Los Deportados

 

La administración del Presidente Trump ha incrementado drásticamente los arrestos por motivos migratorios en EE. UU., mientras millones de personas son utilizadas como chivo expiatorio al ser retratadas como criminales violentos que deben ser deportados. Aunque el gobierno afirma que se está enfocando en delincuentes violentos peligrosos, con las nuevas políticas del Presidente Trump todos los inmigrantes no autorizados se encuentran en la mira, independientemente de sus antecedentes penales. Esta campaña también afecta a inmigrantes que son residentes legales, pero que han sido condenados por delitos que, en ocasiones, son solo menores o se cometieron hace mucho tiempo. Muchas de las personas a ser deportadas tienen vínculos familiares y comunitarios sólidos en Estados Unidos.

El impacto de estas políticas de arresto y deportación recae sobre personas que de ninguna manera representan una amenaza para la seguridad nacional o el orden público, incluidos padres y madres de hijos con ciudadanía estadounidense, empleados que pagan impuestos y miembros respetados de la comunidad que son arrestados, detenidos y deportados. Un equipo de Human Rights Watch viajó para entrevistar a personas que han sido recientemente deportadas – o que están enfrentando una posible deportación – desde que el Presidente Trump resultó electo. Estas son sus historias. Si desea compartir su propia historia, por favor contáctenos por este medio.

Deportado tras ahorrar durante años para una casa propia

Rubén Rojas estuvo muy cerca de cumplir su sueño de comprar su primera vivienda. Sin embargo, en menos de 10 horas, ese sueño se desmoronó.

El 7 de junio, aproximadamente a las 7 p.m., un grupo de policías se presentó en su departamento y lo detuvo. Rubén todavía recuerda que abrió la puerta pensando que era su mujer la que estaba golpeando. Nunca sospechó que las autoridades lo estaban buscando a él. Cuando los agentes le dijeron que estaba siendo detenido por robo, Rojas no daba crédito a sus palabras. ¿Robo a quién? ¿De qué?

Los datos le fueron revelados de a poco. Uno de sus clientes, un “paisano con documentos”, según lo describió Rubén, lo acusó de robo luego de que el cliente se negara a pagar el precio total de USD 3.500 que Rubén le había cobrado por un trabajo de construcción.

Ruben Rojas habla con investigadores de Human Rights Watch en el Instituto Tamaulipeco en Nuevo Laredo, México. 

© 2017 Human Rights Watch

“Cuando terminé el trabajo, no quiso pagarme. Me dio USD 1.500 y luego, de la nada, me pidió ver mi licencia de electricista, contó Rubén a Human Rights Watch en un centro de recepción de migrantes en Nuevo Laredo, México.

“Mantuvimos una discusión, pero yo creí que el tema se resolvería solo. Esto sucedió cerca de las 9 de la mañana, y esa misma noche estaba por ser deportado”, dijo Rubén mientras sacaba fotografías y documentos de una mochila negra donde guarda los únicos artículos personales que pudo llevarse con él luego de 22 años en Estados Unidos.

Rubén es oriundo de Cuernavaca, Morelos, en México, y afirma que en el vecindario donde vivía en el Este de Los Ángeles era conocido por su habilidad como electricista y por los buenos precios que ofrecía a sus clientes.

“A los paisas [otros mexicanos] les cobro muy poco. Yo solo quería poder comprarme mi casa. Mi esposa tiene documentos y estábamos por comprarla”, dijo. Todavía no puede asimilar que se encuentra en este centro, a más de 1.300 millas de sus hijos, Jhona, de 17, y Jessenia, de 22.

Tras la acusación de robo, Rubén pasó un mes detenido en la cárcel del Condado de Los Ángeles. En un control de antecedentes penales no se detectó que hubiera sido condenado. Luego fue trasladado al Centro de Detención de Adelanto en Adelanto, California, donde permaneció 15 días.

“El funcionario de deportación me pidió que firmara mi partida voluntaria. Años atrás, había consumido drogas, y por eso me dijeron ‘Si no firma, lo deportaremos de todos modos’. Nunca hablé con ningún abogado de inmigración”, explicó. Casi todas las condenas por drogas hacen que sea sumamente difícil que un inmigrante indocumentado pueda evitar ser deportado.

Cuando Rojas emigró a EE. UU. en 1989, era apenas un adolescente. Llegó escapando de la pobreza junto con su pareja, Aura, y ambos trabajaron para criar a sus hijos y cumplir el sueño de la vivienda propia.

“Ahora tengo la sensación de haber llegado aquí [a México] sin documentos. Me siento desolado. No tengo nada que hacer aquí. Mi vida está en California. Cada vez que compro una soda y me dicen que cuesta 10 pesos, pienso cuánto será eso en dólares. ¿15 centavos? ¿10 centavos? No lo sé”.

Dieciséis años de arduo trabajo en EE. UU.

En 2001, Carlos G., de 34 años, pasó por la ciudad fronteriza mexicana de Nuevo Laredo, cuando se dirigía al norte para entrar en Estados Unidos sin documentos. Dieciséis años más tarde, se encontró de nuevo en esa localidad, contando su historia a investigadores de Human Rights Watch en un centro de acogida de personas deportadas.

Cuando llegó a Houston en 2001, Carlos empezó a trabajar en remodelaciones. Aprendió a realizar tareas de pintura, colocación de estuco y otros oficios, y más tarde empezó su propio negocio, T’NO’s Painting. En el momento de mayor actividad de T’NO’s, Carlos era dueño de todas las maquinarias y daba empleo a otros cinco trabajadores. Lamentablemente, su negocio no siguió siendo próspero y tuvo que volver a trabajar para otras personas; pero sus nuevos jefes le agradaban, y dijo que eran justos y que le ofrecían tareas interesantes.

El puente entre Laredo, Estados Unidos, y Nuevo Laredo, México.

 

© 2017 Human Rights Watch

En diciembre de 2015, Carlos fue a la casa de un primo para ver un partido de fútbol entre EE. UU. y México. Cree haberse ido de la casa para volver a su hogar en Houston cerca de las 2 a.m. y afirma que estaba completamente sobrio. Cuando vio luces de emergencia por el espejo retrovisor, no se preocupó, pues había otro automóvil detrás del suyo que circulaba —según pudo ver los instantes en que miró por el espejo— de manera bastante errática. Supuso que la policía pretendía detener a ese vehículo. Pero Carlos fue obligado a detenerse y acusado de intentar evadir ser arrestado.

Carlos estuvo encarcelado dos meses. Luego, sus jefes le ayudaron a pagar la fianza, y pasó seis meses teniendo una audiencia judicial tras otra. En su expediente se indica que se dispuso la suspensión condicional del proceso. En agosto de 2016, empezó un período de libertad vigilada de tres años durante el cual tuvo que comparecer una vez por mes y, según afirma, no faltó ni una vez a las fechas estipuladas.

El 27 de abril de 2017, se presentó como era habitual ante su supervisor de libertad vigilada. Apenas cruzó la puerta, un hombre con uniforme del ICE le preguntó cuál era su nombre y lo esposó.

Luego de varias semanas en el centro de detención inmigratoria de CCA en Houston, fue deportado en junio. En el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, Carlos todavía estaba preocupado por un trabajo de pintura que había quedado sin terminar en Texas, en la casa de su jefe. Solo quedaban por dar unos últimos retoques a las molduras del techo. 

Veintitrés años en EE. UU. terminan con un control de tránsito

La única forma que “Moisés R.” tenía de llegar a su trabajo en un restaurante era recorriendo en el automóvil Honda de la familia el trayecto de media hora desde el complejo de departamentos donde vivía en el sur de Minneapolis hasta la ciudad cercana de Eden Prairie. La noche del 3 de junio de 2017, mientras volvía del trabajo a su casa a las 2 a.m., la policía de Eden Prairie lo detuvo porque la matrícula del vehículo vencía en junio. El automóvil estaba a nombre de la esposa de Moisés, “Zoraida”, cuya licencia de conducir había sido suspendida, y los agentes pronto descubrieron que también lo estaba la licencia de Moisés. Desde 2003, se prohíbe expedir licencias de conducir a inmigrantes indocumentados en Minnesota, y Moisés y Zoraida no pudieron conseguir nuevas licencias válidas.

Moisés contó que un juez lo puso en libertad después de haber pasado dos días en la cárcel del condado de Hennepin, —a pesar de haber tenido un arresto anterior en 2013 por conducir sin licencia—, pero al salir lo estaban esperando agentes de inmigración. Moisés fue deportado a Nuevo Laredo, México, el 21 de junio.

