(Nueva York, 16 de marzo de 2017) – La presunta intención del gobierno de Estados Unidos de retirarse del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas si no se acogen favorablemente algunas de sus exigencias demuestra falta de compromiso con la promoción de los derechos humanos en todo el mundo, señaló hoy Human Rights Watch. Un alto colaborador del secretario de Estado Rex Tillerson citado en la revista Foreign Policy y otras notas en los medios de comunicación indicaron que el gobierno de Trump amenazaba con retirarse del consejo, el principal órgano de derechos humanos de la ONU, aduciendo que este mantiene un foco excesivo en Israel y que sus miembros tienen posturas sesgadas.

El 28 de octubre de 2016, la Asamblea General de la ONU en Nueva York eligió a EE. UU. para cumplir un mandato de tres años en el Consejo de Derechos Humanos. Ningún país se ha retirado nunca del consejo tras haberse postulado a elecciones para ocupar el lugar.

“Amenazar con retirarse del Consejo de Derechos Humanos, en vez de trabajar para que sea más efectivo, no contribuye en absoluto a mejorar el desempeño del consejo”, apuntó Sarah Margon, directora para Washington de Human Rights Watch. “Esta acción sería una señal de que el gobierno de Trump no tiene verdaderamente ningún interés en mejorar los derechos humanos de personas vulnerables en todo el mundo”.

A pesar de sus defectos, el Consejo de Derechos Humanos, integrado por 47 miembros, ha conseguido logros concretos en temas de derechos humanos en todo el mundo, sobre todo a través de la intervención enfocada a lo largo de muchos años en Corea del Norte, Siria, Irán, Birmania, Sudán del Sur y Sri Lanka. Por ejemplo, en el actual período de sesiones en Ginebra, se espera que el consejo amplíe el mandato de la Comisión de Investigación Independiente sobre Siria, que ha documentado abusos por parte de Estado Islámico (también conocido como ISIS) y ha realizado un seguimiento de los ataques perpetrados por el gobierno sirio contra hospitales, escuelas y civiles. El Examen Periódico Universal que realiza el Consejo ha sometido a escrutinio la situación de los derechos humanos en la totalidad de los 193 países miembros de la ONU desde 2008.

Desde 2006, el Consejo de Derechos Humanos ha adoptado más de 1.350 resoluciones específicas de país o temáticas y ha efectuado un riguroso escrutinio de 30 gobiernos. El valor que implica la participación en el consejo también queda demostrado por las declaraciones conjuntas emitidas durante las sesiones del consejo, en las cuales se alerta sobre prácticas con consecuencias alarmantes para los derechos humanos, como la declaración sin precedentes de marzo de 2016, impulsada por EE. UU, que criticó la represión de periodistas, abogados y defensores de derechos humanos en China.

A través de sus resoluciones, el consejo también ha abordado importantes cuestiones temáticas, como las medidas contra el terrorismo, los derechos de la mujer, la migración, el racismo, los derechos LGBT, los derechos de las personas con discapacidad y los derechos de los niños. 

Según una nota informativa preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el consejo también ha celebrado 26 períodos extraordinarios de sesiones que abordaron graves violaciones de derechos humanos, incluso en Libia y Siria tras la “Primavera Árabe”, así como en Burundi, la República Centroafricana, Irak, Sudán del Sur y otros países. El consejo también ha autorizado 23 comisiones de investigación y de determinación de los hechos para analizar atrocidades en masa, y ha recopilado evidencias y las ha incorporado a procesos formales de justicia para exigir que los agresores rindan cuentas. Los expertos independientes de derechos humanos del consejo (“Procedimientos Especiales”) —80 personas con 57 mandatos— tienen un rol importante como monitores de derechos humanos y han conseguido un impacto significativo en la reducción de las violaciones de derechos humanos en todo el mundo.

Estados Unidos fue elegido por primera para el consejo durante la presidencia de Barack Obama en 2009. Estados Unidos ejerció previamente mandatos de tres años en los períodos 2010-2012 y 2013-2015. A pesar de haber tenido un desempeño imperfecto como miembro del consejo, EE.UU. contribuyó a definir algunas de las decisiones que tuvieron mayor impacto, como el establecimiento de una comisión para investigar los abusos en Corea del Norte.

