Sin embargo, EE.UU. sigue sin cumplir sus compromisos en materia de derechos humanos, sobre todo en el ámbito de la justicia racial, tal y como se refleja en la incapacidad del país para acabar con el racismo sistémico vinculado a los legados de la esclavitud; las estructuras abusivas de encarcelamiento, aplicación de la ley de inmigración y control social que afectan a muchas minorías raciales y étnicas; así como la brecha de riqueza entre personas blancas y negras que persiste junto a un ligero incremento general de la desigualdad económica.
Justicia racial
Las comunidades negras, latinas y nativas americanas se han visto desproporcionadamente afectadas por los efectos negativos de la pandemia de Covid-19, que ha profundizado las injusticias raciales existentes en materia de atención sanitaria, vivienda, empleo, educación y acumulación de riqueza. Aunque la pobreza se redujo en general gracias a los cheques de estímulo y a las ayudas al desempleo, persistió la brecha de riqueza entre comunidades blancas y negras, que sigue tan profunda como en 1968.
En todo el país, las autoridades estatales y locales pusieron en marcha iniciativas de reparación para intentar resarcir los daños que se manifiestan en las actuales disparidades raciales y que están relacionadas con los legados de la esclavitud. En abril, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de EE.UU. votó a favor del proyecto de ley H.R. 40, la Ley de la Comisión para el Estudio y Desarrollo de Propuestas de Reparación para los Afroamericanos, que salió del subcomité y pasó a ser considerada por el pleno de la Cámara por primera vez en los 32 años de historia del proyecto.
En mayo, Human Rights Watch testificó junto a supervivientes y descendientes de la masacre racial de Tulsa de 1921 sobre la incapacidad de las autoridades municipales y estatales de Tulsa (Oklahoma) para ofrecer reparaciones integrales en vísperas del centenario de la masacre. Tras el centenario, en junio, el Ayuntamiento de Tulsa aprobó una resolución de disculpa, pero no abordó la culpabilidad documentada de la ciudad en la masacre ni proporcionó una reparación completa y efectiva.
Los incidentes de delitos de odio dirigidos a personas de ascendencia asiática y negra se dispararon significativamente en 2021 en comparación con los niveles de 2019.
Pobreza y desigualdad
La desigualdad económica sigue siendo alta y ha aumentado ligeramente en EE.UU., con disparidades de riqueza que incrementan más rápido que la desigualdad de ingresos. La riqueza total combinada de los multimillonarios estadounidenses aumentó de US$2,9 billones en marzo de 2020 a US$4,7 billones en julio de 2021. Según fuentes del gobierno estadounidense, la pobreza disminuyó y los indicadores de dificultades económicas mejoraron desde diciembre de 2020, principalmente gracias a las prestaciones del gobierno.
El Plan de Rescate Estadounidense, promulgado el 11 de marzo, que partía de los pagos directos anteriores del gobierno del ex presidente Donald Trump, incluyó pagos de US$1.400 para la mayoría de adultos en EE.UU. junto con otras ayudas para los hogares con dificultades. Las dificultades alimentarias entre adultos con menores también se redujeron después de que el gobierno federal comenzara a realizar pagos mensuales en el marco del Crédito Fiscal Infantil ampliado el 15 de julio, junto con una mejor asistencia alimentaria. Las moratorias de desalojo federales y estatales protegieron a millones de inquilinos durante la pandemia.
Aun así, los datos de la Oficina del Censo muestran que en septiembre de 2021 unos 19 millones de adultos vivían en hogares con insuficientes alimentos, 11,9 millones de adultos estaban atrasados en el pago del alquiler, y algunos de los avances de finales de marzo se habían estancado al reducirse las medidas de ayuda en las negociaciones legislativas. Los impactos de la pandemia y las consecuencias económicas han sido generalizados, pero siguen siendo especialmente frecuentes entre los adultos negros, latinos y otras personas de color.
