Resumen

Cada día, personas que consideran a Estados Unidos su hogar —incluidas madres, padres y cónyuges de ciudadanos estadounidenses; empleados que pagan impuestos; y miembros respetados de la comunidad— son detenidas, encerradas y asignadas a un sistema de deportación que pocas veces considera los lazos profundos y afianzados que tienen con EE. UU. antes de deportarlas del país en forma sumaria. Aunque durante la presidencia de Donald Trump se ha registrado una cantidad menor de cruces de frontera y, por consiguiente, de deportaciones en este punto, las detenciones y deportaciones por motivos inmigratorios desde el interior del país han aumentado drásticamente, lo cual demuestra la indiferencia del gobierno de Trump por los derechos de las personas que han llevado adelante sus vidas y formado sus familias aquí.

Donald Trump lanzó su campaña presidencial en 2015 con la promesa de acciones contundentes contra los inmigrantes indocumentados, a quienes acusó de “traer delincuencia” y calificó de “violadores”. Anunció a los votantes que, cuando fuera presidente, derogaría la Prórroga de Procedimientos Migratorios para Personas Llegadas en la Infancia (Deferred Action for Child Arrivals, DACA), una protección temporaria contra la deportación concedida aproximadamente a 800.000 inmigrantes que llegaron a Estados Unidos durante la infancia. Dijo asimismo que levantaría un muro gigantesco a lo largo de la frontera entre EE. UU. y México y que crearía “una fuerza de deportación masiva” para expulsar a millones de personas que viven en Estados Unidos sin documentos.

Tras la asunción del presidente Trump, esta retórica de rechazo a la inmigración pronto se reflejó en la política oficial. Durante su segundo mandato, el presidente Barak Obama había adoptado una serie de medidas ejecutivas que ofrecieron a numerosos inmigrantes no autorizados con vínculos afianzados en EE. UU. algún grado de resguardo contra la deportación. Al asumir como presidente, Trump avanzó para revertir todas estas medidas y firmó rápidamente dos decretos ejecutivos que hicieron que prácticamente todos los inmigrantes no autorizados que viven en Estados Unidos fueran objetivos prioritarios de arresto, detención y deportación, y revocó las pautas del gobierno de Obama que priorizaban a ciudadanos extranjeros que hubieran cometido delitos o cruzado la frontera recientemente. Luego, en septiembre, el gobierno de Trump derogó la DACA, y esto expuso a cientos de miles de jóvenes inmigrantes que crecieron en Estados Unidos a la posibilidad de ser deportados.

El impacto de estas medidas ha sido inmediato y grave. Todas las personas indocumentadas en EE. UU. tienen ahora motivos para temer ser deportadas, independientemente de que tengan lazos afianzados con el país. Si bien desde que Trump asumió la presidencia se observa un descenso marcado en la cantidad de nuevas personas que cruzan la frontera y, por consiguiente, de las deportaciones sumarias en ese punto, la cantidad de personas aprehendidas en el interior del país —separadas por la fuerza de sus familias y comunidades— ha aumentado drásticamente. El aumento más abrupto se ha dado entre personas indocumentadas sin condenas penales: 28.011 fueron detenidas entre el día de la asunción y comienzos de septiembre, una cifra que casi triplica a las 10.031 personas detenidas durante el mismo lapso de siete meses y medio en 2016.

Este informe presenta los datos oficiales correspondientes a 2017 sobre detenciones y deportaciones por motivos de inmigración y describe en detalle el impacto humano, a menudo doloroso, que tienen las políticas de Trump sobre los inmigrantes indocumentados, sus familias y sus comunidades en EE. UU. Este análisis se basa principalmente en 43 entrevistas exhaustivas llevadas a cabo por Human Rights Watch a inmigrantes que llegaron al país hace mucho tiempo y fueron deportados desde la elección de Trump. En conjunto, los datos y los testimonios directos muestran que el mecanismo de aplicación de la ley que el presidente Trump ha propulsado con tanta avidez pocas veces toma en cuenta los lazos profundos y de larga data que las personas tienen con Estados Unidos antes de deportarlas.

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No hay un derecho humano reconocido a migrar a otro país y obtener allí estatus legal, y el derecho internacional concede a los gobiernos un importante margen de discreción para expulsar de su territorio a personas que no son ciudadanas de su país, sobre todo si no tienen permiso para estar allí. Pero esta discreción no está exenta de límites. Estados Unidos tiene la obligación de proteger los derechos fundamentales, incluido el derecho a la unidad familiar y el derecho al debido proceso. Sin embargo, estos derechos se violan sistemáticamente en el sistema de inmigración y deportaciones estadounidense, que en la mayoría de los casos no analiza ni pondera los lazos de los inmigrantes con su hogar y su familia. Incluso cuando los inmigrantes consiguen una audiencia individualizada, en general para el derecho estadounidense estos factores carecen de relevancia legal al decidir si la persona debería ser expulsada del país.

