Presentación en el marco del Examen Periódico Universal de la República Bolivariana de Venezuela

I. Resumen

Continúa la represión brutal por parte del gobierno de Nicolás Maduro, en un contexto en el cual agentes de las fuerzas de seguridad y grupos armados partidarios del gobierno cometen abusos aberrantes, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de corta duración, detenciones arbitrarias y torturas. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional hallaron evidencias de que podrían haberse cometido crímenes de lesa humanidad. Las autoridades hostigan y persiguen penalmente a organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger derechos humanos y responder a la emergencia humanitaria que ha privado a millones de personas de acceso a atención médica básica y a una nutrición adecuada, dejando al país en una situación muy desfavorable para enfrentar la pandemia de Covid-19. Más de 5,6 millones de venezolanos han huido del país, transformándose en la mayor crisis migratoria de América Latina.

II. Situación de los derechos humanos

Represión brutal contra opositores: Persecución, detenciones y torturas

Durante el EPU de 2016 sobre Venezuela, el Estado tomó nota de recomendaciones relativas a permitir genuinamente la expresión del disenso[1], poner fin a la práctica de detenciones arbitraras[2], liberar a las personas que fueron detenidas en forma arbitraria o por motivos políticos[3] y asegurar la proporcionalidad en el uso de la fuerza durante las protestas[4].

El gobierno continuó reprimiendo a manifestantes y encarcelando a opositores políticos y miles de personas en casos vinculados con las protestas.

En 2017, cuando decenas de miles de personas salieron a las calles, agentes de las fuerzas de seguridad y grupos armados partidarios del gobierno —que en Venezuela se conocen como “colectivos”— agredieron a manifestantes y provocaron decenas de muertes y cientos de heridos. Agentes de las fuerzas de seguridad golpearon violentamente a detenidos y los sometieron a torturas con descargas eléctricas, asfixia, agresiones sexuales y otras técnicas brutales. Detuvieron arbitrariamente y procesaron a opositores del gobierno. Aunque no fue la primera arremetida contra opositores del régimen de Maduro – también hubo abusos similares en 2014 –  la magnitud y la gravedad de la represión de 2017 alcanzó niveles inéditos en la historia reciente de Venezuela. Muchos abusos se perpetraron en entornos controlados, como instalaciones militares y de inteligencia.

Las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia han detenido y torturado a militares acusados de conspirar contra el gobierno. A fin de determinar el paradero de algunos sospechosos, las autoridades han detenido y torturado a sus familiares.

En junio de 2021, había 300 presos políticos en cárceles comunes o en sedes de los servicios de inteligencia, según datos de Foro Penal, una red venezolana de abogados defensores que trabajan pro bono. Muchos otros se han visto obligados a exiliarse, o han sido detenidos arbitrariamente y enfrentan procesos penales. A través de un decreto presidencial de mayo de 2021, se dispuso el traslado a cárceles comunes de presos que estaban bajo custodia de autoridades de inteligencia militar.

De las más de 15.700 personas detenidas desde 2014 en relación con las protestas —incluidos manifestantes, transeúntes y personas que fueron llevadas de sus casas sin la correspondiente orden judicial—, cerca de 9.369 se encontraban en libertad condicional en abril de 2021, pero seguían sujetas a procesos penales. En total, al menos 872 han sido juzgadas en la justicia militar.

El gobierno ha usado el estado de excepción por el Covid-19 como pretexto para arremeter contra críticos, deteniendo y procesando de manera arbitraria a decenas de opositores políticos, incluyendo legisladores, periodistas, profesionales de la salud que han criticado la gestión del gobierno durante la pandemia y abogados que brindan asistencia legal a manifestantes.

En 2021, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) informó que siguen ocurriendo hechos de tortura, trato inhumano, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. La Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y la entonces fiscal de la Corte Penal Internacional hallaron evidencias de crímenes de lesa humanidad. La misión concluyó que había “motivos razonables” que implicaban a Maduro, el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y el ministro de Defensa.

Presuntas ejecuciones extrajudiciales y grupos armados

Durante el EPU de 2016, Venezuela tomó nota de las recomendaciones para que cesen los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad[5] y se investiguen patrones de ejecuciones extrajudiciales generalizadas cometidas por policías y grupos armados partidarios del gobierno[6].

Entre 2016 y 2019, policías y agentes de seguridad mataron a más de 19.000 personas en casos de supuesta “resistencia a la autoridad”. A partir del análisis de fuentes públicas, la Oficina de la ACNUDH concluyó que 2.000 personas habían sido asesinadas durante operaciones de seguridad entre enero y agosto de 2020. Muchas de esas muertes violentas podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.

Agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y de otras fuerzas de seguridad han matado y torturado con impunidad a residentes de zonas de bajos recursos, sembrando miedo y ejerciendo control social. Anteriormente, las redadas realizadas por las fuerzas de seguridad en comunidades populares entre 2015 y 2017, denominadas “Operaciones de Liberación y Protección del Pueblo”, habían dado lugar a denuncias generalizadas de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas, maltrato de detenidos y desalojos forzados.

En abril, las autoridades anunciaron la creación de un comité que se ocuparía de presentar un plan de reforma de la Policía Nacional Bolivariana en el término de seis meses.

En ocasiones, los “colectivos” actuaron con las fuerzas de seguridad venezolanas para reprimir manifestaciones. Durante la pandemia, estos grupos también colaboraron con las autoridades en el control de la población y atacaron e intimidaron a opositores políticos y periodistas, a veces con la intención de impedir que dieran cobertura periodística a la situación del Covid-19. Según indican organizaciones locales, los colectivos han obligado a que se cumpla con las medidas de confinamiento en vecindarios con altos niveles de pobreza, golpeando y torturando aquellos que supuestamente las incumplen.

En Venezuela, particularmente en estados fronterizos, operan grupos armados, como el Ejército de Liberación Nacional, las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional y algunas disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En el estado Apure, estos grupos usan métodos brutales para imponer y hacer cumplir toques de queda; prohibiciones de delitos como violación sexual, robo y homicidio; y normas que regulan las actividades cotidianas. Con el fin de controlar a la población, cometen homicidios y violaciones sexuales, imponen medidas de trabajo forzado y reclutan a niños y niñas. Las fuerzas de seguridad venezolanas y otras autoridades han tolerado y, en ocasiones, han actuado en connivencia con grupos armados que operan en Apure.

En 2021, las fuerzas de seguridad venezolanas cometieron abusos aberrantes contra la población local durante un operativo de varias semanas contra un grupo disidente de las FARC conocido como Frente Décimo Martin Villa en Apure. El operativo derivó en la ejecución de al menos cuatro campesinos, detenciones arbitrarias, el procesamiento de civiles ante tribunales militares y torturas contra residentes acusados de colaborar con grupos armados.

La minería ilegal en el estado Bolívar es controlada por organizaciones criminales —llamadas “sindicatos”— que  vigilan a los ciudadanos, establecen condiciones de trabajo abusivas y tratan brutalmente a quienes acusan de cometer robos y otros delitos, en algunos casos desmembrado y matándolos frente a otros. Los sindicatos actúan con aquiescencia del gobierno y, en algunos casos, con su participación.

Impunidad por abusos

En el EPU de 2016, el Estado tomó nota de las recomendaciones relativas a abordar la impunidad[7] y apoyó aquellas sobre investigaciones independientes en casos de violaciones de derechos humanos[8].

La mayoría de las violaciones de derechos humanos siguen impunes. No ha habido justicia en Venezuela para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas perpetradas por las fuerzas de seguridad con el conocimiento o la aquiescencia de las autoridades políticas, militares y judiciales de alto nivel.

Entre 2017 y el primer trimestre de 2020, el Ministerio Público informó haber iniciado 4.890 investigaciones sobre asesinatos ocurridos en el contexto de operaciones de seguridad, de las cuales 13 habían dado lugar a juicios y en una se había dictado una condena por homicidio, en el mes de marzo de 2020. Entre agosto de 2017 y abril de 2021, se acusó a 716 agentes de seguridad y 40 civiles por violaciones graves de derechos humanos, y se condenó a 153. De todos los asesinatos ocurridos en el contexto de operativos de seguridad o protestas que documentó la ACNUDH, hasta el momento solamente en uno se ha dictado sentencia. En ese caso, se absolvió a los presuntos responsables.

En 2020, la ACNUDH informó que los factores que contribuyen a esa situación incluyen la manipulación de la escena del crimen y la retención de información por parte de las fuerzas de seguridad; conflictos de interés; e intimidación, amenazas y represalias de agentes de esas fuerzas contra las víctimas y sus familiares.

Independencia judicial

Durante el EPU de 2016, Venezuela apoyó recomendaciones que instaban a asegurar la independencia judicial, la imparcialidad y la separación de poderes[9].

