Las instalaciones permanentes de la Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos.

© 2016 UN Photo/Rick Bajornas
 

Recientemente, un panel de magistrados de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó por unanimidad la solicitud que presentó en noviembre de 2017 la fiscal Fatou Bensouda para abrir una investigación sobre posibles crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad durante el brutal conflicto armado en Afganistán. Con esta decisión, se les cierran las puertas de golpe a las víctimas y sus familias, quienes no han podido recurrir a la justicia.

El conflicto en Afganistán se ha caracterizado por ataques selectivos contra civiles por parte de los talibanes y otros insurgentes; actos de tortura, violaciones, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía y las fuerzas de seguridad afganas; y abusos por parte de fuerzas extranjeras, en particular de las fuerzas militares y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos. Los magistrados estuvieron de acuerdo con la evaluación de la fiscal, quien afirmó que hay fundamentos razonables para creer que se cometieron crímenes comprendidos en el mandato de la corte y que estos fueron de tal gravedad que entran en la competencia de la CPI.

Los magistrados también coincidieron con la conclusión de la fiscal de que ninguno de los principales responsables de estos crímenes —ya sean miembros de los talibanes, de las fuerzas afganas o personal de los EE. UU.— había sido llevado ante la justicia, lo que constituye una determinación crítica, dado que la CPI solo puede actuar como un tribunal de última instancia. Pero después, los magistrados tomaron la medida inesperada de evaluar si seguir adelante redundaría en “interés de la justicia”. Finalmente, decidieron que no lo haría y rechazaron la solicitud de la fiscal.

La Fiscalía está evaluando una posible apelación a este fallo devastador. Si se mantiene, significa que la CPI no puede investigar posibles crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Afganistán.

La frase “interés de la justicia” debe interpretarse en un sentido estricto para que sea congruente con los principios fundacionales de la Corte, como han sostenido muchos actores, entre ellos, Human Rights Watch y la Fiscalía. Por el contrario, los magistrados adoptaron un enfoque extremadamente amplio que podría ocasionar serios perjuicios al limitar la capacidad de la CPI para reaccionar a los crímenes internacionales graves.

Los magistrados reconocen que 680 de las 699 solicitudes presentadas por las víctimas a la CPI apoyaban una investigación. Pero desde su punto de vista, seguir adelante con el proceso solo redundaría en interés de la justicia si diera lugar a investigaciones eficaces y a un procesamiento satisfactorio de los casos en un plazo razonable.

Los magistrados señalaron las complicadas circunstancias en Afganistán, incluida la inestabilidad política, que justifican en parte el examen preliminar, de 11 años de duración, que realizó la fiscal sobre posibles crímenes en dicho país.

También especulan que “cambios posteriores dentro del panorama político pertinente” en Afganistán y en los “Estados clave” resultarían “aún más espinosos” en una investigación. Lo más probable es que esto sea una alusión a las actuales conversaciones de paz en Afganistán y a los ataques cada vez más intensos de la administración Trump contra la CPI, sobre todo porque la investigación en Afganistán podría extenderse para abarcar a ciudadanos estadounidenses.

Además, los magistrados ampliaron su análisis para incluir el presupuesto de la Corte, evaluando la dificultad de llevar a cabo la investigación en Afganistán en función de los recursos limitados del tribunal.

Nada de lo que dijeron los magistrados es particularmente nuevo o impactante. No es ningún secreto que las investigaciones penales en situaciones de conflictos en curso son difíciles y que en demasiadas ocasiones los Estados que están siendo investigados por la Corte han cooperado poco. Esto es cierto incluso para algunos de los países miembros de la CPI y otros organismos clave, como el Consejo de Seguridad de la ONU. A medida que los conflictos arden por todo el mundo, crece la brecha entre el mandato de la CPI y el apoyo político y los recursos financieros disponibles para que pueda funcionar con eficacia.

Pero hay un elemento nuevo e inquietante: el uso de un “interés de la justicia” amorfo por parte de los magistrados para permitir que estas consideraciones políticas y prácticas neutralicen el mandato de la CPI. Según el razonamiento de los magistrados, la Corte quedaría limitada a actuar en situaciones en las que la cooperación de los Estados esté garantizada. De esta manera, han entregado a los Estados un libro de estrategias para aislarse del alcance de la ley.

Las especulaciones de los magistrados sobre la falta de cooperación pasan por alto el hecho fundamental de que la superación de los problemas de cooperación es parte integral de un tribunal encargado de enjuiciar a los que de otro modo se considerarían intocables, y no una razón para abstenerse de actuar. Resulta particularmente inquietante que la apertura de investigaciones se base en las probabilidades de lograr un arresto y un juicio posterior. Es evidente que sin un arresto no puede haber justicia; pero este es un esfuerzo de largo plazo. La justicia que antes parecía imposible puede materializarse algún día. Es posible que, a las personas acusadas de crímenes pero que han estado protegidas del arresto, de pronto se las lleve ante la justicia, según lo demuestra la experiencia de otros tribunales internacionales, como los de la ex Yugoslavia y Sierra Leona.

Detrás del razonamiento de los magistrados existe una preocupación por la legitimidad de la Corte si no se ajusta a las expectativas de las víctimas. Y es cierto que las recientes absoluciones en los prominentes casos de Bemba y Gbagbo (líderes imputados de la República Democrática del Congo y Costa de Marfil, respectivamente) han consternado a las víctimas y a los partidarios de la CPI. Pero al indicar que están dispuestos a sacrificar el estado de derecho en el altar de lo que pueda soportar el mercado político, los propios magistrados han dañado considerablemente la credibilidad de la Corte.

Las décadas de impunidad en Afganistán han dejado en claro a las víctimas de delitos graves y a sus familias que los intereses de los poderosos casi siempre prevalecen sobre sus intereses y su derecho a exigir que los responsables rindan cuentas. Al elegir no investigar los posibles crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Afganistán, los magistrados han comunicado a las víctimas que la CPI tampoco las defenderá. Y ese es un mensaje peligroso que repercutirá mucho más allá de Afganistán.