El informe de 69 páginas, “‘Los guerrilleros son la policía’: Control social y graves abusos por parte de grupos armados en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure”, documenta crímenes cometidos por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN) y el “Frente Décimo Martín Villa”, un grupo que se formó a partir de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Como parte de su estrategia para controlar la vida social, política y económica de Arauca y Apure, estos grupos armados a menudo cometen abusos que incluyen homicidios, trabajo forzado, reclutamiento de menores y violaciones sexuales. Estos abusos quedan casi siempre en la impunidad.
“Los residentes de Arauca y Apure viven aterrorizados, mientras los grupos armados imponen sus propias reglas, reclutan niños, amenazan a residentes y castigan a quienes desobedecen, incluso con la muerte o con meses de trabajo forzado”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Los grupos operan con una impunidad casi absoluta a ambos lados de la frontera, y especialmente en Venezuela actúan en ocasiones con la connivencia de miembros de las fuerzas de seguridad y autoridades locales”.
Human Rights Watch visitó Arauca en agosto de 2019. Entrevistamos a 105 personas, incluidos líderes comunitarios, víctimas de abusos y sus familiares, actores humanitarios, funcionarios de derechos humanos, funcionarios judiciales y periodistas. Human Rights Watch también envió solicitudes de información a autoridades colombianas y venezolanas y consultó numerosas fuentes de información y otros documentos.
El informe concluye que los grupos armados en ambos lados de la frontera han establecido, e imponen ferozmente, una serie de normas asociadas con las leyes que habitualmente sancionan y hacen cumplir los gobiernos. Estas normas incluyen toques de queda; la prohibición de delitos como la violación sexual, el robo y el homicidio; y la reglamentación de actividades cotidianas como la pesca, el pago de deudas y hasta el horario de cierre de bares. En algunas zonas, los grupos prohíben usar cascos a quienes circulan en motocicleta para que los miembros de los grupos armados puedan verle el rostro a las personas que circulan. Los grupos extorsionan prácticamente a todos los residentes para quitarles dinero.
Los grupos armados han cometido en los últimos años cada vez más homicidios, incluso contra defensores de derechos humanos y líderes comunitarios. En 2015, cuando las FARC acordaron un cese al fuego en el contexto de las negociaciones de paz con el gobierno, las autoridades registraron 96 homicidios en Arauca. Desde entonces, el número de homicidios se ha incrementado; hubo 161 homicidios entre enero y fines de noviembre de 2019. Los grupos armados son responsables de la mayoría de estos homicidios.
Human Rights Watch también ha recibido señalamientos creíbles de homicidios perpetrados por grupos armados en Apure, aunque las autoridades venezolanas no han divulgado estadísticas confiables ni completas sobre las muertes ocurridas allí.
Al menos 16 cuerpos de civiles hallados en Arauca en 2019 fueron encontrados con un papel en el cual se acusaba a las víctimas de haber sido “informantes”, “violadores”, “narcotraficantes” o “ladrones”. Algunos llevaban la firma de la disidencia de las FARC.
Los grupos armados en Arauca y Apure también castigan a los residentes con trabajo forzado. Los obligan a trabajar sin recibir pago alguno, a veces durante meses, en actividades como agricultura, limpieza de caminos o cocinando en los campamentos de los grupos armados, que suelen estar en Venezuela.
“Acá se hace lo que ellos dicen, o uno se muere”, nos dijo una residente que se desplazó de su vereda tras ser amenazada por un grupo armado. “Las reglas son… no se le puedo hablar al Ejército, no se puede salir tarde en la noche. Y si no las cumplimos, el objetivo o la pena es muerte”.
Cerca de 44.000 venezolanos viven en Arauca. La mayoría llegaron a partir de 2015 huyendo de la devastadora crisis humanitaria, política y económica en su país. Los venezolanos en Arauca en general viven en condiciones económicas precarias, duermen en la calle o en asentamientos improvisados. Miles de venezolanos caminan por el costado de los caminos con la intención de llegar a otras partes de Colombia. A menudo, desconocen los peligros que existen en el trayecto, incluyendo los posibles abusos por parte de grupos armados.
Los venezolanos también han sufrido otros tipos de abusos. Muchas mujeres son sometidas a explotación sexual y coacción para intercambiar relaciones sexuales por dinero. Diversos actores humanitarios han denunciado casos de trata de personas. En algunos casos, una vez que llegan a un prostíbulo, les retienen sus documentos y se les da ropa, comida y “vivienda” que deben pagar con su trabajo. Las cantidades que se les exigen son tan exorbitantes que nunca podrían saldar la deuda.
La xenofobia es un fenómeno extendido en Arauca. A menudo, los residentes culpan a los venezolanos por la delincuencia.
Si bien las autoridades colombianas han intentado contrarrestar el poder de los grupos armados, la impunidad sigue siendo la norma y la protección para los residentes es insuficiente. Hasta septiembre, la Fiscalía General de la Nación de Colombia había obtenido condenas en apenas ocho casos de homicidio cometidos en Arauca desde 2017, de un total de más de 400 que estaban bajo investigación. Ninguno de los condenados eran miembros de grupos armados. Las autoridades tampoco habían condenado a miembros de grupos armados por otros delitos como violación sexual, amenazas, extorsión, reclutamiento de menores, desplazamiento forzado o el delito penal de “desaparición forzada” en casos cometidos desde 2017.