Sistema legal penal
EE.UU. continúa registrando las tasas de encarcelamiento penal más altas del mundo, con casi 2 millones de personas recluidas en cárceles y prisiones estatales y federales en un día cualquiera, y millones más en libertad condicional y vigilada. A pesar de algunas reducciones en las tasas de encarcelamiento de la población negra, ésta sigue estando enormemente sobrerrepresentada en las cárceles y prisiones. Siguiendo una tendencia que comenzó en 2009, la población penitenciaria ha disminuido de forma constante, sin desmantelar sustancialmente el sistema de encarcelamiento masivo.
A menudo, las prisiones no han proporcionado suficiente protección contra la infección de Covid-19. Un tercio de todas las personas en las prisiones de Estados Unidos han contraído el virus y más de 2.700 murieron a causa de él. Muchas jurisdicciones redujeron el encarcelamiento en respuesta a la pandemia, pero las poblaciones detenidas empezaron a volver a sus cifras anteriores a la pandemia en 2021, incluso cuando los casos de la variante Delta seguían aumentando.
A pesar de los llamamientos generalizados a la reforma sistémica durante el verano de 2020, especialmente para reducir la excesiva dependencia de la policía y abordar los problemas sociales con la inversión en servicios de apoyo, pocas jurisdicciones implementaron medidas significativas. Algunas municipalidades se han esforzado por desplegar profesionales de la salud mental en lugar de la policía en las circunstancias apropiadas; algunas han financiado equipos de personas independientes que intervienen en casos de violencia. Sin embargo, los presupuestos policiales en general no se han visto reducidos. El Congreso no ha aprobado ni siquiera las débiles reformas propuestas en la Ley federal de Justicia Policial (Justice in Policing Act).
La mayoría de los departamentos de policía de EE.UU. se niegan a informar sobre el uso de la fuerza, lo que hace necesaria la recopilación y el análisis de datos no gubernamentales. Hasta el 3 de noviembre, la policía había matado a más de 900 personas en 2021, cifras similares a las de años anteriores. En términos per cápita, la policía mata a personas negras a un ritmo tres veces superior al de las personas blancas.
Menores en los sistemas de justicia penal y juvenil
A pesar del descenso en el número de menores encarcelados, las disparidades raciales y étnicas persisten. El Sentencing Project informa de que, en comparación con la población blanca, la probabilidad de ser encarcelados siendo menores de edad es cuatro veces mayor para los jóvenes negros, 1,3 veces mayor para la comunidad latina y tres veces mayor para menores de otros grupos tribales.
Casi dos de cada tres personas menores de 18 años a las que se les ordena un internamiento fueron colocadas en los centros más restrictivos.
Se está avanzando lentamente para poner fin a la sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional para las personas menores de edad. Según la Campaña para la Sentencia Justa de los Jóvenes, 30 estados no tienen a nadie cumpliendo esta sentencia o la han prohibido para los menores de 18 años.
Política de drogas
Las muertes por sobredosis de drogas alcanzaron la cifra más alta jamás registrada durante la pandemia de Covid-19 según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), más de 93.000 personas murieron en 2020 por una muerte por sobredosis de drogas, un aumento del 30% en comparación con 2019.
Estas muertes por sobredosis forman parte de un aumento de la mortalidad asociada al desempleo, la intoxicación por alcohol y el suicidio, circunstancias relacionadas con la inseguridad económica y los problemas de salud mental. Un estudio en el estado de Rhode Island encontró un incremento en las muertes por sobredosis entre personas que experimentan la pérdida de empleo y en subgrupos con diagnósticos de salud mental en 2020 durante la pandemia de Covid-19 en comparación con 2019.