El informe de 2014 de la comisión concluyó que la gravedad, la escala y la naturaleza de las violaciones de derechos humanos en Corea del Norte no tenían equivalente en el mundo contemporáneo y constituían delitos de lesa humanidad. En función de ese informe, el Consejo de Seguridad de la ONU ha mantenido tres debates abiertos en los cuales se trató la nefasta situación de los derechos humanos en Corea del Norte. Un informe similar sobre atrocidades en Sri Lanka contribuyó a allanar el terreno para que se implementara un programa a gran escala de justicia transicional en ese país.

El consejo, con 11 años de trayectoria, se creó en marzo de 2006 en reemplazo de la Comisión de Derechos Humanos, que había recibido fuertes críticas. Si bien el fortalecimiento de los estándares para la membresía en el consejo sigue siendo un tema pendiente, se han logrado algunos avances. En 2016, Human Rights Watch planteó serios cuestionamientos sobre la idoneidad de dos miembros que pretendían ser reelectos: Arabia Saudita, que ha estado implicada en graves violaciones del derecho de guerra en Yemen, y Rusia, que ha sido clave para posibilitar la campaña brutal desplegada por el gobierno sirio para recuperar Alepo y otras partes de este país arrasado por la guerra. Arabia Saudita fue reelegida en octubre a instancias de su grupo regional asiático, en una propuesta que no dejaba alternativas, pero Rusia perdió su asiento por dos votos en la competencia. Entre otros estados abusivos que han perdido elecciones competitivas para el consejo se incluyen Bielorrusia, Azerbaiyán y Sri Lanka. Hubo campañas públicas que llevaron a Siria e Irán a retirar sus postulaciones antes de la votación.

“Sería paradójico que EE. UU. se retirara del mismo consejo donde los rusos acaban de intentar infructuosamente tener presencia”, apuntó Sarah Margon. “Rusia quedó absolutamente expuesta cuando se votó para que quedara fuera del consejo en octubre, y ahora el gobierno de Trump amenaza con quedar al margen junto a Moscú”.

Estados Unidos debería, en cambio, trabajar para mejorar la membresía en el consejo exigiendo a los grupos regionales de países que pongan a fin a la práctica que permite que los países “ganen” la elección sin ninguna oposición. Human Rights Watch se ha referido en numerosas oportunidades a la necesidad de que haya procesos competitivos regionales en las elecciones anuales de miembros del consejo, en vez de procesos sin ninguna oposición que prácticamente garantizan un asiento a todos aquellos que se postulen, independientemente de cuál sea su desempeño en materia de derechos humanos. El año pasado, los miembros del Grupo Occidental, incluido EE. UU., se postularon a través de un proceso no competitivo, al igual que los candidatos de África y Asia. El grupo de Europa del Este permitió un proceso de elección competitiva, en el cual Rusia perdió. 

“Muchos miembros del consejo, incluido EE. UU., tienen un desempeño en derechos humanos que no es óptimo, pero al sumarse al consejo asumen el compromiso de elevar sus estándares y exigir rendición de cuentas recíproca”, apuntó Margon. “Si el objetivo de EE. UU. es mejorar el Consejo de Derechos Humanos, en vez de socavarlo, la historia demuestra que tendrá muchas más posibilidades de hacerlo apoyando elecciones competitivas e instando desde adentro a los miembros del consejo a que se pronuncien sobre abusos”.

El gobierno de Trump también ha manifestado desacuerdo con lo que considera una atención desmedida en Israel por parte del consejo. Aunque el consejo en el pasado ha conseguido logros de lo más variados, Human Rights Watch también se ha referido desde hace tiempo al enfoque desproporcionado del consejo en Israel. Sin embargo, la respuesta no es llamarse a silencio con respecto a un país que merece recibir críticas, pero sí prestar más atención a otros cuyos abusos son pasados por alto.

En el pasado, haber participado activamente en las deliberaciones en el consejo le permitió a EE. UU. y a otros gobiernos interesados centrar su atención en responsables de abusos graves, como China, Siria, Corea del Norte y Sri Lanka.

No resulta claro qué país ocupará el asiento vacante dejado por EE. UU. si el gobierno de Trump cumple su amenaza de retirarse, expresó Human Rights Watch. La resolución de la ONU por la cual se crea el consejo dispone que el sucesor sería otro estado del grupo que incluye a Europa occidental, América del Norte, Australia, Nueva Zelandia e Israel.

“Si EE. UU. se retira del consejo, es probable que sea reemplazado por un gobierno comprometido con la defensa de los derechos humanos”, dijo Margon. “Pero sería desafortunado que el gobierno de Trump optara por un liderazgo en derechos humano entre bastidores”.