Desde mediados de la década de 1990, el gobierno estadounidense ha deportado aproximadamente a cinco millones de personas conforme a un rígido marco legal que prevé deportaciones automáticas o aceleradas, y detenciones sistemáticas y generalizadas. El desempeño durante el gobierno de Obama se distinguió por una aplicación temprana y agresiva de estas leyes, que tuvo como resultado la separación de millones de familias, incluidas las de muchos inmigrantes que sólo tenían condenas penales por hechos menores, o directamente ningún antecedente.

No obstante, a partir de 2010, el gobierno de Obama emprendió un cambio importante en materia de control inmigratorio, y anunció una serie de políticas que concentraban los esfuerzos de deportación en las personas que habían cruzado la frontera recientemente y en aquellas con condenas penales. En 2012, el gobierno de Obama creó un programa que otorgó a las personas que llegaron a Estados Unidos durante la infancia un estatus legal temporario, conocido como Prórroga de Procedimientos Migratorios para Personas Llegadas en la Infancia (DACA). En 2014, Obama anunció prioridades más selectivas para el control inmigratorio e intentó hacer extensiva la protección temporaria a algunos padres de ciudadanos estadounidenses (esta última iniciativa fue frenada por la justicia).

Como consecuencia de estas nuevas políticas, se redujeron las detenciones y deportaciones de inmigrantes que viven en Estados Unidos. Esto no cambió el hecho de que el derecho estadounidense y la política gubernamental siguieran criminalizando injustamente a los inmigrantes y no dieran la debida consideración a los vínculos familiares de quienes residían desde hacía mucho tiempo en el país, ni a los pedidos de asilo de personas que habían cruzado la frontera recientemente. Sin embargo, las prioridades en materia de control durante la gestión de Obama brindaban a la mayoría de los millones de inmigrantes no autorizados con vínculos arraigados que viven en Estados Unidos cierto grado de seguridad de que el gobierno no los apartaría arbitrariamente de sus hogares y sus seres queridos.

Ese avance ahora se ha perdido. En los primeros siete meses del gobierno de Trump, las detenciones de inmigrantes en el interior de Estados Unidos aumentaron un 43 % respecto de la cifra que se había registrado durante los mismos meses de 2016 en la gestión de Obama, de 68.256 a 97.482. En muchos casos, se trata de personas desarraigadas de las comunidades donde tienen sus familias y vínculos sólidos. 

Este aumento se ha debido, en parte, a un drástico incremento en las detenciones de inmigrantes sin ninguna condena penal, como se observó anteriormente.

Durante estos meses, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) de EE. UU. también efectuaron un 19 % más de detenciones en el interior del país de ciudadanos extranjeros con condenas penales, comparadas con las realizadas durante el mismo período del año anterior. Este aumento, asimismo, resulta preocupante, pues hay motivos justificados para creer que la mayoría de esas personas deportadas como delincuentes no representan amenaza alguna para la seguridad pública, y muchas tienen vínculos igualmente sólidos en Estados Unidos. El gobierno no ha difundido datos que precisen las condenas penales contra los inmigrantes deportados desde fines de febrero de 2017. Entre principios de octubre de 2016 y fines de febrero de 2017, principalmente en virtud de políticas de control inmigratorio más selectivas de la gestión Obama, dos tercios de los deportados con antecedentes penales tenían condenas por comportamiento no violento y no abusivo, que incluyen infracciones inmigratorias (incluido el ingreso al país sin documentos), infracciones de tránsito (como violar la luz roja) o delitos vinculados con drogas (incluida la tenencia de una sustancia controlada).

El aumento de las deportaciones durante el gobierno de Trump está afectando a personas que vivieron durante décadas en Estados Unidos, a menudo sin condenas penales, o que sólo tienen antecedentes de infracciones inmigratorias, de tránsito o relacionadas con drogas, incluida su tenencia. Algunas han crecido en Estados Unidos. Tienen hijos, cónyuges, padres y abuelos que son ciudadanos estadounidenses. Han trabajado en una amplia variedad de sectores, como construcción, jardinería y agricultura. Son propietarios de negocios y veteranos de las fuerzas militares estadounidenses.

Alexis G., de 20 años, había vivido en Estados Unidos casi toda su vida cuando fue deportado en junio a Nuevo Laredo, al sur del Río Grande, a un país que apenas conocía. “Mis padres me trajeron [a EE. UU.] y crecí allí. Si tuviera que cantar un himno ahora mismo, sería ‘La bandera tachonada de estrellas’; no sé el himno mexicano”, dijo.

