(Washington D.C.) – El despliegue de agentes fronterizos montados a caballo por parte de Estados Unidos contra migrantes haitianos el 19 de septiembre de 2021 es el resultado de políticas inmigratorias abusivas y discriminatorias en términos raciales que implementa el gobierno del presidente Joe Biden, expresó Human Rights Watch el día de hoy. El día anterior, el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security) anunció una estrategia de seis pasos para “abordar el aumento de migrantes en [la ciudad fronteriza texana de] Del Río” que incluía un “incremento” de los agentes a fin de “mejorar el control del área” y nuevos vuelos de expulsión a Haití.
Los ciudadanos haitianos están siendo enviados de regreso a Haití en virtud de una política federal conocida como Título 42, la cual individualiza a los solicitantes de asilo que cruzan hacia los Estados Unidos por las fronteras terrestres —en particular, desde América Central, África y Haití, con una composición desproporcionada de personas negras, indígenas y latinas— para su expulsión. Las expulsiones, presuntamente, se llevan a cabo por motivos de salud pública, pero resultan discriminatorias y abusivas. En contraposición con esto, se permite que miles de otros viajeros ingresen a Estados Unidos.
“El gobierno de Estados Unidos mostró una indiferencia absoluta hacia el derecho de los solicitantes de asilo al enviar agentes montados a caballo, que agitaban sus riendas al aire, para controlar y disuadir a esta población migrante mayormente negra”, manifestó Alison Parker, directora adjunta para Estados Unidos de Human Rights Watch. “Este trato violento hacia los haitianos en la frontera es solo el ejemplo más reciente de las políticas fronterizas abusivas, ilegales y discriminatorias en términos raciales que adopta Estados Unidos, mediante las cuales se envía a las personas de regreso a situaciones donde pueden sufrir daños y existe un contexto de desastre humanitario”.
Los nuevos vuelos programados constituyen la más reciente de una serie de expulsiones que realizó el gobierno hacia Haití, a pesar de los documentos filtrados que indican que el personal del Departamento de Seguridad Nacional advirtió específicamente que los migrantes y los solicitantes de asilo retornados a Haití “pueden verse expuestos a daños,” incluidos delitos violentos, secuestros, crisis políticas y revueltas sociales. En agosto, Human Rights Watch y otras 343 organizaciones de la sociedad civil, Haitian Bridge Alliance y Black Alliance for Just Immigration (BAJI) reclamaron al presidente Biden que cesaran las deportaciones a Haití, sobre la base de consideraciones similares de derechos humanos.
En mayo de este año, el gobierno estadounidense reconoció que la inestabilidad política y las violaciones de derechos humanos habían tornado imposible que los haitianos regresaran a su país de forma segura, lo cual llevó a que el Departamento de Seguridad Nacional designara a los ciudadanos haitianos en los Estados Unidos al mes de mayo para el otorgamiento del Estatus de Protección Temporal (Temporary Protected Status, TPS). De acuerdo con el derecho estadounidense, ese estatus no resulta aplicable a los recién llegados.
Desde el anuncio de la estrategia de seis pasos, el Departamento de Seguridad Nacional ha expulsado a haitianos de Del Río utilizando entre cinco y ocho vuelos por día e intercepta a personas que huyen de Haití por vía marítima. Estos procedimientos siguen la línea de las políticas abusivas de los últimos años, cuando solicitantes de asilo haitianos fueron interceptados y enviados de regreso de forma sumaria, aunque, finalmente, algunos quedaron detenidos en la base naval estadounidense de la Bahía de Guantánamo, en Cuba, o en barcos, y fueron evaluados para el otorgamiento de asilo. Las medidas del gobierno violan el derecho estadounidense y el derecho internacional si conducen a que se prive a los haitianos del derecho a impugnar su expulsión hacia un país en el que posiblemente puedan sufrir daños, según afirmó Human Rights Watch.
Human Rights Watch y otras organizaciones instaron al gobierno a que ponga fin a la política del Título 42, en virtud de la cual se llevan a cabo las expulsiones, por ser ilegal y basarse en un criterio falso de salud pública. En mayo, expertos médicos del Departamento de Seguridad Nacional presentaron una denuncia en la que condenaban la política del Título 42, y argumentaron que carecía de una justificación válida basada en la salud pública.
“Que el gobierno de Biden siga usando el Título 42 para justificar el envío de personas de regreso a Haití no se ajusta a las mejores prácticas en materia de salud pública y las normas internacionales de derechos humanos”, manifestó Parker. “Si Biden no cambia el curso, se arriesga a que su promesa de ‘una iniciativa común a todo el gobierno para abordar la equidad racial y apoyar a las comunidades desfavorecidas, así como para corregir el racismo sistémico en las políticas, leyes y programas federales’ se convierta en una promesa vacía”.
Las imágenes y el video de Del Río que muestran a agentes federales predominantemente blancos a caballo, blandiendo riendas largas y persiguiendo a migrantes negros, traen a la memoria la perturbadora historia estadounidense, que a menudo se pasa por alto, de violencia racial y étnica, incluso por parte de patrullas fronterizas, patrullas de esclavos y grupos organizados, según indicó Human Rights Watch. Esta herencia de discriminación ha influido en la percepción que muchas personas en Estados Unidos hoy tienen de la actuación de las fuerzas de orden público. En 2019, agentes locales de aplicación de la ley en Texas reconocieron la “percepción negativa” de sus acciones y se disculparon luego de que circulara una imagen en línea en la que se mostraba a policías blancos, montados a caballo, llevando con una soga a un hombre negro arrestado y esposado.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, al ser consultada sobre las imágenes recientes de la frontera, afirmó lo siguiente: “No puedo imaginar en qué contexto esto sería apropiado”. No obstante, se rehusó a hacer comentarios sobre la necesidad de implementar medidas de rendición de cuentas por el uso excesivo de la fuerza.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien viajó a Del Río, dijo a los medios que “para asegurar el control del caballo, se utilizan riendas largas, pero vamos a investigar los hechos para asegurarnos de que la situación sea como creemos que es. Si fuera diferente, actuaremos en consecuencia”. Posteriormente, el Departamento de Seguridad Nacional anunció una investigación disciplinaria respecto de las “extremadamente alarmantes” grabaciones de video e informó que Mayorkas había ordenado la supervisión interna de la conducta de los agentes en el campamento para migrantes de Del Río.
El gobierno de Biden debe confrontar y abordar de manera activa la historia de racismo sistémico en las acciones de control migratorio de Estados Unidos, así como reformar de manera urgente las políticas racialmente discriminatorias, como el Título 42, sostuvo Human Rights Watch.
“El uso del Título 42 responde a una historia larga, trágica y sórdida de casos en los que el gobierno estadounidense intercepta a migrantes y solicitantes de asilo haitianos y dispone su retorno de forma sumaria”, afirmó Parker. “En lugar de dar continuidad a políticas severas, racialmente discriminatorias e ilegales dirigidas a grupos integrados en su inmensa mayoría por personas negras, el gobierno de Biden debería romper con esta historia de manera inequívoca y asegurar un trato igualitario para todos”.
