(Estambul) – Los gobiernos que participen en la 31.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) deben adoptar medidas urgentes para proteger los derechos de las comunidades desplazadas por la crisis climática y garantizar que las organizaciones de la sociedad civil puedan participar en las negociaciones, señaló hoy Human Rights Watch.
La COP31 se celebrará en Antalya, Turquía, del 9 al 20 de noviembre de 2026, bajo la presidencia conjunta de Turquía y Australia, esta última en representación de la región del Pacífico. Los países participantes en las negociaciones y los fondos internacionales para el clima deben garantizar que las necesidades de las comunidades más expuestas a los impactos de la crisis climática y de aquellas que viven junto a zonas de extracción de combustibles fósiles sean las que orienten los debates, y no los intereses empresariales.
“Los efectos cada vez más graves de la crisis climática ya están obligando a comunidades enteras a abandonar sus hogares, pero quienes sufren estas consecuencias quedan con demasiada frecuencia al margen de las decisiones que determinan su futuro”, señaló Maria Laura Canineu, directora adjunta de Medio Ambiente de Human Rights Watch. “Los gobiernos reunidos en Antalya deben situar a las comunidades afectadas en el centro de la acción climática, garantizando que la financiación para la adaptación llegue a las comunidades desplazadas y protegiendo el espacio de actuación de la sociedad civil para exigir responsabilidades a los gobiernos”.
Las prioridades de Human Rights Watch para la COP31 se basan en varios años de investigación sobre el terreno, que incluyen numerosas entrevistas con personas desplazadas, líderes indígenas, personas defensoras del medio ambiente y activistas de la sociedad civil.
Alrededor de 3.500 millones de personas ya viven en lugares y situaciones altamente expuestos a los efectos del cambio climático. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el órgano de la ONU encargado de evaluar las pruebas científicas sobre el cambio climático, ha advertido que, incluso si los gobiernos adoptan medidas urgentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, las temperaturas seguirán aumentando y los impactos climáticos, desde las tormentas tropicales hasta la subida del nivel del mar, ya están haciendo que los lugares que muchas personas consideran su hogar dejen de ser seguros, con un impacto desproporcionado sobre los pueblos indígenas.
En la COP31, Human Rights Watch presentará “Solwata”, un documental de realidad mixta de 25 minutos narrado por el actor y defensor de los derechos humanos Mark Ruffalo, que también ejerce como productor ejecutivo, y realizado en colaboración con el estudio XR NowHere Media y Agog: The Immersive Media Institute. El documental inmersivo se basa en una investigación de Human Rights Watch sobre Walande, una comunidad de las Islas Salomón, país insular del Pacífico, que se vio obligada a planificar su traslado después de que las mareas excepcionalmente altas y la subida del nivel del mar erosionaran la pequeña isla en la que vivía.
El traslado planificado de comunidades enteras a zonas más seguras ya se está llevando a cabo, entre otros lugares, en Panamá, Senegal, Filipinas y las Islas Salomón, y se prevé que aumente en todo el mundo. Sin embargo, pocos países cuentan con políticas nacionales que protejan los derechos de las comunidades que deben trasladarse, y la financiación climática rara vez llega directamente a las comunidades que están planificando su reubicación. Sin políticas adecuadas y sin acceso directo a financiación, estas comunidades se enfrentan con frecuencia a nuevos riesgos para sus derechos humanos en los lugares de destino.
En la COP31, los gobiernos, los bancos multilaterales de desarrollo y los fondos internacionales para el clima deben aumentar de forma drástica la financiación total destinada a la adaptación climática, incluido el traslado planificado, y garantizar que los pueblos indígenas y las comunidades más expuestas tengan acceso directo a esos fondos para poder ejercer sus derechos colectivos a la autodeterminación. Los mecanismos de financiación deben incluir salvaguardias que garanticen que el traslado planificado se utilice únicamente como último recurso, una vez agotadas todas las demás medidas de adaptación; que cuente con el consentimiento libre, previo e informado; y que garantice el acceso a una vivienda adecuada, medios de vida, alimentación, educación, atención médica y la preservación de la cultura.
Una acción climática respetuosa con los derechos humanos exige la participación plena y efectiva de activistas, periodistas, personas defensoras de los derechos humanos y representantes de los pueblos indígenas. Sin embargo, las restricciones impuestas por Turquía a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica suscitan serias dudas sobre si la sociedad civil independiente podrá participar de forma segura en la COP31.
Las autoridades turcas cuentan con un largo historial de represión de la libertad de expresión, dispersión rápida y violenta de protestas pacíficas y encarcelamiento de personas críticas con el Gobierno, periodistas y personas defensoras del medio ambiente.
“El Gobierno turco ha desatendido la necesidad de proteger el medio ambiente y ha arremetido contra las comunidades locales que denuncia los daños ambientales que afectan a sus poblados”, señaló Deniz Bayram, investigadora adjunta sobre Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “Los Estados que asistan a la COP31 deberían pronunciarse contra la represión de las autoridades turcas contra las personas defensoras del medio ambiente y dejar claro a las autoridades anfitrionas que la participación de la sociedad civil es fundamental para alcanzar los objetivos de la COP”.
Las restricciones a la sociedad civil han empañado repetidamente cumbres climáticas anteriores de la ONU, entre otras cosas mediante obstáculos arbitrarios para la inscripción, vigilancia y detenciones.
Mientras tanto, pese al consenso científico del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de que limitar el calentamiento a 1,5 °C es incompatible con nuevos proyectos de petróleo, gas o carbón, la presidencia conjunta de Turquía y Australia no ha pedido a los países que abandonen progresivamente los combustibles fósiles. Al mismo tiempo, Turquía sigue adelante con sus planes de ampliar centrales eléctricas de carbón, aunque varias decisiones judiciales han rechazado las deficientes evaluaciones de impacto ambiental que autorizaban estos proyectos. Australia también ha seguido ampliando la explotación de carbón, pese a que un tribunal superior determinó que el Estado es responsable de las emisiones generadas por la quema del carbón que exporta.
La quema de carbón genera una peligrosa contaminación atmosférica que perjudica considerablemente la salud pública, en particular la de los grupos más vulnerables, como los niños y niñas, las personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas, señaló Human Rights Watch.
El derecho internacional de los derechos humanos, incluido el derecho reconocido a nivel mundial a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, obliga a los gobiernos a cooperar internacionalmente para movilizar financiación climática y prevenir daños previsibles a los derechos humanos. En virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Australia y Turquía son Estados parte, y del Convenio Europeo de Derechos Humanos, del que Turquía es parte, las autoridades tienen la obligación legal de respetar los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica de todas las personas que participen en la COP31, tanto dentro como fuera del recinto de la conferencia.
“Las comunidades más expuestas a los impactos del cambio climático son las que conocen mejor que nadie qué necesitan para sobrevivir y adaptarse con dignidad”, señaló Canineu. “La secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y los gobiernos presentes en la COP31 deberían instar públicamente a las autoridades turcas a garantizar el respeto a la libertad de expresión en Antalya, para que las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades puedan hacer oír su voz en la COP31”.