El impacto en las familias suele ser devastador. En una entrevista tras su deportación a México, Lucía H. contó a Human Rights Watch que su hijo de cinco años dejó de comer y tuvo que ser internado, su esposo se vio obligado a dejar su trabajo en el campo, en California, para cuidarlo, y su hijo de 14 años sufrió una crisis nerviosa y ahora está en tratamiento. “El más pequeño me dice ‘vuelve, mami. No voy a comer más. Si no regresas, no quiero vivir’”, contó Lucía.

A fin de cumplir con las obligaciones de Estados Unidos conforme a las normas internacionales de derechos humanos, las autoridades de inmigración estadounidenses deberían permitir audiencias individualizadas que consideren no sólo el interés del gobierno en deportar a un inmigrante, sino también los lazos familiares del inmigrante y sus contactos con Estados Unidos —incluido en qué medida el país es en verdad su “hogar”— cuando se decide sobre la expulsión del inmigrante. Sencillamente, no hay ninguna disposición en el derecho estadounidense que permitiría que los inmigrantes con lazos afianzados eviten la deportación y obtengan estatus legal, salvo en casos excepcionales. Incluso en esos casos excepcionales en los cuales las leyes sobre inmigración tratan a los vínculos de un inmigrante con Estados Unidos como una consideración relevante, las personas que se enfrentan a la deportación por lo general no están en condiciones de beneficiarse de esto, porque no pueden acceder a un asesoramiento legal preciso y confiable.

El gobierno de Trump debería revertir sus esfuerzos por intensificar las deportaciones de personas que han construido sus hogares en Estados Unidos. Para frenar el daño, el Congreso de Estados Unidos debería rechazar cualquier solicitud de aumento de fondos destinado a organismos ejecutivos que intervengan en un control azaroso y pernicioso y a centros de detención abusivos.

Para remediar verdaderamente el problema, mediante la legislación y la discreción del poder ejecutivo, deberían modificarse las leyes estadounidenses de modo que ofrezcan una audiencia individualizada e imparcial a toda persona que enfrente una deportación, en la cual se sopesen los vínculos de la persona con familias y comunidades en Estados Unidos frente al interés del gobierno por deportarla. Y para abordar de manera efectiva la amenaza generalizada de deportación que enfrentan millones de personas, el Congreso de Estados Unidos debería crear un programa de legalización justo e inclusivo para inmigrantes no autorizados, que confiera la debida importancia a los vínculos de los inmigrantes con Estados Unidos.

El presidente Trump ha solicitado USD 7.500 millones para ampliar el sistema de control inmigratorio y deportación. Cada día que pasa, más inmigrantes con lazos afianzados en el país, incluidos los que alguna vez estuvieron amparados por la DACA u otra protección temporaria, se vuelven vulnerables a la deportación. Las historias de las personas deportadas presentadas en este informe describen graves perjuicios que —si no se adoptan medidas— podrían acentuarse drásticamente en los próximos años.

 

Metodología

Este informe se preparó a partir de datos gubernamentales recientes sobre deportación y de entrevistas realizadas por Human Rights Watch a 43 personas que fueron deportadas hace poco de Estados Unidos.

Los datos incluyen información disponible para el público del gobierno estadounidense y datos proporcionados a Human Rights Watch por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (US Immigration and Customs Enforcement, ICE) sobre detenciones, deportaciones y devoluciones durante los primeros siete meses y medio del gobierno de Trump. Los datos correspondientes a 2016 y 2017 fueron proporcionados por el ICE, agrupados para los períodos comprendidos entre el 22 de enero y el 2 de septiembre de 2017, y entre el 24 de enero y el 3 de septiembre de 2016. Para 2016 y años anteriores, también analizamos datos que se agruparon por mes. Al comparar tendencias a lo largo del tiempo, los datos de años anteriores se filtraron de enero a agosto, el período comparable más cercano a los datos agrupados. También se analizó información de pública consulta del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (US Customs and Border Protection). Asimismo, examinamos datos del gobierno mexicano. Como se describe en el informe, estos datos muestran un aumento notable en la cantidad de deportaciones de inmigrantes detenidos en el interior de Estados Unidos.

Para comprender el significado de estas cifras, analizamos 43 entrevistas con personas recientemente deportadas en Tijuana, Baja California y Nuevo Laredo, Tamaulipas, desde abril hasta octubre de 2017, que se publicaron en el blog “Los Deportados”[1]. Nos concentramos en personas con fuertes vínculos en Estados Unidos, cuyo derecho a la unidad familiar y sus lazos con el país están en riesgo. En todos los testimonios que publicamos, a excepción de cinco, pudimos corroborar al menos algunos aspectos de lo relatado en documentos judiciales o en otros registros públicos, o pudimos hablar por separado con familiares, empleadores, abogados u otras personas que conocían al inmigrante deportado y pudieron confirmar al menos algunos aspectos de sus testimonios. Nuestro objetivo al transmitir estos testimonios no fue probar que alguna persona en particular no debería haber sido deportada, sino mostrar que en cada caso hubo derechos humanos importantes en riesgo que las autoridades inmigratorias estadounidenses desestimaron completamente al tomar la decisión.

