(Nueva York) – En documentos del gobierno de Estados Unidos obtenidos recientemente se detallan más de 160 informes internos sobre conducta indebida y abuso de solicitantes de asilo por parte de funcionarios estadounidenses, señaló Human Rights Watch en un informe que presentó hoy. En los documentos se informan abusos cometidos por funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection, CBP), agentes de la Patrulla Fronteriza y funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) de Estados Unidos, principalmente entre 2016 y 2021.
En el documento de 28 páginas titulado “‘They Treat You Like You Are Worthless’: Internal DHS Reports of Abuses by US Border Officials” (“‘Te tratan como si no valieras nada’: Informes internos del DHS sobre abusos por funcionarios fronterizos de EE. UU.”), se detallan informes internos presentados por funcionarios de asilo en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (US Citizenship and Immigration Services, USCIS) sobre la conducta de miembros del personal en las áreas de control migratorio que dependen del mismo organismo, el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS). Aunque presentan numerosas partes censuradas, los informes, que Human Rights Watch pudo obtener después de iniciar acciones legales en el marco de la Ley sobre Libertad de Información (Freedom of Information Act, FOIA), incluyen acusaciones de abuso físico, sexual y verbal, violaciones del debido proceso, condiciones de detención severas, denegación de atención médica y trato discriminatorio en la frontera o en sus proximidades.
“La conducta de los funcionarios fronterizos y de migraciones que se detallan en estos informes realmente causan estupor”, señaló Clara Long, directora asociada para EE. UU. de Human Rights Watch. “En estos documentos gubernamentales internos se muestra claramente que los informes de abusos graves (agresiones, abuso sexual y trato discriminatorio por parte de agentes estadounidenses) son un secreto a voces dentro del DHS”.
En septiembre de 2021, el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, anunció que se realizaría de inmediato una investigación disciplinaria en relación con una grabación en video “sumamente perturbadora” en la que se observa a agentes de la Patrulla Fronteriza a caballo utilizando las riendas largas a modo de látigo y persiguiendo a migrantes negros procedentes de Haití. También anunció una supervisión interna de la conducta de los agentes en el campamento de inmigrantes de Del Río. El DHS no ha publicado resultados de esas investigaciones, que Mayorkas había prometido que “se completarían en días, no semanas”.
Los documentos que Human Rights Watch obtuvo plantean el interrogante de si las graves acusaciones, incluso de conductas delictivas, que se informaron a nivel interno realmente se están investigando.
Por ejemplo, de los registros surge que un supervisor en la Oficina de Asilo de San Francisco comunicó internamente lo siguiente al DHS: “FA [funcionario de asilo] [eliminado] nos informa un tema grave: una de las solicitantes que entrevistó hoy tiene una hija pequeña que fue agredida sexualmente por alguien que creemos que es un funcionario del CBP o de la Patrulla Fronteriza. La solicitante y su hija fueron interceptadas por la Patrulla Fronteriza y enviadas a La Hielera [una celda de detención en la frontera], donde ocurrió lo siguiente: un guardia en La Hielera, que vestía un uniforme verde y tenía un gafete que decía [eliminado], obligó a la niña a desvestirse y la manoseó”. En los documentos, que se proporcionaron en respuesta a una solicitud de registros en poder del USCIS, no figura cómo respondió el DHS a estos señalamientos.
El 28 de septiembre, Human Rights Watch brindó al DHS resúmenes de 11 casos de abuso detallados en los documentos obtenidos en virtud de la FOIA, con una solicitud de información sobre investigaciones o medidas disciplinarias que hubieran surgido a partir de las acusaciones. El 12 de octubre, Human Rights Watch brindó al DHS más precisiones sobre cuestiones preocupantes que se habían planteado en los informes internos relativas a violaciones del debido proceso y trato inhumano, y se solicitó información sobre capacitación, investigaciones o medidas disciplinarias que hubieran surgido a partir de las acusaciones. El DHS no ha respondido a ninguna de esas solicitudes.
“Estos registros, que son muy anteriores a las atrocidades que se han hecho virales y que vimos que se cometieron contra migrantes negros en Del Río, confirman lo que UndocuBlack Network sabe que es cierto desde hace tiempo: que dar soluciones a casos aislados no reparará los abusos sistémicos que el DHS comete contra muchos inmigrantes que buscan protección”, manifestó Breanne Palmer, directora interina de políticas e incidencia de UndocuBlack Network, con quien Human Rights Watch compartió los resúmenes de los registros obtenidos.
En el marco del proceso de expulsión acelerada, cuando una persona detenida en la frontera o en las proximidades de un cruce fronterizo manifiesta su temor a regresar al país de origen, el derecho estadounidense exige que el CBP las derive a funcionarios de asilo para que tengan una “entrevista sobre temor creíble”. En dicha entrevista, se determina si la persona podría reunir los requisitos para solicitar asilo u otra protección. La mayoría de los registros parece basarse en información que los solicitantes de asilo proporcionaron a los funcionarios de asilo en estas entrevistas.
Los registros entregados a Human Rights Watch incluyen lo que parece ser un recuento interno del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos de 27 posibles violaciones del debido proceso por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, muchas de las cuales describen situaciones en las que funcionarios fronterizos impiden que posibles solicitantes presenten sus solicitudes de asilo o los obligan a firmar documentos que no comprenden. Por ejemplo, uno relata que “la solicitante declaró que le dijo a los funcionarios de inmigración que temía regresar. Ellos anotaron que la mujer dijo que no temía hacerlo. La solicitante manifestó que los funcionarios no le dijeron qué es lo que estaba firmando cuando suscribió el documento”.
En muchos de los registros, el organismo eliminó secciones de los documentos en las que había detalles fundamentales, como fechas, lugares y la nacionalidad de la persona que sufrió el abuso, y no proporcionó documentos complementarios. Human Rights Watch obtuvo los documentos luego de haber iniciado acciones legales ante un tribunal federal con respecto a una solicitud que presentó inicialmente en 2015 , y está considerando la posibilidad de apelar con el objeto de reclamar al gobierno que actúe con más transparencia, por ejemplo, limitando las eliminaciones de datos a aquellas que están permitidas en virtud de la Ley sobre Libertad de Información.
“Pareciera que el Departamento de Seguridad Nacional ha naturalizado que sus organismos de frontera cometan abusos alarmantes”, señaló Long. “El gobierno de Biden no debería plantear pretextos por las actuación deficiente del DHS y las entidades que lo componen, sino más bien debería tomar, junto con el Congreso, medidas urgentes para asegurar que las personas victimizadas por funcionarios fronterizos y de migraciones de EE. UU., incluso por razón de su raza, tengan acceso a la justicia y que cese este patrón persistente de abusos y conductas indebidas”.
