A view of the United Nations General Assembly, at UN headquarters, October 1, 2018. 

© AP Photo/Richard Drew

(Nueva York) – Varios candidatos que compiten por asientos en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tienen antecedentes problemáticos en materia de derechos humanos y los Estados Miembros de la ONU no deberían votar por Venezuela, señaló hoy Human Rights Watch. Las prácticas abusivas del gobierno de Venezuela hacen que esté muy lejos de cumplir con los parámetros mínimos para ser miembro del consejo.

El 17 de octubre de 2019, la Asamblea General de la ONU elegirá a 14 nuevos miembros del consejo, integrado por 47 países, para un período de tres años que comenzará en enero de 2020. El grupo regional de América Latina y el Caribe en la ONU había propuesto en un primer momento solo dos candidatos para dos asientos en el consejo (Venezuela y Brasil), lo cual prácticamente aseguraba la victoria de ambos. Sin embargo, el 3 de octubre, Costa Rica, que tiene un sólido récord en materia de derechos humanos, anunció que competiría por un lugar. Esto implica que los 193 miembros de la asamblea pueden negarle un asiento al gobierno abusivo de Venezuela.

“Ahora que los Estados Miembros de la ONU tienen una opción, ya no quedan excusas para votar por Venezuela”, indicó Louis Charbonneau, director para la ONU de Human Rights Watch. “Votar por Venezuela es votar a favor de la tortura, los asesinatos y la impunidad que se han convertido en las características distintivas del gobierno del Presidente Nicolás Maduro. Es una afrenta a las millones de personas que han huido del país, muchas tras sufrir gravísimas condiciones humanitarias, así como a las incontables víctimas que nunca llegaron a irse”.

El 10 de octubre, 54 organizaciones internacionales y venezolanas, entre ellas Human Rights Watch, declararon que Venezuela no es apta para integrar el consejo. En septiembre, el consejo aprobó una resolución por la cual se estableció una misión independiente de determinación de los hechos encargada de investigar denuncias de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles o degradantes que tuvieron lugar en Venezuela desde 2014. Venezuela rechazó esa resolución.

La Resolución 60/251 de la Asamblea General de la ONU, por la cual se creó el Consejo de Derechos Humanos, insta a los Estados que voten para elegir miembros a “tener en cuenta la contribución  de  los candidatos a la promoción y protección de  los derechos humanos”. Esto se aplica a las acciones de estos orientadas a proteger y promover los derechos humanos en sus propios países y en el extranjero. Se exige a los miembros del Consejo “aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección  de  los  derechos humanos” y “cooperar plenamente con el Consejo”.

Venezuela no cumple con esos estándares mínimos, sostuvo Human Rights Watch. Más de 4 millones de venezolanos se han ido del país huyendo de la emergencia humanitaria y de la crisis política, económica y de derechos humanos.

En dos de las cinco regiones geográficas de la ONU, no hay competencia por asientos en el consejo, lo cual implica que la victoria de sus candidatos en la votación secreta está prácticamente asegurada. Cuatro países africanos se postulan a cuatro asientos: Benín, Libia, Mauritania y Sudán. Los Países Bajos y Alemania aspiran a ocupar los dos asientos disponibles para el grupo occidental.

Entre los grupos de Europa del Este y Asia sí se generó competencia: Armenia, Moldavia y Polonia compiten por dos asientos; mientras que Indonesia, Irak, Japón, las Islas Marshall y Corea del Sur compiten por cuatro lugares.

Todas las regiones deberían cerciorarse de que hayan procesos competitivos que permitan a los miembros de la ONU negar la posibilidad de asientos a los gobiernos más abusivos. En 2016, Rusia perdió por dos votos su reelección en el Consejo de Derechos Humanos tras la indignación que generó el bombardeo de civiles en Alepo, Siria. La falta de competencia menoscaba los estándares sobre membresía.

El tercer candidato de Latinoamérica y el Caribe es Brasil, cuyo presidente, Jair Bolsonaro, ha adoptado una retórica de hostilidad hacia las normas de derechos humanos. Su gobierno ha actuado de manera que, en la práctica, ha dado vía libre a que redes delictivas destruyeran la selva amazónica y atacaran a defensores de los bosques tropicales. En Brasil hay problemas crónicos de derechos humanos, incluida la violencia policial. Pero mientras Venezuela ha buscado impedir en reiteradas oportunidades que el consejo aborde abusos, Brasil ha apoyado numerosas resoluciones del consejo sobre violaciones de derechos humanos en todo el mundo.

Polonia ha erosionado en forma sistemática la independencia y el funcionamiento efectivo de su poder judicial. En los últimos años, jueces y fiscales han sido blanco de procesos disciplinarios arbitrarios por opinar sobre reformas judiciales, lo cual representa injerencia en la independencia judicial.

En Indonesia, se ha registrado una agudización de la intolerancia religiosa que ha generado discriminación contra minorías religiosas, mujeres y personas LGBT. El gobierno de Indonesia toleró que se usaran cientos de reglamentaciones discriminatorias, como la ley sobre blasfemia, para perseguir penalmente a minorías. En Irak, el gobierno todavía no ha asegurado que todas las fuerzas que puedan haber cometido crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad o genocidio, incluidos presuntos miembros de Estado Islámico (también conocido como EI), rindan cuentas por los delitos de los que son responsables. Miembros de las fuerzas de seguridad iraquíes siguen cometiendo abusos y mataron a más de 100 manifestantes a comienzos de octubre, al recurrir a fuerza letal excesiva durante manifestaciones.

Sudán tiene extensos antecedentes de violaciones de derechos humanos e impunidad de graves delitos. Si pasa a integrar el Consejo de Derechos Humanos, el nuevo gobierno de transición debería dar un ejemplo de promoción de los derechos humanos adoptando medidas concretas a favor de la rendición de cuentas, así como reformas. Esto debería incluir llevar a cabo investigaciones creíbles sobre los ataques contra manifestantes ocurridos desde el 18 de diciembre y entregar al presidente depuesto Omar al-Bashir a la Corte Penal Internacional.

En Mauritania, las autoridades han empleado leyes penales sobre difamación, difusión de “información falsa” y blasfemia para juzgar y encarcelar a activistas de derechos humanos, blogueros y disidentes políticos.

El consejo se creó en 2006 en reemplazo de la Comisión de Derechos Humanos, cuya credibilidad se había desmoronado, en gran parte, por la participación de países donde ocurrían graves violaciones de derechos humanos.

“Los Estados Miembros de la ONU no deberían premiar a gobiernos abusivos concediéndoles asientos en órganos importantes como el Consejo de Derechos Humanos”, opinó Charbonneau. “Aunque ningún gobierno es perfecto, es claro que Venezuela se uniría al consejo con la intención de proteger a sus autoridades y aliados de críticas legítimas. Cuando los Estados Miembros voten, deberían priorizar no permitir que gane Venezuela”.