Todas las entrevistas fueron realizadas personalmente o por teléfono, en inglés y español, por personal de Human Rights Watch que habla estos idiomas con fluidez. Se informó a todos los participantes cuál era la finalidad de la entrevista y se obtuvo su consentimiento en forma verbal o por escrito. Ninguna de las personas entrevistadas recibió compensación alguna a cambio de la información brindada. En algunos casos en los cuales resultó oportuno, al final de la entrevista, Human Rights Watch proporcionó información de contacto sobre personas u organizaciones que ofrecen servicios legales, de asesoramiento u otros servicios de asistencia. Utilizamos los nombres de pila y las iniciales de los apellidos para proteger la privacidad de las personas y sus familias, o seudónimos cuando algunas personas lo solicitaron. En estos casos, hemos indicado el uso del seudónimo colocando el nombre entre comillas.

 

Cambios en las políticas y datos sobre deportaciones en 2017

Principales cambios en las políticas de Obama a Trump

El engranaje de deportaciones preexistente

La legislación y las políticas de Estados Unidos en materia inmigratoria eran deficientes mucho antes de que Trump llegara a la presidencia. A partir de 2011, el gobierno de Obama trabajó para corregir el rumbo de algunos aspectos de la política de control inmigratorio, principalmente dejando de dar prioridad a las deportaciones de algunos inmigrantes que tenían lazos afianzados con el país. Este cambio en la política, postergado durante mucho tiempo, ahora se ha abandonado con la gestión del presidente Trump.

Desde mediados de la década de 1990, Estados Unidos ha desarrollado lo que la excomisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización (Immigration and Naturalization Service) Doris Meissner ha denominado un “engranaje formidable” de control de la inmigración[2]. Entre 1996 (cuando se aprobó un conjunto de leyes sobre deportación particularmente riguroso) y 2016, se septuplicó el valor del presupuesto federal asignado al control inmigratorio[3].

El gobierno de Obama utilizó este mecanismo de control para deportar a casi tres millones de personas y procesar penalmente a cientos de miles por haber cruzado ilegalmente la frontera[4]. Las deportaciones durante la gestión de Obama incluyeron a cientos de miles de personas deportadas por delitos menores, personas que no tenían condenas pero que, sin embargo, fueron llevadas durante controles de inmigración y cientos de miles de personas cuyo delito más grave fue una infracción inmigratoria[5]. El New York Times concluyó en 2014 que dos tercios de los casi 2 millones de personas que el gobierno de Obama había deportado hasta entonces desde la frontera o el interior del país habían cometido infracciones de baja gravedad, incluidas infracciones de tránsito, o no tenían antecedentes delictivos[6]. Los análisis de Human Rights Watch de los datos del gobierno estadounidense en 2009, 2013 y 2015 mostraron que se detuvo y se deportó a cientos de miles de personas con condenas por delitos menores no violentos, muchas con fuertes lazos familiares con Estados Unidos[7].

En 2010, el gobierno de Obama comenzó a cambiar el rumbo de la política de control inmigratorio, con la intención de brindar cierta seguridad a numerosos inmigrantes indocumentados con lazos afianzados de que no serían desarraigados de sus hogares.

Las dos políticas principales que brindaban esta seguridad fueron la Prórroga de Procedimientos Migratorios para Personas Llegadas en la Infancia (DACA) y las pautas para agentes de inmigración sobre cómo ejercer su discreción con respecto a quiénes deportar. Anunciada en 2012, la DACA otorgó a los inmigrantes no autorizados que llegaron a Estados Unidos antes de los 16 años —un grupo que en ocasiones recibe el nombre de “Dreamers” [Soñadores]— la posibilidad de permanecer en Estados Unidos con fines de estudio o laborales, siempre que cumplieran determinadas condiciones, como estar inscriptos en una escuela secundaria o tener un título secundario o un certificado de equivalencia de educación secundaria (GED), y no haber recibido una condena penal grave[8]. Las personas aprobadas para el programa recibían un permiso de trabajo y protección contra la deportación por dos años, y podían solicitar la renovación del beneficio.