Desde que el expresidente Hugo Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional llevaron a cabo en 2004 un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia, el poder judicial dejó de actuar como una rama independiente del Estado. Dado que la mayoría de los jueces de primera instancia no gozan de inamovilidad en el cargo, la falta de independencia judicial se ha extendido a todo el poder judicial.

Magistrados del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han avalado prácticas y políticas abusivas en reiteradas oportunidades. En 2020, el Tribunal Supremo instrumentó la usurpación de varios partidos políticos opositores, reemplazó a sus autoridades con partidarios del gobierno de Maduro y permitió que los nuevos dirigentes oficialistas usaran el nombre y los logos de los partidos usurpados. En 2021, la nueva composición del Consejo Nacional Electoral anunció que algunos partidos opositores podrán participar en las elecciones de noviembre de 2021, pero todavía no hay claridad con respecto a quiénes serán sus dirigentes.

En junio de 2021, las autoridades venezolanas anunciaron un proceso de reforma judicial. La comisión que se estableció para este fin parece enfocarse en reducir la sobrepoblación carcelaria y no ha presentado medidas concretas para realizar cambios sustanciales en el sistema de justicia para reestablecer su independencia.

Emergencia humanitaria y Covid-19

Durante el EPU de 2016, Venezuela apoyó las recomendaciones para que publique datos sobre salud y nutrición[10] y asegure los derechos a la alimentación, el agua y el saneamiento para su población, así como la provisión de insumos médicos y servicios de salud esenciales[11]. Tomó nota de las recomendaciones acerca de entablar diálogos y promover la participación igualitaria para superar la crisis humanitaria[12].

Sin embargo, el gobierno no ha publicado datos epidemiológicos desde 2017, cuando el Ministerio de Salud divulgó estadísticas que mostraban que la mortalidad materna había aumentado un 65 % y la mortalidad infantil un 30 % en 2016. Algunos días después de la publicación de estos datos, la ministra de salud fue despedida.

El colapso del sistema de salud de Venezuela ha propiciado el resurgimiento de enfermedades infecciosas prevenibles con vacunación. La escasez de medicamentos e insumos médicos, las interrupciones en el suministro de servicios básicos en centros de salud y la emigración de los profesionales de la salud han provocado una reducción de la capacidad operativa.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha indicado que uno de cada tres venezolanos se encuentra en situación de inseguridad alimentaria y necesita asistencia. En 2019, 9,3 millones de venezolanos sufrieron inseguridad alimentaria, y se prevé que esta cifra aumente de manera sustancial. La organización venezolana Cáritas ha informado que más del 14 % de los niños y niñas de menos de cinco años de edad en algunas zonas de bajos recursos presentan desnutrición aguda.

La emergencia humanitaria ha limitado el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y salud materna. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (UNOCHA) estimó que existe una escasez del 80 % en métodos anticonceptivos y señaló que, durante 2019, 352 mujeres murieron durante el embarazo, el nacimiento o el período posparto. La situación se ha deteriorado debido a la pandemia de Covid-19. Algunos centros de maternidad suspendieron sus servicios de atención prenatal y posnatal en 2020 por la pandemia, y varias ONG indicaron que se negó atención oportuna a mujeres embarazadas que se sospechaba tenían Covid-19.

Al 14 de julio de 2021, Venezuela había confirmado 286.990 casos de Covid-19 y 3.315 muertes por esa enfermedad. Ante la disponibilidad limitada de pruebas de diagnóstico confiables, la falta de transparencia gubernamental y la persecución de los profesionales de la salud y periodistas que informan sobre la pandemia, es probable que las cifras sean muy superiores. El acceso limitado al agua en hospitales y hogares, y la situación de hacinamiento en prisiones y zonas de bajos ingresos posiblemente contribuyen a una rápida propagación del virus. La mayoría de los centros de salud sufren grave escasez de elementos básicos como guantes, mascarillas, alcohol en gel y jabón. La falta de equipos básicos para radiografías, análisis de laboratorio, camas de terapia intensiva y respiradores probablemente agudice la tasa de fallecimientos, que es mayor a la informada. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, al 14 de julio de 2021, apenas el 3,86 % de la población había recibido un esquema de vacunación de Covid-19 completo.

En abril, el PMA anunció haber llegado a un acuerdo —después de más de un año de negociaciones— con el gobierno de Maduro para iniciar operaciones en Venezuela con el fin de brindar alimentos a niños y niñas pequeños. El acuerdo representa un paso fundamental para mitigar la agudización de la emergencia humanitaria en Venezuela.

