(Washington, DC) – Las alegaciones del Gobierno de Obama de que obstáculos legales impiden la investigación penal sobre la tortura a manos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) no son convincentes y amenazan con dejar un legado en el que la tortura es una opción política, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Existe suficiente evidencia para que el fiscal general ordene la investigación penal de altos funcionarios de Estados Unidos y otros implicados en el programa de la CIA después del 11 de septiembre para la tortura, la conspiración para la tortura y otros delitos tipificados en el derecho estadounidense.
El informe de 153 páginas, “No More Excuses: A Roadmap to Justice for CIA Torture” (“No más excusas: una hoja de ruta hacia la justicia para las torturas de la CIA”), exhibe evidencia para apoyar los principales cargos penales que pueden presentarse contra los responsables de los actos de tortura sancionados por el Estado, y cuestiona las afirmaciones de que los juicios no son legalmente viables. El informe también detalla las obligaciones legales de EE.UU. de proporcionar reparación a las víctimas de la tortura, así como los pasos que debe seguir para hacerlo. También especifica las acciones que otros países deben emprender para reivindicar las investigaciones penales sobre las torturas de la CIA.
“Ha pasado un año desde el informe del Senado sobre la tortura y aún el Gobierno de Obama no ha abierto nuevas investigaciones penales sobre las torturas de la CIA”, dijo Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. “Sin estas investigaciones penales, que eliminarían la tortura como una opción política, el legado de Obama quedará manchado para siempre”.
El 9 de diciembre de 2014, el Comité de Inteligencia del Senado de EE.UU. difundió un demoledor resumen del informe todavía confidencial de 6.700 páginas que documentaba el programa de detención e interrogatorios de la CIA. Además de confirmar informes anteriores, el resumen del Senado también reveló que la tortura era una práctica más brutal, sistemática y extendida en la CIA de lo que se había informado anteriormente. También brindó nuevos detalles sobre los abusos cometidos, como la denominada “alimentación rectal”, y aportó información sobre el brutal impacto que las posiciones dolorosas y la privación del sueño tenían sobre los detenidos. El resumen se centró en si “las técnicas de interrogatorio mejoradas” eran un medio eficaz para obtener inteligencia útil (concluyó que no lo eran), pero no evaluó la legalidad del programa.
El Departamento de Justicia asegura que ya había investigado los abusos de la CIA en 2009 y concluyó que no había pruebas admisibles suficientes para presentar cargos. Pero esa investigación, dirigida por John Durham, examinó sólo los abusos de la CIA que iban más allá de las acciones “autorizadas”, en lugar de todas las torturas y malos tratos de la agencia. Incluso entonces, parece que ninguno de los investigadores entrevistó a ninguno de los ex detenidos, debilitando las alegaciones de que su investigación fue exhaustiva y creíble.
Uno de los argumentos de defensa más repetidos es que la CIA y los altos funcionarios de la Casa Blanca se basaron en opiniones legales de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia que pretendían considerar que las “técnicas de interrogatorio mejoradas” eran legales: los denominados “Memos de la tortura”. Sin embargo, el resumen del Senado pone en evidencia que los funcionarios de la CIA sabían desde el principio que estas prácticas supondrían una violación de las leyes contra la tortura. Otra prueba muestra que funcionarios de la CIA y la Casa Blanca trataron de obtener garantías contra el procesamiento penal y cuando éstas les fueron denegadas, contribuyeron a elaborar esas mismas opiniones legales que autorizarían la tortura que aplicarían a continuación.
Los “Memos de la tortura” estaban tan forzados en su razonamiento jurídico que no pueden ser considerados de manera justa como una interpretación honesta de la ley. Estos hechos constituyen la antítesis de la confianza de buena fe en el asesoramiento de un abogado que podría servir como una defensa legítima en los cargos de tortura. Además, el resumen del Senado y otras evidencias muestran que la CIA cometió abusos que no fueron autorizados y aplicaron técnicas permitidas en formas que excedían las autorizaciones.
Aunque gran parte de la tortura y otros abusos fueron cometidos hace una década o más, la ley de prescripción no obstruye algunos cargos criminales. La prescripción usual federal de cinco años no es un impedimento para los delitos de tortura y conspiración para torturar en los casos en que hay un “riesgo previsible de que pudieran producirse lesiones físicas graves o la muerte”, ni para ciertos cargos de abuso sexual. Además, la ley de prescripción para el delito de conspiración puede ser extendida si los responsables ocultan un componente central de la trama, como fue el caso con el programa de la CIA, dijo Human Rights Watch.
Bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, que EE.UU. ratificó en 1988, los gobiernos están obligados a investigar de manera creíble las denuncias de tortura y a entablar procesos legales en los casos en que esté justificado. No investigar ni enjuiciar las torturas de la CIA aumenta el peligro de que algún futuro presidente autorice métodos ilegales de interrogatorio similares en respuesta a una inevitable amenaza de seguridad grave. Varios candidatos presidenciales para las elecciones de 2016 han defendido el uso de “técnicas de interrogatorio mejoradas” y algunos han asegurado que las volverían a utilizar en caso de resultar elegidos.
La Convención contra la Tortura, en cuya concepción el gobierno de EE.UU. jugó un papel decisivo, también contempla el derecho de las víctimas de tortura a recibir una reparación o indemnización. Sin embargo, los gobiernos de Bush y Obama han frustrado activamente todos los esfuerzos por parte de ex detenidos de obtener reparaciones en los tribunales estadounidenses, invocando reclamaciones de inmunidad y seguridad nacional para conseguir que las demandas fueran desestimadas incluso antes de que los demandantes pudieran siquiera presentar evidencias de abuso.
El Departamento de Justicia debería nombrar a un fiscal especial para llevar a cabo nuevas investigaciones que garanticen que todos los testigos pertinentes, incluso las presuntas víctimas de tortura, sean entrevistados y que se recopilen, conserven y examinen todas las pruebas materiales pertinentes disponibles, recomendó Human Rights Watch.
“Si EE.UU., con su democracia establecida y su sistema político estable, puede incumplir su obligación legal de procesar la tortura, socava el respeto por el imperio de la ley en todo el mundo”, dijo Roth. “Los funcionarios del gobierno, que buscaron y ayudaron a crear opiniones jurídicas que justificaban lo injustificable no deberían de poder valerse de esas opiniones para evadir su responsabilidad”.
El informe también describe casos en el extranjero para investigar los abusos de la CIA relacionados con la tortura. Estas investigaciones realizadas en otros países se han centrado en funcionarios de EE.UU., así como funcionarios nacionales acusados de haber participado o actuado como cómplices de abusos de la CIA. El deber de enjuiciar le corresponde principalmente al gobierno de EE.UU., pero la Convención contra la Tortura contiene una cláusula de “jurisdicción universal” que obliga a todos los gobiernos a procesar a los sospechosos que entran en su territorio, independientemente del lugar donde tuvo lugar la tortura. El hecho de que EE.UU. no lleve a cabo sus propias investigaciones exhaustivas y creíbles sobre las torturas de la CIA significa que otros gobiernos deberían tomar medidas para investigar estos crímenes.
“Ante la negativa del gobierno de Obama de investigar y procesar a altos funcionarios responsables de estos graves delitos, otros países deberían proceder”, dijo Roth. “Si el presidente Obama no va a evitar un peligroso precedente de impunidad para la tortura, otros países deberían intervenir”.