Asimismo, a partir de 2014, el gobierno de Obama emitió pautas para priorizar el control en la frontera y a las personas con condenas penales que consideraba más graves[9]. Las pautas indicaban además que un inmigrante en una de las categorías de prioridad debía ser deportado, pero podía beneficiarse con discrecionalidad procesal, y que esa decisión debía tomarse sobre la base de factores tales como “circunstancias atenuantes relacionadas con el delito por el cual se impuso la condena; tiempo prolongado transcurrido desde el delito que dio lugar a la condena; duración de la estancia en Estados Unidos; servicio militar; vínculos familiares y comunitarios en Estados Unidos; condición de víctima, testigo o demandante en procedimientos civiles o penales; o factores humanitarios imperiosos como problemas de salud, edad, embarazo, tener un hijo pequeño o un familiar gravemente enfermo”[10].

Cambios en las políticas durante el gobierno de Trump

En su primera semana de gobierno, el presidente Trump firmó dos decretos ejecutivos que dieron inicio a un proceso de aceleramiento del engranaje de deportación del gobierno estadounidense. Partiendo de la falsa y peligrosa premisa que asocia la inmigración ilegal con la delincuencia en Estados Unidos, el primer decreto de Trump instó a la contratación de 10.000 nuevos funcionarios de control inmigratorio en el interior del país y a la utilización de más organismos de seguridad pública locales como agentes de inmigración, además de amenazar con quitar fondos federales a las jurisdicciones que limitaran la colaboración de las autoridades locales de aplicación de la ley con el ICE[11]. Lo que hizo el decreto, básicamente, fue eliminar las prioridades para que el control ahora abarcara a inmigrantes con lazos afianzados que viven en el interior del país, incluidos aquellos que no tienen condenas penales.

En un segundo decreto concentrado en la frontera, Trump instó a la construcción de un muro entre Estados Unidos y México, y dio instrucciones a las autoridades de inmigración de aumentar en forma masiva la detención de inmigrantes en procedimientos de expulsión, ampliar el uso de los procedimientos de deportación por vía rápida, incrementar la cantidad de jurisdicciones locales encargadas de aplicar las leyes sobre inmigración, y priorizar el procesamiento penal de inmigrantes por ingreso ilegal[12].

Algunas de las directivas de los decretos ejecutivos —como el aumento masivo en la cantidad de funcionarios de control inmigratorio— eran y siguen siendo aspiracionales, a menos que reciban fondos del Congreso.

En febrero, el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) emitió dos memorandos que supusieron un cambio radical, que se aparta de las pautas del gobierno de Obama sobre control inmigratorio[13]. En particular, los memorandos del DHS revocaron las pautas del gobierno de Obama que destinaban los recursos para el control inmigratorio principalmente a personas con condenas penales y personas que habían cruzado la frontera recientemente.

El memorando de Trump sobre el control en el interior del país establece: “El Departamento dejará de eximir de las medidas de control a clases o categorías de extranjeros pasibles de ser deportados”[14]. Las prioridades indicadas corresponden a ciudadanos extranjeros que:

• Hayan sido condenados por cualquier delito penal;
• Hayan sido acusados de cualquier delito penal que no se haya resuelto;
• Hayan cometido actos que constituyan un delito penal que pueda ser imputable;
• Hayan cometido fraude o tergiversado deliberadamente información relativa a cualquier asunto oficial ante un organismo gubernamental;
• Hayan abusado de algún programa relacionado con la recepción de beneficios públicos;
• Estén sujetos a una orden definitiva de deportación pero no hayan abandonado el territorio de Estados Unidos;
• A criterio de un funcionario de inmigración, representen un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional.

La categoría de prioridad correspondiente a personas que hayan cometido “[a]ctos que constituyan un delito penal que pueda ser imputable” es tan amplia que abarcaría a cualquier persona que alguna vez haya pasado un semáforo en rojo, conducido sin licencia o ingresado en el país ilegalmente. Sumado a los memorandos sobre seguridad en las fronteras que instan a aumentar los procesos penales por infracciones inmigratorias, esto indica que cualquier persona que haya ingresado alguna vez a Estados Unidos sin una visa —cerca de la mitad de todos los inmigrantes indocumentados de Estados Unidos— sería considerada blanco prioritario de deportación (la mayoría de los demás superaron el período de permanencia permitido por sus visas, lo cual no constituye un delito sino una infracción civil). Toda persona que haya “cometido fraude o tergiversado deliberadamente información” podría incluir a cualquier persona que alguna vez haya manifestado que tenía un permiso de trabajo para conseguir un empleo, lo cual podría incluir a prácticamente todas las personas que se encuentran ilegalmente y han trabajado en Estados Unidos. La disposición amplia respecto de que cualquier persona que “a criterio de un funcionario de inmigración, represente un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional”, sin ninguna pauta adicional sobre qué podría significar eso, deja en claro que estas prioridades no son realmente prioridades, sino que están destinadas a alcanzar a cualquiera de los millones de personas que técnicamente podrían ser deportadas.

