Venezuela: Investigación de la ONU concluye que se cometieron crímenes de lesa humanidad

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(Ginebra) – La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas concluyó que autoridades venezolanas y grupos armados partidarios del gobierno cometieron flagrantes abusos que constituyen crímenes de lesa humanidad, señaló hoy Human Rights Watch.

El informe, publicado el 16 de septiembre de 2020, indicó que los expertos independientes al frente de la misión consideraron que existían motivos razonables para determinar que “la mayoría de las violaciones y crímenes... se cometieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una población civil, … de conformidad con… políticas estatales”. Los expertos concluyeron que “autoridades de alto nivel tenían conocimiento de esos delitos” y que “comandantes y superiores, sabían o deberían haber sabido de su comisión y ... no adoptaron medidas para prevenirlos o reprimirlos”.

“Este informe constituye una acusación contundente que atribuye responsabilidad directa a autoridades del más alto nivel, incluido el jefe de Estado, por abusos como ejecuciones extrajudiciales, detenciones y torturas por motivos políticos y por abusos contra manifestantes en Venezuela”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Los hallazgos también dejan al descubierto el papel activo del poder judicial venezolano en las detenciones arbitrarias y para asegurar la impunidad de estos aberrantes abusos, dejando a las víctimas sin acceso a la justicia”.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó este grupo de expertos a través de la Resolución 42/25 adoptada el 27 de septiembre de 2019. Se les encomendó investigar violaciones de derechos humanos incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, con el fin de asegurar que los responsables rindan cuentas y las víctimas obtengan justicia. 

El informe describe las conclusiones de los expertos independientes, con base en la investigación de 223 casos y el análisis de otros 2.891 casos para identificar posibles patrones de abusos y delitos. En el informe, de 411 páginas, se ofrece una descripción detallada de 48 de estos casos. Las conclusiones de los expertos se basan en entrevistas a víctimas y sus familiares, abogados y testigos, así como a miembros actuales y exmiembros del poder judicial y de las fuerzas de seguridad, imágenes y videos verificados y documentos gubernamentales, incluidas leyes, políticas públicas y directivas. A pesar de reiterados pedidos, las autoridades venezolanas no permitieron que los expertos visitaran Venezuela.

Los expertos concluyeron que tenían “motivos razonables para creer que tanto el Presidente como los Ministros del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y de Defensa, ordenaron o contribuyeron a la comisión de los delitos documentados en el presente informe, y teniendo la capacidad efectiva para hacerlo, no adoptaron medidas preventivas”. Funcionarios en puestos de alto mando, incluidas algunas de las máximas autoridades en los servicios de inteligencia, tenían pleno conocimiento de los patrones que a menudo ocurrían dentro de sus instalaciones, concluyeron los expertos. Señalaron haber identificado a más de 45 funcionarios de inteligencia con responsabilidad directa.

En una declaración a los medios, los expertos manifestaron que las autoridades pertinentes en Venezuela, los gobiernos de otros países y la Corte Penal Internacional deben considerar la posibilidad de interponer acciones legales contra los responsables de los abusos y los delitos que documentaron.

Los expertos documentaron 53 ejecuciones extrajudiciales y analizaron otros 2.552 incidentes vinculados con 5.094 muertes perpetradas por agentes de las fuerzas de seguridad, aunque no todas fueron arbitrarias. Establecieron que agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminológicas (CICPC) y de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana eran responsables del 59 % de todas las muertes atribuibles a las fuerzas de seguridad.

Asimismo, los expertos concluyeron que agentes de inteligencia llevaron a cabo detenciones y torturas por motivaciones políticas. En particular, en 110 casos documentados, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional actuó específicamente contra disidentes políticos y activistas de derechos humanos, así como contra otras personas percibidas como opositoras. La Dirección General de Contrainteligencia Militar persiguió a militares y civiles vinculados a ellos que supuestamente estaban implicados en actos de rebelión o intentos de golpe de Estado, deteniéndolos en instalaciones extraoficiales o clandestinas. Los expertos identificaron seis centros clandestinos de detención.

En el caso del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, los expertos determinaron que las órdenes que disponían quiénes serían investigados a menudo eran impartidas por el Presidente Nicolás Maduro o por el poderoso político oficialista Diosdado Cabello al director de ese organismo, quien a su vez daba las instrucciones a otras personas.

Los expertos señalaron que algunas detenciones constituyeron desapariciones forzadas de corta duración. Se sometió a personas detenidas a torturas —como posiciones de estrés, asfixia, golpizas, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte y violencia sexual— con el fin de obligarlas confesar bajo coacción o como castigo.

Asimismo, los expertos documentaron 97 casos de violaciones de derechos humanos contra manifestantes, en particular durante las arremetidas contra opositores que tuvieron lugar en 2014, 2017 y 2019. Los abusos incluyeron el asesinato de 36 manifestantes, torturas y otros maltratos durante las detenciones, como golpizas y humillaciones, violencia sexual y de género y simulacros de ejecuciones. En muchos casos, se acusó a los manifestantes de delitos sobre la base de información falsa, sembrada o fabricada por agentes de las fuerzas de seguridad.

Los expertos sostienen que la mayoría de las ejecuciones ilegales perpetradas por las fuerzas de seguridad no han dado lugar a procesos penales y que tampoco se ha llevado ante la justicia a funcionarios con responsabilidad de mando. A su vez, algunos fiscales y jueces tuvieron un “rol directo” en detenciones arbitrarias, concluyeron los expertos.

Ante la falta de independencia judicial en Venezuela, la impunidad de delitos que constituyen violaciones de derechos humanos es la regla, observó Human Rights Watch.

Durante este período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los miembros votarán una resolución redactada por gobiernos latinoamericanos que forman parte del Grupo de Lima, que busca extender el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos. El borrador actual también señala que la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos debe seguir reportando sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, y que las autoridades venezolanas deben cooperar con ambos mecanismos.

Human Rights Watch, junto a decenas de organizaciones de derechos humanos internacionales y venezolanas, ha señalado que los Estados Miembros del Consejo de Derechos Humanos deben garantizar que la Misión de  Determinación de los Hechos cuente con fondos suficientes y con el mandato para recopilar, consolidar, preservar y analizar la evidencia para futuros procesamientos u otros fines de rendición de cuentas, incluidos los mecanismos de justicia internacionales, con el fin de evitar la impunidad por crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos cometidos en Venezuela.

“Las víctimas de Maduro nunca han estado tan cerca de la posibilidad de que sus agresores respondan por lo que han hecho”, explicó Vivanco. “Es fundamental que se extienda y se amplíe el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos para que las víctimas puedan finalmente acceder a la justicia”.