Venezuela: Es imperativo que haya justicia por abusos sistemáticos

Click to expand Image

(Washington D.C.) – El nuevo informe emitido por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), en el cual indica que está avanzando en su examen sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, contribuye a la búsqueda de justicia de las víctimas de atrocidades cometidas durante el gobierno de Nicolás Maduro, señaló hoy Human Rights Watch.

El 14 de diciembre de 2020, la Fiscalía de la CPI publicó su informe anual sobre las situaciones que está examinando para determinar si se amerita una investigación exhaustiva de la CPI. La Fiscalía ha concluido que hay fundamentos razonables para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Específicamente, la fiscal determinó que existe “un fundamento razonable para creer que, al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física”, “tortura”, “violación y/u otras formas de violencia sexual”, y “persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos”.

“En Venezuela no ha habido justicia para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas cometidas por agentes de las fuerzas de seguridad con el conocimiento o la aquiescencia de las más altas autoridades políticas, militares y judiciales”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Dado que el poder judicial de Venezuela es un apéndice del ejecutivo, la Fiscalía debe estar alerta ante los esfuerzos del régimen por atosigarlos con información sobre supuestas investigaciones que no buscan más que dilatar la decisión de la fiscalía”.

El informe de la fiscal sostuvo que la oficina había centrado su análisis en “alegaciones relacionadas al tratamiento de personas en detención, respecto del que tenía a disposición información suficiente detallada y confiable”, pero “sin perjuicio de otros crímenes que la Fiscalía pueda determinar en una etapa posterior”.

El informe anual indica que existe información que implica a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), a la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) y a ciertas unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Además, sostiene que existe información disponible que indica que partidarios del gobierno participaron en la represión de opositores o individuos percibidos como tales, con la participación o aquiescencia de las fuerzas de seguridad.

La Fiscalía anticipa concluir el examen preliminar para determinar si existe fundamento razonable para proceder a una investigación durante la primera mitad del 2021. La oficina avanzará en su análisis para determinar si los crímenes sujetos a la jurisdicción de la CPI que ha encontrado son lo suficientemente graves para ameritar la atención de la corte y si las autoridades nacionales están llevando a cabo investigaciones creíbles y, cuando corresponda, llevando a juicio casos que de lo contrario estarían sujetos a la jurisdicción de la CPI.

Desde que el expresidente Hugo Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional llevaron a cabo un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en 2004, el poder judicial ha dejado de actuar como una rama independiente del gobierno. Magistrados del TSJ han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han avalado prácticas y políticas abusivas en reiteradas oportunidades. Las investigaciones llevadas a cabo por Human Rights Watch han demostrado que el poder judicial venezolano no ha investigado las evidencias de abusos generalizados y que la gran mayoría de las violaciones de derechos humanos siguen impunes.

En febrero de 2018, la fiscal de la CPI inició un examen preliminar de posibles delitos cometidos en Venezuela. Venezuela es un Estado miembro de la CPI. Conforme al Estatuto de Roma de la CPI, la corte debe actuar como tribunal de última instancia para investigar los delitos internacionales más graves, como crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. El 26 de septiembre de 2018, en una medida sin precedentes, seis Estados miembros de la CPI solicitaron que la fiscal investigara posibles delitos en Venezuela. El gobierno de Maduro también remitió información a la fiscal en febrero de 2020 sobre otros delitos, supuestamente causados por sanciones unilaterales impuestas a Venezuela, lo cual dio lugar a la apertura de un segundo y distinto examen preliminar por parte de la fiscalía.

En informes de Human Rights Watch publicados en 2014 y 2017, que fueron transmitidos a la Fiscalía, identificamos abusos generalizados durante arremetidas contra opositores en Venezuela. Agentes de las fuerzas de seguridad golpearon brutalmente y torturaron a detenidos. También emplearon la fuerza de manera desproporcionada y cometieron abusos violentos contra individuos en las calles, y detuvieron arbitrariamente y procesaron a opositores y críticos del gobierno. La naturaleza y el momento en que se produjeron muchos de los abusos —así como el uso frecuente de epítetos políticos por quienes los cometieron— sugieren que su propósito no fue aplicar la ley ni dispersar protestas, sino más bien castigar a las víctimas por sus opiniones políticas.

Asimismo, en su informe de julio de 2020, que analizó la situación de los derechos humanos en Venezuela entre junio de 2019 y mayo de 2020, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, indicó haber documentado casos de golpizas violentas con tablas, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas en párpados y genitales, exposición a frío extremo o luz blanca constante, estar esposado por períodos prolongados y amenazas de muerte. 

Las investigaciones de Human Rights Watch demuestran que los abusos no fueron casos aislados ni el resultado de excesos por parte de miembros insubordinados de las fuerzas de seguridad. Por el contrario, que abusos generalizados hayan sido cometidos reiteradamente por distintas fuerzas de seguridad, a lo largo de un período determinado de tiempo y en múltiples lugares, avala la conclusión de que han formado parte de una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad venezolanas.

Human Rights Watch también documentó casos de desapariciones forzadas que duraron varios días o semanas.

Entre 2016 y 2019, policías y agentes de las fuerzas de seguridad provocaron la muerte de más de 18.000 personas en Venezuela en casos de supuesta “resistencia a la autoridad”. Aunque aún no se ha recopilado información detallada sobre cuántas de estas muertes fueron ejecuciones extrajudiciales, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha concluido que “muchas de esas muertes violentas pueden constituir ejecuciones extrajudiciales”. En seis casos documentados por la Oficina del ACNUDH, las víctimas eran opositores del gobierno o personas percibidas como tales, las cuales fueron ejecutadas por agentes durante redadas que tuvieron lugar tras protestas contra el gobierno.

El 16 de septiembre de 2020, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó su primer informe al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el cual concluyó que las autoridades venezolanas y grupos armados partidarios del gobierno (llamados “colectivos” en Venezuela) cometieron abusos gravísimos que constituyen crímenes de lesa humanidad. Los expertos independientes a cargo de la misión señalaron que tenían fundamentos razonables para concluir que “la mayoría de las violaciones y crímenes... se cometieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una población civil... de conformidad con políticas estatales”.

Los expertos concluyeron que “ciertas autoridades de alto nivel tenían conocimiento de esos delitos y contribuyeron a su comisión” y que “comandantes y superiores sabían o deberían haber sabido de su comisión y... no adoptaron medidas para prevenirlos o reprimirlos”.