(Washington, DC) – Las autoridades en Estados Unidos deberían tomar todas las medidas necesarias para proteger de la infección por el coronavirus a las personas que están en cárceles, prisiones y centros de detención de inmigrantes, dijo hoy Human Rights Watch. Las autoridades deberían considerar la liberación supervisada y otras alternativas no privativas de la libertad para las personas detenidas que corran un alto riesgo de sufrir consecuencias graves por el COVID-19.
El COVID-19, al igual que otras enfermedades infecciosas, presenta un riesgo particularmente grave para las poblaciones que viven en estrecha proximidad, como en hogares de ancianos, cuarteles militares, residencias universitarias, prisiones, cárceles y centros de detención de inmigrantes. Las personas en las prisiones, cárceles y centros de detención de inmigrantes no pueden salir libremente. Se encuentran en instituciones que a menudo, según se ha podido comprobar, brindan atención médica inadecuada incluso en circunstancias normales. Por ejemplo, una atención médica en condiciones severamente inadecuadas contribuyó a la muerte reciente de inmigrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Las poblaciones de centros penitenciarios, cárceles y centros de detención a menudo también incluyen a personas con problemas de salud crónicas graves, lo que los hace más vulnerables al COVID-19.
“Durante una crisis, la sociedad a menudo olvida a las personas que se encuentra entre rejas, pero proteger su salud es crucial para proteger la salud pública en general”, dijo Nicole Austin-Hillery, directora ejecutiva del Programa de Estados Unidos de Human Rights Watch. “La protección de las personas bajo custodia también protege al personal y los visitantes de las instalaciones que cada día regresan a sus comunidades”.
Las prisiones, las cárceles y los centros de detención de inmigrantes deberían considerar reducir sus poblaciones a través de la liberación supervisada u otras medidas para las personas con alto riesgo de sufrir graves consecuencias del virus, como las personas mayores y las que padecen problemas de salud subyacentes. Muchas personas encarceladas en EE.UU. no han sido condenadas por un delito, sino que están encerradas simplemente porque no pueden pagar la fianza fijada en su caso. Los hombres y mujeres de edad avanzada son el grupo de más rápido crecimiento en las cárceles de EE.UU., debido a penas de larga duración, y los funcionarios de prisiones ya tienen dificultades para brindarles una atención médica adecuada.
El número de personas en centros de detención de inmigrantes en EE.UU. se ha disparado de una población diaria promedio de 20.000 personas en 2003 a más de 50.000 en 2019, no porque haya más personas que violan las leyes de inmigración de EE. UU. sino debido a los cambios en las políticas migratorias. Por ejemplo, bajo el gobierno de Trump, ha habido una disminución severa en el número de personas a las que se les ha otorgado la libertad condicional o liberación después de pasar el primer paso del proceso de solicitud de asilo. El gobierno también puso fin a las políticas que limitan la detención de las poblaciones que enfrentan mayores riesgos de salud, como las mujeres embarazadas.
“Con una población más reducida, las prisiones, las cárceles y los centros de detención pueden ayudar a impedir que las enfermedades se propaguen tan rápidamente al permitir que las personas mantengan una mayor distancia social”, dijo Marc Stern, un experto en salud penitenciaria y ex director de servicios de salud del Departamento de Correcciones del Estado de Washington a Human Rights Watch. “Si el personal no puede venir a trabajar porque está infectado, una población más pequeña representará un menor riesgo de seguridad para el resto del personal”.
Las prisiones, las cárceles y los centros de detención de inmigrantes también deberían tomar medidas para garantizar que existe una coordinación adecuada con los departamentos de salud pública y una comunicación abierta con el personal y las personas detenidas. También deberían evaluar y hacer pruebas para detectar el COVID-19 de acuerdo con las recomendaciones más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y las autoridades de salud locales, así como proporcionar capacitación y suministros de higiene adecuados. Deberían crear planes para alojar a personas expuestas o infectadas con el virus. Cualquier plan de cierre o aislamiento debería tener un alcance y una duración limitados en función de los mejores datos científicos disponibles, y no deberían parecer punitivos, ya que el miedo a ser bloqueado o aislado podría hacer que las personas evitasen o retrasasen comunicar al personal médico que experimentan síntomas de infección.
“Todos los gobiernos, incluido el de Estados Unidos, tienen la obligación de proteger los derechos de las personas privadas de libertad, incluido el derecho a la salud, especialmente cuando la custodia agrava los riesgos que enfrentan”, dijo Austin-Hillery. “Los funcionarios en EE.UU. deberían tomar medidas inmediatas para evitar la transmisión del coronavirus y considerar la posibilidad de encontrar alternativas de custodia para aquellas personas que, en caso de infectarse, están en alto riesgo”.
