Durante años, Human Rights Watch ha documentado y expuesto la brutal arremetida contra opositores por el gobierno de Nicolás Maduro, la emergencia humanitaria en Venezuela y el éxodo de más de 5,6 millones de personas que esto ha provocado desde 2014. Nuestro trabajo de investigación e incidencia, en colaboración con organizaciones de derechos humanos venezolanas y expertos médicos y de salud pública de la Universidad Johns Hopkins, ha contribuido a dar mayor visibilidad internacional a la agudización de la crisis en Venezuela y a reclamar justicia por delitos atroces, mayor acceso a ayuda humanitaria en el país y mejores condiciones para los venezolanos que se han visto obligados a huir. Estos son algunos ejemplos del impacto logrado:
- Transmitimos nuestros hallazgos sobre las atrocidades cometidas por las fuerzas de seguridad venezolanas a organismos internacionales que luego concluyeron, sobre la base de esta y otra información, que había evidencia que sugería que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
- Promovimos una respuesta humanitaria internacional y apolítica más contundente, que desde entonces ha contribuido a que llegue más ayuda al pueblo venezolano.
- Nuestro trabajo ha sido citado directamente por la administración Biden para otorgar estatus de protección temporal a venezolanos que viven en EE. UU., y por el organismo de refugiados de Brasil para conceder estatus legal a miles de venezolanos.
La emergencia humanitaria
Human Rights Watch fue la primera organización internacional de derechos humanos que expuso violaciones de los derechos a la alimentación y a la salud, producto de situaciones generalizadas de hambre y escasez de insumos médicos y medicinas en Venezuela. Nuestro trabajo de investigación inició en 2015 y, además de documentar las crecientes tasas de mortalidad y la escasez de comida y medicamentos en el país, también demonstró que las autoridades venezolanas eran las principales responsables de esta situación. Las autoridades no solo restaban gravedad a la crisis, sino que también censuraban información crítica al respecto, hostigaban a quienes la denunciaban y no hacían prácticamente nada para mitigarla.
Ante el deterioro de las condiciones y la opacidad gubernamental en esta materia, y para poder evaluar con mayor exactitud el verdadero impacto de las políticas del gobierno de Maduro sobre los derechos de los venezolanos, decidimos colaborar con expertos en medicina y salud pública de la Universidad Johns Hopkins. En 2019, divulgamos nuestro primer informe conjunto, que documentó la devastadora crisis alimentaria y sanitaria en Venezuela y un sistema de salud colapsado que ponía en peligro a personas a lo largo de todo el país. Además del incremento de la inseguridad alimentaria, documentamos un aumento de los niveles de mortalidad materna e infantil; la propagación de enfermedades que podrían ser prevenidas con vacunación, como el sarampión y la difteria; y el incremento de casos de enfermedades infecciosas como la malaria y la tuberculosis.
La pandemia de Covid-19 ha hecho que la crisis se vuelva aún más apremiante. En mayo de 2020, junto con expertos de la Universidad Johns Hopkins, presentamos una segundo informe conjunto, el cual documentó que el presunto número de casos confirmados de Covid-19 en Venezuela probablemente era mucho más elevado que la cantidad informada por las autoridades, considerando la disponibilidad limitada de pruebas de detección confiables, la escasa transparencia gubernamental y el hostigamiento de profesionales médicos y periodistas que informaban sobre el tema. Las condiciones de hacinamiento en zonas de bajos recursos y cárceles, así como el acceso limitado al agua en hospitales y viviendas, aumenta las probabilidades de que el virus que causa el Covid-19 se propague dentro del país. Al 23 de junio de 2021, las autoridades venezolanas habían informado sobre 263.372 casos positivos y 2.989 muertes.
En octubre de 2020, divulgamos un nuevo informe en colaboración con médicos y expertos en salud de Johns Hopkins, el cual describe los malos tratos impartidos a los más de 100.000 venezolanos que regresaron al país porque la pandemia limitó sus posibilidades de subsistir en el exterior. El informe documenta condiciones insalubres y de hacinamiento en los centros de cuarentena para quienes regresaron, con poco acceso a comida, agua o atención médica, así como la negligencia del gobierno de Maduro al no exigir que se cumplieran las recomendaciones de distanciamiento social ni adoptar medidas sanitarias. Algunas de las personas que protestaron ante estas condiciones fueron amenazadas con la posibilidad de ser detenidas. Adicionalmente, debido a demoras en las pruebas de detección del Covid-19, el gobierno retuvo a muchas personas en cuarentena por varias semanas adicionales a los 14 días que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
Brutal arremetida contra opositores
El gobierno de Maduro ha respondido a la indignación pública ante sus abusos usando la fuerza de manera brutal e imponiendo medidas autoritarias de represión. Human Rights Watch ha trabajado de cerca con organizaciones de derechos humanos venezolanas para documentar y exponer estas acciones represivas, incluso a través de publicaciones conjuntas.
