Reportes

El informe de 105 páginas, titulado “Una alianza peligrosa: Abusos, preguntas sin respuesta y la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador”, documenta graves violaciones de derechos humanos en una comunidad agrícola en la frontera entre Colombia y Ecuador, así como los ataques y la desaparición de pescadores en el mar, cerca de las Islas Galápagos. Cada incidente o bien implica directamente la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y Ecuador o bien plantea serios interrogantes sobre su responsabilidad en lo ocurrido. En una operación que Estados Unidos describió como “conjunta”, soldados ecuatorianas torturaron y detuvieron arbitrariamente a cuatro trabajadores agrícolas y, posteriormente, quemaron y bombardearon una finca lechera. En otros incidentes, drones de origen desconocido atacaron dos embarcaciones pesqueras, hiriendo a varios tripulantes. Una tercera embarcacióncontinúa desaparecida.

El informe de 94 páginas, “‘Solo saldrás deportado o muerto’: abusos en el sistema de detención migratoria estadounidense en Fort Bliss”, documenta las condiciones en el mayor centro de detención migratoria del país. El centro tiene capacidad para albergar hasta 5.000 personas y está formado por cinco grandes estructuras de lona similares a carpas que alojan a las personas detenidas en recintos cerrados. En su interior, las personas entrevistadas señalaron que se las obligaba a vivir en condiciones insalubres y de hacinamiento, con hasta 72 personas alojadas en cada módulo. Human Rights Watch encontró indicios de prácticas punitivas de control migratorio, entre ellas condiciones de detención crueles, degradantes e inhumanas; uso excesivo de la fuerza por parte del personal de seguridad; falta de acceso a atención médica y de salud mental; prácticas coercitivas de deportación; y obstáculos sistemáticos para acceder a representación legal.

El informe de 66 páginas, “‘Nos abandonan aquí a morir’: Deportaciones desde Estados Unidos a México de cubanos y nacionales de otros terceros países”, documenta los abusos del gobierno estadounidense contra cubanos y nacionales de terceros países deportados a México entre enero de 2025 y marzo de 2026. Muchos deportados cubanos se encuentran atrapados en un limbo legal, dado que el gobierno cubano se niega a recibirlos y México no les ofrece vías efectivas para obtener la residencia permanente. Las autoridades mexicanas no ofrecen prácticamente ningún apoyo institucional a estas personas, lo que deja a muchos en situaciones precarias de falta de acceso a vivienda, alimentación o atención médica adecuada.

El informe de 90 páginas, titulado “‘Llegaron al infierno’: Tortura y otros abusos contra venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador”, ofrece un análisis exhaustivo del trato que recibieron estas personas en El Salvador. En marzo y abril de 2025, el gobierno de Estados Unidos envió a 252 venezolanos, entre ellos, decenas de solicitantes de asilo, al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, a pesar de informes creíbles sobre graves violaciones de derechos humanos en las prisiones salvadoreñas. Los venezolanos fueron objeto de devolución— el envío de personas a un lugar donde corren peligro de sufrir tortura o persecución—, detención arbitraria, desaparición forzada, tortura, condiciones de detención inhumanas y, en algunos casos, violencia sexual.

El informe de 100 páginas, “‘Sientes que tu vida se acabó’: Prácticas abusivas en tres centros de detención de migrantes en Florida desde enero de 2025”, documenta las condiciones de detención en el Centro de Procesamiento de Servicios de Krome (Krome), el Centro de Transición de Broward (BTC, por sus siglas en inglés) y el Centro Federal de Detención (FDC, por sus siglas en inglés) en Miami, incluyendo hacinamiento e insalubridad, tratos degradantes y falta de acceso atención médica adecuada y de urgencia. Las organizaciones también documentaron la experiencia de 17 migrantes detenidos en los tres centros de detención desde el 20 de enero.

El informe de 44 páginas, “Legislar para la impunidad: Cómo el Congreso del Perú permite el avance del crimen organizado”, detalla cómo leyes y decisiones recientes adoptadas por el Congreso han obstaculizado investigaciones criminales, debilitado instituciones clave y revertido avances en la protección ambiental. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte a menudo ha posibilitado esta agenda y ha recurrido a la declaración de “estados de emergencia”, que suspenden derechos constitucionales, como su principal estrategia de seguridad.

El informe de 92 páginas, “‘Sin agua, no somos nada’: Por qué Guatemala necesita una ley de aguas”, documenta las graves limitaciones en el acceso al agua y saneamiento en el país, que tienen impactos desproporcionados sobre comunidades indígenas, en particular sobre mujeres y niñas. También analiza las consecuencias de la falta de agua para el derecho a la salud, especialmente en la infancia, en un contexto en el que casi uno de cada dos niños y niñas menores de cinco años enfrenta desnutrición crónica.

