(Washington, DC, 13 de enero de 2022) – El progreso del gobierno del presidente Joe Biden en la protección de los derechos humanos en Estados Unidos ha sido lento, señaló hoy Human Rights Watch en su Informe Mundial 2022.
“El gobierno de Biden hizo algunos pronunciamientos de gran alcance sobre cuestiones clave como la equidad racial y de género, pero hasta ahora hay pocas pruebas de que las palabras se hayan traducido en un impacto real para las personas cuyos derechos han sido sistemática e históricamente ignorados o pisoteados”, señaló Nicole Austin-Hillery, directora ejecutiva del Programa de Estados Unidos de Human Rights Watch. “La población negra en Estados Unidos sigue sufriendo importantes disparidades económicas derivadas del racismo sistémico que tiene repercusiones a lo largo de generaciones, y las políticas fronterizas han destrozado el derecho a solicitar asilo mientras los funcionarios someten a los inmigrantes a un trato violento y abusivo”.
En la 32ª edición del Informe Mundial 2022, de 752 páginas, Human Rights Watch examina las prácticas de derechos humanos en casi 100 países. Su director ejecutivo, Kenneth Roth, cuestiona la idea convencional de que la autocracia está en auge. En un país tras otro, un gran número de personas han salido recientemente a las calles, incluso a riesgo de ser detenidas o heridas por disparos, lo que demuestra que el atractivo de la democracia sigue siendo fuerte. Mientras tanto, a los autócratas les resulta cada vez más difícil manipular las elecciones a su favor. Sin embargo, Roth afirma que los líderes democráticos deben desempeñar un mejor trabajo a la hora de hacer frente a los desafíos nacionales y globales; para asegurarse de que la democracia cumple con los beneficios prometidos.
Además de las políticas y acciones del poder ejecutivo para lograr la equidad racial y de género y proteger los derechos de las personas LGBT, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de EE.UU. votó a favor de trasladar la H.R. 40, un proyecto de ley para estudiar la concesión de reparaciones por la esclavitud, al pleno de la Cámara para su votación por primera vez en 32 años. Pero a finales de 2021 este paso histórico hacia la reparación del legado de la esclavitud se estancó en la Cámara.
Entre los fracasos en materia de derechos en la política interna de Estados Unidos vinculados al racismo sistémico, a pesar de algunas reducciones en las tasas de encarcelamiento de la población negra, esta sigue estando enormemente sobrerrepresentada en las cárceles y prisiones. Las personas de raza negra son asesinadas por la policía a una tasa per cápita que triplica la de la población blanca. Las personas negras siguen constituyendo casi el 42% de la población actual de los corredores de la muerte, a pesar de que solo representan el 12,4% de la población estadounidense.
Las comunidades negras, latinas e indígenas han sido desproporcionadamente perjudicadas por la pandemia de Covid-19, que ha profundizado las disparidades raciales existentes en materia de atención sanitaria, vivienda, acceso a agua potable y asequible, empleo, educación y acumulación de riqueza, señaló Human Rights Watch. La desigualdad económica sigue siendo alta y ha aumentado ligeramente en Estados Unidos, aunque la pobreza se redujo en gran medida debido al aumento de las prestaciones del gobierno. La brecha de riqueza entre las personas negras y blancas persiste.
El gobierno de Biden también mantiene en vigor la dañina política fronteriza del Título 42, bajo la cual puede expulsar rápidamente a solicitantes de asilo a condiciones inseguras en México o en sus países de origen basándose en argumentos engañosos de salud pública. En un ejemplo especialmente grave de esta política, los agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense a caballo amenazaron a personas de Haití que cruzaban la frontera en Del Río, Texas, en septiembre, y Estados Unidos procedió entonces a expulsar sumariamente a miles de haitianos a condiciones peligrosas en su país.
Human Rights Watch informó sobre otras pruebas de trato abusivo a personas solicitantes de asilo por parte de agentes fronterizos estadounidenses, descritas en documentos del Departamento de Seguridad Nacional obtenidos tras un litigio. Estos documentos catalogan más de 160 informes internos de abusos físicos y de otro tipo contra solicitantes de asilo, así como violaciones de sus derechos al debido proceso.
En su política exterior, el gobierno anunció su compromiso de “situar los derechos humanos en el centro de la política exterior estadounidense” y del multilateralismo. Estados Unidos buscó –y ganó— la elección al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y se reincorporó al Acuerdo Climático de París. Anuló la perjudicial Ley Mordaza sobre la financiación de la atención sanitaria a las mujeres, restableció la financiación del Fondo de Población de la ONU y reintrodujo la información sobre los derechos reproductivos en el informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado.
Sin embargo, entre los fracasos significativos en la protección y promoción de los derechos humanos se encuentra la continua venta de armas a gobiernos que violan los derechos humanos internacionales y el derecho humanitario, como Filipinas, Egipto y Arabia Saudí, y la no condena pública de los abusos de derechos por parte de los supuestos socios estratégicos de EE.UU.
El gobierno de Biden debería poner fin a la política abusiva e ilegal del Título 42 y adoptar medidas concretas e informar con firmeza sobre los progresos realizados en consonancia con sus declaraciones políticas sobre la equidad racial y de género. Los gobiernos estatales y locales de EE.UU. deberían poner fin a las actuaciones policiales abusivas contra la comunidad negra y otras personas de color y, en su lugar, invertir en las comunidades de forma que se aborde el racismo estructural. Las políticas estatales que amenazan el derecho al acceso al aborto y la libertad reproductiva deben terminar para proteger plenamente los derechos de las mujeres y las niñas.
“El gobierno de Estados Unidos debe tomar medidas audaces y concretas para proteger los derechos humanos de todas las personas en Estados Unidos –blancas y negras, ciudadanas y no ciudadanas (estadounidenses) por igual—, así como para promover los derechos humanos en todo el mundo a través de su política exterior”, señaló Austin-Hillery.