Las leyes estadounidenses sobre drogas que priorizan la criminalización no abordan las causas fundamentales de las sobredosis y han tenido impactos devastadores en las comunidades negras y marrones. Este persistente enfoque en la criminalización en dichas leyes sigue siendo un obstáculo para los servicios de reducción de daños que salvan vidas en muchos estados, y siguen existiendo lagunas en el tratamiento accesible y asequible basado en la evidencia para los trastornos por uso de sustancias.
Derechos de ciudadanos extranjeros
A pesar de las promesas hechas durante la campaña presidencial, el gobierno de Biden mantuvo las políticas de la era Trump que negaban el acceso al asilo en las fronteras de Estados Unidos. En el momento de redactar este informe, la administración había llevado a cabo 753.038 expulsiones bajo el Título 42, una política ilegal para expulsar a las personas migrantes que llegan a las fronteras terrestres basándose en motivos de salud pública engañosos.
Las expulsiones en virtud del Título 42 discriminan a las personas migrantes que llegan a las fronteras terrestres –desproporcionadamente negras, indígenas y latinas, sobre todo de Centroamérica, África y Haití—, mientras que miles de otros viajeros pueden cruzar la frontera sin ningún tipo de control sanitario. Las expulsiones bajo el Título 42 ponen a los inmigrantes en peligro, ya que miles de ellos sufren secuestros, violaciones, agresiones, extorsiones y otros abusos cuando son expulsados a México. En septiembre, el gobierno pasó completamente por alto el derecho a solicitar asilo cuando agentes de inmigración a caballo utilizaron largas riendas como látigos para controlar y disuadir a un grupo de unos 15.000 migrantes haitianos, en su mayoría negros, en Del Río, Texas.
A lo largo de 2021, el gobierno de Biden envió una serie de vuelos de expulsión a Haití, exponiendo a aproximadamente 10.000 migrantes a condiciones que el gobierno estadounidense reconoce actualmente como demasiado peligrosas para el retorno seguro de haitianos ya presentes en Estados Unidos.
En octubre, Human Rights Watch informó sobre documentos del Departamento de Seguridad Nacional que catalogaban más de 160 informes internos de funcionarios fronterizos estadounidenses que abusaban físicamente o de otra manera de las personas solicitantes de asilo y las sometían a violaciones del debido proceso.
Antes de que un tribunal federal bloqueara la terminación por parte del gobierno de Biden de los Protocolos de Protección Migratoria de la era Trump, comúnmente conocidos como el programa “Quédate en México”, se había permitido la entrada a EE.UU. de unas 13.000 de las 70.000 personas devueltas a México para que pudieran tramitar sus solicitudes de asilo. La presión diplomática del gobierno sobre México, Guatemala, El Salvador y Honduras para que detuvieran los flujos migratorios dio lugar a graves abusos contra los migrantes debido a las políticas estadounidenses, pero lejos de las fronteras de EE.UU.
Después de que los niveles de detención alcanzaran mínimos históricos debido a las liberaciones motivadas por la pandemia de Covid-19, el gobierno de Biden aumentó drásticamente el número de personas detenidas por motivos migratorios y también aumentó el número de personas obligadas a utilizar monitores electrónicos, lo que facilita la vigilancia invasiva.
Según datos actualizados hasta agosto de 2021, EE.UU. decidió más de 18.000 casos de asilo en el año fiscal 2021 (que terminó el 30 de septiembre), de los cuales el 63 por ciento fueron denegados, el 36 por ciento fueron concedidos y el 1 por ciento recibieron un estatus legal diferente. A pesar de la decisión del gobierno de aumentar el límite a 62.500, solo se admitieron 11.445 refugiados en EE.UU. durante el año fiscal 2021.
Derechos humanos y la salud
El gobierno estadounidense no consiguió frenar la propagación del virus que causa el Covid-19 y, en septiembre de 2021, la pandemia se había convertido en la enfermedad infecciosa más mortífera de la historia del país, con 676.000 muertes, el 94% de las cuales fueron de personas mayores de 50 años y entre las que se encontraban al menos 3.600 profesionales sanitarios, la mayoría personas de color. El racismo estructural influyó en las experiencias de las personas durante la pandemia, ya que las comunidades negras y marrones tenían más probabilidades de sufrir enfermedades graves y morir a causa de Covid-19, así como de enfrentarse a obstáculos adicionales para recibir las vacunas. En abril, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades declararon el racismo como una grave amenaza para la salud pública.
