El director de HRW para Israel y Palestina Omar Shakir en Ramala en mayo de 2018.

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(Jerusalem) – La Corte Suprema israelí confirmó el 5 de noviembre de 2019 la facultad del Gobierno de Israel de deportar a Omar Shakir, director de Human Rights Watch para Israel y Palestina. La decisión ahora recae en el Gobierno israelí. Si avanza con la deportación, Shakir tendrá plazo hasta el 25 de noviembre para irse de Israel.

Human Rights Watch ha instado a que las empresas dejen de operar en los asentamientos israelíes en los territorios ocupados de Cisjordania como parte de su obligación de no ser cómplices en violaciones de derechos humanos. Sin embargo, y pese a que Human Rights Watch también insta a las empresas a cumplir con esta obligación en muchos otros países, la corte determinó que aplicar este principio para asegurar el respeto de los derechos de los palestinos constituye un llamamiento al boicot, conforme a una interpretación muy amplia de una ley de 2017 que prohíbe el ingreso de personas que promuevan boicots contra Israel o sus asentamientos en Cisjordania.

“En la práctica, lo que la Corte Suprema ha declarado es que en Israel la libre expresión no incluye la promoción convencional por los derechos de los palestinos”, apuntó Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. “Si ahora el gobierno deporta al investigador de Human Rights Watch por pedir a las empresas que respeten los derechos humanos, tal como lo hacemos en todo el mundo, no hay forma de saber quién será la próxima persona a la que expulsen”.

El pronunciamiento agota las instancias ordinarias de apelación con las que cuenta Human Rights Watch. No obstante, ante las múltiples implicaciones que el pronunciamiento tiene para la libertad de expresión y la posibilidad de otras organizaciones de incidencia de trabajar en Israel, es posible que Human Rights Watch procure obtener una audiencia ante un panel ampliado de jueces de la Corte Suprema. Con independencia de lo indicado por la corte, la decisión acerca de obligar efectivamente a Shakir a irse del país recae ahora en el gobierno israelí.

La corte basó su decisión en la determinación de que Shakir había promovido un boicot contra Israel no solo en el pasado remoto sino también después de unirse a Human Rights Watch, cosa que la organización rechazó enérgicamente. Durante su trabajo para Human Rights Watch, Shakir nunca se alejó de lo establecido en las políticas y posiciones de la organización, que no promueve el boicot contra Israel sino que insta a las empresas a cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos rompiendo lazos con los asentamientos ilegales en Cisjordania.

Según la corte, el gobierno israelí puede, conforme a la ley, prohibir el ingreso de quienes insten a boicotear asentamientos en Cisjordania, debido a que tal llamamiento contraviene una política general del gobierno de Israel sobre una zona bajo su control. Por ende, la corte determinó que esto “expresa la negación de la legitimidad del Estado”, pese a que los asentamientos son considerados mayoritariamente como ilegales conforme al derecho internacional.

La corte también determinó que instar a las empresas a abstenerse de realizar actividades en los asentamientos constituye un llamamiento al boicot conforme a la ley, incluso cuando esté motivado por el respeto al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos.

La corte diferenció a Human Rights Watch de Shakir señalando que la organización destina apenas un porcentaje muy limitado de su tiempo a Israel, mientras que Shakir destinaba la totalidad de su tiempo a Israel y Palestina. Siguiendo esta lógica, cualquier persona extranjera cuya función profesional fuera instar a las empresas a evitar ser cómplices en violaciones de derechos humanos rompiendo lazos con los asentamientos contravendría el pronunciamiento de la corte.

La corte no abordó la objeción de inconstitucionalidad a la reforma de 2017 planteada por Human Rights Watch.

La corte rechazó asimismo un pedido de que se suspendiera el procedimiento hasta que se conformara un nuevo gobierno israelí tras las elecciones del 17 de septiembre de 2019, que pudiera considerar la conveniencia de avanzar con la deportación.

Varios ex altos diplomáticos israelíes se habían sumado a la apelación de Human Rights Watch, como también lo hizo Amnistía Internacional, que alertó sobre el “efecto amedrentador más general” que tendría para otras organizaciones de derechos humanos y el “creciente riesgo para su capacidad de seguir trabajando en Israel y en los Territorios Palestinos Ocupados”. Muchos otros actores han criticado la orden de deportación, incluidos 27 estados europeos a través de una declaración conjunta, 17 miembros del Congreso de Estados Unidos, el secretario general de las Naciones Unidas, 3 Relatores Especiales de derechos humanos de la ONU y numerosas organizaciones independientes y asociaciones académicas.