El puente entre Laredo, Estados Unidos, y Nuevo Laredo, México. © 2017 Human Rights Watch

© 2017 Human Rights Watch

Moisés contó que cruzó por primera vez de México a Estados Unidos hace 23 años, cuando tenía 15 años de edad. La Patrulla Fronteriza lo envió de regreso una vez, pero logró cruzar en un segundo intento y empezó su vida en Estados Unidos, donde trabajó en restaurantes y fue progresando de lavaplatos a ayudante de cocina, cocinero, ayudante de camarero y camarero. Conoció a Zoraida cuando ella trabajaba como cajera en un restaurante. Tienen dos hijos y dos hijas, con edades que van de los 8 a los 18 años, y quien más le preocupa a Moisés es el mayor, “Mark”.

Moisés contó a Human Rights Watch en un centro de recepción de migrantes en Nuevo Laredo, México, que Mark, de 18 años, recolecta las donaciones en la iglesia bautista a la que asiste la familia, juega al fútbol en un club, no bebe ni consume drogas y es un “buen chico” en todo sentido. “Pero a esa edad están expuestos a todo tipo de cosas, y necesitan a sus padres”, dijo Moisés. Cuando fue arrestado, Moisés acababa de cambiar el horario de su jornada de trabajo para poder asistir a los partidos de fútbol de Mark durante la siguiente temporada. “¿Por qué no puedo estar con él?”, se preguntaba sacudiendo la cabeza.

Moisés recuerda que su madre, una trabajadora migrante, decía que lo que más lamentaba era no poder sentarse a compartir una comida todos los días con sus hijos, y Moisés siempre ha puesto empeño en poder hacerlo. “Soy hogareño, y lo que más nos gusta es sentarnos todos juntos a cenar”, contó. Él y Zoraida son buenos cocineros, los niños colaboran en la mesa y el televisor se apaga mientras comen. Zoraida o uno de los niños dice la oración.

Durante su deportación, Moisés le preguntó a un policía por qué las autoridades apuntaban a quienes habían llegado al país para comenzar una nueva vida, en vez de concentrarse en quienes vendían drogas o se involucraban en peleas. Moisés recuerda la respuesta: “Diablos, es que ustedes son fáciles de atrapar”.

Zoraida, que antes trabajaba solamente dos mañanas por semana, ha aceptado un empleo a tiempo completo desde que Moisés fue arrestado. “Ni siquiera puede hablar porque llora continuamente” durante las llamadas telefónicas, contó Moisés.

Moisés cree que mudar a su familia a México sería una experiencia demasiado dura para los niños, y por eso está contemplando la posibilidad de volver. “Pero eso podría significar un año o dos en la cárcel”, explicó, por “cruzar la frontera para ver a mi familia”. Hizo una pausa y dijo: “Estarán conmigo de una u otra manera, pero sé que va a llevar algo de tiempo”.

Una vida de trabajo en EE. UU.

“Juan S.”, el menor de cinco hijos de una madre soltera, nunca pudo ir a la escuela. Ayudó a su madre a mantener el hogar y trabajó para llevar un salario a la familia en San Miguel de Allende, México. “No teníamos dinero”, dijo; “lo que sí teníamos, como dicen, era hambre”.

Aunque Juan ha pasado su vida adulta trabajando en Estados Unidos, tras cruzar la frontera a los 15 años para buscar empleo, mantuvo siempre un vínculo estrecho con su madre. Por eso, cuando ella murió en noviembre pasado en México, este carpintero de 53 años se emborrachó después del trabajo en la casa de un amigo en Marshall, Texas. Mientras volvía a casa, rozó un árbol con su automóvil. Esto provoco un raspón en su Chevy Malibu, y el accidente supuso para Juan un cargo por conducir bajo el efecto del alcohol. Juan dijo que, para la audiencia del 18 de junio, ya había pagado varias cuotas de una multa de USD 1.500. Al salir del tribunal, tenía la intención de empezar a tomar clases y cumplir 140 horas de servicio comunitario para completar sus obligaciones conforme a la condena. Pero las autoridades de inmigración lo estaban esperando fuera del tribunal, y el 22 de junio fue deportado a Nuevo Laredo, México.

Una placa en el puente entre Laredo, Estados Unidos, y Nuevo Laredo, México, anuncia el cruce de fronteras. © 2017 Human Rights Watch

Juan dijo que dejó una vivienda que había alquilado por 10 años y un empleo que le había permitido mantener a cinco hijos, que ahora tienen entre 19 y 29 años, y que crecieron al cuidado de su madre y esposa en México. Al igual que millones de hombres mexicanos, vivía separado de su esposa e hijos, que permanecen en México mientras los padres viven y trabajan en Estados Unidos para ganar un ingreso que les permita mantenerlos. Paradójicamente, su detención se produjo el Día del Padre.

Juan dijo a Human Rights Watch en un centro de recepción de migrantes en Nuevo Laredo, México, que cuando fue por primera vez a EE. UU. consiguió trabajo en Texas y Luisiana en la cosecha de la sandía, cuidando caballos —un oficio que había aprendido en México— y criando pavos. Luego paso a instalar cables para televisión en Georgia y a trabajar como encofrador en obras de construcción en Tennessee. En Marshall, dijo que se convirtió en carpintero de categoría, y que hacía trabajos de lustrado y de construcción de muebles por cuenta propia, que muestra orgulloso con fotos en su teléfono.

Esta no fue la primera vez que lo deportaron. La Patrulla Fronteriza interceptó a Juan en 2009, después de haber visitado a su familia, pero poco después volvió a cruzar. “Mejor intentar cruzar que morir de hambre”, afirmó. En su lugar de origen, es difícil encontrar trabajo sin involucrarse en la delincuencia organizada, nos contó.

Ahora, sus amigos van a vender el Chevy Malibu con el raspón en la puerta causado por el árbol, y van a llevarse las pertenencias que nunca le permitieron recuperar cuando las dejó en el estacionamiento del tribunal. Mientras tanto, Juan dijo que se dirigirá a San Miguel de Allende y, después de visitar a su familia, probablemente intentará cruzar de nuevo al norte del Río Grande para procurarse un ingreso que le permita mantener a su familia.

"Estar sin mi esposa y mi hijo es terrible"

“José R.” duerme en las calles de Nuevo Laredo cuando no consigue ganar suficientes pesos para pagar una cama por la noche. Este trabajador de la construcción, de 42 años, ha estado atesorando lo poco que gana trabajando en una ciudad portuaria de México desde que fue deportado en marzo, y espera pacientemente una oportunidad para cruzar el Río Grande y regresar con su esposa y su hijo de 4 años en Kansas City, Missouri. Pasó por el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes con la intención de pedir que le presten un teléfono para llamarlos.

“Tengo que ser paciente”, nos dijo, sin poder evitar que le brotaran las lágrimas. “Pero estar sin mi esposa y mi hijo es terrible”.

Jose R. habla con investigadores de Human Rights Watch en el Instituto Tamaulipeco en Nuevo Laredo, México. © 2017 Human Rights Watch

José, oriundo de Chiapas, en el sur de México, dijo que fue deportado por primera vez cuando intentó cruzar solo en 2009. Volvió a intentarlo en 2012, después de casarse con “María”, y esta vez lo logró. José consiguió empleo en obras de remodelación en Laredo y luego en San Antonio, Texas, donde María dio a luz a su hijo, “Santiago”. Finalmente se trasladaron a Kansas City en busca de mejores oportunidades, y se instalaron allí. José se convirtió en un fiel aficionado de los Royals y los Chiefs —aunque sigue prefiriendo mirar o jugar partidos de fútbol— y la pareja disfruta de llevar a Santiago a Lexington Park, cerca del departamento donde viven. Para referirse afectuosamente a Santiago, usan un apodo en inglés: “Lo llamamos Happy Boy (niño feliz)”, contó José con una sonrisa nostálgica.

José trabajaba para tres empleadores distintos, y ganaba algo de USD 100 por día. Intentaba que sus jefes lo llevaran en sus vehículos hasta el trabajo, para poder dejar el Hyundai de la familia a María. Un domingo de febrero, la policía de Kansas City detuvo el automóvil de uno de sus empleadores, que estaba llevando a José y otras tres personas a sus casas. “No sé por qué”, dijo José. “Tal vez el conductor tenía multas o simplemente porque era moreno. A él lo dejaron ir, y a los demás nos detuvieron por no llevar documentos”.

Después de dos días en la Cárcel del Condado de Jackson y dos semanas en un centro de detención inmigratoria en Missouri, a José le quitaron el cinturón y los cordones y lo trasladaron en avión —encadenado y esposado— hasta Alexandria, Louisiana, donde recibió su orden de deportación definitiva.

