(Nueva York, 29 de abril de 2020) – Los funcionarios de Estados Unidos deben abordar con rapidez la crisis exponencial de COVID-19 que está ocurriendo en los centros de detención y cárceles estadounidenses, y cumplir los estándares mínimos sobre distanciamiento social, limpieza y atención, señaló Human Rights Watch en un informe presentado hoy.
El informe de 19 páginas, “Evitar una catástrofe inminente: Recomendaciones a funcionarios locales, estatales y federales de EE. UU. sobre COVID-19 en centros de detención y cárceles” [Averting an Imminent Catastrophe: Recommendations to US Local, State, and Federal Officials on Covid-19 in Jails and Prisons], propone una serie de estándares sobre derechos humanos y formula recomendaciones orientadas a prevenir el contagio generalizado, graves afecciones y la pérdida masiva de vidas entre las personas encarceladas, personal penitenciario y la comunidad en general.
“Las condiciones de hacinamiento antihigiénicas favorecen la propagación rápida de la COVID-19, que para muchos puede significar una sentencia de muerte”, manifestó John Raphling, investigador sénior sobre el sistema penal estadounidense de Human Rights Watch y autor del informe. “Sin embargo, hay medidas básicas que los funcionarios pueden tomar para que las personas no mueran, principalmente reducir la cantidad de personas que están en las cárceles y centros de detención del país."
Todas las cárceles y los centros de detención estadounidenses deben posibilitar que los internos cumplan el distanciamiento social, conforme a las pautas establecidas para la población general, sin recurrir a condiciones punitivas que se asemejan al régimen de aislamiento, expresó Human Rights Watch. Los funcionarios gubernamentales también deberían cerciorarse de que todas las personas que están en cárceles o centros de detención tengan acceso a una atención médica adecuada.
Hay muchas señales que alertan sobre una catástrofe inminente en las cárceles y centros de detención de EE. UU. Hasta el 23 de abril de 2020, 373 personas detenidas en el establecimiento de Rikers Island en la Ciudad de Nueva York dieron positivo en la prueba de COVID-19, una proporción casi seis veces mayor a la del resto de la ciudad. Más de 800 trabajadores penitenciarios también tuvieron resultado positivo en la prueba de detección. En Chicago, en el centro de detención de Cook County había más de 500 casos confirmados entre personas detenidas y personal. Esa institución registraba la mayor concentración de esta enfermedad a principios de abril, con al menos 6 muertes como resultado. La Oficina de Prisiones informó más de 1300 casos confirmados y 30 fallecimientos de personas encarceladas en establecimientos federales hasta el 28 de abril.
En respuesta a la crisis de COVID-19, algunos funcionarios han liberado a personas de establecimientos penitenciarios y de detención. Sin embargo, no resulta claro que el número de personas liberadas permita que quienes siguen en los establecimientos permanezcan seguros. A fin de asegurar una protección más efectiva de las personas en cárceles y centros de detención, incluido el personal de esos centros, Human Rights Watch propone que se observe el siguiente estándar mínimo:
Reducir la población en cárceles y centros de detención hasta el punto que, como mínimo: (1) todas las personas en esos establecimientos puedan cumplir con las medidas de distanciamiento social conforme a las pautas estándar que las autoridades han transmitido a la población general (actualmente, una distancia de seis pies o mayor en todas las direcciones y en todo momento), sin recurrir a condiciones punitivas que se asemejen al régimen de aislamiento; y (2) el establecimiento cuente con suficiente espacio disponible para poner a todas las personas que están enfermas o los contactos directos de quienes están enfermos en aislamiento no punitivo o cuarentena con acceso a atención médica adecuada.
Asimismo, los funcionarios deben cerciorarse de que se realice un seguimiento médico de todas las personas en cárceles y centros de detención, que haya protocolos adecuados sobre limpieza e higiene, que se establezcan sistemas de control eficaces para impedir que ingresen infecciones en los establecimientos y que se brinde apoyo a las personas que son liberadas en la comunidad.
Los funcionarios públicos, incluidas las dependencias policiales, fiscales, jueces, administradores penitenciarios, gobernadores y autoridades federales, deben tomar medidas para lograr las reducciones necesarias en las poblaciones de cárceles y centros de detención, destacó Human Rights Watch. Las recomendaciones incluyen:
- Liberación anticipada de personas que están próximas a cumplir la pena.
- Liberación de personas encarceladas por violaciones técnicas de la libertad vigilada/condicional.
- Liberación de niños y niñas, personas mayores y otras personas vulnerables desde el punto de vista médico que están encarcelados, y de personas que deben ocuparse de cuidar a personas vulnerables.
- Liberación de personas en prisión preventiva, a menos que representen un riesgo grave y conocido de causar daño a terceros.
- Abstenerse de disponer la detención preventiva cuando no medie un peligro inminente, incluso en casos en los que medie orden de detención.
“La propagación de la COVID-19 en las cárceles y centros de detención de EE.UU. se está convirtiendo rápidamente en una catástrofe de salud pública”, señaló Raphling. “Los funcionarios en todos los niveles del gobierno tienen la facultad de reducir ese daño. Si no actúan con rapidez y determinación, podrían morir muchas personas."
