La reciente decisión del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, de retirar al país de la Corte Penal Internacional (CPI) no debería sorprender a nadie. La CPI, un tribunal de última instancia para juzgar a los máximos responsables de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, choca inevitablemente con los intereses políticos que se oponen a la rendición de cuentas.

Pero la indignada retirada de Filipinas de la corte por parte de Duterte debería ser un recordatorio para todos de que la capacidad de la CPI para otorgarles a algunas víctimas un camino hacia la justicia recae en última instancia en los gobiernos. Conforme el tratado de fundación del tribunal, el Estatuto de Roma, se acerca a su 20º aniversario en julio, los países miembros de la CPI deberían aprovechar todas las oportunidades para expresar su apoyo al papel esencial de la corte.

Ese apoyo se puso de manifiesto la semana pasada cuando los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunieron en Washington, DC, la décima vez que la OEA ha celebrado una sesión sobre la CPI. La región ha sido una firme defensora de la corte: 29 de los 35 miembros de la OEA también son países de la CPI. Esto fue evidente en las declaraciones de los numerosos países que hablaron sobre la CPI en la reunión.

La sesión de la OEA se centró en el fortalecimiento de la cooperación con el tribunal que, además del respaldo político, depende de la ayuda de los gobiernos para llevar a cabo investigaciones y detenciones. La reunión también conmemoró el próximo 20º aniversario del Estatuto de Roma, firmado el 17 de julio de 1998. México y Ecuador anunciaron iniciativas especiales planificadas para el año.

Los países miembros de la CPI en todas las regiones del mundo deben aprovechar al máximo este año de aniversario para expresar su apoyo, especialmente en los niveles más altos del gobierno, y mediante medidas concretas que puedan ayudar al tribunal, por ejemplo, poniendo de relieve la necesidad de cooperación en los arrestos. Estos países deberían destacar el papel de la CPI en la prestación de un importante contrapunto a la impunidad por los graves crímenes internacionales que persisten en gran parte del mundo.

Se espera que al enfoque de la OEA en el 20° aniversario del tratado de la CPI le sigan muchas otras iniciativas este año.