Rape survivors in India face significant barriers to obtaining justice and critical support services. Legal and other reforms adopted since the gang rape and murder of a student, Jyoti Singh Pandey, in Delhi in December 2012 have not been fully realized. 


(Nueva York, 8 de noviembre de 2017) – Las sobrevivientes de violación en India enfrentan importantes barreras para obtener justicia y servicios de asistencia cruciales, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Las reformas legales y de otro tipo adoptadas desde la violación en grupo y el asesinato de una estudiante, Jyoti Singh Pandey, en Delhi en diciembre de 2012 no se han ejecutado totalmente.

El informe de 82 páginas “‘Everyone Blames Me’: Barriers to Justice and Support Services for Sexual Assault Survivors in India” (“‘Todo el mundo me culpa’: Barreras a la justicia y servicios de apoyo para sobrevivientes de agresión sexual en India”) concluye que las mujeres y las niñas que sobreviven a la violación y otras formas de violencia sexual a menudo son humilladas en las comisarías y los hospitales. La policía a menudo es evasiva en la documentación de las denuncias, las víctimas y los testigos reciben poca protección y los profesionales médicos todavía obligan a las víctimas a someterse a los degradantes “test de los dos dedos”. Estos obstáculos a la justicia y la dignidad se ven agravados por una atención médica, un asesoramiento y un apoyo legal inadecuados para las víctimas durante los procesos penales de los acusados.

“Hace cinco años, el pueblo conmocionado por la brutalidad de la violación en grupo en Delhi hicieron un llamamiento a acabar con el silencio sobre la violencia sexual y exigieron reformas de la justicia penal”, dijo Meenakshi Ganguly, directora para Asia Meridional de Human Rights Watch. “Actualmente existen leyes y políticas más fuertes, pero aún queda mucho por hacer para garantizar que la policía, los médicos y los tribunales traten a las sobrevivientes con dignidad”.

Lleva tiempo cambiar las mentalidades, pero el gobierno debería garantizar la asistencia médica, terapia y apoyo legal a las víctimas y sus familias, y al mismo tiempo aumentar las iniciativas para sensibilizar a los agentes de policía, funcionarios judiciales y profesionales médicos sobre el manejo adecuado de casos de violencia sexual.

Meenakshi Ganguly

Directora para Asia Meridional

Human Rights Watch realizó investigaciones de campo y entrevistas en cuatro estados de India  – Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh y Rayastán–, seleccionados debido a la gran cantidad de casos de violación denunciados, así como en las ciudades de Nueva Delhi y Mumbai. El informe detalla 21 casos; 10 de ellos involucran a niñas menores de 18 años. Las conclusiones provienen de más de 65 entrevistas a víctimas, familiares, abogados, activistas de derechos humanos, médicos, expertos forenses y funcionarios del gobierno y la policía, así como de la investigación llevada a cabo por organizaciones en India.

Conforme a la ley india, los agentes de policía que no hagan el registro de una denuncia de agresión sexual enfrentan hasta dos años de prisión. Sin embargo, Human Rights Watch descubrió que la policía no siempre completa el “Primer Reporte de Información” (FIR, por sus siglas en inglés), el primer paso para iniciar una investigación policial, especialmente si la víctima pertenecía a una comunidad económica o socialmente marginada. En varios casos, la policía se resistió a presentar el FIR o presionó a la familia de la víctima para que “resolviera” el caso o “llegase a un acuerdo”, particularmente si el acusado pertenecía a una familia o comunidad poderosa.

La Ley de Derecho Penal (Enmienda) de 2013 amplió la definición de delitos sexuales para incluir el hostigamiento sexual, el voyerismo y el acoso. En cuatro casos de acoso sexual de niñas que Human Rights Watch documentó, hubo demoras por parte de la policía en la investigación de los crímenes y la presentación de cargos. Los padres dijeron que temían por la seguridad de sus hijas después de presentar las denuncias porque los acusados fueron fácilmente puestos en libertad bajo fianza, y luego recibieron amenazas.

"Mansi", de 13 años, fue violada por un hombre detrás de una estación de ferrocarril en Maharashtra en 2012. La menor informó del asalto sexual a la policía del ferrocarril, pero el abusador era terrateniente de una comunidad y con buena posición económica. En lugar de tomar medidas, la policía mantuvo a Mansi bajo custodia durante 12 días mientras trataban de lograr que se retractara de su denuncia.

