(Washington D.C.) – El gobierno de Estados Unidos dio un paso positivo el 9 de marzo de 2021 al otorgar estatus de protección temporal (temporary protected status, TPS) a ciudadanos venezolanos en Estados Unidos, pero parece haber excluido de la medida a solicitantes de asilo venezolanos que están varados en México, señaló hoy Human Rights Watch.
El gobierno del presidente de EE. UU., Joe Biden, limita la elegibilidad para el TPS a los ciudadanos y residentes habituales venezolanos que, al 8 de marzo, se encontraban “físicamente presentes” en Estados Unidos. Como resultado, muchos venezolanos que fueron expulsados sumariamente en la frontera de EE. UU., o enviados a México para esperar el procesamiento de sus solicitudes de asilo en tribunales inmigratorios estadounidenses durante el gobierno del expresidente Donald Trump, aparentemente no reunirían los requisitos para recibir esta medida de protección.
“El gobierno de Biden debería poner fin a las expulsiones sumarias en la frontera de EE. UU. y eximir del requisito de presencia física del TPS a los solicitantes de asilo venezolanos a quienes se les impidió el ingreso a Estados Unidos para que también sean elegibles”, señaló Bill Frelick, director de los derechos de refugiados y migrantes de Human Rights Watch. “Los venezolanos varados en México a raíz de políticas del gobierno de Trump que les denegaron sus derechos no deben ser castigados por ese motivo, y merecen la misma protección que aquellos que pudieron ingresar a Estados Unidos”.
La designación de estatus de protección por 18 meses a los venezolanos en EE. UU. se produjo luego del histórico anuncio efectuado el 8 de febrero por el gobierno colombiano de un régimen de protección temporal por 10 años para ciudadanos venezolanos en Colombia.
Hasta enero, las autoridades estadounidenses habían enviado a México a casi 2.700 venezolanos con solicitudes de asilo pendientes en los tribunales inmigratorios estadounidenses como parte de los Protocolos de Protección de Migrantes, también conocidos como el programa “Quédate en México” (Remain in Mexico). También hay venezolanos entre los 464.000 migrantes y solicitantes de asilo que fueron expulsados sumariamente sin garantías de debido proceso, aplicando una orden de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control, CDC) adoptada a instancias de la Casa Blanca durante la presidencia de Trump, pese a las objeciones que plantearon en ese momento funcionarios de salud pública de carrera.
La arremetida contra opositores en Venezuela ha dado lugar a miles de detenciones arbitrarias, el procesamiento de cientos de civiles en tribunales militares, torturas y otros abusos contra personas detenidas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de corta duración. En 2020, una Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, compuesta por expertos independientes, y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) hallaron evidencias de que se habrían cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, aunque la CPI aún está analizando si avanzará con una investigación formal.
Venezuela también enfrenta una emergencia humanitaria que la deja completamente incapaz de lidiar con la pandemia de Covid-19, la cual ha intensificado la presión sobre el sistema de salud y ha agravado el deterioro en el acceso a la atención médica.
Los abusos han propiciado un éxodo masivo del país. Más de 5,4 millones de venezolanos —casi el 20 % de la población— han huido de Venezuela en los últimos años, según datos de las Naciones Unidas. La gran mayoría se encuentra en América Latina o el Caribe. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. estima que 323.000 ciudadanos venezolanos en EE. UU. reunirán los requisitos para el TPS.
El derecho estadounidense otorga el TPS para impedir que ciudadanos y residentes habituales de países que atraviesan condiciones extraordinarias y temporales sean enviados de regreso a esos países si no pueden hacerlo de forma segura. A diferencia del asilo, que abre la puerta para avanzar con un proceso que otorga protección permanente, para obtener un Estatus de Protección Temporal no es necesario que la persona demuestre un temor fundado a ser perseguida. En vez de ello, el TPS designa a los miembros de un grupo de una determinada nacionalidad como beneficiarios de protección, en virtud de que no pueden regresar a su país de origen de forma segura debido a circunstancias temporales y generalizadas allí.
El 8 de febrero, el presidente colombiano Iván Duque anunció medidas de protección temporal para cerca de 1,7 millones de venezolanos que viven en Colombia, incluyendo aproximadamente a un millón que tienen estatus migratorio irregular. El régimen de protección temporal, que fue aprobado por decreto el 1° de marzo, concede a los venezolanos 10 años de estatus legal y permanece abierto a aquellos venezolanos que lleguen a Colombia legalmente durante los próximos dos años.
Human Rights Watch ha instado desde hace tiempo a que se adopten medidas de protección temporal regionales que concedan a todos los venezolanos estatus legal durante un período preestablecido, al menos hasta que se dicten decisiones sobre sus solicitudes individuales de protección. Human Rights Watch instó por primera vez a Estados Unidos a conceder el TPS a los venezolanos en marzo de 2019.
En febrero de 2020, Human Rights Watch informó sobre deportaciones arbitrarias de ciudadanos venezolanos desde Trinidad y Tobago, incluyendo niños y solicitantes de asilo. En octubre de 2020, Human Rights Watch informó sobre el trato abusivo por parte de autoridades venezolanas hacia aproximadamente 130.000 de sus ciudadanos que habían regresado a Venezuela de otros países de la región.
“Otros países en América Latina y el Caribe deberían seguir el ejemplo de Colombia y brindar una protección amplia a los venezolanos”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Las condiciones en Venezuela siguen siendo inseguras y nadie debería ser obligado a volver al país contra su voluntad”.