En su análisis de datos de EE. UU. que realizó previamente este año, Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) en Syracuse University, una organización de investigación de datos, determinó que el gobierno de Trump redujo drásticamente la cantidad de inmigrantes a quienes se eximió discrecionalmente de la posibilidad de deportación (un beneficio que por lo general se otorga en función de lazos sólidos en Estados Unidos) durante los cinco primeros meses de 2017. En estos meses, los cierres discrecionales de casos de deportación se redujeron abruptamente a menos de 100 por mes, respecto de un promedio de alrededor de 2.400 por mes durante el mismo período de cinco meses en 2016[15].

A principios de septiembre, el gobierno de Trump tomó una decisión que podría aumentar sustancialmente la cantidad de inmigrantes con lazos afianzados expuestos a ser deportados: anunció que revertiría la DACA, el estatus temporario que tienen más de 790.000 inmigrantes que llegaron a Estados Unidos durante la infancia. El fiscal general Jeff Sessions anunció que los actuales beneficiarios de la DACA conservarían los permisos de trabajo que tienen actualmente, y que vencen durante los próximos dos años, y que aquellos que necesiten renovarlos antes de marzo de 2018 podrían solicitar la renovación en el término de un mes a partir del anuncio. Si bien la mayoría de los beneficiarios de la DACA conservan su estatus al momento de la preparación de este informe, un análisis realizado por la CNN de datos del DHS concluyó que, a partir de marzo de 2018, cada día y hasta el año 2020, hasta 983 personas indocumentadas que anteriormente estaban cubiertas por la DACA perderían su estatus protegido, lo cual equivale a cerca de 30.000 personas por mes[16].

En algunas ocasiones, el presidente Trump ha expresado su aspiración de que el Congreso reemplace la DACA con una ley que tenga una función equivalente, pero también ha dejado abierta la posibilidad de supeditar su aprobación de un proyecto de ley de esta naturaleza a que se apoye la agenda general restrictiva de su gobierno en materia de inmigración. En octubre, la Casa Blanca publicó los “Principios y Políticas sobre Inmigración”, una lista de cambios que plantea como componentes necesarios de cualquier acuerdo legislativo que brinde protección a inmigrantes no autorizados que llegaron a Estados Unidos en la infancia[17]. La lista incluye cambios importantes que debilitan las garantías para niños y niñas migrantes y refugiados, y aumentos significativos en los fondos para los agentes de inmigración y la detención inmigratoria[18].

Incluso mientras estuvo vigente la DACA, muchos jóvenes que reunían los requisitos para reclamar sus beneficios no recibieron o no mantuvieron ese estatus. Según una estimación de 2014 de Pew Research Center, alrededor de 1,1 millones de inmigrantes no autorizados reunían los requisitos para la DACA y sólo el 78 % de los que posiblemente reunían los requisitos habían solicitado acogerse al programa[19]. Los aranceles de renovación de la DACA ascendían a un total de aproximadamente USD 500 cada dos años, y algunas personas que obtuvieron el estatus conforme al programa luego dejaron que venciera por falta de fondos.

Las detenciones y deportaciones de inmigrantes que viven en el interior de Estados Unidos se han incrementado drásticamente durante la gestión de Trump

Durante los primeros siete meses y medio del gobierno de Trump, la reversión de las reformas implementadas durante el segundo mandato de Obama propició el aumento y la expansión inmediatos de las actividades de control inmigratorio, con profundas implicancias para las familias y comunidades en todo Estados Unidos.

En esta sección se analizan diversos conjuntos de datos, así como datos agrupados proporcionados por el ICE a Human Rights Watch y otras publicaciones[20].

La cantidad de deportaciones desde el interior del país, y la proporción de deportaciones de personas aprehendidas en el interior, escalaron hasta alcanzar niveles nunca vistos en años. En particular:

• La cantidad de detenciones en el interior de ciudadanos extranjeros que nunca habían sido condenados por ningún delito prácticamente se ha triplicado. Entre fines de enero y principios de septiembre de 2017, el ICE detuvo a 28.011 inmigrantes sin condenas penales en el interior de EE. UU., una cifra que durante el mismo período de 2016 fue de 10.031 personas.
• La cantidad de detenciones de ciudadanos extranjeros con condenas penales efectuadas en el interior aumentó un 19 % entre fines de enero y principios de septiembre de 2017, respecto del mismo período en 2016.
• En general, las detenciones en el interior aumentaron cerca del 43 % durante el mismo período de 7 meses. Extendiendo el análisis a los dos últimos años de la administración de Obama, el promedio mensual de detenciones en el interior aumentó un 40 %, de 9.400 por mes a casi 13.200 por mes en la gestión de Trump.
• Con la reducción de las detenciones en la frontera, el aumento de las detenciones en el interior ha incrementado significativamente la proporción de personas que son deportadas desde el interior respecto de las deportadas en puntos fronterizos. En el último año del gobierno de Obama, sólo el 27 % de todas las deportaciones correspondió a personas detenidas en el interior de Estados Unidos. En los primeros siete meses del gobierno de Trump, esa proporción escaló al 40 %.

