(Washington, DC) – El programa Protocolos de Protección de Migrantes (Migrant Protection Protocols, MPP), más conocido como “Permanecer en México” (Remain in Mexico), está provocando que los solicitantes de asilo deban permanecer en campamentos y refugios antihigiénicos en ciudades fronterizas mexicanas donde corren un enorme riesgo de contraer el virus COVID-19, dijo hoy Human Rights Watch. Además, el 20 de marzo de 2020 Estados Unidos anunció nuevas restricciones de desplazamiento que permiten a los agentes fronterizos del país negar la entrada a personas que anteriormente podrían haber estado alguno de los centros de detención fronterizos en EE.UU., incluidos niños no acompañados y otros solicitantes de asilo, y que tratan de cruzar la frontera.
El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) debería cesar de inmediato el programa MPP y revertir las nuevas restricciones de desplazamiento, dijo Human Rights Watch. Los solicitantes de asilo retirados del programa MPP no deberían ser detenidos, sino puestos en libertad condicional en EE.UU., en cuarentena u otras medidas necesarias para proteger la salud pública. Cualquier política que cierre la frontera a los solicitantes de asilo supondría una violación de las obligaciones de los derechos estadounidenses e internacionales.
“El gobierno de EE.UU. está obligando a las personas que están en proceso de solicitar asilo, niños incluidos, a vivir en condiciones antihigiénicas que aumentan innecesariamente su riesgo de contraer el coronavirus”, dijo Ariana Sawyer, investigadora del Programa sobre EE.UU. de Human Rights Watch. “EE.UU. tiene la obligación bajo el derecho internacional de no obligar a las personas a arriesgar su derecho a la vida para ejercer su derecho a solicitar asilo”.
Según el programa MPP, los solicitantes de asilo no mexicanos en EE.UU. son enviados de regreso a ciudades de México mientras esperan una audiencia de asilo en los tribunales de inmigración de EE.UU., donde a menudo deben comparecer en audiencias grupales masivas. Los abogados, jueces y fiscales de inmigración han pedido al Departamento de Justicia que suspenda las audiencias en los tribunales de inmigración para proteger la salud pública. Desde entonces, los tribunales de inmigración han anunciado que todas las audiencias del MPP programadas hasta el 1 de mayo serán aplazadas, lo que dejará abandonados en México a los solicitantes de asilo en el programa.
Human Rights Watch descubrió que los campamentos y refugios a lo largo de la frontera a menudo están superpoblados, por lo que las personas que viven en contacto cercano se ven obligadas a compartir instalaciones sanitarias muy rudimentarias y limitadas. También a menudo carecen de agua corriente limpia suficiente para seguir las recomendaciones básicas de higiene presentadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), otras entidades de salud pública y expertos en derechos humanos.
La relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada, Leilani Farha, expresó recientemente su profunda preocupación por los habitantes de asentamientos informales y refugios de emergencia. “La vivienda se ha convertido en la defensa de primera línea contra el coronavirus. Nunca antes había sido la vivienda una situación más de vida o muerte que ahora”.
El Departamento de Seguridad Nacional debería garantizar que los solicitantes de asilo actualmente sujetos al programa MPP sean rápidamente puestos en libertad condicional en EE.UU., en un lugar donde primero puedan ser sometidos a exámenes de salud pública y a una cuarentena adecuada según lo justifiquen las normas de salud pública. Luego debería permitírseles una reunificación segura con los miembros de su familia y acceso a las redes de apoyo existentes, siguiendo las pautas gubernamentales de “refugio en el lugar” aplicables a la población en general. Se les podría exigir que mantengan “chequeos de verificación” como parte de su libertad condicional para garantizar su comparecencia en los procedimientos de inmigración, reconociendo que las preocupaciones de salud pública puedan dictar que tales interacciones se lleven a cabo de manera que se minimice el contacto físico.
A partir de información defectuosa proporcionada por el DHS, el director de los CDC, Robert Redfield, afirmó erróneamente que era necesaria la prohibición de asilo y que se negara la entrada a los inmigrantes porque los agentes fronterizos la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE.UU. no podían valorar y liberar razonablemente a las personas en los ya de por si abarrotados puntos de entrada o en las estaciones de control fronterizo. Redfield alegó que “muchos de los extranjeros cubiertos por esta orden pueden carecer de hogares u otros lugares en EE. UU. donde poder aislarse, y los CDC carecen de los recursos y el personal necesarios para monitorear eficazmente un número tan grande de personas”.
Sin embargo, un estudio reciente muestra que el 91.9 por ciento de los solicitantes de asilo tienen familiares o amigos cercanos en EE.UU. Para aquellos solicitantes de asilo que no tuvieran familiares o amigos con una dirección conocida que deseen o puedan albergarlos, el gobierno federal debería proporcionarles alojamientos seguros y decentes donde refugiarse hasta que sus solicitudes y estatus inmigratorio finalmente sean resueltos, o hasta que se levanten los avisos de salud pública.
Muchas de las personas que esperan sus audiencias en los tribunales de inmigración de EE.UU. carecen de hogar en México y tienen poco acceso a la atención médica. Por ejemplo, Human Rights Watch descubrió que en Matamoros, México alrededor de 2.500 solicitantes de asilo viven en condiciones hacinadas en tiendas de campaña, con hasta cinco personas por carpa y apenas unas cuantas duchas al aire libre y baños portátiles, que en ocasiones, en estas zonas, justo al otro lado del puerto de entrada de EE.UU., abundan desechos humanos.
