Cancilleres de varios países de la región anuncian que solicitarán a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que investigue la situación en Venezuela. Nueva York, 26 de septiembre de 2018.

© Human Rights Watch
(Nueva York) – Seis gobiernos han dado un paso sin precedentes al solicitar una investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la situación en Venezuela, señaló hoy Human Rights Watch.

El 26 de septiembre, los gobiernos de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú remitieron la situación de Venezuela a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, para que abriera una investigación. Es la primera vez que varios gobiernos remiten la posible comisión de crímenes ocurridos completamente en el territorio de otro país.

“Esta acción sin precedentes refleja la creciente preocupación en la comunidad internacional por la catástrofe de derechos humanos que sufre Venezuela”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Con el pedido realizado hoy a la fiscal de la CPI, estos gobiernos están expresando claramente que la falta absoluta de rendición de cuentas por los abusos que todavía se siguen cometiendo es inaceptable”.

En las arremetidas contra opositores ocurridas en 2014 y 2017, miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas cometieron abusos sistemáticos contra críticos, incluidas torturas, según el trabajo de investigación de Human Rights Watch. Detuvieron a más de 5.400 personas entre abril y julio de 2017. Miembros de las fuerzas de seguridad han golpeado con violencia y torturado a detenidos con descargas eléctricas, asfixia, agresiones sexuales y otras tácticas brutales.

Las investigaciones de Human Rights Watch muestran, además, que los abusos cometidos no fueron casos aislados ni el resultado de excesos por parte de miembros insubordinados de las fuerzas de seguridad. De hecho, miembros de distintas fuerzas de seguridad cometieron reiteradamente abusos generalizados en múltiples lugares del país (incluso en entornos controlados, como establecimientos militares) durante varios meses, tanto en 2014 como en 2017.

En noviembre de 2017, Human Rights Watch transmitió a la Fiscalía de la CPI sus conclusiones sobre los abusos sistemáticos cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.

Un informe reciente de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) concluyó que, entre julio de 2015 y marzo de 2017, fuerzas de seguridad fueron responsables por la muerte de 505 personas, incluyendo 24 menores de edad. En algunos casos, se trató de ejecuciones extrajudiciales.

En mayo de 2018, un panel de expertos designado por la Organización de los Estados Americanos preparó un informe devastador que describe la deplorable situación de los derechos humanos en Venezuela. El informe, que concluyó que es posible que se hayan cometido delitos de lesa humanidad, debería ser evaluado minuciosamente por la Fiscalía.

En febrero de 2018, la fiscal de la CPI anunció la apertura de un examen preliminar sobre la situación en Venezuela. El objetivo del examen preliminar es determinar si la CPI debería avanzar con una investigación exhaustiva. Los exámenes preliminares de la CPI también pueden iniciarse cuando una situación es remitida por un Estado Parte de la corte, según el artículo 14 del Estatuto de Roma, el tratado que regula la CPI.

La remisión ocurre tras el anuncio del gobierno de Estados Unidos de que dejará de cooperar con la CPI y adoptará medidas de retaliación si las investigaciones de la CPI afectan a ciudadanos estadounidenses o de países aliados. Aunque Estados Unidos no es un Estado Parte de la CPI, una campaña durante el gobierno de George W. Bush para socavar la CPI gradualmente dio lugar a una postura de mayor apoyo a partir de 2005. La CPI habitualmente enfrenta una oposición politizada debido a su mandato de llevar ante la justicia a los responsables de los peores crímenes a nivel global. Ante las amenazas de Estados Unidos, los Estados Parte de la CPI deberían asegurarse de que la corte tenga el respaldo que necesita para realizar su trabajo de forma independiente.

A la luz de la práctica de la CPI, la remisión de hoy no daría lugar a la apertura de un examen preliminar distinto, sino que servirá de fundamento adicional para la revisión y evaluación independiente que ya realiza la fiscal.

Una consecuencia importante de la remisión es que, si la fiscal de la CPI concluye que es oportuno avanzar con una investigación, su fiscalía podrá iniciarla sin necesidad de solicitar la aprobación de un panel de jueces de la CPI. Esta aprobación habría sido necesaria si no mediara la remisión de un Estado Parte.

Dado que la CPI es un tribunal de última instancia, la fiscal debe cumplir con un umbral alto para avanzar con la investigación. Su actual examen preliminar analizará si se han cometido delitos incluidos en el tratado de la CPI, si esos delitos son lo suficientemente graves para merecer la atención de la corte y si las autoridades nacionales están realmente llevando a cabo investigaciones creíbles y, cuando corresponda, juzgando los casos bajo consideración de la CPI.

Las autoridades venezolanas no parecen haber adoptado ningún tipo de medidas para impedir los abusos ni han actuado para que los responsables de graves violaciones de derechos humanos respondan ante la justicia por sus acciones. En cambio, a menudo han restado gravedad a los abusos o han negado inverosímilmente que ocurrieron.

Los Estados Parte de la CPI han remitido varias situaciones a la fiscal de la corte para que fueran investigadas, pero en todos los casos, salvo uno, han sido remisiones propias – es decir, realizadas por el gobierno del país donde presuntamente se han cometido los delitos. La única excepción previa a la remisión de hoy fue cuando el gobierno de las Comoras remitió para su investigación una situación relativa a una embarcación registrada en el país, así como a embarcaciones registradas en otros dos Estados Parte (Camboya y Grecia). La fiscal de la CPI determinó no iniciar una investigación sobre esa situación.