En algunas zonas se cerraron las escuelas durante todo un año escolar, si no más, lo que afectó a casi 78 millones de estudiantes. Los estudiantes de color se vieron especialmente afectados, ya que suelen asistir a escuelas con menos recursos y tienen un acceso más limitado a Internet para la escolarización a distancia. Mientras tanto, los precios no regulados de los medicamentos en EE.UU. han contribuido a una crisis de asequibilidad de los medicamentos esenciales. Y a pesar de las sentencias judiciales positivas, las comunidades indígenas de EE.UU. siguen enfrentándose a importantes obstáculos para acceder a servicios sanitarios adecuados.
Derecho al voto
El país se enfrentó a acusaciones infundadas de fraude electoral masivo, a la supresión continua y a la privación del derecho al voto de los votantes de color, y a los esfuerzos por socavar los procedimientos electorales establecidos para garantizar que todas las personas con derecho a voto puedan votar fácilmente en las elecciones estadounidenses. Después de que en junio no se aprobara en el Senado de Estados Unidos una legislación integral sobre el derecho al voto, en septiembre se presentó un proyecto de ley de avenencia, la Ley de Libertad de Voto. También está pendiente la Ley para el Avance de los Derechos Electorales John Lewis, que pretende actualizar y restaurar la histórica Ley de Derecho al Voto de 1965.
Política sobre el cambio climático y sus repercusiones
Históricamente, Estados Unidos es, con diferencia, el país que más ha contribuido a la crisis climática que está cobrando un creciente número de víctimas en todo el mundo, y sigue siendo uno de los principales emisores mundiales.
El presidente Biden anunció que daría prioridad a la lucha contra el cambio climático y se adhirió nuevamente al Acuerdo de París en su primer día de mandato. Sin embargo, la meta de reducción de emisiones del país de su plan climático nacional no es suficiente para cumplir el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5°C por encima de los niveles preindustriales, según el Climate Action Tracker. Si los compromisos de todos los países estuvieran en el mismo rango, el calentamiento llegaría a algo menos de 2°C, con el riesgo de daños catastróficos para los derechos humanos. Además, aunque el gobierno de Biden ha tomado medidas importantes para reducir las emisiones, EE.UU. está lejos de alcanzar su objetivo.
Las olas de calor, los huracanes y otros fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el clima afectan de forma desproporcionada a las poblaciones marginadas de Estados Unidos. Las autoridades no han protegido adecuadamente a las poblaciones de riesgo –incluidas las embarazadas, las personas con discapacidades y las personas mayores— de esos efectos previsibles.
La salud y los derechos de las mujeres y las niñas
La falta de acceso al seguro médico y a la atención sanitaria contribuyó a que las tasas de mortalidad por cáncer materno y de cuello uterino fueran más altas que en países comparables, y las mujeres negras murieron en mayor proporción. El 28 de enero, el presidente Biden emitió un memorando presidencial sobre la protección de la salud de las mujeres, anulando las medidas del gobierno de Trump que creaban dificultades para que las mujeres pudieran hablar libremente con los médicos, acceder a los servicios de salud y obtener información sanitaria.
El 8 de marzo, Biden emitió una orden ejecutiva por la que se creaba el Consejo de Políticas de Género de la Casa Blanca, encargado de aumentar el acceso a la atención sanitaria integral, abordar las disparidades sanitarias y promover la salud y los derechos sexuales y reproductivos, entre otros objetivos. El 22 de octubre de 2021, emitió una estrategia nacional sobre equidad e igualdad de género.