Visitamos Venezuela un mes después de las masivas protestas contra el gobierno que se desataron en febrero de 2014 para investigar señalamientos de abusos contra manifestantes, y entrevistamos a víctimas, familiares, testigos, profesionales médicos, periodistas y defensores de derechos humanos. Concluimos que las fuerzas de seguridad habían recurrido a un uso ilegítimo de la fuerza, el cual incluyó disparos y golpizas contra personas que no estaban armadas. Las autoridades detuvieron a miles de manifestantes y transeúntes, juzgando a muchos de ellos en tribunales militares. Durante la detención, muchos de ellos fueron objeto de abusos físicos y psicológicos que, en algunos casos, constituyeron tortura. Estos no fueron incidentes aislados perpetrados por agentes insubordinados, sino que formaron parte un patrón sistemático de abusos por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas.
En 2017, en un contexto de profundización de la crisis en Venezuela, decenas de miles de personas volvieron a salir a las calles inicialmente para protestar en contra de los intentos del gobierno de usurpar el poder legislativo. Una vez más, nuestras investigaciones hallaron que agentes de las fuerzas de seguridad y grupos armados partidarios del gobierno atacaron a manifestantes y provocaron decenas de muertes y cientos de heridos, además de repetir el patrón de detenciones arbitrarias y abusos contra las personas detenidas.
Además de la represión en las calles, Human Rights Watch ha documentado instancias de detención arbitraria y torturas contra supuestos “golpistas” y sus familiares, ejecuciones extrajudiciales perpetradas por una fuerza especial de policía, abusos aberrantes por grupos armados y fuerzas de seguridad venezolanas en la frontera con Colombia, abusos en la industria de la minería de oro, ataques a la libertad de expresión y hostigamiento de actores humanitarios y defensores de derechos humanos. Las autoridades venezolanas han utilizado las medidas de emergencia por la pandemia de Covid-19 como pretexto para reforzar el estado policial y aumentar su control sobre la población.
El éxodo masivo de venezolanos
En 2018, mientras empeoraba la crisis humanitaria en Venezuela, Human Rights Watch informó sobre el éxodo masivo de más de 2,3 millones de venezolanos a países vecinos. En la actualidad, más de 5,6 millones de personas se han ido del país, lo cual representa la mayor crisis migratoria de este tipo en la historia reciente de América Latina. Si bien muchos gobiernos vecinos acogieron a los venezolanos que huían, Human Rights Watch determinó que la falta de una estrategia regional integral y coordinada dejó a muchas personas varadas en condiciones de pobreza o en áreas fronterizas donde no pudieron recibir las protecciones legales correspondientes. En algunos países, están siendo expulsadas o enfrentan xenofobia y dificultades para acceder a atención médica, educación o un estatus legal que les permita trabajar.
Nuestro trabajo constante sobre la situación de los venezolanos en el extranjero ha incluido exponer la deportación arbitraria de niños, niñas y solicitantes de asilo venezolanos; abusos sufridos por venezolanos en áreas fronterizas con Colombia donde grupos armados ejercen control territorial; condiciones precarias de detención en países del Caribe, incluyendo Trinidad y Tobago, Aruba y Curazao; y la difícil situación que enfrentan los venezolanos varados en el norte de México, mientras esperan que sus solicitudes de asilo sean consideradas en EE. UU. En 2018, instamos a que se adopte un régimen de protección temporal en la región que conceda estatus legal a todos los venezolanos, y en marzo de 2019 comenzamos a promover la adopción de este régimen (Temporary Protected Status, TPS) también en Estados Unidos.
Impulsar cambios
El objetivo de nuestras investigaciones es mejorar las vidas de quienes sufren abusos y violaciones de derechos humanos, y un primer paso es obtener la atención de aquellos capaces de influir para conseguir que la situación cambie. Desde el comienzo de este trabajo, hemos utilizado nuestros hallazgos para mostrarle al mundo lo que verdaderamente ocurre en Venezuela y lograr que quienes puedan contribuir a mejorar la situación tomen medidas para conseguirlo.
El trabajo que hemos realizado desde 2014 ha recibido amplia cobertura en los medios de comunicación nacionales e internacionales. Hemos compartido nuestros hallazgos y mantenido reuniones de alto nivel con actores clave, desde presidentes y autoridades de la ONU hasta personas influyentes encargadas de formular políticas públicas. En 2018, lanzamos una campaña en redes sociales de gran visibilidad denominada #TodosConVenezuela, que movilizó al público de América Latina a exigir que sus líderes le dijeran “ya basta” al gobierno de Maduro.