Un brote de COVID-19 en tales condiciones se propagaría rápidamente y podría tener consecuencias letales.
Bajo las nuevas restricciones de desplazamiento, los solicitantes de asilo no reciben las protecciones legales diseñadas para garantizar que no regresan a una amenaza de persecución; los agentes de la CBP han sido facultados para “expulsar por la vía rápida” a México o su país de origen a los inmigrantes que se encuentran entre los puertos de entrada, incluidos los niños no acompañados. Human Rights Watch ha presenciado y documentado previamente cómo agentes de la CBP “devolvían” ilegalmente a inmigrantes que ejercían su derecho a solicitar asilo, incluidos niños no acompañados, y ha descubierto que los agentes no remitían aquellos casos que expresaban temor creíble a entrevistas con oficiales de asilo, y en su lugar, los deportaba rápidamente a posibles amenazas y peligros. Conceder a los agentes de la CBP un poder aún mayor para resolver de manera unilateral y sumaria las solicitudes bajo las restricciones de desplazamiento, muy probablemente correrá el riesgo de un aumento en el número de devoluciones injustas de personas que podrían calificar al estatus de refugiados.
Incluso en situaciones de emergencia, los gobiernos siguen estando obligados a proteger a los refugiados del retorno a una amenaza de persecución, exposición a condiciones inhumanas y degradantes, o amenazas contra la vida y la seguridad física. Los trabajadores sanitarios han dicho que un brote de COVID-19 en campamentos y refugios es inevitable, lo que significa que los solicitantes de asilo enfrentan un riesgo real de contraer una enfermedad potencialmente letal.
Poner a los solicitantes de asilo en libertad condicional en EE. UU. respetaría el derecho de las personas a solicitar asilo sin obligarlas a elegir entre buscar protección contra daños graves en sus países de origen o estar expuestos a condiciones potencialmente mortales en México. Las medidas de cuarentena racionales basadas en la evidencia para proteger la salud pública no están en conflicto con el derecho a solicitar asilo, pero sí, rechazar a los solicitantes de asilo en las fronteras y obligarlos a enfrentar amenazas contra sus vidas.
La regla propuesta por la DHS que acompaña a las nuevas restricciones de desplazamiento que describe los desplazamientos “esenciales” y “no esenciales” en la frontera entre EE.UU. y México no tiene en cuenta el recorrido de los refugiados que huyen de la persecución. Tal desplazamiento es por principio el más esencial, ya que puede significar la diferencia entre la vida o la muerte.
Las personas con ciertas discapacidades y condiciones de salud crónicas están particularmente en riesgo de contraer el COVID-19, y los agentes fronterizos han continuado enviando a personas con discapacidad y condiciones de salud crónicas a México bajo el programa MPP. Human Rights Watch descubrió que México no ha identificado adecuadamente ni brindado el apoyo necesario a esas personas, incluido el acceso a la atención médica. Los solicitantes de asilo con afecciones de salud subyacentes corren un alto riesgo de enfermedad por una infección por COVID-19.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza también ha devuelto a varias mujeres embarazadas, otro grupo de alto riesgo, a México bajo el programa. Los solicitantes de asilo de edad avanzada con afecciones de salud subyacentes también se ven afectados de manera desproporcionada.
Las audiencias bajo el MPP no se han llevado a cabo de conformidad con las normas de salud pública. Después de que el gobierno de EE.UU. cerrara, en respuesta a la pandemia de COVID-19, las audiencias masivas en los tribunales de inmigración en todo el país para los inmigrantes que no están detenidos, continuaron algunas audiencias para solicitantes de asilo en el programa MPP, junto con las de los inmigrantes detenidos. Esas audiencias se llevan a cabo en masa en pequeñas salas donde los solicitantes de asilo esperan apiñados en filas de bancos uno al lado del otro o en pequeños vestíbulos donde permanecen durante horas. Las autoridades correspondientes deberían cambiar el lugar donde se llevan a cabo estos procedimientos de inmigración para los solicitantes de asilo al tribunal más cercano a la comunidad estadounidense donde residan sus redes familiares de apoyo.
La agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, publicó el 16 de marzo una guía que exige que las medidas fronterizas relacionadas con el COVID-19 sean necesarias, proporcionales y razonables para el objetivo de proteger la salud pública. Cualquier “medida general” para impedir la admisión de refugiados y solicitantes de asilo no cumpliría con este estándar, señaló el ACNUR.
Human Rights Watch ha pedido al gobierno de EE.UU. que ponga en libertad a las personas en detención inmigratoria que corran un alto riesgo de sufrir graves efectos del COVID-19 con las medidas apropiadas, incluida una cuarentena no discriminatoria, según sea necesario y proporcional para garantizar la salud pública.
“La pandemia ha puesto en evidencia los peligros adicionales que enfrentan los solicitantes de asilo incluidos en el programa de Protocolos de Protección de Migrantes”, dijo Sawyer. “EE.UU. cumpliría mejor con sus obligaciones de proteger la salud pública, los refugiados y el derecho a solicitar asilo finalizando por completo el programa ‘Permanecer en México’”.
