(Washington, DC) – Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) denegaron la entrada a niños no acompañados que solicitaron asilo en la frontera, exponiéndolos al peligro de regresar a los países de los que huían, dijo hoy Human Rights Watch.
Desde el pasado verano, los funcionarios estadounidenses de inmigración en los puestos fronterizos de Tijuana-San Diego y otros lugares han estado “midiendo” a los solicitantes de asilo, una práctica que surgió durante el gobierno de Obama y que consiste en permitir la entrada de un número limitado de inmigrantes cada día. Entrar en la lista de espera es un proceso incierto y generalmente requiere un documento de identificación con foto, algo que muchos niños no acompañados carecen.
Por otra parte, una política del Departamento de Seguridad Nacional anunciada el jueves tiene como objetivo devolver a los solicitantes de asilo a México mientras se procesan sus casos en EE.UU., lo que suscita serias preocupaciones sobre si los adultos y las familias solicitantes de asilo podrán acceder a procedimientos justos y oportunos y esperar de manera segura en México. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo el jueves al Congreso que los niños no acompañados no estarán sujetos a esta nueva política.
La espera en México conlleva sus propios riesgos. Los niños enfrentan un riesgo real de ser deportados de México -incluso a situaciones de persecución y violencia- por funcionarios de inmigración mexicanos. También existen riesgos potenciales para la seguridad de los migrantes en el norte de México. Dos niños hondureños fueron asesinados en Tijuana el sábado mientras estaban en el proceso de trasladarse de un refugio para migrantes a otro, según informes noticiosos.
“Los niños que solicitan asilo en la frontera entre México y EE.UU. afrontan una situación imposible, en la que el gobierno les dice que no crucen fuera de los puertos de entrada oficiales, pero luego devolviéndolos desde estos cruces fronterizos oficiales”, dijo Michael García Bochenek, asesor jurídico principal de la división de derechos del niño de Human Rights Watch.
En un caso reciente, los agentes rechazaron a ocho niños, siete de Honduras y uno de México, que habían caminado desde su refugio hasta el puesto fronterizo de Otay Mesa, otro de los cruces entre Tijuana y San Diego, para pedir asilo el 4 de diciembre de 2018. Ambos llevaban en Tijuana aproximadamente dos meses, incluidas varias semanas en un campamento cada vez más repulsivo en el estadio Benito Juárez, mientras trataban de determinar cómo podían solicitar asilo en EE.UU., contaron tres de los niños a Human Rights Watch.
Los chicos fueron asistidos por un equipo de abogados voluntarios de Al Otro Lado, una organización sin fines de lucro en Tijuana que ayuda a solicitantes de asilo. Cuando llegaron al cruce fronterizo, los agentes hicieron que el grupo retrocediera y que todos se alinearan contra la pared, dijeron los muchachos y los abogados. Los menores pensaron que estaban esperando a que llegara un agente de inmigración de EE.UU. de mayor rango, dijeron a Human Rights Watch. En cambio, después de aproximadamente una hora, llegaron unos funcionarios de inmigración mexicanos que les amenazaron con deportarlos a todos, dijeron los muchachos y sus abogados.
Algunos de los chicos estaban de pie en el lado estadounidense de la frontera cuando les dijeron a los agentes de la CBP que querían solicitar asilo, relató Anna Joseph, una de las abogadas que acompañaban al grupo. Pero los agentes les ordenaron regresar al territorio mexicano. Luego, una fila de agentes fronterizos (al menos cinco, en los videos y fotos que vio Human Rights Watch) se colocó sobre la línea que marca la frontera física.
Después de una prolongada negociación, la CBP permitió que el niño mexicano entrara y pidiera asilo. Las autoridades mexicanas dejaron que los siete menores hondureños regresaran a su refugio, y escoltaron a los abogados sin pasaporte mexicano o permiso de residencia a la frontera y les dijeron que entraran en EE.UU.
Human Rights Watch y otros grupos han escuchado testimonios de devoluciones como estas que suceden la frontera desde hace meses, al menos desde que entró en vigor la política de separación forzada de las familias. En julio, los investigadores de Human Rights Watch observaron cómo agentes fronterizos en los puntos de cruce en el Valle del Río Grande detenían a todos los peatones en el punto medio de los puentes internacionales para verificar su identificación, y cómo rechazaban a los que no tenían tarjetas de movilidad fronteriza, visas o pasaportes estadounidenses. Algunas familias con niños y menores no acompañados entrevistados en junio, julio, septiembre y octubre dijeron que fueron rechazados en los cruces fronterizos oficiales cuando solicitaron asilo. Los equipos de monitoreo legal de la organización no gubernamental Human Rights First detectaron devoluciones y “cuellos de botella orquestados” en muchos cruces fronterizos de EE.UU. en noviembre y diciembre.