De regreso en Kansas City, María ha empezado a trabajar en el servicio doméstico. Ella y su hijo Santiago, de 4 años, han dejado el departamento para ahorrar dinero y alquilaron una habitación en una casa, pero apenas gana para subsistir. “Mi esposa ahora tiene que hacer de dos personas para ocuparse de nuestro hijo”, explicó José. Le preocupa la posibilidad de que también deporten a María. “Si se la llevan, ¿qué pasará con Santiago?” José salió a la acera, para dirigirse a tomar un autobús que lo llevara a una obra en construcción en Nuevo Laredo donde podría ganar el equivalente de USD 2,25 por día.

“No tengo idea de cómo regresar”, nos dijo, “pero tengo que hacerlo. Los extraño tanto”.

Una estadounidense que necesita con desesperación a su marido

Una llamada telefónica cambió radicalmente la vida de Omar G.

Alguien se comunicó telefónicamente con la policía para avisar que había una persona indocumentada en la casa de Omar, en Waco, Texas. A causa de esto, Omar fue arrestado y deportado a Nuevo Laredo, México, en marzo de 2017.

Su concubina Laura, que tiene ciudadanía estadounidense, lo siguió hasta México tan pronto como pudo, y cuando los investigadores de Human Rights Watch los conocieron en un centro de recepción de migrantes en junio, habían alquilado un departamento en la zona y estaban buscando asesoramiento para saber si había una forma legal de que Omar vuelva a Estados Unidos. 

Omar G. y su esposa, Laura, hablan con investigadores de Human Rights Watch en el Instituto Tamaulipeco en Nuevo Laredo, México. © 2017 Human Rights Watch

“Tenemos hijos y nietos en Texas; tengo que conseguir que vuelva a casa”, dice Laura refiriéndose a Omar.

Aunque es sabido que en Waco se aplica una política enérgica de detención de inmigrantes indocumentados, a Laura y Omar les encantaba vivir allí a pesar de los riesgos. “Waco es hermosa y está cada día más linda”, dice Laura, que tiene 52 años y ha vivido allí toda su vida.

Omar, de 51 años, llegó a Waco desde Monterrey, México, cuando tenía 28 años y se fue a vivir con un hermano justo frente a la vivienda de la madre de Laura. En ese tiempo Laura tenía la custodia de tres niños pequeños nacidos de un matrimonio anterior, y cuando su relación sentimental con Omar prosperó, este se convirtió en un padrastro sumamente responsable para los niños. “Los niños lo adoran”, cuenta Laura, “y ha tenido un gran impacto en la vida de cada uno de nuestros ocho nietos”.

Omar sabía reparar todo tipo de cosas y era un buen carpintero, de modo que nunca le faltó el trabajo. Laura también aportaba ingresos para el hogar haciendo tareas manuales en almacenes. En 2008, según nos contó, sufrió discapacidad a causa de un dolor insoportable en los brazos —no se ha determinado si la causa fue artritis, síndrome del túnel carpiano o lesión nerviosa—, y la cirugía a la que se sometió dos años más tarde no fue de mucha ayuda. Laura contó que, en los momentos en que no podía bañarse sola, Omar la ayudaba poniendo en práctica su conocida habilidad y mostrando sonrisas afectuosas.

Contaron que Omar tuvo su primer encuentro con el sistema inmigratorio hace cuatro años. Los inmigrantes indocumentados no pueden solicitar licencias de conducir en Texas, y después de que la policía de Waco observó algunos timbres vencidos en el Buick de Omar, descubrieron que no tenía licencia. Cuando un juez de inmigración supo que Omar se ocupaba de cuidar a Laura —su concubina— instó a la pareja a que formalizaran su relación contrayendo matrimonio. Sin embargo, cuando anotaron mal la fecha de una comparecencia ante los tribunales —y se presentaron equivocadamente un día después— Omar fue deportado por primera vez.

Tras la deportación, Laura viajó hacia el sur y se reunió con él en Monterrey, México. Juntos, volvieron a entrar a Estados Unidos y estaban viviendo en Waco cuando Omar fue deportado por segunda vez.

Esta vez, señaló Laura, “queremos hacer las cosas bien”, y por eso están buscando asesoramiento legal. Van a casarse, nos contó. Laura lamenta haberlo pospuesto, por considerar que era un procedimiento innecesario y costoso. También hace notar a las autoridades de inmigración que necesita a Omar como cuidador; tiene otra cirugía programada y necesitará someterse a varios procedimientos más. Lamentablemente, según las leyes vigentes en la actualidad, es probable que las sucesivas deportaciones y reingresos de Omar hagan que sea muy difícil que pueda regresar en forma legal a Estados Unidos.

La pareja extraña a los demás miembros de la familia y la prolija vivienda rústica de dos dormitorios que compraron con una hipoteca que ya consiguieron saldar, al igual que los muebles. Las herramientas de Omar están esperándolo en el taller que construyó en la parte trasera.

“Me llaman abuelo”, contó Omar refiriéndose a los pequeños, mientras una lágrima le corría por la mejilla.

“No es para nada agradable ser deportado del lugar que consideras tu hogar”, dijo Laura. “Es posible que no hayas nacido allí, pero has vivido toda tu vida en ese sitio y una parte de mí nunca estará ahí si Omar no está”.

Desesperado por “volver a casa”

“Diego L.”, de 28 años, se tomó un descanso de su trabajo de colocación de pisos en Amarillo, Texas, una gélida tarde de enero para llenar el tanque de su Ford Focus en una tienda de autoservicio cercana. Diego dijo que, mientras salía del estacionamiento para regresar al trabajo, un policía de Amarillo le indicó que se detuviera, alegando que no había cedido el paso como correspondía. Ese control llevó a que fuera deportado en junio, 18 meses después.

“No tengo familia aquí en México”, dijo en inglés, cuando investigadores de Human Rights Watch lo conocieron en un centro de acogida de personas deportadas en Nuevo Laredo, México. El menor de cinco hijos, nació en México D.F. y fue llevado al norte con su familia cuando tenía dos años. “Mis padres siguen viviendo en California; cosen para una fábrica en Santa Ana”.

Diego L. habla con investigadores de Human Rights Watch en el Instituto Tamaulipeco en Nuevo Laredo, México. © 2017 Human Rights Watch

La esposa de Diego, nacida en Estados Unidos, está intentando desesperadamente todos los recursos legales posibles para lograr que regrese. Ella tiene una hija de 9 años y un hijo de 7 que lo extrañan muchísimo. “Es un buen padrastro”, les dijo por teléfono a los investigadores desde Amarillo. “Realmente nunca ha hecho nada malo. Simplemente le tocó nacer en otro lado”.

Los problemas inmigratorios de Diego empezaron en 2012, cuando él y Amanda estaban discutiendo en su departamento —solo verbalmente, insisten ambos— y un vecino llamó a la policía. Diego dijo que salió con tranquilidad para recibirlos, y permitió que lo esposaran. Se declaró culpable de obstrucción a la policía porque, según dijo, “No sabía lo que hacía. No pude hablar con nadie”. Diego pasó dos meses en la Cárcel del Condado de Potter, y luego un agente de la Patrulla Fronteriza llegó allí para llevárselo. “Me amenazaron diciendo que si no firmaba un documento, iba a ir a prisión y nunca más volvería a ver a mi familia”, afirma Diego. “No leí el documento, solamente lo firmé”.

Esa primera deportación fue muy difícil para Diego, y más tarde lo atraparon dos veces cuando intentaba cruzar de nuevo la frontera. “No conocía a nadie”, cuenta Diego. “En México me robaron, se llevaron todo mi dinero, aproximadamente USD 100. Cuando iba caminando por el desierto, vi dos cadáveres que yacían en medio del polvo”.

Cuando la policía detuvo a Diego en la tienda de autoservicio ese día de enero, no pudo mostrar una licencia de conducir, pues en Texas estas no se emiten a migrantes indocumentados. La policía también encontró en el automóvil una pequeña cantidad de metanfetamina, que Diego dijo que había consumido ocasionalmente en los últimos años, “como Red Bull”, para estar despierto en el trabajo. Esta vez, su estadía en la Cárcel del Condado de Potter duró nueve meses, y luego fue entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, para quedar detenido otros nueve meses. Aunque Amanda lo instó a no firmar nada mientras ella intentaba por todos los medios lograr que pudiera permanecer legalmente, Diego firmó los documentos de deportación.

Amanda manifestó que, para ambos, su primera elección es que él pueda volver legalmente a Amarillo. Pero mientras tanto, Diego tendrá que apañárselas en un país que no conoce. “Esta vez, conocí a un hombre mayor que estaba detenido conmigo, y me sentí un poco más seguro”, dijo, mientras esperaba para usar un teléfono en el centro de recepción de personas deportadas. “Me ha ofrecido quedarme en su casa”.

