The International Criminal Court prosecutor’s request for an investigation in Afghanistan on November 20, 2017, could begin a long overdue path to justice for victims of grave international crimes. 

(Bruselas) – El pedido efectuado el 20 de noviembre de 2017 por la fiscal de la Corte Penal Internacional de que se inicie una investigación en Afganistán podría marcar el inicio, largamente esperado, de un proceso para que las víctimas de graves delitos internacionales obtengan justicia, señaló hoy Human Rights Watch, al difundir un documento de preguntas y respuestas sobre la situación. Un panel de tres magistrados de la Corte Penal Internacional (CPI) decidirá a continuación si la CPI puede intervenir como tribunal de última instancia para abordar los abusos más graves cometidos en Afganistán.

El conflicto armado en Afganistán, que aún no ha concluido, ha sido escenario de numerosas violaciones del derecho de guerra por las partes en conflicto. Miles de civiles han muerto en ataques deliberados perpetrados por fuerzas talibanes y otros insurgentes. El gobierno afgano no ha juzgado casos de tortura, violación sexual, desaparición forzada y ejecución extrajudicial por miembros de la policía y las fuerzas de seguridad afganas. También fuerzas extranjeras, en particular las fuerzas militares de Estados Unidos y la Agencia Central de Inteligencia (Central Intelligence Agency, CIA), han cometido graves abusos en Afganistán.

“El pedido de investigación por la fiscal de la CPI es un mensaje contundente para quienes creían que podrían eludir la justicia ante los graves delitos cometidos en Afganistán”, apuntó Richard Dicker, director de justicia internacional de Human Rights Watch. “Investigar los abusos cometidos por todas las partes, incluidos aquellos en los cuales esté involucrado personal estadounidense, reforzaría el mensaje de que nadie está por encima de la ley, sin importar cuán poderoso sea el gobierno para el cual se desempeñan”.

La solicitud de la fiscal intenta obtener autorización para investigar presuntos delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos por los talibanes y otras fuerzas vinculadas, las Fuerzas de Seguridad Nacionales Afganas, las fuerzas armadas estadounidenses y la Agencia Central de Inteligencia (CIA). La CPI tiene competencia respecto de graves crímenes internacionales cometidos por cualquier actor en Afganistán desde el 1 de mayo de 2003, cuando este país adhirió al Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI.

Además de los crímenes que se habrían cometido en Afganistán, se presume que una serie de delitos habrían sido perpetrados en establecimientos clandestinos de detención de la CIA en Polonia, Rumania y Lituania, todos países miembros de la CPI. La fiscal manifestó que estos presuntos delitos “tienen nexos suficientes con la situación bajo análisis y se encuadran dentro de esos parámetros”.

En la última década, grupos talibanes han cometido numerosos atentados suicidas y otros ataques deliberados contra miles de civiles. Jueces, legisladores, miembros ancianos de las comunidades y periodistas, entre otras personas, han sido asesinados, en hechos perpetrados mediante atentados suicidas o uso de explosivos contra vehículos o edificios usados por estos civiles. Dado que se niegan a reconocer la definición internacionalmente aceptada de civil, los talibanes reivindican e incluso justifican estos ataques. Algunos grupos insurgentes, incluidos aquellos que tienen nexos con Estado Islámico, o ISIS, han sido responsables de ataques contra escuelas.

Human Rights Watch has documentado graves violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas y tortura sistemática por miembros de las fuerzas gubernamentales afganas, en particular la Dirección Nacional de Seguridad (NDS), la Policía Nacional Afgana y la Policía Local Afgana. Las torturas han incluido descargas eléctricas, violentas golpizas, perforaciones en las cabezas de los detenidos realizadas con taladros, mantener a personas colgadas por períodos prolongados e inmersión forzada en el agua. Las Naciones Unidas han documentado un patrón sistemático y constante de tortura en centros de detención gubernamentales afganos. También milicias financiadas y apoyadas por el gobierno han atacado a civiles.

La impunidad de estos presuntos delitos sigue siendo la norma. En 2017, el gobierno afgano procesó a un alto funcionario gubernamental por el secuestro y agresión de un rival político, y aplicó medidas disciplinarias a otros agentes y funcionarios de seguridad. Pero no se ha actuado penalmente contra ningún integrante del Ejército Nacional Afgano, la Policía Nacional Afgana ni la NDS, ni siquiera aquellos identificados en informes de derechos humanos.

La solicitud de la fiscal realiza una apreciación similar, al concluir que no se han llevado a cabo ni se encuentran en curso investigaciones ni procesos nacionales contra quienes parecen ser los máximos responsables de los presuntos crímenes cometidos por los talibanes o las Fuerzas de Seguridad Nacionales Afganas.

