El 19 de abril, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la agencia de las Naciones Unidas dedicada a la asistencia alimentaria, anunció que, después de un año de negociaciones, llegó a un acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro para iniciar operaciones en Venezuela, con el fin de brindar alimentos a niños y niñas pequeños. El acuerdo representa un paso fundamental para mitigar la creciente emergencia humanitaria en Venezuela, una crisis que ya existía antes de la pandemia de Covid-19 y que es esencialmente responsabilidad de las autoridades venezolanas.
Según el PMA, uno de cada tres venezolanos sufre inseguridad alimentaria y necesita asistencia. En 2019, 9,3 millones de venezolanos sufrieron inseguridad alimentaria y se prevé que esta cifra aumente significativamente. Cáritas en Venezuela ha informado que más del 14 % de los niños y niñas menores de cinco años en algunas zonas de bajos recursos presentan desnutrición aguda.
Las operaciones del PMA en Venezuela se enfocarán en proporcionar comidas escolares a los niños y niñas más vulnerables entre 1 y 6 años, a través de escuelas públicas y privadas, sobre todo en la educación preescolar y especial. El objetivo del PMA es empezar a entregar ayuda en julio y llegar a 185.000 niños y niñas para fines de 2021; 850.000 para fines del año escolar 2021-2022; y 1,5 millones al final del siguiente año escolar. Debido a los cierres escolares durante la pandemia, los beneficiarios recibirán cajas mensuales con alimentos.
El PMA ha señalado que sus programas son independientes y “no están afectados por ninguna otra interferencia”. Esto implica que los alimentos se distribuirán de manera apolítica y observando el principio humanitario básico de neutralidad. Ello es esencial en un país donde las autoridades han favorecido a sus simpatizantes en la distribución de alimentos subsidiados.
El inicio de operaciones del PMA es un primer paso fundamental para que al menos los niños y niñas venezolanos más pequeños tengan comida en la mesa, y los países donantes deberían contribuir a cubrir los costos operativos del programa, que se estiman en USD 190 millones.
El despliegue del PMA es, también, resultado de la presión internacional sostenida ejercida sobre las autoridades venezolanas para que permitan su ingreso. Si hay alguna esperanza de que llegue asistencia médica y alimentaria suficiente a quienes la necesitan, es a través de un papel más amplio del PMA, que tiene la capacidad logística de facilitar la distribución de ayuda humanitaria en el interior del país.
La presión ha empezado a dar resultados. Debe continuar.