Estas estadísticas deberían entenderse en el contexto de cambios de política y migratorios durante el gobierno de Trump.

Total de expulsiones

Durante los primeros siete meses del gobierno de Trump, la cantidad total de deportaciones se redujo respecto del mismo período en 2016, debido a una menor cantidad de llegadas a la frontera de Estados Unidos y de expulsiones desde ese punto. Las cifras totales de deportación son una combinación de las deportaciones de personas arrestadas por el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), por lo general poco después de que cruzan la frontera o llegan en avión, y de personas detenidas en el interior del país por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En 2009, el año de la asunción del presidente Obama, las autoridades deportaron alrededor de 369.000 personas. Esa cifra anual se mantendría durante su primer mandato, con un pico registrado en 2012, cuando se deportaron aproximadamente 410.000 personas. Para 2013, la cantidad de expulsiones anuales había comenzado a descender. En los últimos dos años del gobierno de Obama, las expulsiones anuales se habían reducido casi la mitad (43 %) del máximo registrado en 2012, hasta llegar a una meseta de entre 235.000 y 240.000 por año.

Según datos agrupados sobre deportaciones durante los primeros siete meses del gobierno de Trump emitidos por el ICE entre el 22 de enero y el 9 de septiembre, el ICE efectuó 130.277 deportaciones, lo cual supone una reducción del 15 % con respecto al mismo período en 2016 y casi la misma cantidad que fue deportada durante un período equivalente en 2015.

Sin embargo, gran parte de esta reducción se debe a una menor cantidad de cruces de frontera y, por consiguiente, de expulsiones desde ese lugar. Los cruces fronterizos, y por consiguiente las detenciones, en general han seguido tendencias estacionales, con aumentos en los meses de fines del invierno y principios de la primavera cada año. Esta tendencia migratoria estacional alcanzó un nivel máximo en 2014 con un aumento de las detenciones, sobre todo de niños y niñas menores no acompañados. Tras la respuesta a este aumento, las detenciones en la frontera alcanzaron un piso histórico en 2015 y comenzaron a aumentar nuevamente en 2016. Las detenciones en la frontera alcanzaron otro máximo de más de 66.000 en el mes previo a las elecciones de noviembre de 2016. Tras la elección de 2016, los cruces se redujeron abruptamente a niveles que no se habían observado en años.

Detenciones en el interior

La reducción en la cantidad de deportaciones desde la frontera, sumada a un aumento en el número de detenciones en el interior, ha dado por resultado una mayor proporción de personas deportadas durante la gestión de Trump desde el interior del país. Cuando Obama asumió la presidencia, la proporción del total de expulsiones que comprendía a personas detenidas en el interior de EE. UU. era del 64 %. Esta proporción disminuyó rápidamente durante el segundo mandato de Obama, puesto que el gobierno concentró sus recursos en deportar a personas que habían sido interceptadas recientemente en la frontera. En el año fiscal 2016, el último año de la gestión Obama, solamente el 27 % de todas las expulsiones correspondió a personas detenidas en el interior de Estados Unidos. En el gobierno de Trump, con la reducción de las detenciones en la frontera, como se observó anteriormente, la proporción volvió a escalar hasta el 40 %.

Entre noviembre de 2014 y enero de 2017, inclusive, el ICE efectuó, en promedio, 9.400 detenciones por mes en el interior del país. En los primeros siete meses del gobierno de Trump, esa cantidad aumentó a un promedio de cerca de 13.200 por mes.

Antecedentes penales de personas deportadas

Uno de los cambios más drásticos durante la gestión de Trump ha sido el aumento de la cantidad de personas detenidas sin condenas penales, lo cual se corresponde con lo señalado por funcionarios administrativos en cuanto a que ninguna categoría de personas está exenta del control.

Desde fines de enero hasta principios de septiembre, se detuvo a 11 personas sin condenas penales, una cifra que casi triplica las 10.031 detenidas durante el mismo período de siete meses y medio en 2016.

Si se observan las detenciones ocurridas en el interior del país de ciudadanos extranjeros sin condenas penales en años anteriores, se hace evidente que el año 2016 no fue algo excepcional, sino parte de una tendencia descendente de los últimos años del gobierno de Obama.

El ICE también efectuó un 19 % más de detenciones en el interior del país de ciudadanos extranjeros con condenas penales de las que hizo durante el mismo período en 2016.