Los estados siguen aprobando restricciones al aborto cada vez más extremas. Las leyes perjudiciales de la mayoría de los estados del país obligan a las jóvenes menores de 18 años a involucrar a uno de sus padres en su decisión de abortar, o a acudir a los tribunales para recibir una derivación judicial. Estas leyes pueden retrasar o impedir el acceso a la atención médica.
En septiembre, una nueva ley en Texas prohibió casi todos los abortos después de seis semanas de embarazo, antes de que la mayoría de las personas sepan que están embarazadas, sin excepción por violación o incesto. En el momento de redactar este informe, la ley seguía vigente después de que el Tribunal Supremo se negara a bloquearla en respuesta a una solicitud de urgencia; estaba pendiente una segunda impugnación ante el tribunal.
En el momento de redactar este informe, el Tribunal Supremo tenía previsto escuchar los argumentos orales en el caso Dobbs contra la Organización de Salud de la Mujer de Jackson, un caso relativo a una restricción del aborto en Misisipi que podría tener importantes implicaciones para el derecho al aborto en EE.UU. Se espera una decisión en 2022.
Mientras el acceso al aborto se hacía más restrictivo en algunos estados, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) autorizó en abril que la mifepristona, un fármaco utilizado en los abortos médicos, se recetara y administrara por correo mientras durara la pandemia.
Derechos de las personas con discapacidad
En 2021 continuó la violencia policial contra personas negras y latinas con discapacidad (especialmente personas con problemas de salud mental, pero no exclusivamente), en parte debido a la falta de servicios de apoyo comunitarios para las crisis de salud mental. Illinois y California aprobaron leyes para abordar esta creciente preocupación.
Derechos de las personas mayores
En septiembre, aproximadamente un tercio de las muertes por Covid-19 se produjeron en centros residenciales de larga duración. También hubo serias preocupaciones sobre el abuso y la desatención en los centros de personas mayores durante la pandemia. La escasez de personal, un problema de larga data, y la suspensión y límites a las visitas de los familiares, que a menudo asistían al personal en tareas básicas, posiblemente hayan contribuido a la desatención y al deterioro. En junio, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid desmantelaron una norma del gobierno de Trump que restringía las multas monetarias por ciertas violaciones en las residencias de ancianos. El Congreso consideró proyectos de ley para mejorar la rendición de cuentas de las residencias para la tercera edad, abordar el abuso de ancianos, ampliar los servicios basados en el hogar y la comunidad, y mejorar los salarios y prestaciones de los trabajadores de atención directa.
Orientación sexual e identidad de género
El gobierno de Biden tomó medidas rápidas para restaurar los derechos que habían sido limitados por la administración de Trump, instruyendo a las agencias federales a combatir la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género.
El gobierno también emitió un memorando para promover los derechos humanos de las personas LGBTI en la política exterior de EE.UU., y revirtió la prohibición militar discriminatoria para las personas transexuales.
Los legisladores de los estados de EE.UU. presentaron más de 110 proyectos de ley dirigidos a las personas transgénero, especialmente a los niños y niñas transgénero, amenazando su salud y sus derechos. Alabama, Arkansas, Florida, Misisipi, Montana, Tennessee, Texas y Virginia Occidental promulgaron leyes que prohibían a los niños y niñas trans participar en deportes acordes con su identidad de género. Arkansas y Tennessee promulgaron leyes que impiden a los niños y adolescentes obtener asistencia sanitaria de afirmación de género.
El Senado no aprobó la Ley de Igualdad, que prohibiría expresamente la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género en virtud de varias leyes federales de derechos civiles.
Seguridad nacional
El 6 de enero, alborotadores armados alentados por el entonces presidente Trump irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos en un intento de obstaculizar la certificación del recuento de votos de las elecciones presidenciales. Cinco personas murieron y más de 600 personas fueron acusadas por el ataque. Entre los alborotadores había supremacistas blancos y milicianos antigubernamentales, y demostraron que la extrema derecha sigue siendo una importante amenaza para la seguridad nacional.