Una semana después de que publicamos nuestro primer informe conjunto con la Universidad Johns Hopkins, en abril de 2019, el Consejo de Seguridad de la ONU nos invitó a presentar nuestras conclusiones en su primera reunión formal sobre la situación humanitaria en Venezuela. Junto con organizaciones venezolanas, hemos estado impulsando una respuesta humanitaria a gran escala a la crisis en Venezuela, liderada por la ONU, que permita el acceso a ayuda humanitaria de manera apolítica. El día de la reunión del Consejo de Seguridad, el secretario general de la ONU António Guterres publicó por primera vez un tuit en el cual indicó que 7 millones de venezolanos necesitaban asistencia humanitaria. Desde entonces, la ONU ha designado a un coordinador humanitario en Venezuela, ha lanzado un Plan de Respuesta Humanitaria y ha intentado obtener mayor financiación. En abril de 2021, tras un año de negociaciones, el Programa Mundial de Alimentos llegó a un acuerdo con las autoridades que responden a Maduro para implementar un programa asistencia en Venezuela que permitiría suministrar alimentos a niñas y niños vulnerables. Si bien las necesidades de los venezolanos aún superan con creces la cantidad de asistencia que llega al país, y los actores humanitarios continúan enfrentando riesgos importantes para llevar a cabo su labor, en este momento está llegando más ayuda que nunca a Venezuela.
En el corto plazo, no existe ninguna posibilidad de que las instituciones venezolanas brinden reparaciones por las violaciones de derechos humanos pasadas y actuales. Puesto que prevalece la impunidad y el poder judicial es un apéndice del ejecutivo, los mecanismos internacionales son la única esperanza de que se logre justicia en Venezuela. Por este motivo, además de haber expuesto la falta de independencia judicial en el país desde 2004, Human Rights Watch abogó en las Naciones Unidas para que se creara la primera Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU, y posteriormente transmitió sus hallazgos a dicha misión y a otros actores internacionales clave, como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). Ambos órganos han encontrado información que sugiere que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La misión de la ONU halló que existían “motivos razonables” para implicar a Nicolás Maduro y a sus ministros del Interior y de Defensa en dichos crímenes. La fiscal de la CPI tenía previsto determinar antes de mediados de junio si existía un fundamento razonable para proceder con una investigación formal, pero el anuncio se demoró luego de que las autoridades venezolanas presentaran un recurso judicial. A su vez, la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos y varios países de América Latina han impuesto sanciones específicas —que incluyen el congelamiento de cuentas bancarias y la cancelación de visas— contra funcionarios civiles, militares y judiciales de alto nivel implicados en los abusos.
Hemos presentado nuestras conclusiones sobre la situación de los venezolanos en el extranjero a funcionarios gubernamentales clave, incluyendo los representantes de países que formaron parte del Proceso de Quito, una coalición de gobiernos latinoamericanos que buscaba abordar la crisis venezolana con una perspectiva regional para asegurar mayores protecciones para quienes se vieron obligados a huir del país y empezar sus vidas de nuevo en el extranjero. En 2019, Brasil otorgó estatus de refugiado a 21.000 venezolanos en un solo día. Esa decisión se basó en un informe técnico sobre la situación en Venezuela que citaba el trabajo de Human Rights Watch más de 30 veces. Si bien ha habido reveses para los venezolanos que huyeron a otros países latinoamericanos, y muchos continúan enfrentando dificultades, en febrero de 2021 Colombia anunció un programa de protección temporal que podría beneficiar a cientos de miles de venezolanos que viven allí. Esta es una medida importantísima en el país que actualmente alberga la mayor cantidad de ciudadanos venezolanos en el extranjero. En marzo de 2021, el gobierno de Biden anunció que otorgaría el estatus de protección temporal a los ciudadanos venezolanos que actualmente se encuentran en Estados Unidos, citando las investigaciones de Human Rights Watch. Estas medidas deben ser implementadas completa y adecuadamente para proteger de forma efectiva los derechos de los venezolanos.
Próximos pasos
La situación en Venezuela sigue siendo sumamente grave. El Covid-19 está teniendo un impacto fuerte en el país, que continúa sumido en una emergencia humanitaria, y las autoridades siguen aferrándose al poder por medio de la represión. Muchos venezolanos que huyeron del país no lo hicieron por elección; sienten que fueron expulsados de su propio país y no están dispuestos, o no pueden, regresar hasta que mejore la situación en Venezuela. Sin embargo, las denuncias internacionales sobre los abusos del régimen de Maduro han dejado a las autoridades venezolanas más aisladas que nunca, lo cual las está obligando a lentamente otorgar concesiones. La presión está dando resultado y debe continuar para que estos pasos incipientes se conviertan en medidas efectivas que contribuyan a restablecer los derechos fundamentales y el Estado de derecho en Venezuela.