“Su instinto”, dijo Amanda acerca de Diego, “es tan solo volver a casa”.

Los sueños de una joven pareja, en suspenso

Alexis G., de 20 años, había vivido en Estados Unidos casi toda su vida cuando fue deportado en junio a Nuevo Laredo, al sur del Río Grande, en un país que apenas conocía.

“Mis padres me trajeron [a EE. UU.] y crecí allí. Si tuviera que cantar un himno ahora mismo, sería La bandera tachonada de estrellas; no sé el himno mexicano”, dijo en una entrevista.

Alexis G. y su esposa en una fotografía reciente. © Privado

Desde antes de empezar el jardín de infancia y hasta terminar el colegio secundario, Alexis asistió a escuelas públicas del área de Dallas. Uno de sus recuerdos más vívidos fue la detención de su madre soltera e indocumentada cuando él estaba en séptimo grado. Había ido a pagar multas de tránsito atrasadas, sin saber que las autoridades habían emitido una orden de detención por estas. Las autoridades inmigratorias la pusieron en libertad cinco días después para que pudiera regresar a casa con sus cuatro hijos —Alexis es el más joven de los varones— y su hija nacida en EE. UU. No sabe exactamente cómo hizo para evitar ser deportada.

“En la escuela estuve llorando durante cinco días”, dice Alexis, “y los maestros insistían en preguntarme qué sucedía, pero yo estaba demasiado avergonzado para contarlo... me sentía abochornado”.

Alexis alcanzó el cuadro de honor de su escuela, y tocaba el barítono en la banda musical de su colegio secundario y el bajo eléctrico en otra banda escolar. Cuando empezó el tercer año de la escuela secundaria, reunió los requisitos para solicitar la Prórroga de Procedimientos Migratorios para Personas Llegadas en la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrival, DACA), y esto le permitió trabajar en un supermercado después del horario de escuela. Contó que terminó los estudios entre el 15 % con mejor promedio de su clase.

Conoció a su esposa Maryjo, que es ciudadana estadounidense, en Internet después de terminar la escuela secundaria, y se mudó a San Antonio, Texas, durante un tiempo para estar cerca de la “estupenda” familia germano-mexicana de su esposa, en la antigua San Antonio. Sin embargo, la perspectiva de ganar buenos ingresos en la colocación de estuco en Dallas hizo que regresara allí, y Maryjo lo acompañó. El traslado resultó costoso: Alexis no tuvo trabajo por un mes y medio y, en 2016, no tenía los USD 500 para pagar la renovación de la DACA por dos años.

Aun así, en marzo de 2017, él y Maryjo lograron casarse. Su luna de miel terminó el 4 de junio, cuando se produjo una pelea en una zona donde había un mercado de pulgas y una feria. Alexis había ido allí con sus hermanos, Francisco y Andrés, y con la familia de este último. Dice que no sabe exactamente qué sucedió, pero que al bajar Andrés de un juego con su hijo de tres años, el operador lo empujó. En la riña que se produjo a continuación, Alexis dijo que su cuñada, que llevaba un bebé sujetado al pecho, cayó al suelo de un golpe, y que él “reaccionó”, empujando a un guardia de seguridad. Fue detenido por la policía, acusado de agresión y entregado al ICE.

En el centro de detención inmigratorio había tanta gente esa noche que Alexis y Andrés, detenidos simultáneamente, durmieron bajo una escalera. Fue la primera vez que Alexis estuvo detenido por motivos inmigratorios, y Andrés, que antes había sido deportado dos veces, le aconsejó que firmara para ser expulsado voluntariamente. Y así lo hizo.

“Creo que hasta hace algunos años, podías realmente defender tu caso y tener un juicio justo, y te daban esa oportunidad. Ahora me parece que simplemente nos deportan por cualquier cosa. No vale la pena permanecer detenido”. Cree que se desistió de los cargos por agresión, y de hecho un control de antecedentes penales no arrojó ningún resultado.

Su esposa Maryjo dijo a Human Rights Watch que, desde que deportaron a Alexis, hablan por teléfono todos los días. “Queremos... estudiar juntos, empezar una familia, conseguir una casa”, dijo, pero todos estos planes por el momento están en suspenso.

“Es muy duro”, nos dijo Alexis. “A veces sientes que no perteneces a ningún sitio, estás atrapado en medio. Al crecer, conocí a niños procedentes de México que habían llegado durante la adolescencia, y ellos me decían ‘Tú no eres mexicano’. Y luego desde otro lado te dicen que no eres estadounidense porque no tienes papeles. Eso duele. ¿Acaso yo no cuento?”.

Familia lucha para permanecer unida

Cada vez que deportan a Marco G., su esposa Leah, nacida en Ohio, lo acompaña con los niños a México hasta que todos juntos pueden regresar a casa.

No toleran estar separados. Llevan casi 16 años de matrimonio.

Después de que, recientemente, fue deportado por tercera vez, la familia empezó a considerar otra posibilidad: instalarse por algún tiempo en México. Sus hijos –Antonio, de 14 años, y Sofía, de 10– nacieron en EE. UU. y necesitan documentos mexicanos para inscribirse en la escuela.

Marco G. y Leah en una fotografía reciente. © Privado

En una entrevista realizada el 14 de junio en el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes en Nuevo Laredo, Leah describió a Marco –la única pareja que tuvo en toda su vida– como “el hombre más inteligente que haya habido”. Contó que Marco cruzó ilegalmente la frontera entre EE. UU. y México cuando tenía 18 años, y debido a esto habría sido casi imposible que él obtuviera una tarjeta de residencia (green card) a través de su esposa, sobre todo después de las varias deportaciones. La pareja aseveró que los jefes que Marco había tenido en Estados Unidos lo consideraban un empleado valiosísimo, en tareas tan diversas como trabajar con caballos en Ohio, administrar un complejo gigantesco de apartamentos o reparar maquinaria japonesa de construcción de motores en Michigan. Uno de sus empleadores lo describió como un “trabajador ejemplar” y nos confesó que ahora tiene dificultades para encontrar a quien pueda reemplazarlo.

Marco fue deportado por primera vez en 2010, luego de haber sido condenado a libertad vigilada por conducir bajo los efectos de sustancias. Leah acudió a recoger a Marco de un bar, donde no tendría que haber estado, con la intención de llevárselo a su casa, pero entablaron una discusión. “Lo que sucedió es exactamente lo que yo quería evitar”, dice. “La policía vino, y no me escuchaban cuando yo decía que estábamos bien. Se lo llevaron y lo deportaron”.

La segunda deportación ocurrió en 2013, cuando intentaban vender un remolque que él había remodelado, con el fin de usar ese dinero como seña para la compra de una vivienda; los compradores, a quienes les habían permitido mudarse, se negaron a terminar de pagar y llamaron a la policía, alegando que Marco y Leah los habían agredido, algo que ambos niegan. Marco fue deportado tan rápidamente que no pudo presentarse ante la justicia en la fecha en que debía comparecer por el cargo de agresión.

La tercera deportación fue en enero de 2017. Leah había estado llevando a Marco en automóvil hasta su trabajo en una pista de entrenamiento del Derbi de Kentucky, pero un día condujo él solo y la policía lo detuvo “sin motivo”, según afirmó. Dijeron que les había aparecido la orden por el cargo de agresión, y las autoridades lo retuvieron en la Cárcel del Condado de Claremont por tres meses, mientras citaban a la denunciante. Esta nunca se presentó, y entonces entregaron a Marco al ICE para que fuera deportado.

Reponerse de la última deportación de Marco fue menos duro que recuperarse del trauma que supuso la última estadía en México, después de que Marco fuera deportado en 2013. Nos contaron que, en su localidad de origen de La Barca, en Jalisco, Marco construyó una casa grande para su familia, y que esto, además del hecho de tener una esposa extranjera, atrajo la atención de una pandilla. Secuestraron a Marco y, con el fin de amedrentar a Leah para que pagara un rescate, lanzaron una balacera con fusiles automáticos frente a la vivienda. Escondida adentro de la casa con sus hijos que gritaban aterrados, Leah llamó al consulado estadounidense en Guadalajara y, en media hora, llegaron al lugar militares mexicanos. “Fue una media hora que duró una eternidad”, afirmó. Leah y sus hijos fueron subidos raudamente a un autobús y regresados a EE. UU., sin saber qué había sucedido con Marco. Un mes más tarde, este se presentó en Ohio. Sus familiares en La Barca habían entregado a la banda la vivienda, con todos los muebles que había dentro, a cambio de que lo liberaran.