El gobierno de Biden anunció que revisaría los marcos legales y políticos que rigen los ataques letales contra sospechosos de terrorismo en el extranjero, pero esa revisión no se ha hecho pública. El 29 de agosto, dos días después del atentado suicida en el aeropuerto de Kabul, reivindicado por el Estado Islámico de la Provincia de Jorasán (ISIS-K o ISKP), en el que murieron al menos 170 afganos y 13 militares estadounidenses, EE.UU. lanzó un ataque con aviones no tripulados contra un coche que, según afirmó, estaba lleno de explosivos y se dirigía al aeropuerto. El 17 de septiembre, el Departamento de Defensa admitió que el ataque había sido un “trágico error” y que había matado a 10 civiles, entre ellos siete niños. Tras una investigación, EE.UU. concluyó que no hubo “negligencia penal entre el personal militar” implicado en la operación. Estados Unidos anunció que proporcionaría “pagos de condolencia ex gratia” a las familias de las víctimas.
El presidente Biden se comprometió a poner fin a la detención en Guantánamo, pero EE.UU. solo liberó a un detenido en 2021. En el momento de redactar este informe, seguían detenidos 39 hombres: 10 estaban siendo procesados por una comisión militar y dos cumplían condena. Aunque en septiembre se reanudaron algunas audiencias previas al juicio ante las deficientes comisiones militares de Guantánamo tras amplios retrasos, no se espera que haya juicios hasta 2022, incluidos los de los cinco presuntos conspiradores del 11 de septiembre.
Política exterior
Al tomar posesión del cargo, el gobierno de Biden anunció que se comprometía a adoptar una política exterior “centrada en la defensa de la democracia y la protección de los derechos humanos”, así como a aumentar la cooperación multilateral. Estados Unidos fue reelegido para formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y se reincorporó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al Acuerdo Climático de París.
En abril de 2021, el presidente Biden levantó las sanciones contra altos cargos de la Corte Penal Internacional (CPI), pero se opuso a las investigaciones de la CPI que podrían incluir el escrutinio de la conducta de ciudadanos estadounidenses e israelíes. EE.UU. organizó una Cumbre para la Democracia destinada a impulsar los compromisos de los países invitados en materia de derechos humanos, lucha contra la corrupción y contra el autoritarismo.
El gobierno de Biden revocó la Política de Protección de la Vida en la Salud Global, también conocida como “Ley Mordaza Global”, que perjudicaba la salud y los derechos sexuales y reproductivos en todo el mundo. También se comprometió a restablecer la consideración de la salud y los derechos reproductivos en su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo.
Se nombró un enviado especial de EE.UU. para promover los derechos humanos de las personas LGBTQI+, un puesto que llevaba vacante desde 2017. El secretario de Estado Antony Blinken rechazó las conclusiones de la Comisión de Derechos Inalienables del Departamento de Estado -una iniciativa del gobierno de Trump que aboga por un enfoque jerárquico de los derechos humanos- señalando que los derechos humanos son “interdependientes” y no pueden clasificarse.
Aunque el gobierno de Biden adoptó la determinación del gobierno de Trump de genocidio y crímenes contra la humanidad a manos del gobierno de China por su trato a los uigures, no anunció una determinación legal sobre los abusos militares contra los rohingya en Myanmar o sobre los abusos cometidos en la región etíope de Tigray. Estados Unidos instó al Consejo de Seguridad de la ONU a debatir las crisis humanitarias y de derechos en Myanmar y Tigray, pero en el momento de redactarse este informe no había pedido al Consejo que impusiera un embargo de armas o sanciones individuales de la ONU contra los responsables de los abusos.
