de Diligencia Debida en materia de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (HRDDP por sus siglas en inglés) y abstenerse de colaborar o apoyar a cualquier unidad, comandante o entidad con indicios creíbles de participación en violaciones graves de derechos humanos o de connivencia con organizaciones criminales.
La MSS ha avanzado en el establecimiento de mecanismos de supervisión y denuncia, la implementación de directrices para la protección de la población y la puesta en marcha de una línea telefónica gratuita disponible las 24 horas del día para facilitar la presentación de denuncias por parte de víctimas y alertadores. Estas salvaguardias deben incorporarse en cualquier nueva misión. Además, toda misión debe incluir un mecanismo independiente de rendición de cuentas, con la participación de la sociedad civil haitiana y de organizaciones comunitarias
El MSS ha avanzado en el establecimiento de mecanismos de supervisión y denuncia, la implementación de directrices para laprotección de la población y la puesta en marcha de una línea telefónica gratuita disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para facilitar la presentación de denuncias por parte de las víctimas y denunciantes. Estas salvaguardias deberían incluirse en cualquier nueva misión. Además, cualquiermisión debería incluir un mecanismo de rendición de cuentas independiente, con la participación de la sociedad civil haitiana y comunidades.
La misión debería tener el mandato de trabajar con las unidades judiciales especializadas que las autoridades nacionales han creado para garantizar el enjuiciamiento adecuado de los delitos más graves, incluidas las masacres, la violencia sexual y otras violaciones graves de los derechos humanos. La misión y los organismos pertinentes de las Naciones Unidas también deberían apoyar la rápida puesta en funcionamiento de estas unidades para asegurar que los procesos judiciales se realicen oportunamente.
“Han pasado dos años desde que las autoridades haitianas pidieron ayuda a la comunidad internacional para frenar la violencia criminal y, hasta ahora, esa ayuda ha sido muy insuficiente”, afirmó Cotrino.
