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EE. UU.: El juicio político no es suficiente

Es indispensable que se haga justicia por las violaciones de derechos en el período poselectoral

People shelter in the House gallery as protesters try to break into the House Chamber at the US Capitol on Wednesday, Jan. 6, 2021, in Washington, DC.  © 2021 AP Photo/Andrew Harnik

(Washington, DC) – Las autoridades de Estados Unidos deben investigar de manera exhaustiva todas las violaciones de derechos que se cometieron durante las acciones para invalidar la elección presidencial estadounidense del 2 de noviembre de 2020 y que culminaron con el ataque del 6 de enero de 2021 al edificio del Capitolio en Washington D.C., señaló hoy Human Rights Watch.

Además del juicio político del expresidente de EE. UU. Donald Trump, cuyo inicio está previsto para el 9 de febrero, el gobierno debe impulsar de manera enérgica investigaciones penales sobre otros acontecimientos relacionados, juzgar a los responsables y asegurar que no se repitan los abusos.

“El juicio político podría ser una forma de exigir rendición de cuentas política por las acciones de Trump, pero no es suficiente”, expresó Nicole Austin-Hillery, directora ejecutiva del Programa sobre EE. UU. de Human Rights Watch. “No se aplica a todas las personas implicadas ni a todos los abusos y delitos que sucedieron entre la elección presidencial y el ataque al Capitolio”.

Trump y muchos otros —incluidos miembros de su administración, del Congreso y de las fuerzas de seguridad— participaron en actos de amplio alcance para frustrar la voluntad del pueblo que se expresó en la elección del 3 de noviembre y vulneraron así el derecho de todos los estadounidenses a votar y a que se respete su voto, explicó Human Rights Watch. Estos esfuerzos también dieron lugar a violaciones de los derechos a la vida y la seguridad de las personas, y avasallaron el derecho a no sufrir discriminación. Las autoridades federales y de los estados tienen la obligación de llevar adelante investigaciones penales exhaustivas y eficaces de estos acontecimientos y asegurar que se rinda cuentas por ellos.

El inspector general del Departamento de Justicia ha iniciado una investigación, y algunos miembros de la Comisión Judicial del Senado han anunciado su propia intención de investigar señalamientos de intentos de injerencia por parte de Trump y de otros actores en el resultado electoral, incluido el derecho a voto. Las autoridades federales y de los estados deben investigar posibles violaciones del derecho penal, incluidas las múltiples exigencias por parte de Trump a funcionarios estaduales para que alteraran los resultados electorales en Georgia, expresó Human Rights Watch.

La Agencia Federal de Investigación (FBI) ha iniciado una investigación penal y se han presentado cargos contra más de 175 personas en relación con el ataque al Capitolio, que propició varias muertes y lesiones contra personal de seguridad. El Departamento de Defensa, la Policía del Capitolio de DC y la Cámara de  Representantes de EE. UU. también han abierto investigaciones sobre la respuesta de las fuerzas de seguridad ante el ataque. Estas investigaciones deberán tener un alcance amplio y enfocarse no solo en las personas que irrumpieron en el Capitolio, sino también contra aquellos que pudieron haberlos ayudado, por acción u omisión, lo que incluye que los funcionarios no se hayan preparado o no respondieron eficazmente al ataque, destacó Human Rights Watch.

“Las investigaciones en curso muestran que el gobierno de EE. UU. está dando primeros pasos para restablecer el respeto por los derechos humanos en Estados Unidos”, manifestó Austin-Hillery. “El Presidente Biden deberá establecer como un objetivo prioritario que se haga justicia por los abusos de los derechos políticos, incluido el ataque al Capitolio, si desea que lo que profesa sobre valores democráticos tenga algún peso en el país y en el exterior”.

Ante la participación de supremacistas blancos y otros actores de la extrema derecha en las violaciones de derechos humanos que ocurrieron entre el 3 de noviembre y el 6 de enero, la repuesta que ofrezca el gobierno estadounidense debe abordar el extremismo violento. Con independencia de cuál sea la opinión de una persona, actuar sobre la base de las propias convicciones de maneras que amenacen o inflijan violencia a terceros es un acto ilegal, y esto incluye las acciones de quienes irrumpieron en el Capitolio o alentaron a otros a hacerlo. La inacción del Gobierno al no proteger frente a hechos de violencia previsibles, incluso cuando estén propiciados por posturas extremistas, viola lo establecido por las normas internacionales de derechos humanos.

“La violencia que tuvo lugar el 6 de enero era previsible, incluida aquella perpetrada por personas vinculadas a creencias de extrema derecha como el supremacismo blanco”, apuntó Austin-Hillery. “El gobierno estadounidense puede y debe abordar todas las formas de extremismo violento que amenazan la seguridad pública, incluso por parte de la extrema derecha”.

Las autoridades de Estados Unidos también deben investigar las respuestas excesivamente militarizadas y violentas a los activistas negros y aliados de estos que reclamaron justicia racial durante el verano de 2020, incluso en Washington D.C. Hay un drástico contraste entre la represión feroz de estas protestas y la falta de preparación y respuesta inadecuada al ataque previsible contra el Capitolio que perpetraron supremacistas blancos, adeptos a teorías conspiratorias y miembros de las autoproclamadas milicias antigubernamentales, integradas mayormente por personas blancas. La diferencia en las respuestas exige un análisis riguroso en el contexto de la discriminación racial generalizada por parte de organismos de aplicación de la ley estadounidenses y los comentarios habituales de tono racista proferidos por Trump y miembros de su administración, señaló Human Rights Watch.

“El Congreso y la administración Biden deben cerciorarse de que los extremistas violentos no sientan que pueden actuar con impunidad porque son blancos o porque reciban el apoyo de las fuerzas de seguridad pública, y ningún funcionario público puede librarse de rendir cuentas si intenta subvertir ilegalmente los resultados electorales”, destacó Austin-Hillery. “Cuando en Estados Unidos no hay consecuencias para la violación de los derechos políticos básicos, incluido el derecho a no sufrir discriminación racial, se allana completamente el camino para futuros actos de violencia y abuso”.

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