La solicitud de la fiscal también incluye delitos presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas armadas estadounidenses y de la CIA. Desde la invasión de Afganistán liderada por EE. UU. a fines de 2001, Human Rights Watch y otros actores han documentado casos de tortura y otros abusos graves perpetrados por miembros de la CIA y militares estadounidenses, incluidas violentas golpizas, días de privación prolongada del sueño agravada por posiciones forzadas destinadas a causar estrés, confinamiento en celdas pequeñas, desnudez forzada, privación de alimentos y agua, simulación de asfixia con agua y exposición a frío extremo, que al menos en un caso provocaron la muerte. Estados Unidos no ha investigado estos abusos de manera exhaustiva ni creíble, y ha permitido así que los máximos responsables se libren de responder ante la justicia.

En su solicitud, la fiscal indicó que “no ha podido obtener información ni evidencias específicas, con suficiente grado de precisión y valor probatorio, que demuestren que se llevaron a cabo procedimientos con respecto a casos de presuntos abusos de personas detenidas por parte de miembros de las fuerzas armadas estadounidenses en Afganistán”. Asimismo, la fiscal concluye que no se han llevado a cabo ni se encuentran en curso investigaciones ni procesos nacionales contra quienes parecen ser los máximos responsables de los presuntos crímenes cometidos por la CIA. Hay investigaciones en curso en Polonia, Rumania y Lituania, y la fiscal manifestó que, si se inicia una investigación, seguirá dando seguimiento a los avances en los procesos relevantes, ya sea que estos se relacionen con las mismas personas y comportamientos que son de interés para la CPI, y si se trata de iniciativas genuinas.

“Muy pocos de los responsables de crímenes aberrantes en Afganistán enfrentarán algún tipo de consecuencias”, señaló Dicker. “De ser aprobada, una investigación de la CPI podría revertir el panorama sombrío y dar a las víctimas una cuota de justicia”.

En noviembre de 2016, la fiscal manifestó en un informe que, en forma “inminente”, su fiscalía tomaría una decisión final acerca de si pediría autorización para iniciar una investigación . Sin embargo, desde entonces las autoridades en Kabul han enviado nueva información “sustancial” a la Fiscalía, y fue necesario analizar estos datos antes de tomar una determinación final. En su solicitud, la fiscal destaca que la oportunidad de su pedido estuvo afectada por “dificultades en la verificación de los alegatos relativos a competencia en razón de la materia” y “cuestiones vinculadas con la existencia y/o autenticidad de los procedimientos nacionales relevantes”.

El reglamento de la CPI estipula que se debe notificar a las víctimasde delitos sobre el pedido de la fiscal de abrir una investigación. Los magistrados han fijado el 31 de enero de 2018 como plazo para que las víctimas presenten sus opiniones a la corte.

En caso de que la Corte la autorice, una investigación en Afganistán representará la segunda situación de país en la cual interviene la CPI fuera de África. En 2016, los magistrados de la CPI iniciaron una investigación en Georgia sobre el conflicto que tuvo lugar en 2008 con Rusia por Osetia del Sur. Otras situaciones que están siendo investigadas son las de la República Centroafricana, Costa de Marfil, Darfur, la República Democrática del Congo, Kenia, Libia, Mali, Burundi y Uganda.

Desde 2009, la CPI ha enfrentado una ofensiva por parte de una enérgica minoría de líderes africanos, que sostienen que la CPI centra su labor injustamente en África. Contrariamente a lo que sostienen estos críticos, la mayoría de las investigaciones se han iniciado a pedido de gobiernos africanos. En octubre y noviembre de 2016, Sudáfrica, Burundi y Gambia tomaron medidas sin precedentes para retirarse de la CPI, aunque Gambia dio marcha atrás y la salida de Sudáfrica se frenó luego de que la justicia sudafricana determinara que el gobierno no cumplió los pasos necesarios. La salida de Burundi de la CPI se hizo efectiva en octubre de 2017. Otros estados africanos también han ratificado su compromiso con la CPI.

A su vez, son muchas las potencias y sus aliados que han logrado eludir el alcance de la CPI, entre otras cosas, absteniéndose de sumarse a la corte, explicó Human Rights Watch.

“Los magistrados de la CPI deben evaluar el pedido de la fiscal considerando los motivos de fondo”, explicó Dicker. “Además, una investigación en Afganistán sería un recordatorio importante del alcance global de la corte y de que la nacionalidad de una persona no debería protegerla de la posibilidad de responder ante la justicia”.