Conferencia “Unidos por los Derechos Humanos” con el director de Provea en Caracas, Venezuela.

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El gobierno del Presidente Nicolás Maduro ha orquestado una perversa campaña de desprestigio contra una de las principales organizaciones de derechos humanos de Venezuela. Esto ocurre justamente cuando las autoridades venezolanas están intensificando su arremetida contra críticos, opositores y periodistas – y los venezolanos más necesitan a los defensores de derechos humanos.

La prestigiosa organización no gubernamental de derechos humanos Provea trabaja desde hace décadas para dar visibilidad a violaciones de derechos humanos en Venezuela y ha documentado rigurosamente abusos cometidos por todos los gobiernos venezolanos, incluido el de Maduro. En el contexto actual, ello implica un enorme sacrificio y enormes riesgos para el valiente equipo de Provea.

El 4 de mayo, durante un mensaje televisado a todo el país, el Presidente Maduro acusó a Provea de recibir fondos de la Agencia Central de Inteligencia de EE. UU. y de defender los derechos de “terroristas” y “mercenarios” que, según sostuvo, son miembros de la “seguridad de Donald Trump”.

Maduro se refería a individuos que las autoridades venezolanas detuvieron el 3 de mayo. El ministro de Interior Néstor Reverol expresó que las fuerzas armadas venezolanas habían bloqueado un intento de invasión por vía marítima de “mercenarios terroristas procedentes de Colombia”. Según Jorge Rodríguez, el vicepresidente de comunicación, y Diosdado Cabello, un poderoso miembro del gobierno,  8 personas murieron durante el operativo del gobierno, y al 7 de mayo habían 23 detenidos por presunta participación en los hechos. Dos de los detenidos son ciudadanos estadounidenses y exsoldados de fuerzas especiales estadounidenses.

Ante estos acontecimientos, y en función de los nefastos antecedentes de las fuerzas de seguridad venezolanas, Provea señaló en un tuit que “deben ser respetados los DDHH de las personas detenidas”. Provea expresó, asimismo, que “sólo apoyará y promoverá mecanismos constitucionales, pacíficos y ciudadanos para la restitución de la democracia en el país” y añadió que, como Maduro ha cerrado todos los canales para la resolución pacífica de conflictos, lo consideraba “el principal responsable de cualquier hecho de violencia por razones políticas en el país”.

Otros funcionarios rápidamente respaldaron los señalamientos amenazantes de Maduro. Cabello acusó a Provea de “justificar el terrorismo” y prestarse a los intereses de “organismos de inteligencia de los Estados Unidos” en la página web de su programa de televisión “Con el Mazo Dando”, que se transmite a todo el país, así como en la cuenta de Twitter del programa. A su vez, la embajadora de Maduro ante la Unión Europea comparó las declaraciones de Provea con propaganda nazi.

Conforme al derecho internacional, los gobiernos deben asegurar que los defensores de derechos humanos puedan llevar a cabo sus actividades legítimas sin sufrir represalias, amenazas, intimidación, acoso, discriminación u obstáculos legales innecesarios. La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló en 2003 que “[e]l respeto de los derechos humanos en un Estado democrático depende, en gran parte, de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen los defensores de derechos humanos para realizar libremente sus actividades, y que es conveniente prestar particular atención a acciones que limiten u obstaculicen el trabajo de los defensores de derechos humanos”.

Nada de esto ocurre en Venezuela.

En un país donde las fuerzas de seguridad cometen habitualmente abusos aberrantes —como detenciones arbitrarias y torturas contra detenidos, ejecuciones y desapariciones forzadas— con impunidad casi absoluta, es fundamental que haya ONGs que alerten sobre posibles violaciones de derechos humanos. Ese es el trabajo de Provea y lo que hizo en el tuit que desencadenó la respuesta repudiable de las autoridades.

Los gobiernos democráticos y los monitores internacionales de derechos humanos preocupados porque se restablezca el Estado de derecho en Venezuela deben reaccionar contundentemente y manifestar que no se tolerarán represalias contra el equipo de Provea y otros defensores de derechos humanos venezolanos. Sin una respuesta enfática, es altamente probable que Maduro y sus colaboradores intensifiquen sus ataques y los lleven del abuso verbal a acciones punitivas, dando por sentado que tienen carta blanca para actuar a su arbitrio.

Sin embargo, ello no es así. Una comunidad internacional que observa atentamente lo que ocurre en Venezuela debe enviar un mensaje rotundo: someter a defensores de derechos humanos a persecución por motivos políticos, detenciones u otros abusos implicaría cruzar un límite muy serio – y quienes lo hagan, deberán responder por sus acciones.