© 2014 Smita Sharma

La falta de una ley de protección de testigos en India hace que las sobrevivientes y los testigos de violaciones sean vulnerables a la presión que socava los enjuiciamientos, dijo Human Rights Watch. Por ejemplo, los Khap Panchayats, consejos populares no oficiales de castas, a menudo presionan a los Dalit y a otras familias consideradas de “casta baja” para que no abran una causa penal o para cambiar su testimonio si el acusado proviene de una casta dominante.

La ley india exige que los médicos proporcionen primeros auxilios o tratamiento médico, de manera gratuita, a las mujeres y niñas que acudan a ellos y revelen haber sufrido una violación. El examen médico no sólo tiene un propósito terapéutico, sino que también ayuda a reunir pruebas forenses.

En 2014, el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar emitió directrices para la atención médico-legal para sobrevivientes de violencia sexual, con el objetivo de estandarizar el examen y el tratamiento de los profesionales de la salud para las sobrevivientes de agresión sexual. Las pautas proporcionan información médica y científica, además de procesos que ayudan a corregir los mitos dominantes. Rechaza el denominado “test de los dos dedos” limitando los exámenes vaginales internos a los “médicamente indicados”, así como el uso de hallazgos médicos para caracterizaciones no científicas y degradantes sobre si la víctima estaba “habituada al sexo”.

Sin embargo, dado que la atención médica es un asunto estatal bajo la estructura federal de India, los gobiernos estatales no están legalmente obligados a adoptar las directrices de 2014. Human Rights Watch descubrió que los profesionales médicos, incluso en los estados que han adoptado las pautas, a menudo no las siguen. Las reglas en otros estados a menudo están desactualizadas y carecen de los detalles y la sensibilidad de las directrices del gobierno central de 2014.

Incluso cuando las autoridades comienzan a estandarizar la recopilación de evidencia forense, los sistemas estatales de salud han fracasado en gran medida de cara a proporcionar atención terapéutica y asesoramiento a las sobrevivientes de violación. Esto incluye asesoramiento sobre el acceso a abortos seguros y pruebas para enfermedades de transmisión sexual.

Las víctimas de agresión sexual, particularmente las que provienen de comunidades pobres y marginadas, también carecen de asistencia legal efectiva, señaló Human Rights Watch. Una sentencia del Tribunal Supremo de 1994 establece que la policía debe proporcionar asistencia legal a las víctimas de agresión sexual y mantener una lista de opciones de asistencia legal, pero rara vez lo hacen. En ninguno de los 21 casos documentados por Human Rights Watch, la policía informó a la víctima de su derecho a asistencia legal u ofreció opciones de asistencia legal.

Algunos abogados defensores y jueces todavía usan un lenguaje en los tribunales que es sesgado y despectivo hacia las sobrevivientes de violencia sexual. “El intento de avergonzar a la víctima sigue prevaleciendo en los tribunales”, dijo Rebecca Mammen John, abogada penalista senior en Delhi.

Los gobiernos nacional y estatales han tomado varias iniciativas para apoyar a las víctimas de agresión sexual, pero sin un marco de monitoreo y evaluación, estas medias continúan siendo en gran medida inadecuadas o ineficaces, dijo Human Rights Watch. Por ejemplo, hay 524 “tribunales de vía rápida” en todo el país para juicios rápidos en casos relacionados con delitos contra mujeres y niños. Sin embargo, poco podrá lograrse a menos que se aborden otras cuestiones fundamentales, como la asistencia legal para ayudar a las víctimas a navegar el sistema.

Un fondo central de compensación a las víctimas creado en 2015 ordena que las víctimas de violación reciban un mínimo de 300.000 rupias (US$4.650), pero cada estado proporciona montos diferentes. El sistema es ineficiente y las sobrevivientes deben esperar mucho tiempo o no pueden acceder al plan. De los 21 casos documentados por Human Rights Watch, sólo tres sobrevivientes habían recibido una indemnización.

El programa One Stop Center, un lugar que brinda servicios integrados de asistencia policial, asesoramiento legal y servicios médicos y terapia, también sigue siendo ineficaz en la práctica. El gobierno informó que había establecido 151 centros en todo el país, pero la información anecdótica recopilada por Human Rights Watch y otros grupos encontró una falta de coordinación entre los diversos departamentos y ministerios pertinentes. También hay poca conciencia pública sobre estos centros.

