ICC: Las víctimas de las atrocidades merecen justicia

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Ayer, el asesor de Seguridad Nacional de EE. UU. John Bolton denunció a la Corte Penal Internacional (CPI), al anunciar en un discurso que el gobierno de Trump ya no cooperaría con la corte y proferir una serie de amenazas para el caso de que las investigaciones de la CPI alcancen a ciudadanos de EE. UU., Israel u otros países aliados.

De todo lo que se jactó Bolton, lo más insólito fue la amenaza de juzgar en la justicia estadounidense a los magistrados y fiscales de la CPI que inicien acciones legales contra estadounidenses.

Bolton fue el rostro público de una campaña estadounidense concertada durante la gestión de George W. Bush para debilitar a la CPI, un tribunal creado en 2002 para juzgar los delitos internacionales más graves. Estas iniciativas lograron poco más que deteriorar la credibilidad de EE. UU. en materia de justicia internacional y dieron lugar, gradualmente, a una postura estadounidense de mayor apoyo. En 2005, EE. UU. no vetó un pedido del Consejo de Seguridad de la ONU al fiscal de la CPI para que investigara crímenes cometidos en Darfur, Sudán.

Entonces, ¿qué fue lo que motivó la ofensiva de alto perfil contra la CPI, que puso de manifiesto el endeble compromiso anunciado por el gobierno de Trump con la justicia frente a los graves delitos en Siria y Myanmar? Bolton indicó que las “peores predicciones” del gobierno de Bush quedaron confirmadas por el pedido planteado en noviembre pasado por la fiscal de la CPI de iniciar una investigación sobre Afganistán. Afganistán es miembro de la CPI, lo que implica que la corte tiene competencia respecto de crímenes de guerra presuntamente cometidos allí, que podrían incluir aquellos perpetrados por militares estadounidenses y agentes de la Agencia Central de Inteligencia. La fiscal de la CPI está además considerando la posibilidad de iniciar una investigación sobre la situación de Palestina; Palestina también es miembro de la CPI. Bolton empleó el discurso para anunciar la decisión de cerrar la sede de la Organización para la Liberación de Palestina en Washington por su apoyo a una investigación de la CPI sobre graves delitos cometidos en Palestina.

Las declaraciones de Bolton sugirieron que no existe en la CPI un sistema de contrapesos; sin embargo, existen restricciones significativas a la posibilidad de la CPI de actuar. Bolton desestimó lo que, de hecho, es un límite clave: la CPI es un tribunal de última instancia. Los países pueden evitar el escrutinio de la CPI llevando a cabo investigaciones genuinas e impulsando procesos penales adecuados, como ya lo exige el derecho internacional. Esto es algo que EE. UU. no ha hecho en Afganistán, ni tampoco Israel con respecto a Gaza y Cisjordania.

Es poco probable que los funcionarios y los países miembros de la CPI se amedrenten ante el desprecio que mostró Bolton por la corte. Sin embargo, su discurso es una grave afrenta a las víctimas de crímenes atroces que buscan justicia. Aunque la CPI es imperfecta, es un poderoso símbolo para los agresores y las víctimas de que es posible la justicia por los delitos más graves. Los países miembros de la CPI hicieron frente a las amenazas de EE. UU. durante el gobierno de Bush. En esta ocasión, deberían hacer lo mismo y dejar en claro que se asegurarán de que la CPI siga siendo la vía para la justicia que el mundo necesita de manera apremiante.