Pareciera que los grupos armados tienen mucha más libertad de acción en Venezuela que en Colombia. En varias oportunidades, los grupos han trasladado a víctimas secuestradas en Arauca a campamentos y otras instalaciones que tienen en Venezuela. En ocasiones, los grupos armados actúan con la connivencia de las fuerzas de seguridad y autoridades locales venezolanas, según residentes de Apure, líderes comunitarios, actores humanitarios y periodistas que trabajan en la zona.
La investigación de Human Rights Watch sugiere que es improbable que la situación en Arauca mejore si el gobierno colombiano sigue enfocando su estrategia en enviar militares, sin al mismo tiempo fortalecer el poder judicial, reforzar la protección de la población y adoptar medidas para asegurar un acceso adecuado a oportunidades económicas y educativas y a servicios públicos. A su vez, la implementación de planes de desarrollo local conocidos como “Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial” (PDET) —en especial aquellos vinculados con el fortalecimiento del poder judicial, la protección de líderes comunitarios y la provisión de oportunidades económicas y educativas— podría contribuir a contrarrestar el poder de los grupos armados y prevenir violaciones de derechos humanos en Arauca.
La Misión Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas creada en septiembre para investigar atrocidades cometidas en Venezuela debería examinar los abusos perpetrados por grupos armados en Venezuela con la tolerancia o connivencia de las fuerzas de seguridad.
“Incrementar la presión internacional sobre el régimen de Maduro sigue siendo una herramienta importante para prevenir abusos y que se haga justicia por los crímenes cometidos en Venezuela”, señaló Vivanco. “Los gobiernos de América y Europa deberían imponer sanciones específicas, como el congelamiento de activos y la prohibición de ingreso a países de la región, dirigidas a altos funcionarios venezolanos que hayan sido cómplices en abusos cometidos por grupos armados en Venezuela”.
Casos seleccionados
El 27 de abril de 2018, hombres armados secuestraron a María del Carmen Moreno Páez de su finca en la zona rural de Arauquita, Colombia, según contaron dos familiares a Human Rights Watch. Los secuestradores enviaron a su familia videos y fotografías de Moreno Páez con los ojos vendados y exigieron dinero, pero la mataron pocas horas después de haberla secuestrado. Los bomberos encontraron su cuerpo cinco días más tarde. Poco después, apareció en las redes sociales un video en el que se ve a dos hombres, con las manos atadas y cadenas alrededor del cuello, confesar que cometieron el secuestro y homicidio. Más tarde ese mismo día, los cuerpos de los hombres se encontraron con una nota que decía: “Estos son los autores del secuestro y a[s]esinato de la señora María… [H]acemos justicia. FARC-EP. Ejército del pueblo”.
Lina y Natalia (seudónimos), ambas de 15 años, tomaron un autobús de regreso a sus casas al salir de su escuela en una zona rural de Arauca, a comienzos de 2019. Al bajar, miembros del ELN convencieron a las niñas de ir a un campamento y convertirse en guerrilleras. La madre de Lina acudió al campamento apenas se enteró de lo ocurrido, acompañada por otro líder comunitario. Pudo persuadir al comandante de que liberara a su hija, pero no a Natalia. El comandante indicó que, si alguna vez Lina volvía a las guerrillas, se quedaría allí para siempre. Miembros de la guerrilla les preguntaron a las niñas si eran vírgenes y les tomaron fotografías en ropa interior. Lina y su madre salieron del departamento de Arauca.
Miguel Escobar (seudónimo), un venezolano de 31 años, contó a Human Rights Watch que, en mayo de 2019, fue citado a un campamento de la disidencia de las FARC en Venezuela para hablar con “Jerónimo”, el comandante del grupo. La esposa de Escobar le había dicho al grupo que este la había maltratado. Escobar dijo que tras una breve discusión con “Jerónimo”, fue obligado a trabajar sin remuneración como cocinero en el campamento de la disidencia junto a otros dos civiles que estaban en las mismas condiciones. Pasados dos meses, un comandante le informó que tenían intención de mantenerlo allí durante dos años. Escobar escapó poco después.
Rafael Ortíz (seudónimo), de 20 años, trabajaba en una organización comunitaria local en Arauca. A comienzos de 2019, disidentes de las FARC lo llamaron para decirle que lo responsabilizarían si algún miembro de su organización se pasaba de la raya. Más tarde, miembros del ELN lo llevaron por la fuerza a una población rural de Arauca, según contó, donde un comandante le ofreció 700.000 pesos colombianos (alrededor de USD 210) por cada niño de 12 años o más que reclutara para el grupo. Cuando rechazó el ofrecimiento, el comandante le advirtió que tendría que “enfrentar las consecuencias”. Ortíz se fue de la reunión e inmediatamente después abandonó Arauca.