Ni Human Rights Watch ni Shakir como su representante han instado jamás a que se haga un boicot contra Israel. Como parte de su campaña global para que las empresas cumplan con sus responsabilidades en materia de derechos humanos para evitar contribuir a abusos, Human Rights Watch ha instado a compañías a que dejen de trabajar en asentamientos en Cisjordania o con estos, pues tales asentamientos tienen carácter ilegal conforme al derecho internacional humanitario. La organización nunca ha instado a que los consumidores boicotearan a esas empresas.

Recientemente, las autoridades israelíes han negado el ingreso a varios otros defensores de derechos internacionales, calumniado a defensores de derechos israelíes, impuesto engorrosos requisitos de comunicación financiera a estas personas y arrestado a defensores de derechos palestinos y allanado sus oficinas. En octubre, las autoridades israelíes impidieron que personal de Amnistía Internacional saliera del territorio ocupado de Cisjordania por “motivos de seguridad” que no se informaron.

La sentencia de la Corte Suprema confirma una decisión emitida en abril por el Tribunal de Distrito de Jerusalén que estableció la validez legal de la orden de expulsión dictada contra Shakir por el ministro de Interior Aryeh Deri el 7 de mayo de 2018. Es la primera vez que el gobierno ha utilizado la ley de 2017 para intentar deportar a una persona que se encuentra legalmente dentro del país, y la primera vez que Israel ha ordenado que un miembro de Human Rights Watch se vaya de Israel desde que la organización empezó a monitorear a los acontecimientos en el terreno hace tres décadas.

Deri indicó en su orden de mayo de 2018 que la decisión “no constituye una negativa sentenciosa o indiscriminada a la posibilidad de la organización de contratar a un experto extranjero”, y destacó que “no ha trascendido información” de que Shakir promoviera boicots durante el tiempo que ha trabajado en Human Rights Watch. No obstante, en el tribunal, el gobierno manifestó que consideraba que el trabajo de Human Rights Watch constituía, en sí mismo, actividad de boicot.

Human Rights Watch es una organización no gubernamental, internacional e independiente que promueve el respeto del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Realiza una labor de seguimiento de violaciones de derechos humanos en 100 países a nivel mundial, incluidos los 19 países de Oriente Medio y en África del Norte. Con sede en la ciudad de Nueva York, Human Rights Watch ha constituido oficinas en 24 países del mundo, incluidos el Líbano, Jordania y Túnez en la región. En 1997, Human Rights Watch compartió el Premio Nobel como miembro fundador de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres.

Para llevar a cabo esta misión, Human Rights Watch recurre a investigadores profesionales en el terreno. Estos investigadores contactan periódicamente con funcionarios públicos y otros actores que tienen información de primera mano. Human Rights Watch mantiene un acceso directo a la amplia mayoría de los países a los cuales da cobertura. Cuba, EgiptoCorea del NorteSudánVenezuela son algunos de los pocos países que han bloqueado el acceso a miembros del personal de Human Rights Watch.

Como parte de su mandato, Human Rights Watch realiza una labor de investigación e incidencia que pone de manifiesto y cuestiona violaciones cometidas por todos los actores de la región, incluida la Autoridad Palestina y las autoridades de Hamás en Gaza. En 2019, además de documentar abusos perpetrados por miembros de las fuerzas israelíes, Human Rights Watch publicó investigaciones sobre detenciones arbitrarias y torturas contra críticos y opositores por parte de la Autoridad Palestina y Hamás, así como sobre ataques ilegales con proyectiles perpetrados por grupos armados palestinos.

La decisión de la corte israelí representa la culminación de años de intentos de acallar a Human Rights Watch. En febrero de 2017, el Ministerio del Interior negó a Human Rights Watch autorización para contratar a un empleado extranjero, para luego rectificarse y emitir el permiso dos meses después. Shakir obtuvo su visa de trabajo con este permiso en abril de 2017, pero el gobierno la revocó en mayo de 2018 y ordenó que fuera deportado. Human Rights Watch presentó una demanda ese mes para objetar esa orden.

“La decisión emitida hoy por la Corte Suprema otorga el aval del derecho israelí a los esfuerzos del gobierno de Netanyahu de censurar actividades convencionales de incidencia legítima en el área de derechos humanos”, expresó Roth. “Pese a los intentos del gobierno israelí de silenciar al mensajero en vez de cambiar su comportamiento ilegal, Human Rights Watch seguirá documentando violaciones de derechos humanos perpetradas por todas las partes en Israel y Palestina”.