“Tienen miedo de estar aquí de regreso”, dice Leah de sus hijos. “Estamos todos muy traumatizados”.

La familia nos dijo que perciben pagos del Seguro Social de EE. UU. –porque Leah tiene enfermedad de Crohn y Antonio sufre trastorno plaquetario– pero desde que llegaron a México no han podido conseguir los medicamentos que necesitan. Esperan poder mudarse de la asfixiante torre de departamentos de hormigón donde alquilaron un departamento en Nuevo Laredo y trasladarse a Cancún –lo más lejos posible de La Barca–, donde creen que Marco podrá encontrar trabajo.

“Es más estadounidense que algunas personas que viven allí”, afirma Leah sobre Marco, mientras con la mano señala hacia el norte, al otro lado del Río Grande, “pues él trabaja arduamente y se ocupa de su familia, y no se puede decir lo mismo de todos los que están allí”.

Luego de 12 años, deportado de su hogar y su familia estadounidenses

Lo primero que “Manuel P.” quería hacer cuando llegó al centro de recepción de deportados que gestiona el estado en Nuevo Laredo, México, era comunicarse telefónicamente con su esposa “Rosa” para que le dijera cómo estaban sus tres hijos, todos nacidos en EE. UU., y lo ayudara a pensar un plan.

“Tengo que preguntarle qué debo hacer ahora”, nos dijo. “Siempre hacemos todo juntos”.

Manuel P. habla con investigadores de Human Rights Watch en el Instituto Tamaulipeco en Nuevo Laredo, México. © 2017 Human Rights Watch

Manuel, de 33 años, se fue de Durango, México, hace 12 años y empezó a trabajar en el sector de la construcción y la plomería en Amarillo, Texas. En 2007, cuando su hijo mayor “Carlos” tenía apenas cinco meses, Manuel chocó por detrás a otro automóvil mientras volvía a casa luego de una jornada de trabajo. Esperó que llegara la policía —sin que hubiera lesionados— y fue detenido y deportado. Un año después, intentó una vez más viajar al norte, fue enviado de regreso por la Patrulla Fronteriza y cruzó inmediatamente de nuevo, logrando reunirse con Rosa y Carlos en Amarillo.

“Daniela” nació tres años después que Carlos, y “Gloria” un año más tarde. En 2010, Manuel y Rosa firmaron un contrato de arrendamiento con opción de compra para una vivienda de un dormitorio, que él pronto pudo remodelar para que tuviera tres dormitorios. Tenía la precaución de pagar el arrendamiento y los impuestos puntualmente e inició dos emprendimientos propios: un servicio de reparaciones y una empresa constructora. En su tarjeta comercial se muestra una imagen de una parrilla externa de categoría que diseñó y construyó para un cliente, y refleja en pocas palabras la historia de la inmigración: para español, dice la tarjeta, llame a Manuel; para inglés, a su hijo Carlos.

Esta primavera, la vida de Manuel se vio interrumpida nuevamente.

En la noche del 27 de mayo, un agente le indicó que detuviera la voluminosa camioneta Dodge pickup donde lleva sus herramientas. Manuel dijo a Human Rights Watch que había tomado una cerveza, y el agente le informó que se presentarían cargos por conducir bajo los efectos del alcohol. Contó que fue llevado a una cárcel y puesto en libertad después de diez días. Sin embargo, en un control de antecedentes penales se detectó únicamente una multa por exceso de velocidad.

Mientras salía aliviado de su celda, Manuel se encontró con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) que lo estaban esperando para llevárselo. Lo retuvieron tres semanas en Dallas y luego lo llevaron a la frontera y le advirtieron que no intentara regresar a EE. UU. por 20 años.

Desde la detención de Manuel, Rosa, que también es indocumentada, ha encontrado trabajo de limpieza en un hotel, pero afirma que tiene dificultades para ocuparse de sus tres hijos desde que deportaron a Manuel. Los fines de semana, los lleva consigo al hotel donde trabaja. Rosa dice que los niños están muy disgustados y que preguntan continuamente por su padre.

Padre de tres hijos deportado tras presentarse ante el ICE

Durante 18 años, “Alberto Z.” se esforzó por “salir adelante” en el área suburbana de Atlanta: se casó, tuvo hijos, y vivía con el sueldo que ganaba como mecánico en un concesionario de autos usados; se mudó de un remolque a una casa de una planta y adquirió un vehículo todoterreno y una camioneta pickup. Un día, a mediados de junio, lo encontramos en el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, tras su segunda deportación en tres meses. Estaba tratando de enviarles un mensaje a su esposa, “Marta”, y a su hijo “Thomas”, que cumplía 13 años al día siguiente, en Georgia.

“Voy a llamar a Marta para decirle que estoy bien, y hablar, porque realmente no sé qué hacer”, contó Alberto. “Tengo casas, hipotecas, mis impuestos en orden, tres hijos que nacieron en Georgia… El juez dijo que lo único que podría ayudarme es que alguno de ellos tuviera una enfermedad crónica; en ese caso, podría conseguir una visa humanitaria. Pero, gracias a Dios, ninguno está enfermo”.

Alberto Z. habla con investigadores de Human Rights Watch en el Instituto Tamaulipeco en Nuevo Laredo, México. © 2017 Human Rights Watch

Alberto dejó Cuernavaca, México, cuando tenía 21 años e hizo dedo hasta Estados Unidos, sin conocer a nadie. Conoció a Marta, que también es indocumentada, cuando él era cocinero y ella camarera en un restaurante mexicano del área suburbana de Atlanta. Se casaron, se mudaron a Sugar Hill, y comenzaron una familia.

Con sus tres hijos, la familia asistía a la iglesia pentecostal los domingos, pasaba tiempo los fines de semana en el parque, y se tomaba breves vacaciones familiares en Savannah, Georgia, o en Clearwater, Florida. Su bebé, “Natalia”, nació en noviembre pasado, alrededor de la misma época en que sus hijos varones —Thomas y “Nelson”, que tiene 10 años— obtuvieron sus cinturones negros en artes marciales mixtas.

Alberto trabajaba a solo diez minutos de su casa, pero hace cinco años, cuando volvía del trabajo, fue detenido en un retén policial. La policía vio que no tenía licencia de conducir —en Georgia no se expiden licencias a inmigrantes indocumentados— y lo detuvo durante tres días, hasta que llegaron autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) y lo llevaron a un centro de detención en el condado de Irwin, Georgia. “Mis hipotecas, mis impuestos, todo estaba en orden”, dice Alberto. Tenía antecedentes por conducir bajo la influencia de sustancias en 2007, pero había cumplido con todos los requerimientos para que la situación quedara atrás. Su abogado solicitó la “cancelación de la deportación”, que permite permanecer en Estados Unidos a algunas personas que han vivido en el país durante al menos 10 años en situación irregular y cuyos familiares con ciudadanía estadounidense sufrirían “dificultades excepcionales e inusuales” si la persona fuera deportada. Mientras su caso se encontraba en curso, Alberto recibió un permiso de trabajo temporal, renovable cada año.

En 2016, sin embargo, Alberto tuvo su audiencia de cancelación y esta fue denegada. Cuando la apelación fue denegada, continuó presentándose, como lo requería el ICE. El 18 de febrero, cuando Alberto se presentó, el ICE lo arrestó de inmediato, lo tuvo detenido en un celda durante un par de semanas y lo envió a Brownsville, Texas, para deportarlo a Matamoros, México.

A principios de junio, Alberto pagó US$7.000 para cruzar el Río Grande en una embarcación y ser guiado por el desierto. Después de tres noches y dos días de caminar con una temperatura agobiante, su grupo de cinco personas se separó, y él quedó con otro migrante que estaba exhausto y debilitado. “Tuve que llevarlo hasta la autopista”, cuenta Alberto —y allí es donde lo atrapó la Patrulla Fronteriza—.

En Georgia, la familia ha estado viviendo de los ahorros de Alberto y del dinero obtenido de la venta de su camioneta. Su iglesia les da frutas y alimentos una vez por semana.

“Quiero arreglar las cosas de manera legal ahora”, nos dijo Alberto. “Podría parecer más rápido cruzar de manera ilegal, pero puedes morir de deshidratación o por una mordedura de serpiente”. Lamentablemente, las leyes que rigen en la actualidad en EE. UU. harán que sea casi imposible que Alberto regrese a vivir con su familia de manera legal. 

La prioridad de un padre: reunirse con su esposa y su hijo de 4 años

Después de casi seis meses en la cárcel del condado de Harris en Houston, lo primero que Jorge S., de 30 años, quería hacer tras ser deportado a México era encontrar un teléfono y llamar a su esposa ciudadana estadounidense, Kaitlynn.