El informe de 73 páginas, “‘La estrategia es doblegarnos’: Expulsión de ciudadanos de terceros países desde Estados Unidos a Costa Rica”, documenta las expulsiones de Estados Unidos, que se produjeron después de que el gobierno estadounidense retuviera a migrantes y solicitantes de asilo en condiciones de detención abusivas—a veces durante semanas—mientras les negaba sus derechos al debido proceso y a solicitar asilo. También detalla que las autoridades de Costa Rica detuvieron durante dos meses a las personas expulsadas y les trasmitieron mensajes contradictorios sobre su futuro.

El informe de 104 páginas, “Castigados por buscar un cambio: Asesinatos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias tras las elecciones de 2024 en Venezuela”, documenta las violaciones de derechos humanos cometidas contra manifestantes, transeúntes, líderes de la oposición y críticos durante las protestas y en los meses posteriores. El informe vincula a las autoridades venezolanas y a grupos armados partidarios del gobierno, conocidos como “colectivos”, con abusos generalizados de derechos humanos. Estos abusos incluyen asesinatos de manifestantes y transeúntes, desapariciones forzadas de miembros de la oposición y de ciudadanos extranjeros, detenciones y procesos penales arbitrarios contra adolescentes y otras personas, y torturas y malos tratos a personas detenidas.

El informe de 44 páginas, “‘A nadie le importó, nadie nos escuchó’: Expulsión de ciudadanos de terceros países desde Estados Unidos a Panamá”, documenta la expulsión masiva a Panamá. Expone las duras condiciones de detención y los malos tratos que sufrieron en Estados Unidos, así como la vulneración de sus derechos al debido proceso y a solicitar asilo. También detalla la detención en régimen de incomunicación en Panamá, donde las autoridades retuvieron sus teléfonos, bloquearon las visitas y los aislaron del mundo exterior.

El informe de 187 páginas, “Doble injusticia: Las falencias del sistema de justicia penal de México en la investigación de homicidios”, examina en detalle las razones de los pobres resultados del sistema de justicia penal de México en las investigaciones de homicidios e identifica formas de mejorar el acceso a la justicia para las víctimas.

El informe de 92 páginas, “‘Forzadas a renunciar a sus sueños’: Violencia sexual contra niñas en Guatemala,” documenta las múltiples barreras que enfrentan las niñas sobrevivientes de violencia sexual para acceder a atención médica esencial, educación, seguridad social y justicia. La ley guatemalteca clasifica cualquier actividad sexual que involucre a una niña menor de 14 años como violencia sexual. El Registro Nacional de las Personas (RENAP) de Guatemala informó que entre 2018 y 2024, 14,696 niñas menores de 14 años dieron a luz y se convirtieron en madres, en muchos casos en contra de su voluntad.

El informe de 175 páginas, "'Aprendí a decir no': Abusos laborales y explotación sexual en los estudios de webcam colombianos", expone las condiciones de trabajo en los estudios de webcam de Bogotá, Cali, Medellín y Palmira, donde las modelos graban contenidos que son difundidos por plataformas para adultos y retransmitidos en todo el mundo. La webcam para adultos es una industria global en la que los estudios estiman que las plataformas se quedan con entre el 50 y el 65 por ciento de lo que pagan los espectadores. Las personas entrevistadas afirman que los estudios se quedan hasta con el 70 por ciento de lo que paga la plataforma, lo que reduce el salario de las trabajadoras. Las plataformas de webcam para adultos con sede en EE.UU. y Europa deben abordar de inmediato los abusos laborales y la explotación sexual en los estudios de webcam colombianos.

El informe de 50 páginas, “‘Yo también quisiera disfrutar del verano’: Falencias en los sistemas de apoyo para personas con discapacidad en Uruguay”, documenta las brechas en el cumplimiento por parte de Uruguay de los requisitos de apoyo conforme a su Sistema Nacional Integrado de Cuidados respecto de cada persona con discapacidad. Muchas personas no reúnen los requisitos para el Programa de Asistentes Personales del sistema de cuidados debido a su edad, su nivel de ingresos o el grado de “severidad” de la discapacidad que presentan. Las personas con determinados tipos de discapacidad, como discapacidades intelectuales y sensoriales, y aquellas con requerimientos de apoyo significativos, en la práctica quedan excluidas del programa debido a que no se capacita a quienes se desempeñan como asistentes personales para que puedan prestarles apoyo. Human Rights Watch concluyó que Uruguay no involucró en grado suficiente a organizaciones de personas con discapacidad en el diseño, la administración y el monitoreo de la asistencia personal conforme al sistema de cuidados, y esto ha dado como resultado que no se reconozca a las personas usuarias como derechohabientes y a que se presten servicios limitados e inadecuados.