Estados Unidos procuró la imposición de sanciones por una serie de violaciones de derechos humanos. En respuesta al uso de los trabajos forzados y otros abusos de los uigures en Xinjiang por parte de China, el gobierno de Biden emitió un aviso en el que advertía que las empresas estadounidenses que realizaban negocios en la región corrían un “alto riesgo de violar la ley estadounidense”. La administración impuso castigos a funcionarios y empresas chinas y hongkonesas por la represión de la democracia en Hong Kong. En cuanto a Myanmar, la administración impuso sanciones a la junta tras el golpe de Estado de febrero. Estados Unidos adoptó medidas similares contra Belarús, Cuba y Nicaragua en respuesta a un gobierno cada vez más autoritario y a las violaciones de derechos. El presidente Biden también emitió una orden ejecutiva que permitía la imposición de sanciones por parte de EE.UU. a personas que cometieran abusos en el conflicto de Etiopía y puso fin al estatus comercial de Etiopía en virtud de la Ley de Crecimiento y Oportunidad Africanos (AGOA) debido a las violaciones de los derechos humanos.
El gobierno de Biden no impuso ningún castigo contta el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman tras la publicación de un informe de los servicios de inteligencia estadounidenses que concluía que había aprobado el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018.
En julio, el presidente Biden puso en marcha una estrategia estadounidense para abordar las causas profundas de la migración en Centroamérica, incluida la promoción del respeto por los derechos humanos. El impacto de esta estrategia ha sido limitado.
El presidente Biden anunció la retirada total de las tropas estadounidenses de Afganistán sin garantizar que los afganos aceptados en el programa de visados especiales para inmigrantes y otras personas en peligro fueran evacuados y reasentados. El 15 de agosto, los talibanes completaron una rápida toma de posesión de Afganistán y del gobierno respaldado por Estados Unidos, creando condiciones caóticas y peligrosas para los afganos que temen las represalias de los talibanes. Estados Unidos evacuó a más de 60.000 afganos, muchos de los cuales habían trabajado directamente con el gobierno u organizaciones estadounidenses, pero miles de defensores de derechos humanos, periodistas y otras personas que se quedaron atrás siguieron corriendo peligro. La situación legal en el extranjero de muchos otros afganos evacuados seguía sin estar clara. Estados Unidos también evacuó a miles de afganos que habían trabajado para las fuerzas de asalto respaldadas por la CIA, incluidos algunos acusados de ejecuciones sumarias y otros abusos.
El gobierno de Biden siguió vendiendo armas y prestando asistencia en materia de seguridad a países con un pobre historial de derechos humanos. Aunque EE.UU. se comprometió a poner fin a la venta de armas ofensivas a Arabia Saudí y a los Emiratos Árabes Unidos debido a su papel en la guerra de Yemen, siguió haciendo tratos de armas con ambos gobiernos. El gobierno de Biden autorizó más de US$2.500 millones en ventas de armas a Filipinas y solicitó US$1.300 millones en ayuda a la seguridad de Egipto, a pesar del deterioro de los derechos humanos en ambos países. El presidente Biden también eludió la legislación del Congreso que exige que los US$300 millones de ayuda a la seguridad de EE.UU. para Egipto estén condicionados a los derechos humanos, reteniendo solo US$130 millones a pesar de los continuos abusos.
Estados Unidos financió US$735 millones adicionales en ventas de armas a Israel por encima del compromiso anual de US$3.800 millones, incluso cuando las fuerzas israelíes utilizaron armas de fabricación estadounidense en los ataques aéreos de mayo en Gaza que violaron las leyes de la guerra y aparentemente constituirían crímenes de guerra.
El gobierno de Biden declaró su voluntad de volver a cumplir el Plan de Acción Integral Conjunto de 2015 si Irán hace lo mismo. En el momento de redactar este informe, Estados Unidos e Irán habían acordado reanudar las conversaciones multilaterales a finales de noviembre. Hasta el momento siguen vigentes las amplias sanciones estadounidenses contra Irán.