- El Congreso peruano ha aprobado leyes que debilitan la independencia de jueces y fiscales, lo que obstaculiza la lucha contra el crimen organizado.
- Los homicidios, la extorsión y la minería ilegal se han disparado, afectando gravemente los derechos a la vida y la seguridad de la población.
- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) debería exigir a las autoridades peruanas reformas urgentes, en el marco del proceso de adhesión del Perú, para garantizar la separación de poderes y el respeto al Estado de derecho.
(Lima) – El Congreso del Perú está debilitando gravemente la independencia y la capacidad de jueces y fiscales para enfrentar el crimen organizado, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.
El informe de 44 páginas, “Legislar para la impunidad: Cómo el Congreso del Perú permite el avance del crimen organizado”, detalla cómo leyes y decisiones recientes adoptadas por el Congreso han obstaculizado investigaciones criminales, debilitado instituciones clave y revertido avances en la protección ambiental. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte a menudo ha posibilitado esta agenda y ha recurrido a la declaración de “estados de emergencia”, que suspenden derechos constitucionales, como su principal estrategia de seguridad.
“El ataque del Congreso al Estado de derecho ha dejado a millones de peruanos más vulnerables frente al crimen organizado”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “El Congreso y el gobierno de Boluarte deben revertir urgentemente estas medidas y proteger los derechos de toda la ciudadanía”.
Entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, Human Rights Watch entrevistó a 125 personas, incluyendo fiscales, jueces, policías, defensores ambientales, líderes indígenas, periodistas y funcionarios gubernamentales. Las entrevistas se realizaron en Lima, Puerto Maldonado, Pucallpa y Trujillo. Human Rights Watch también analizó 34 leyes y decisiones legislativas, así como 54 decretos presidenciales emitidos desde 2023.
La situación de seguridad en el Perú se ha deteriorado drásticamente. Entre 2018 y 2024, los homicidios aumentaron un 137 %, según datos de la policía. Las cifras preliminares de 2025 anticipan un récord de homicidios. Más de la mitad de los asesinatos en 2024 fueron cometidos por sicarios, según la policía. Las denuncias por extorsión, especialmente en zonas urbanas y en el transporte de carga, alcanzaron niveles históricos en 2023 y se mantienen elevadas.
El Congreso, donde más de la mitad de los congresistas enfrentan investigaciones por corrupción u otros delitos, ha tomado medidas para socavar la independencia y la capacidad de los tribunales y los fiscales.
En particular, ha limitado drásticamente los mecanismos de colaboración eficaz, lo cual debilita los esfuerzos para desmantelar grupos criminales y detectar conexiones con funcionarios corruptos. También ha modificado la definición de “crimen organizado” en el Código Penal para excluir delitos de corrupción, ha obstaculizado los allanamientos y ha destituido arbitrariamente a jueces y fiscales de alto nivel para bloquear investigaciones sobre corrupción.
“Una política de seguridad efectiva y respetuosa de los derechos humanos requiere fortalecer, en lugar de debilitar, las herramientas que jueces, fiscales y peritos forenses necesitan para buscar justicia para las víctimas del crimen organizado”, dijo Goebertus.
El Congreso también ha aprobado leyes que socavan las protecciones medioambientales. Ha legalizado retroactivamente la deforestación ilegal de grandes áreas y blindado a mineros ilegales frente a la persecución penal. La minería ilegal, sobre todo de oro y a pequeña escala, se ha disparado en los últimos años y es el mayor delito que antecede al lavado de dinero, según datos del gobierno.
Aunque la minería a pequeña escala puede representar una fuente de ingresos para personas de menos recursos, la ausencia de una regulación adecuada genera graves riesgos para el medioambiente, la salud y los derechos laborales. Entre 2020 y 2023, casi la mitad de los ataques contra defensores ambientales y líderes indígenas estuvieron relacionados con la minería ilegal, según informó la Defensoría del Pueblo.
“Las hectáreas afectadas por la minería ilegal aumentan año tras año sin que el Estado reaccione, lo que lleva a estas zonas delitos derivados de ella como la trata de personas, los homicidios y las violaciones”, dijo a Human Rights Watch un fiscal de alto rango en la Amazonía.
El gobierno de la presidenta Boluarte ha recurrido cada vez más a los estados de emergencia para enfrentar la criminalidad, lo que ha suspendido derechos constitucionales sin lograr reducir la violencia.
Recientes medidas del Congreso también han amenazado con restringir gravemente el trabajo de periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil en el Perú. En marzo de 2025, el Congreso aprobó una ley que amplía significativamente la autoridad del gobierno sobre periodistas y organizaciones no gubernamentales que reciben fondos desde el extranjero.
Actualmente, el Perú busca ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), una organización integrada, en su mayoría, por países con altos ingresos, cuyo propósito es promover políticas públicas para mejorar el bienestar económico y social a nivel global. Más de una decena de comités de la OCDE están examinando el cumplimiento por parte del Perú de estándares de gobernanza pública, medioambiente y Estado de derecho.
“La OCDE debe buscar que las autoridades peruanas se comprometan a garantizar la separación de poderes y eliminar obstáculos en la lucha contra el crimen organizado, la destrucción del medioambiente y la corrupción”, señaló Goebertus.