Declaraciones oficiales y los agentes de la CBP a veces sugieren que la “medición” es necesaria porque los puestos fronterizos oficiales tienen una capacidad limitada para acoger a los solicitantes de asilo.
Pero no está claro en qué se basan los funcionarios estadounidenses para alegar que carecen de capacidad para procesar a los solicitantes de asilo en la frontera. El número de familias y niños no acompañados procesados en los cruces fronterizos regulares ha disminuido significativamente desde mayo, cuando la patrulla fronteriza comenzó a colocar a agentes uniformados justo dentro de la línea que marca la frontera internacional. Y los datos de la CBP muestran que cada vez se procesan menos solicitantes de asilo de lo que la propia agencia dice que puede gestionar.
Las familias y los niños no acompañados dijeron a Human Rights Watch en entrevistas entre junio y diciembre que los agentes fronterizos afirmaron que el puesto estaba “lleno” cuando solicitaron asilo. El comisionado interino de la CBP, Kevin McAleenan, dijo a reporteros en octubre: “No estamos rechazando a nadie. Les estamos pidiendo que esperen”. Los defensores de derechos humanos informan que los agentes fronterizos de EE.UU. a veces han permitido que los niños y otras personas vulnerables soliciten asilo en los puntos oficiales de entrada en la frontera, conocidos como “puertos de entrada”, sin necesidad de que estuvieran en la lista de espera, pero sólo si estaban acompañados por un abogado u otro activista.
A los niños que pidieron asilo a EE. UU. en la garita de Otay Mesa el 4 de diciembre les dijeron que debían ir a otro punto de control, el cruce “Pedestrian West” en el centro de Tijuana, dijo Joseph. Pero según Al Otro Lado, su experiencia en ese cruce fronterizo es que los solicitantes de asilo que no están en la lista de espera, incluso si son niños no acompañados que en la práctica no pueden ser incluidos en la lista, son rechazados. A fines de noviembre, los funcionarios de inmigración mexicanos detuvieron a dos niños centroamericanos indocumentados y no acompañados que intentaron solicitar asilo en el cruce peatonal de San Ysidro West en preparación para su deportación, dijo Nicole Ramos, una abogada de Al Otro Lado.
Bajo los denominados Protocolos de Protección de la Migración, además del riesgo de regresar a los males de los que huyeron, los niños no acompañados y las familias con niños enfrentan la posibilidad de esperas indefinidas en condiciones precarias. Los refugios en Tijuana y otros lugares a lo largo de la frontera están llenos. Las familias y los niños no acompañados que se encontraban en el estadio Benito Juárez antes de que se cerrara a fines de noviembre aseguraron que escaseaba el alimento y que las condiciones eran insalubres, especialmente después de que numerosas lluvias inundaran los terrenos. Y los niños no acompañados enfrentan otros riesgos mientras esperan en México, incluido el crimen violento.
Como no es de extrañar, las devoluciones en los cruces fronterizos oficiales han coincidido con un aumento en las entradas irregulares, por ejemplo, vadeando el río o escalando por encima de las vallas de las fronteras. La Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. dijo en septiembre que “vio evidencias de que limitar el volumen de solicitantes de asilo que ingresan en los puertos de entrada lleva a algunos migrantes, que de otra manera buscarían ingresar legalmente a EE.UU., a cruzar la frontera ilegalmente”.
El derecho internacional prohíbe que el gobierno devuelva a los migrantes a países donde enfrentan el riesgo de tortura o amenazas contra su vida o libertad. Esta obligación internacional se aplica a los actos indirectos que tienen el efecto de devolver a las personas a un potencial perjuicio, como por ejemplo, cuando semanas o meses de retrasos e incertidumbre llevan a los menores a creer que no tienen acceso al proceso de asilo y ninguna alternativa práctica a volver a los países donde afrontan un grave riesgo de persecución o amenazas contra su vida o seguridad.
Para evitar el riesgo de que las autoridades de inmigración mexicanas devuelvan a los niños a los peligros en sus países de origen después de que los agentes de inmigración de EE.UU. los rechazan en los puestos fronterizos, los agentes de la CBP y otros funcionarios estadounidenses deberían permitir que los niños no acompañados soliciten asilo, transfiriéndolos a la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.
“Los retrocesos fronterizos y la nueva política exponen innecesariamente a los niños al peligro”, dijo Bochenek. “No deberían enfrentar semanas en campamentos escuálidos, la ansiedad de no saber si tendrán una audiencia justa o cuándo, ni la posibilidad de tener que regresar a un riesgo de persecución u otro abuso grave”.