La crisis de refugiados

Cerca de 5,6 millones de venezolanos, de una población total de aproximadamente 32 millones, han huido del país desde 2014, según datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela. Muchos venezolanos en el exterior no están contabilizados en estadísticas oficiales. Entre las causas del éxodo se incluyen las crisis de índole política, económica, humanitaria y de derechos humanos.

Muchos siguen estando en una situación migratoria irregular, y esto dificulta significativamente su posibilidad de obtener permisos de trabajo, enviar a sus hijos a la escuela y acceder a servicios de salud, además de exponerlos a explotación y abusos. Aunque varios gobiernos han acogido a los venezolanos que huyen, la falta de una estrategia regional coordinada e integral dejó a numerosas personas varadas en condiciones precarias o en la frontera, sin acceso a protecciones como refugiadas u otro tipo de protecciones legales. En algunos países, están siendo expulsadas o son víctimas de incidentes de xenofobia.

Durante 2020, miles de personas que se vieron obligadas a regresar a Venezuela por las dificultades relacionadas con la pandemia quedaron retenidas, a menudo por varias semanas, en centros de cuarentena con condiciones insalubres y de hacinamiento que, muy probablemente, contribuyeron a que se propagara el Covid-19. Tanto autoridades como colectivos han amenazado, hostigado verbalmente y maltratado a personas retornadas.

Libertad de expresión

En el EPU de 2016, Venezuela tomó nota de recomendaciones relativas a eliminar, en la ley y en la práctica, las restricciones al derecho de libertad de expresión[13] y asegurar la investigación oportuna e independiente de todos los señalamientos sobre intimidación, amenazas y ataques contra periodistas y trabajadores de medios[14].

El gobierno ha ampliado y ejercido en forma abusiva su facultad de regular los medios de comunicación y ha cerrado a medios críticos. Puede suspender sitios web en el impreciso supuesto de “incitación”, procesar penalmente las expresiones “ofensivas” acerca de altos funcionarios públicos y revocar licencias a medios cuando “lo juzgue conveniente a los intereses de la Nación”. También ha bloqueado sitios web de línea crítica. Si bien algunos periódicos, páginas web y estaciones de radio siguen expresando críticas a las autoridades, la autocensura por temor a represalias es muy habitual.

En 2017, la Asamblea Constituyente aprobó una Ley contra el Odio, de contenido sumamente impreciso, que prohíbe a los partidos políticos que “promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio” y prevé penas privativas de la libertad de hasta 20 años contra quienes publiquen “mensajes de intolerancia y odio”. Durante el estado de excepción por el Covid-19, muchas personas que compartieron o publicaron información en redes sociales cuestionando a funcionarios públicos o criticando políticas públicas fueron acusadas de incitación al odio o a delinquir.

En 2020, las autoridades llevaron a cabo nuevas campañas de estigmatización, hostigamiento y represión contra los medios. Acusaron a medios independientes de favorecer la “injerencia” extranjera a cambio de ayuda internacional o los sometieron a ataques digitales o a un engorroso proceso de auditoría y confiscación de equipos, lo cual provocó el cierre “temporal” de sus actividades.

En mayo, las autoridades tomaron la sede de El Nacional, después de que el Tribunal Supremo dispusiera que debía pagar una indemnización de más de 13 millones de dólares por difamación contra el político oficialista Diosdado Cabello, en una maniobra aparentemente orientada a silenciar a uno de los pocos medios independientes que quedan en Venezuela. La orden se dictó en relación a un artículo de un periódico español que fue republicado por El Nacional, en el cual se mencionaban las declaraciones de un ex escolta de Cabello que sostenía que este tenía nexos con el narcotráfico. La demanda penal por difamación que interpuso Cabello contra El Nacional y otros medios en 2015, y esta multa excesiva que podría provocar el cierre del periódico, debilitan la libertad de expresión.

Defensores de derechos humanos

Venezuela tomó nota de una recomendación que insta al gobierno a adoptar medidas para que haya investigaciones oportunas e independientes de los actos de intimidación, amenazas y ataques contra defensores de derechos humanos[15].

Las autoridades han adoptado nuevas medidas orientadas a restringir el financiamiento internacional que reciben las ONG y obligar a todas las ONG y organizaciones sin fines de lucro a brindar información sensible acerca de sus actividades, contribuciones y beneficiarios. Dado que el derecho venezolano ya exige que estas organizaciones se inscriban ante el Estado, las medidas representan un claro intento de vigilar y limitar el trabajo de organizaciones independientes.