“Necesito averiguar qué está pasando con mi bebé”, nos dijo nada más sentarse en un escritorio con un teléfono en el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, una agencia estatal mexicana que es la segunda parada de los deportados después de la Inmigración Mexicana. “Han pasado unos cuatro meses sin que haya tenido ningún tipo de contacto con ellos”, señaló.

Jorge S. habla con investigadores de Human Rights Watch en el Instituto Tamaulipeco en Nuevo Laredo, México. © 2017 Human Rights Watch

Jorge fue de México a Houston hace cinco años, y después de trabajar ocho meses en un lavado de autos, fue ascendiendo hasta ganar más de US$120 al día construyendo vallas de madera. Conoció a Kaitlynn un año después de llegar, cuando ésta fue a ayudar a Jorge y a sus compañeros de departamento con la limpieza y la lavandería. Debido a que una de sus abuelas es mexicana, Kaitlynn hablaba un poco de español. Cuando se conocieron, utilizaban los traductores automáticos de Internet para charlar, enseñándose mutuamente sus lenguas nativas.

Su bebé, Ja, dan – Kaitlynn quería un nombre original – nació prematuramente en Houston en febrero de 2016, pero no tardó en liberarse del respirador y a los 8 meses ya gateaba, siguiendo a Jorge por todas partes y maravillando a sus padres con su rápido desarrollo. Como recuerda su padre, sonreía “todo el tiempo”.

Jorge a veces trabajaba seis días a la semana, pero la familia iba paseando hasta el parque Parker Road. Durante las noches de la semana, Kaitlynn y Jorge se ayudaban mutuamente a entender los programas de televisión en inglés o español. La Rosa de Guadalupe era uno de los favoritos de Kaitlynn.

El 22 de noviembre, Jorge fue arrestado; según él, por primera vez en su vida. Estaba bebiendo una cerveza mientras conducía, nos contó con tristeza, y se saltó una señal de stop en Houston sin esperar los tres segundos reglamentarios. Un agente lo detuvo, lo sacó del coche y acusó a Jorge de golpearlo. “No lo hice”, asegura Jorge. “Me empujó para que levantara los brazos y me agaché. Me ordenó que me diera la vuelta, me empujó al suelo – aplastándome la boca – me esposó y me llevó a la cárcel. Pero él dijo que yo me resistí”.

Jorge recibió una sentencia reducida por un delito menor de seis meses de cárcel y sirvió su condena en un centro de máxima seguridad, ganando privilegios que finalmente le permitieron trabajar en la lavandería, lavando los uniformes de color naranja. Eso le dio derecho a recibir un plato adicional de comida y – lo que era más importante – libertad para usar los teléfonos para poder hablar con Kaitlynn. Al final, cuando fue entregado al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), se inscribió en el programa de repatriación voluntaria porque no podía pagar a un abogado para luchar contra la deportación.

Cuando lo vimos, Jorge primero planeaba ir a ver a sus padres en Tuzantla, Michoacán, y luego intentar reunirse con Kaitlynn y Ja,dan. “Yo quería obtener la ciudadanía (estadounidense), pero ahora, con mis antecedentes penales, conseguir papeles será más complicado”, nos dijo. “Quiero estar con mi bebé. Si Dios quiere (...) un amigo que conocí en la cárcel sabe cómo conseguir guías para cruzar (la frontera)”.

Una madre es deportada después de ser detenida mientras conducía

En una oscura noche de fines de mayo, Rosalinda C., de 29 años, estaba viajando por el Río Grande en un bote inflable. Era la única mujer en un grupo de 41 migrantes. Al cruzar el desierto a primera hora de la mañana, casi pisa una serpiente de cascabel —“no las oías”, dice recordando el suceso— pero siguió adelante, y más tarde, luego de dos días de caminata, fue interceptada por la Patrulla Fronteriza. Pasó 25 días en un centro de detención en Encino, Texas, y luego fue deportada a Nuevo Laredo, México. Al igual que cerca del 15% de las personas deportadas por la Patrulla Fronteriza, Rosalinda es madre de hijos con ciudadanía estadounidense.

“Supuestamente, si lo intento de nuevo, me darán tres meses” de cárcel, dijo a Human Rights Watch en Nuevo Laredo, en alusión a la advertencia que le dio un agente de la Patrulla Fronteriza. “Para mí no cambia nada. Tengo que volver para estar con mis hijos”, dijo, mientras se secaba una lágrima en la mejilla. 

Rosalinda C. habla con investigadores de Human Rights Watch en el Instituto Tamaulipeco en Nuevo Laredo, México. © 2017 Human Rights Watch

Los delitos inmigratorios, incluido el ingreso ilegal, representan la categoría individual con mayor número de casos en la justicia penal en todo el país, y muchas de estas personas son padres de ciudadanos estadounidenses.

Estados Unidos fue el hogar de Rosalinda desde que ella tiene memoria. Cuando tenía apenas 4 años y su hermano Martín tenía 3, se fueron de Matamoros, México, a Georgia, Estados Unidos. Sus padres trabajaron en el campo durante diez años, cosechando pepinos, zapallos, tomates, arándanos, duraznos y tabaco por todo el sur del país.

Poco tiempo después, Rosalinda pasó a ser simplemente Linda, hablaba inglés y era otra niña más que daba vueltas en el patio de la escuela primaria a la que asistía. Terminó la escuela media, pero no la educación secundaria. Finalmente, la familia emprendió una nueva vida en Corsicana, Texas, donde el padre de Linda encontró empleo en la construcción. Su madre se quedó en casa mientras su hermano asistía a la escuela. Linda se casó con su novio de siempre, Abel, quien también había nacido en México. Un año después, tuvieron a su primer hijo, Justin, en Dallas, donde Abel estaba trabajando en la construcción. Poco tiempo después llegaron Anthony y Axel.

La tranquilidad en la vida de Linda terminó poco después de que nació Axel, en 2015. La policía interceptó a su padre, Martín Sr., por conducir con un farol trasero roto, y posteriormente fue deportado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. En Matamoros, Martín Sr. estaba cruzando una calle para entrar a una tienda cuando se produjo una balacera, y murió alcanzado por el fuego cruzado.

“Ni siquiera pude ir a su funeral porque no podía arriesgarme a cruzar la frontera y que me separaran de mis hijos”, dijo Linda. Ese mismo año, el matrimonio de Abel y Linda concluyó con un divorcio amistoso. Linda se quedó con los niños, se mudó con su madre viuda y empezó a trabajar reparando teléfonos para Samsung. Trabajaba en el turno de 10 a.m. a 8 p.m., los sábados llevaba a los niños a pasear, hacer compras o al cine, y los domingos, cuando Abel tenía a los niños, ella y su madre limpiaban la casa y lavaban la ropa. Linda tiene en el brazo izquierdo un tatuaje que representa una paloma volando desde el nombre de su madre, escrito en cursiva: Rosalaura.

Linda hubiera querido postularse a la Prórroga de Procedimientos Migratorios para Personas Llegadas en la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA) que, desde 2012, ha permitido que algunas personas indocumentadas que ingresaron a Estados Unidos durante la niñez postergaran la deportación y recibieran un permiso de trabajo si terminaron la escuela secundaria. Linda no tiene antecedentes penales que podrían excluirla de reunir las condiciones para la DACA, aunque su hermano Martín Jr. sí los tiene. Pero, entre los niños y el trabajo, Linda estaba demasiado ocupada para terminar su Certificado de equivalencia de educación secundaria y postularse para la DACA.

El 18 de abril de 2017, Linda y su madre estaban llevando a Justin al médico cuando su vehículo Ford Explorer fue interceptado por la policía de Dallas. “No creo haber estado excediendo el límite de velocidad... estaba con mi mamá y mi hijo, pero ellos dijeron que circulaba a 45 millas por hora en una zona donde la velocidad máxima es de 40”. Mientras Justin lloraba e imploraba “¡por favor no se lleven a mi madre!”, arrestaron a Linda por conducir sin licencia.

Luego de tres días en la cárcel del condado de Richardson, y 25 años viviendo en Estados Unidos, Linda fue deportada a un país en el que no había estado desde los 4 años. “Nunca antes había sido deportada”, dijo. “No conocía México”. Pero una tía la acogió en Monterrey. Durante aproximadamente seis semanas, habló continuamente por teléfono con sus hijos, que la extrañaban. Deseaba traerlos con ella. Sin embargo, México no sería una alternativa para su anterior pareja, Abel, que ahora está formando una familia con otra mujer. Linda entiende la situación: ir a México y separarse de su padre tampoco sería algo positivo para sus hijos estadounidenses.