“Denunciar una violación no debería contribuir a la pesadilla de la víctima”, señaló Ganguly. “Lleva tiempo cambiar las mentalidades, pero el gobierno debería garantizar la asistencia médica, terapia y apoyo legal a las víctimas y sus familias, y al mismo tiempo aumentar las iniciativas para sensibilizar a los agentes de policía, funcionarios judiciales y profesionales médicos sobre el manejo adecuado de casos de violencia sexual”.

Casos ilustrativos del informe

Barkha (seudónimo), Uttar Pradesh
La policía del distrito de Lalitpur, en el estado de Uttar Pradesh, se negó a aceptar la denuncia que quería poner Barkha por secuestro y violación contra tres hombres que la habían atacado a ella y a su marido el 30 de enero de 2016. Barkha dijo que dos hombres golpearon a su marido y se lo llevaron mientras el tercero, perteneciente a una casta dominante, la violó, abusó de ella usando insultos de casta y amenazó con matarla si acudía a la policía. Dijo que la policía era reacia a actuar porque el principal acusado es un líder local del partido político gobernante. Incluso después de una sentencia judicial, la policía tardó otros ocho meses en registrar el FIR. Mientras tanto, Barkha y su esposo tuvieron que huir de la aldea donde vivían y mudarse a cientos de millas de distancia tras recibir repetidas amenazas y hostigamiento por parte de los acusados y otros vecinos la localidad.

Kajal (seudónimo), Madhya Pradesh
Kajal, de 23 años, dijo que ella y su padre fueron detenidos, amenazados y golpeados después de presentar una denuncia por violación en grupo en el distrito de Neemuch, en Madhya Pradesh, el 14 de septiembre de 2015. Dijo que la policía detuvo a su padre y le dijo a ella que declarara ante el juez que había presentado una denuncia falsa de violación por orden de su padre. La policía también le hizo firmar varias páginas en blanco, la abofeteó y la golpeó con un palo. Dijo que la policía también amenazó con arrestar a su padre bajo cargos falsos si no firmaba una declaración de que su hija había presentado una denuncia falsa. Kajal dijo que por miedo ella hizo una declaración falsa a los tribunales. La policía archivó un informe de cierre en diciembre de 2015, que alegaba que Kajal y su padre presentaron un caso falso debido a una disputa sobre tierras con el acusado. Desde entonces, Kajal ha presentado una apelación describiendo la intimidación que sufrió. Sin embargo, el magistrado judicial principal rechazó el informe de cierre y ordenó que el oficial investigador compareciera ante el tribunal.

El esposo de Kajal y su familia la abandonaron después de que denunciara la violación. Ella volvió a vivir con sus padres. Kajal y sus padres se vieron obligados a mudarse a otro lugar tras recibir amenazas del acusado. Ella necesitaba apoyo médico y psicológico durante meses después de haber sido violada, pero el médico que la examinó no la refirió a ningún psicólogo para que recibiera terapia. Kajal dijo a Human Rights Watch:

Lo he perdido todo pero todos me culpan a mí. Ni siquiera salí de casa durante un mes después del incidente. Estaba cansada de escuchar las burlas de los vecinos. Dejé de comer, sólo estaba tumbada en casa como una loca. Sentí como si hubiera perdido la cabeza.

Kalpana (seudónimo), Haryana
Kalpana, de 30 años, una Dalit del distrito de Kaithal, en Haryana, se convirtió en testigo hostil ante el tribunal después de enfrentar amenazas y hostigamiento por parte de un Khap Panchayat, un consejo no oficial de castas de la aldea. Ella había denunciado haber sido violada en grupo por seis hombres de la comunidad dominante de Jat el 10 de marzo de 2015, en el distrito de Jind. El cuñado de Kalpana estaba con ella cuando la violaron, y lo golpearon. La policía, después de una investigación, presentó el 28 de marzo cargos contra los seis, incluyendo por violación en grupo, secuestro y abusos en virtud de las leyes de protección Dalit.

Sin embargo, con el juicio retrasado ya que la policía esperaba resultados forenses, la familia comenzó a ser acosada y amenazada por el Khap Panchayat. El abogado de Kalpana dijo que él también estaba bajo presión y que incluso le ofrecieron un soborno, el cual rechazó. Sin embargo, Kalpana alteró su testimonio en el tribunal así que todos los acusados fueron absueltos. Ella y su familia se fueron del pueblo.

El cuñado de Kalpana dijo: “Si quieres vivir en el pueblo, tienes que escuchar a los Khaps. Ellos [Kalpana y su familia] no tenían alternativa. Nadie puede luchar y ganar contra los Khaps”.