Desde noviembre de 2020, las autoridades venezolanas y las fuerzas de seguridad han llevado a cabo una campaña sistemática contra organizaciones humanitarias y de derechos humanos que trabajan en el país que ha incluido congelar sus cuentas bancarias, emitir órdenes de detención y allanar sus oficinas, además de detener a algunos miembros para interrogarlos. Estas acciones, combinadas con acusaciones infundadas de que los defensores de derechos humanos atentan contra la democracia venezolana, generan un clima hostil que limita su trabajo independiente.

A su vez, las autoridades bancarias están aplicando restricciones que dificultan su posibilidad de trabajar en Venezuela. El gobierno tampoco ha otorgado a organizaciones de ayuda humanitaria clave los permisos necesarios para que pueda ingresar personal internacional.

Recomendaciones:

El gobierno de Maduro debería:

• Liberar de forma inmediata e incondicional a todos los presos políticos.
• Ordenar que las fuerzas de seguridad dejen de realizar detenciones arbitrarias de opositores y poner fin a su colaboración o aquiescencia con grupos armados partidarios del gobierno para intimidar a críticos y cometer abusos, incluendi en zonas de frontera y sectores donde se desarrolla la minería ilegal.
• Implementar una reforma genuina de la Policía Nacional Bolivariana que incluya:
  • disolver las FAES,
  • establecer mecanismos disciplinarios para que haya rendición de cuentas por los abusos, y
  • llevar a cabo una revisión exhaustiva de los protocolos, las prácticas y los equipos  de la policía que dispersan manifestaciones públicas, como así también de la capacitación que reciben los agentes sobre el uso de la fuerza, a fin de que se respeten los derechos humanos.
• Desistir de su campaña sistemática contra periodistas independientes, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, lo cual incluye:
  • abstenerse de realizar ataques públicos infundados contra ellos;
  • retractarse públicamente cuando se realicen señalamientos públicos infundados en su contra;
  • cerciorarse de que las organizaciones internacionales puedan obtener permisos de trabajo y demás documentación necesaria para operar, y que todas las organizaciones puedan operar y usar sus cuentas bancarias sin limitaciones indebidas; y
  • restituir todos los bienes, equipos y las oficinas del periódico El Nacional a sus propietarios.
• Permitir el pleno despliegue del Programa Mundial de Alimentos y de todas las organizaciones humanitarias que tengan la intención y la capacidad de brindar asistencia de manera apolítica y acorde con los principios humanitarios básicos.
• Trabajar con la sociedad civil, expertos venezolanos e internacionales y la oposición para conformar una comisión independiente facultada a plantear propuestas concretas y luego trabajar con las autoridades correspondientes para:
  • Reformar el poder judicial para restablecer la independencia judicial, lo cual incluye:
    • crear un mecanismo para llenar vacantes en el Tribunal Supremo de Justicia a través de un proceso de selección abierto, transparente y que asegure el mayor consenso político posible,
    • derogar las disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que actualmente permiten que los magistrados puedan ser destituidos por mayoría simple de votos, y
    • asegurar que los jueces de tribunales inferiores sean designados para ocupar cargos permanentes con garantía de inamovilidad.
  • Derogar todas las normas que contravienen el derecho a la libertad de expresión y generan presión indebida para que haya autocensura, incluidas todas las leyes sobre desacato y la Ley contra el Odio.
  • Derogar las disposiciones legales que violan el derecho de libertad de asociación al limitar la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil de operar de manera independiente.
• Asegurar las condiciones para que haya elecciones libres y justas con supervisión internacional independiente.

Al Ministerio Público:

• Abstenerse de formular cargos motivados políticamente contra críticos, opositores políticos y defensores de derechos humanos.
• Desistir de todos los cargos contra críticos, periodistas independientes y defensores de derechos humanos procesados por haber cuestionado acciones o políticas gubernamentales, y aquellos que han procesados por motivos políticos.
• Realizar investigaciones oportunas y exhaustivas de todos los señalamientos de violaciones de derechos humanos perpetrados por agentes de las fuerzas de seguridad, organismos de inteligencia, incluidos el SEBIN y la DGCIM, y grupos armados partidarios del gobierno desde 2014, lo que debe incluir todos los casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones y procesos arbitrarios, torturas y maltratos, así como desapariciones forzadas. Las investigaciones deberían examinar la responsabilidad penal de quienes cometieron los abusos y de los funcionarios de alto nivel que sabían o deberían conocer que ocurrían.