Entonces, pagó USD 2.000 a una persona para que la ayudara a cruzar la frontera de contrabando, y esa noche de mayo, mientras atravesaba con calzado deportivo un desierto donde abundan las serpientes de cascabel, casi logra cumplir el objetivo de reunirse con su familia.

Cuando la vimos en Nuevo Laredo, estaba comprando un pasaje de autobús para volver de nuevo con su tía de Monterrey. Pero solo por algún tiempo, insistió. Tiene confianza de que, la próxima vez, conseguirá reunirse con sus hijos.

Una larga recuperación de un accidente y una deportación rápida

Una mañana a fines de abril, Calixto L. estaba conduciendo al trabajo, dispuesto a empezar otro turno de su empleo en una fábrica que produce cápsulas de cloro para piscinas. Esa misma noche, estaba de regreso en México, luego de ser deportado a un país donde no había estado en más de una década.

Calixto, de 39 años, salió de casa con su hija Emily de 8 años ese día a las 5:30 a.m. con la intención de llevarla a la guardería a la que asiste antes de la escuela, para que su esposa Blanca pudiera cumplir su turno de trabajo en Taco Bell. Aproximadamente a cinco cuadras de distancia de su casa, advirtió que un automóvil lo estaba siguiendo. Algunas calles más adelante, cuando se detuvo en una señal de tránsito, otro auto y una camioneta se aproximaron desde una calle lateral.

Calixto L. y su familia en una fotografía reciente. © Privado

Los vehículos llevaban a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE). Luego de que Calixto no pudiera mostrar una licencia de conducir, los agentes controlaron sus huellas digitales en la base de datos y le dijeron que quedaba detenido por estar ilegalmente en el país. Había sido deportado en 2004, cuando las autoridades hallaron que llevaba documentos falsos. Su hija, con ciudadanía estadounidense, quedó sola en el vehículo, custodiada por personas desconocidas con uniforme negro, hasta que su tía pasó a retirarla. “Ni siquiera permitieron que Calixto se despidiera”, nos contó Blanca. “La niña estaba tan asustada”.

Calixto y su familia han sobrellevado distintas adversidades recientemente, pero las cosas parecían estar mejorando. A principios de septiembre de 2015, mientras llevaba en auto a su hija y su hijo de ciudadanía estadounidense Erik, que ahora tiene 15 años, luego de asistir al cumpleaños de otro niño, Calixto hizo una maniobra con su vehículo Honda Accord para esquivar a otro automóvil y, tras caer por la banquina, colisionó contra un árbol. En el accidente sufrió graves lesiones en la espalda que lo dejaron postrado, pero lo más angustiante para él fue que su hija sufrió fractura del fémur izquierdo. Calixto había consumido alcohol con otro padre durante la fiesta y fue hallado culpable de causar lesiones graves al conducir bajo el efecto de sustancias y condenado a libertad vigilada, servicio comunitario y una multa de USD 6.400.

La recuperación de Calixto y su hija llevó mucho tiempo. Debido a las lesiones sufridas, ya no le fue posible seguir trabajando en la tala de árboles. “Pasé dos meses en el hospital y tres meses en rehabilitación”, dijo. “Vi una película de un boxeador que estuvo en la misma situación. Hizo ejercicios para recuperarse, y entonces yo también los hice. Y mejoré”.

Pasó un año y medio, pero para cuando llegó la fecha de la última comparecencia judicial por el delito de conducir bajo el efecto de sustancias, en febrero de 2017, Calixto ya tenía un nuevo empleo y Emily caminaba normalmente. “Sí le quedó una cicatriz”, nos dijo. “Y probablemente no va a querer usar falda”. Blanca nos contó que Emily llora y pregunta cuándo regresará su padre luego de la deportación. “Ellos tienen un vínculo muy estrecho”.

Mientras estaba bajo custodia del ICE, los agentes pidieron a Calixto que firmara un documento, y él obedeció. Nos dijo que, al darse cuenta poco después de que tal vez había firmado los documentos de su propia deportación, pidió hablar con el agente que le había dicho que firmara. Le respondieron que no era posible, y algunas horas más tarde estaba en un autobús camino a la frontera.

Esa noche en Tijuana, Calixto no pudo dejar de pensar sobre cómo estaría su familia. Ya tenían dificultades para pagar la renta, pues gran parte del dinero lo destinaban a pagar la multa judicial. ¿Y si los desalojaban de la casa? ¿Cómo harían para subsistir?

Militar retirado del Ejército es deportado tras luchar contra la dependencia de drogas

Después de servir en el Ejército en Guam durante los años noventa, Sergio H. recibió una baja honorífica y abrió un taller de reparación de carrocerías de automóviles en Dallas. Trabajó duro toda su vida, nos dijo, para criar a dos hijos nacidos en Estados Unidos. Actualmente, uno de ellos es pediatra y el otro se dedica a la administración de empresas. Pero como muchos militares retirados mayores, Sergio, que ahora tiene 50 años, ha luchado contra la dependencia de drogas.

Su dependencia empeoró en 2012, según nos contó en Nuevo Laredo, y dos años más tarde, Sergio fue condenado por tenencia de cocaína con intento de distribución. Obtuvo libertad condicional después de cumplir dos años y medio de una pena de cinco años. “Estoy limpio ahora”, dijo. “Lo peor es que desperdicié años de mi vida”.

Sergio H. habla con investigadores de Human Rights Watch en el Instituto Tamaulipeco en Nuevo Laredo, México. © 2017 Human Rights Watch

El servicio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos suele ser un camino para obtener la ciudadanía para aquellos que tienen tarjetas de residencia –esto es, visas de residencia permanente–, pero no resultó así para Sergio. Las tarjetas de residencia pueden ser revocadas por varios motivos, entre ellos la comisión de un delito relacionado con drogas. Por lo tanto, Sergio fue directamente de la prisión a un centro de detención inmigratorio cerca de Houston. Permaneció allí ocho meses, esperando las audiencias del tribunal de inmigración.

Debido a que la madre de Sergio nació en Estados Unidos, sus abogados estudiaron la posibilidad de que en realidad pudiera ser ciudadano estadounidense. Pero no llegaba a cumplir los criterios, ya que su madre se mudó a México con sus padres cuando era muy joven. Al haberse agotado sus opciones legales, Sergio fue subido a un vehículo lleno de personas deportadas y llevado al otro lado de la frontera, a Nuevo Laredo, México.

Un consenso cada vez más amplio en Estados Unidos sostiene que la rigidez de las leyes y políticas penales en materia de drogas —incluidas las condenas desproporcionadamente severas— está causando más perjuicios que beneficios. Para las familias inmigrantes, las consecuencias pueden ser especialmente devastadoras. Hemos documentado que Estados Unidos está deportando grandes cantidades de inmigrantes como Sergio —tanto residentes permanentes como indocumentados— por delitos relacionados con drogas, tanto de gravedad menor como cometidos hace mucho tiempo. Muchas personas tienen fuertes vínculos familiares y comunitarios con Estados Unidos, y algunas —como Sergio— han servido en las Fuerzas Armadas.

Incluso mientras Sergio completaba los documentos en un centro de recepción de deportados en Nuevo Laredo, hablaba como si aún estuviera en Estados Unidos.

“Estaba dispuesto a dar la vida por este país”, nos dijo. “Aún lo estoy… es mi país”.

Padre de tres niños deportado de EE. UU. después de 20 años

Una noche de abril, “Marco T.” conducía hacia su casa, en el área de Dallas, luego de terminar la jornada en una fábrica de reciclado de productos químicos peligrosos, donde trabajaba desde hacía dos años. Es posible que estuviera conduciendo a demasiada velocidad. Un alguacil le ordenó que se detuviera al costado de la carretera. Marco fue detenido y acusado de conducir sin licencia. 

Pero ese fue tan solo el comienzo de los problemas para Marco, un inmigrante indocumentado procedente de México. A pocos días de su detención, Marco quedó a disposición del ICE y se enfrentaba a la posibilidad de ser deportado del país donde vive desde 1997. “Mi familia intentó conseguirme un abogado especializado en inmigración, pero era en vano”, señaló. Detenido y vencido por la impotencia, decidió aceptar regresar a México sin que se le concediera la oportunidad de tener una audiencia ante un juez. 

El puente entre Laredo, Estados Unidos, y Nuevo Laredo, México. © 2017 Human Rights Watch

© 2017 Human Rights Watch

Ahora, en una entrevista en Nuevo Laredo, México, Marco muestra orgulloso el protector de pantalla de su teléfono celular, que es un collage de fotografías con un mensaje en español que dice “las mujeres de mi vida”. Tiene fotos de su madre, sus hermanas, su hija y su esposa.

