El 18 de marzo de 2020, Tomeu Vadell Recalde, un ejecutivo de CITGO Petroleum Corporation que había sido detenido por el gobierno de Nicolás Maduro, llamó a su familia. Esa breve comunicación, en la cual no les indicó dónde se encontraba, fue el primer contacto que tuvo con su familia desde que agentes de inteligencia se lo llevaron 42 días antes. Su abogado no ha podido hablar con él, y ni el abogado ni los familiares de Vadell han logrado confirmar su paradero.
“Ya es gravísimo que las fuerzas de seguridad venezolanas hayan detenido arbitrariamente a miles de personas, pero como si eso fuera poco, han recurrido también a desapariciones forzadas —un delito perverso y prohibido universalmente— para ocultar deliberadamente dónde se encuentran las personas que tienen bajo su custodia”, destacó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Cuando esto ocurre, la persona desaparecida queda totalmente indefensa y los familiares viven niveles de incertidumbre y sufrimiento que resultan inhumanos y abusivos”.
Agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) detuvieron a Vadell, que tiene doble ciudadanía venezolana-estadounidense, junto a otros ejecutivos de CITGO en noviembre de 2017, pocas horas después de aterrizar en Caracas desde Estados Unidos para asistir a una reunión convocada por las autoridades venezolanas.
Se los acusó de firmar un acuerdo que era desfavorable para la empresa estatal venezolana PDVSA, de la cual CITGO es subsidiaria, y les imputaron cargos de malversación, lavado de dinero y asociación ilícita. Sin embargo, según lo indicó su abogado a Human Rights Watch, el acuerdo nunca se firmó y Vadell no participó en ninguna negociación al respecto.
Tras dos años detenido en una sede de la DGCIM en Caracas, el 9 de diciembre de 2019 un juez dispuso que Vadell pasara a arresto domiciliario. Sin embargo, el 5 de febrero de 2020, presuntamente como represalia después de que el Presidente de EE. UU. Donald Trump invitara al líder opositor venezolano Juan Guaidó al discurso de apertura de las sesiones legislativas en Washington, D.C., agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) se lo llevaron a un lugar desconocido.
Su abogado recién tuvo acceso a una orden que dejaba sin efecto la detención domiciliaria el 19 de febrero, cuando un juez ordenó que Vadell quedara bajo custodia en El Helicoide, una sede del SEBIN en Caracas.
El 19 de febrero, cuando estaba previsto que se iniciara el juicio contra Vadell y los demás ejecutivos, ninguno de ellos fue trasladado ante el tribunal y el juicio se pospuso. Desde entonces, se ha pospuesto en dos oportunidades más. Su audiencia preliminar, previa a que se presentaran cargos, se postergó 16 veces.
A los familiares de Vadell les preocupa su estado de salud, ya que tiene problemas cardíacos y renales, además de ser hipertenso. Estas condiciones de salud previas lo exponen a un riesgo mayor frente a la propagación del coronavirus en Venezuela. Al 25 de marzo, hay 91 casos de coronavirus confirmados en Venezuela, incluidos al menos cuatro casos posibles en El Helicoide. Esto ocurre en un país con un sistema de salud colapsado y donde no hay datos oficiales confiables.
La desaparición forzada de Vadell no es un caso aislado, sino que es parte de un patrón en la actuación de las autoridades venezolanas en los últimos años. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias concluyó que en Venezuela existía “un cuadro de desapariciones por períodos breves de opositores políticos o personas percibidas como tales, y de sus familiares”.
El caso de Vadell se encuentra actualmente bajo consideración del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria. Ambos grupos deben exhortar con urgencia a las autoridades venezolanas a liberar de inmediato a Vadell, expresó Human Rights Watch.
En un informe que será publicado próximamente, Robert Francis Kennedy (RFK) Human Rights y la organización venezolana Foro Penal, una red de activistas de derechos humanos y abogados penalistas ad honorem, señalan que han registrado 200 casos de desapariciones por períodos breves durante 2018 y 524 en 2019.
Las víctimas fueron detenidas por integrantes de las fuerzas de seguridad durante un promedio de 5 a 8 días sin que se informara su paradero. Muchas fueron torturadas durante la detención y, en general, los militares han permanecido desaparecidos más días que los civiles, según concluyeron las organizaciones.
La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos informó en julio de 2019 que, entre 2014 y 2019, hubo en Venezuela 135 casos de personas con privación arbitraria de su libertad, y algunos incluyeron desapariciones forzadas por períodos breves.
Hay otros casos que siguen un patrón similar al de Vadell donde las víctimas son opositores políticos. Roberto Marrero, miembro del partido opositor Voluntad Popular, fue detenido arbitrariamente por agentes del SEBIN aproximadamente a las 2:00 a.m. del 21 de marzo de 2019. No tuvo contacto con sus familiares ni sus abogados los 52 días siguientes a la detención. Se acusó a Marrero de conspiración, legitimación de capitales, asociación para delinquir y ocultamiento de armas. La esposa de Marrero dijo a Human Rights Watch que su esposo se encontraba en régimen de aislamiento desde el 13 de febrero de 2020. Expresó que le preocupaban las consecuencias para su salud de la propagación del coronavirus, dado que Marrero es asmático y sufre tensión arterial.
También Gilber Caro, diputado opositor de la Asamblea Nacional, fue detenido por el SEBIN y estuvo en situación de desaparición forzada en abril de 2019. Durante más de un mes no se supo su paradero. Fue liberado en junio de 2019, pero volvió a ser detenido el 20 de diciembre de 2019. En esta oportunidad, tampoco se supo cuál era su paradero durante un mes, hasta el 20 de enero de 2020, cuando se le permitió a su abogado y a un familiar visitarlo en una oportunidad. Caro está siendo procesado por terrorismo.
En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó una resolución que creó un mecanismo de investigación compuesto por expertos independientes, llamado Misión de Determinación de los Hechos, que tiene el mandato de investigar graves violaciones de derechos humanos en Venezuela, incluidas desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias ocurridas en el país desde 2014. Está previsto que el grupo de expertos presente sus conclusiones en septiembre de 2020, las cuales podrían contribuir al examen preliminar de Venezuela que está llevando adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
“En un país sin independencia judicial, la única esperanza de las víctimas es que se haga justicia en el extranjero”, sostuvo Vivanco. “Por ello, es crucial que el informe que elabore la misión de determinación de los hechos de la ONU incluya un análisis exhaustivo de este patrón de desapariciones forzadas por períodos breves en Venezuela y examine las responsabilidades individuales en las más altas esferas”.
