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Voters wait to cast their ballots at a polling station during India's general election, Bhopal, May 7, 2024.  © 2024 GAGAN NAYAR/AFP via Getty Images

(Bangkok) – El Primer Ministro de la India, Narendra Modi, y el partido nacionalista hindú Bharatiya Janata (BJP) al que pertenece iniciaron un tercer mandato en junio de 2024, tras una campaña electoral en la que se incitó a la discriminación, la hostilidad y la violencia contra la comunidad musulmana y otras minorías, señaló hoy Human Rights Watch en su Informe Mundial 2025. El gobierno tuvo una participación cada vez más activa en acciones para intentar suprimir la disidencia fuera de la India, lo que incluyó medidas como cancelar las visas de quienes expresaron posturas críticas y perseguir a líderes separatistas para que fueran asesinados en el extranjero.

En la 35.º edición, el informe mundial de 546 páginas de Human Rights Watch analiza las prácticas de derechos humanos en más de 100 países. La directora ejecutiva Tirana Hassan señala en su ensayo introductorio que, en gran parte del mundo, los gobiernos reprimieron y arrestaron y encarcelaron injustamente a opositores políticos, activistas y periodistas. Tanto grupos armados como fuerzas gubernamentales mataron en forma ilegítima a civiles, obligaron a muchos a abandonar sus hogares y bloquearon el acceso a la ayuda humanitaria. En muchas de las 70 elecciones nacionales que tuvieron lugar en 2024, los líderes autoritarios ganaron terreno empleando su retórica y políticas discriminatorias.

“El primer ministro Modi hace alarde de las tradiciones democráticas de la India, pero le resulta cada vez más difícil ocultar la represión creciente que ejerce su gobierno contra minorías y personas que expresan críticas”, manifestó Meenakshi Ganguly, subdirectora para Asia de Human Rights Watch. “Una década de políticas discriminatorias y represión ha debilitado el Estado de derecho y ha reducido los derechos económicos y sociales de comunidades marginadas”.

  • Desde mayo de 2023, la violencia étnica en el estado nororiental de Manipur ha cobrado la vida de más de 250 personas y ha desplazado a más de 60.000. Los enfrentamientos entre grupos armados de la comunidad predominantemente cristiana Kuki-Zo y la comunidad mayoritariamente hindú Meitei, que tuvieron lugar en septiembre de 2024, causaron la muerte de al menos 11 personas.
  • Las autoridades indias han utilizado leyes abusivas sobre financiación extranjera, como la Ley de (Regulación de) Contribuciones Extranjeras y la ley contra el terrorismo denominada Ley de (Prevención de) Actividades Ilícitas, investigaciones financieras basadas en acusaciones falsas y otros medios para atacar de manera ilegítima a organizaciones de la sociedad civil y activistas.
  • La violación y el asesinato de una médica de 31 años en un hospital gubernamental de Calcuta en el mes de agosto propició protestas generalizadas, en las que se puso en evidencia que las mujeres indias siguen estando expuestas a la violencia y otras formas de abuso en el lugar de trabajo, y enfrentan graves obstáculos al intentar obtener justicia por hechos de violencia sexual.
  • Canadá, Estados Unidos y Pakistán acusaron a agencias de inteligencia indias de señalar a personas presuntamente implicadas en terrorismo y líderes separatistas con el fin de que sean asesinadas. En octubre, el servicio de policía nacional de Canadá denunció que agentes estatales indios habían incurrido en actividades delictivas en territorio canadiense. El gobierno indio revocó privilegios de visado a periodistas extranjeros que trabajaban en la India y a ciudadanos extranjeros de origen indio que expresaban críticas contra el gobierno.

Las autoridades indias deben poner fin a las políticas discriminatorias contra las comunidades musulmana y cristiana y otras minorías religiosas, y asegurar justicia para las personas afectadas, afirmó Human Rights Watch. Deben dejar de acosar a organizaciones de la sociedad civil, investigar la violencia perpetrada por grupos étnicos y fuerzas de seguridad en Manipur, y trabajar con líderes comunitarios para restablecer la seguridad. 

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