The port of entry to Nuevo Laredo, Mexico. © 2017 Human Rights Watch

(Washington, DC) – El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha anunciado una nueva política, que entrará en vigencia de inmediato, según la cual quienes soliciten asilo, luego de haber ingresado a los EE. UU., serán regresados a México mientras sus pedidos son procesados en EE. UU. Lo anterior es especialmente grave teniendo en cuenta que pueden sufrir crímenes violentos en México mientras sus trámites están pendientes en los EE. UU. Además, hará más difícil que ellos puedan impulsar sus solicitudes, con el riesgo que sus casos podrían sufrir demoras hasta el punto que sus peticiones de protección queden sin respuesta.

Antes del anuncio de la política denominada “Protocolos de protección de la migración” (Migration Protection Protocols, MPP), la decisión del gobierno de EE. UU. de “limitar” las pretensiones de los solicitantes de asilo ya estaba provocando largos retrasos en México. La nueva medida aumentará inevitablemente las prolongadas esperas para quienes huyen de la violencia y el peligro en Centroamérica con el propósito de pedir asilo en EE. UU., expresó Human Rights Watch.

Según el gobierno mexicano, el país atraviesa actualmente una “emergencia de violencia e inseguridad”. El plan nacional de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador indica en su primer párrafo: “la violencia, los asesinatos y la criminalidad en nuestro país, han llegado a niveles históricos y estamos entre los países más inseguros del mundo”. La cantidad de homicidios cometidos en México durante 2017 fue la más alta desde que el país empezó a contabilizar estos hechos en 1997, y se prevé que sea incluso mayor en 2018. Varios estados del norte están entre los más violentos del país, incluidos Baja California, donde se encuentra Tijuana, que registra el segundo mayor número de homicidios en México.

“EE. UU. está enviando a solicitantes de asilo de regreso a un país cuyo propio gobierno reconoce que es uno de los más inseguros del mundo”, expresó Daniel Wilkinson, director adjunto para las Américas de Human Rights Watch. “Es muy poco realista pensar que un gobierno que tiene enormes dificultades para contener lo que califica de ‘emergencia de violencia e inseguridad’ pueda mantener a salvo a solicitantes de asilo centroamericanos durante meses y años”.

EE.UU. tiene recursos suficientes para procesar las solicitudes de manera eficiente y no debería obligar a los solicitantes de asilo que enfrenten meses o años de espera para saber si tendrán o no una audiencia imparcial y cuándo ello ocurrirá, destacó Human Rights Watch. Durante este período, también pueden quedar expuestos a condiciones potencialmente inseguras y difíciles en México.

A pesar de que se ha señalado que el gobierno de México emitirá permisos humanitarios que permitan a los solicitantes de asilo permanecer temporalmente en el país, la espera en México presenta de por sí riesgos específicos. Los solicitantes de asilo enfrentan un riesgo real de devolución (o retorno forzado a lugares donde pueden ser perseguidos) por parte de los funcionarios de inmigración mexicanos.

En México, los solicitantes de asilo enfrentan condiciones humanitarias y de seguridad difíciles —documentadas por Human Rights Watch y otras organizaciones en las últimas semanas— que podrían disuadirlos de proseguir con sus solicitudes. Las condiciones para los niños y las personas con discapacidad son particularmente preocupantes.

“El gobierno de Trump está haciendo todo lo posible para impedir, obstaculizar y frustrar el derecho a solicitar asilo reconocido en la legislación estadounidense y en el derecho internacional”, señaló Bill Frelick, director del programa de Refugiados de Human Rights Watch. “Del mismo modo en que “una justicia retardada es una justicia denegada”, en determinados momentos los retardos en el otorgamiento de asilos constituyen una denegación de estos asilos”.