Marco tiene tres hijos nacidos en Estados Unidos: dos varones, de 10 y 14 años, y una niña de 7 años, todos con apariencia de típicos niños estadounidenses. El mayor aspira a ser jugador profesional de fútbol americano y el segundo desea incorporarse al ejército como sus tíos y primos del lado materno. A la hija de Marco le gustaría dedicarse a la misma actividad que su madre: administrar departamentos. En la foto que mostró al investigador de Human Rights Watch, se lo ve abrazando a los tres niños, mientras el de 10 años hace una mueca graciosa. 

Cuando mostró las imágenes de su familia, le temblaron levemente las manos y le brotaron las lágrimas. “Es doloroso”, expresó. “No que nos envíen de regreso, sino que nos separen de nuestra familia”. 

Al menos, agregó Marco, su esposa tiene un buen trabajo que le permite seguir manteniendo a la familia mientras él lidia con las dificultades que implica una deportación. Su esposa tampoco tiene documentación legal, aunque llegó a EE. UU. cuando tenía apenas pocos meses. 

Las leyes inmigratorias que rigen actualmente en EE. UU., en general, no contemplan una vía para que una persona que tiene hijos estadounidenses y ha tenido residencia no autorizada durante un período prolongado y sin antecedentes penales pueda regularizar su situación. 

Marco señaló que no había sido deportado anteriormente y que tampoco tenía condenas penales previas. “Es solo que el gobierno ahora es muy severo. Tarde o temprano, te van a detener por alguna una falta menor. Y entonces, la consecuencia es la deportación”.

Titular de tarjeta de residencia deportado por delitos menores cometidos décadas antes

En diciembre pasado, cuando regresaba a casa luego de viajar a México, José Luis O., de 36 años, y su esposa —entonces novia— Estefania se pusieron en la fila para pasar los controles de inmigración en el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston. Estefania es ciudadana estadounidense y entró sin inconvenientes. Pero José Luis quedó detenido y, cinco meses después, deportado a Nuevo Laredo, México.

En ese momento, no tenía idea de cuál era el motivo. Aunque nació en México, José Luis había estado viviendo en Houston desde los tres años, tenía una tarjeta de residencia (green card) vigente y pocos meses antes había viajado a México y regresado sin ningún problema. Lo que no sabía es que dos roces que tuvo con la ley cuando era joven habían quedado en su prontuario, y se convirtieron en bombas de tiempo, a la espera de que se diera la combinación justa de circunstancias para detonarse. 

José Luis O. fue deportado de Texas a Nuevo Laredo, México en 2017, y separado a la fuerza de su esposa y sus dos hijastras. Investigadores de Human Rights Watch hablaron con José Luis en Nuevo Laredo después de su deportación. José Luis compartió tres fotografías de si mismo con su familia tomadas antes de que él fuera deportado.

El prontuario de José Luis incluía una condena por robo con ingreso en morada a los 17 años, impuesta luego de llevarse algunas prendas de vestir de una casa; cuando un amigo fue detenido, José Luis se entregó voluntariamente. Más tarde, a los 26 años, la policía detuvo a José Luis mientras esperaba fuera del departamento de un amigo, y cumplió una pena de 15 días de cárcel por contravención menor a la propiedad. José Luis no fue deportado en ninguna de estas oportunidades.

Posteriormente, mantuvo un buen comportamiento, obtuvo un Certificado de equivalencia de educación secundaria (GED), tomó clases en una institución terciaria comunitaria, trabajó como vendedor de automóviles y conductor de Uber, y ayudó a criar a sus dos hijastros y dos hijos propios, todos ellos ciudadanos estadounidenses. Su tarjeta de residencia (green card) le permitiría realizar viajes a México y regresar a EE. UU. fácilmente, hasta diciembre pasado.

Entonces se enteró de que las tarjetas de residencia —visas de residencia permanente— no tienen necesariamente carácter permanente, y pueden ser revocadas, incluso por delitos menores ocurridos mucho tiempo antes. José Luis pasó cinco meses en detención inmigratoria, e hizo todo lo posible por conservar su tarjeta de residencia y regresar con su familia en Houston, sin ningún éxito.

Cuando habla sobre sus hijastras Christina, de 9 años, y Violet, que el mes próximo cumplirá 4, se le ilumina la mirada y se ríe. “Violet me llama ‘cariño’”, dice mientras esboza una sonrisa durante una entrevista en Nuevo Laredo, “porque ella escucha que así es como me llama siempre su madre”. Extraña a todos sus hijos, incluidos dos nacidos de relaciones anteriores, un muchacho de 18 años y una niña de 7, que también viven en Houston.

Le preocupa el modo en que su ausencia los está afectando. Su hijo lo visitó una vez mientras estuvo detenido, pero empezó a llorar y tuvo que irse de la sala. Sin embargo, lo que más le preocupa es cómo se las arreglará su madre, que está sola desde que falleció el padrastro de José Luis. Aunque recibe beneficios de la seguridad social, José Luis siempre la ayudaba con todo lo que necesitaba. José Luis le explicó al juez de inmigración cuánto lo necesitaba su madre. “Evidentemente eso no importó”, comenta. José Luis podría haber reunido los requisitos para un beneficio discrecional, que le habría permitido al juez cancelar su deportación, pero por una escasa diferencia quedó fuera de la fecha de corte, que exigía que hubiera tenido la tarjeta de residencia siete años antes de la primera condena.

Cuando nos reunimos con José Luis, iba camino a Acapulco, donde se quedaría con su padre, a quien apenas conoce, y evaluaría qué opciones tiene para regresar con su familia en Houston. 

Joven de Utah desesperado por regresar con su familia y reanudar su vida en Estados Unidos

Fue la devoción de un hijo la que dejó a Alfredo R. del otro lado de la frontera, separado de su familia y del país que había sido su hogar desde que era un bebé.

Alfredo, que ahora tiene 22 años, llegó a Estados Unidos desde México cuando era pequeño y creció en Provo, Utah. Pero cuando tenía 17 años, su padre se enfermó gravemente en México. La familia pensó que se trataba de un problema cardíaco, y Alfredo fue a cuidarlo. Para cuando su padre comenzó a mejorar, Alfredo había quedado atrapado. No había manera legal de que regresara a EE. UU.

Eso no ha sido un obstáculo para que lo intentara. En abril fue arrestado y deportado después de su quinto intento de cruzar la frontera y volver a su casa con su familia en Provo.

Alfredo R. con su madre y sus hermanos en una fotografía reciente. © Privado

A pesar del aprecio que siente por su país de adopción, la vida de Alfredo en EE. UU. estuvo marcada por la lucha y la tragedia. En mayo de 2008, un camión con remolque chocó de costado al Pontiac Grand Am de su madre en el cañón de Provo; su hermana Jennifer, de 8 años, y su hermano Daniel, de 7 años, salieron despedidos y murieron en el accidente. Alfredo, que en ese momento tenía 13 años, solo sufrió lesiones leves. Su madre, que conducía, resultó gravemente herida y quedó emocionalmente devastada.

“Han pasado nueve años y aún se siente como si hubiera ocurrido ayer”, escribió recientemente en inglés en una publicación de Facebook dedicada a sus hermanos fallecidos. “Quisiera poder sostenerlos y abrazarlos con todo mi corazón. Daría mi vida por que estuvieran aquí”.

Alfredo R. con su madre y sus hermanos en una fotografía reciente. © Privado

La madre de Alfredo, María, dijo en una entrevista que el accidente “lo afectó mucho” y que fue el comienzo de una adolescencia difícil. Pasó un año en un hogar para menores, recibiendo terapia para el duelo y el trauma.

“Tuve algunos problemas”, contó Alfredo a Human Rights Watch en Nuevo Laredo, México. “No iba a la escuela, y comenzaron a llevarme al tribunal de absentismo escolar”.

Finalmente, con el apoyo de su familia y terapeutas, la situación comenzó a mejorar para Alfredo. Jugó como defensa en el equipo de fútbol americano de la escuela secundaria y prestó más atención en la escuela.

Si Alfredo hubiera logrado atravesar el desierto y cruzar el alambrado en alguno de los cinco intentos, habría vuelto directamente a Provo para terminar la escuela secundaria y ayudar a su madre y a sus hermanos.

Actualmente trabaja en el centro de llamadas de atención al cliente de Zipcar, en el centro de Guadalajara, México. Espera su oportunidad, pensando todo el tiempo cómo regresar y reanudar la única vida que conoce.

“Tenía toda mi vida allí. Ahora, si vuelvo a cruzar, probablemente vaya a la cárcel”.