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EE. UU. debe investigar el programa “Permanecer en México” 

Seguridad Nacional devuelve a sabiendas a solicitantes de asilo a contextos de peligro

(Washington, DC) – El gobierno de Estados Unidos debería iniciar una investigación interna sobre el programa “Permanecer en México” de la administración Trump, señaló hoy Human Rights Watch tras haber presentado una queja formal al Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS). El departamento debe responder por no haber protegido a los solicitantes de asilo en el marco del programa de Protocolos de Protección de Migrantes (PPM) contra las acciones sistemáticas de las que son blanco en el estado mexicano de Tamaulipas.

La queja se presentó ante la Oficina del Inspector General y la Oficina de Derechos y Libertades Civiles del DHS. Ambos organismos velan por que el departamento cumpla con lo establecido en la ley y en sus propias políticas.

“En el contexto del programa de ‘Permanecer en México’, el Departamento de Seguridad Nacional ha enviado, con conocimiento de la situación, a decenas de miles de solicitantes de asilo vulnerables al otro lado de la frontera, donde desde hace mucho tiempo hay organizaciones delictivas que victimizan a los migrantes”, explicó Ariana Sawyer, investigadora sobre la frontera estadounidense de Human Rights Watch. “El inspector general del DHS debe investigar y actuar en consecuencia, dado que el Departamento de Seguridad Nacional ha avasallado el derecho federal e internacional al enviar de regreso a los solicitantes de asilo a contextos donde sufren daños”.

Conforme al programa PPM –conocido como “Permanecer en México”–, se envía a solicitantes de asilo en Estados Unidos que no son ciudadanos mexicanos a ciudades en México, mientras esperan que se celebren audiencias de asilo en los tribunales inmigratorios estadounidenses. El programa ha tenido graves consecuencias en términos de derechos para los solicitantes de asilo retornados. Human Rights Watch ha instado en reiteradas ocasiones al gobierno de EE. UU. a actuar de inmediato para poner fin al programa, cesar el retorno de solicitantes de asilo a México y, en vez de esto, asegurar que puedan acceder a la asistencia humanitaria, a seguridad y a garantías de debido proceso en los procedimientos judiciales migratorios.

Las organizaciones delictivas que tienen como práctica habitual secuestrar a migrantes dan por hecho que la mayoría de los solicitantes de asilo en el programa PPM tienen familiares estadounidenses, a quienes pueden extorsionar para obtener miles de dólares. El programa ha generado un auge de las situaciones de explotación, que ha convertido en bienes de cambio a los solicitantes de asilo regresados que tienen familiares en Estados Unidos y ha generado enormes ingresos para los cárteles. Un solicitante de asilo que fue secuestrado contó que uno de sus captores le dijo que el cartel había estando reclutando a nuevos miembros. “Desde que Estados Unidos deporta a tantas personas por aquí, las estamos capturando y eso ha significado más trabajo”, le contó su captor. “Estamos saturados”.

La pandemia de Covid-19 ha agravado los peligros para estos solicitantes de asilo, que se ven obligados a esperar en campamentos y albergues atestados mientras se demoran sus audiencias, con acceso limitado a instalaciones sanitarias precarias, en las cuales es imposible cumplir las pautas de distanciamiento social.

Los solicitantes de asilo expulsados al estado mexicano de Tamaulipas en el marco del programa son blanco sistemático de acciones violentas que ponen en riesgo su vida, como secuestros, extorsión y agresiones sexuales, apuntó Human Rights Watch. Esto era previsible, si se consideran los antecedentes ampliamente documentados  de persecución de migrantes en esa región por parte de organizaciones delictivas y agentes de seguridad pública mexicanos, así como las alertas de viaje que emite desde hace mucho tiempo el Departamento de Estado con respecto a la situación de “criminalidad y secuestros” que ocurren con impunidad casi absoluta en ese estado.

Tan solo en Tamaulipas, Human Rights Watch identificó:

  • Al menos 32 casos de secuestro o intento de secuestro de solicitantes de asilo en el programa PPM —en su mayoría perpetrados por organizaciones delictivas— entre noviembre de 2019 y enero de 2020.
  • Estos casos afectaron al menos a 80 solicitantes de asilo secuestrados; y otros 19 refirieron intentos de secuestro.
  • Entre estos, al menos 38 niños fueron secuestrados o fueron blanco de intentos de secuestro.
  • Señalamientos realizados por cuatro mujeres sobre agresiones sexuales durante secuestros.
  • Cinco incidentes breves de secuestro y extorsión por policías mexicanos, una práctica que se conoce como “secuestro exprés”.

Una mujer indicó haber sido agredida sexualmente frente a su hijo luego de ser secuestrada por segunda vez, y otra mujer informó que tuvo un aborto espontáneo tras recibir un puñetazo en el estómago durante un robo. En muchos incidentes, las víctimas indicaron que la policía mexicana ignoró señalamientos de violencia o que sus propios agentes estuvieron implicados en los delitos.  

Es fácil identificar a los solicitantes de asilo incluidos en el programa PPM que están en México. Suelen tener un aspecto foráneo, hablan con acento marcado o directamente no hablan español. Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza envían siempre a estas personas a México sin cordones en los zapatos (se los quitan supuestamente para evitar que se lastimen mientras están detenidas) y les dan carpetas plásticas que contienen la notificación para presentarse en la justicia. Esto hace que, para la criminalidad, sea más fácil identificarlos.

Los solicitantes de asilo ofrecieron a Human Rights Watch descripciones similares de secuestros en terminales de autobuses, taxis e incluso afuera de dependencias migratorias mexicanas cerca de los puertos de ingreso estadounidenses. Afirmó que los secuestradores mencionaron el hecho de que eran “migrantes”, “refugiados” o “extranjeros”, y que los llamaban por su lugar de origen o les preguntaban de dónde venían.

En estos operativos armados, les quitaban rápidamente a las víctimas los teléfonos celulares y las llevaban a escondites donde a menudo había también otros solicitantes de asilo secuestrados. Según contaron, el procedimiento al llegar era estandarizado: los secuestradores les tomaban fotografías, controlaban los documentos de identidad y judiciales que tenían, y cargaban los datos de identificación en una computadora portátil. A continuación, las organizaciones delictivas fijaban un monto de extorsión (de entre $ 2.000 y más de $ 20.000 por persona) y luego buscaban en los contactos telefónicos de los solicitantes de asilo números en Estados Unidos a los cuales llamar.

Un solicitante de asilo procedente de El Salvador que viajaba con su esposa y un hijo pequeño dijo a un agente del DHS que había sido golpeado a puñetazos “varias veces” mientras estuvo secuestrado para pedir rescate. “Dos veces cada vez que hablaba por teléfono con mi suegra para pedirle el dinero. Me golpeaban para hacerme gritar y convencerla de que enviara el dinero”, según consta en las notas de entrevista tomadas por un abogado.  

“Los migrantes que huyen de situaciones de persecución tienen derecho a presentar de manera segura sus casos de asilo estadounidenses desde dentro de Estados Unidos”, explicó Sawyer. “El Departamento de Seguridad Nacional debe cesar de inmediato el envío de solicitantes de asilo al estado de Tamaulipas y terminar con el programa de ‘Permanecer en México’”.

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