Como lo puso de manifiesto el análisis realizado por Human Rights Watch en años anteriores, la gran mayoría de personas expulsadas que tenían antecedentes de detenciones o condenas “penales” no son los delincuentes peligrosos y violentos a los cuales se alude en la retórica presidencial y los comunicados de prensa del ICE[21]. En los datos más recientes disponibles, que sólo abarcan un mes del gobierno de Trump, resulta llamativo que apenas una cantidad muy baja de ciudadanos extranjeros detenidos por el ICE que tenían condenas penales hayan sido sentenciados por delitos de naturaleza violenta o peligrosa[22]. Una de cada tres detenciones “penales” se relacionó con alguien cuyo delito más grave fue una infracción inmigratoria, y que casi siempre consistió en el acto de ingresar al país ilegalmente. Alrededor del 16 % eran personas condenadas por un delito relacionado con drogas y otro 15 % correspondía a personas cuyo delito más grave había sido una infracción de tránsito. Menos del 1 % habían sido condenadas por un homicidio, y sólo el 19 %, es decir, menos de una de cada cinco personas, tenían como delito más grave un delito violento o posiblemente violento. Esto coincide con los análisis de deportaciones realizados en años anteriores por Human Rights Watch, que determinaron que apenas un pequeño porcentaje de los delitos más graves cometidos por ciudadanos extranjeros detenidos por el ICE correspondía a delitos violentos o posiblemente violentos[23].

A pesar de estos datos, el ICE pareciera tener una política interna que promueve el relato del inmigrante delincuente “peligroso”, como lo demuestran los comunicados de prensa que normalmente destacan sólo los casos más graves y no toman en cuenta a la vasta mayoría de ciudadanos extranjeros aprehendidos en acciones de control inmigratorio[24]. De hecho, en febrero de 2017, el entonces secretario de Seguridad Nacional John Kelly dio instrucciones a los directores del ICE en el país de que identificaran los casos “más aberrantes”, presuntamente con el fin de transmitirlos en comunicaciones con los medios tras las primeras semanas de control inmigratorio del nuevo gobierno. Al menos algunos miembros del ICE se habrían esforzador por hacerlo[25].

Los datos emitidos por el ICE hasta el momento son insuficientes para apreciar completamente el impacto que están teniendo los cambios del gobierno de Trump en las prácticas de control inmigratorio en las comunidades estadounidenses. Por ejemplo, no hay información disponible que permita comprender, a nivel general, los vínculos que los ciudadanos extranjeros deportados tienen con comunidades en EE. UU., incluido su tiempo de residencia en el país; cuántos hijos, padres u otros familiares estadounidenses tienen; sus años de servicio militar; su empleo u otras contribuciones económicas; sus antecedentes educativos; o su estado inmigratorio en el momento de la deportación. Human Rights Watch ha presentado recientemente una solicitud para obtener parte de esta información al amparo de la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act, FOIA)[26].

 

Perfiles de deportados

Aunque numerosos inmigrantes que se enfrentan a ser deportados de EE. UU. tienen nexos mucho más sólidos con EE. UU. que con sus países de origen, estos lazos prácticamente no son tomados en cuenta en los procedimientos de deportación[27]. El análisis expuesto a continuación se basa en los relatos proporcionados por 43 personas que fueron deportadas recientemente de EE. UU., publicados en el blog de Human Rights Watch “Los Deportados”.

Largo período de residencia en Estados Unidos

Antes de ser deportadas en 2017, muchas personas entrevistadas por Human Rights Watch habían vivido en EE. UU. durante años e incluso décadas, algunas desde la temprana infancia. Diecinueve habían llegado cuando eran menores de 18 años, y ocho de estas antes de los cinco. “No tengo familia aquí en México”, manifestó en inglés “Diego L.”, de 26 años, cuando investigadores de Human Rights Watch lo conocieron en un centro de acogida de personas deportadas. El menor de cinco hijos, nació en Ciudad de México y fue llevado al norte por sus padres cuando tenía dos años[28].

Debido a sus estrechos vínculos con Estados Unidos, muchos de estos inmigrantes se sintieron profundamente desorientados al regresar a México. “Ni siquiera sé cómo comprar algo para comer aquí”, dijo David B[29]. “Siento como si hubiera llegado aquí [a México] sin documentos”, comentó Rubén R. a Human Rights Watch. “Cada vez que compro un refresco y me dicen que cuesta 10 pesos, pienso cuánto será eso en dólares. ¿15 centavos? ¿10 centavos? No lo sé”[30]. Alexis G., de 20 años, había vivido en Estados Unidos casi toda su vida cuando fue deportado en junio a Nuevo Laredo, al sur del Río Grande, en un país que apenas conocía. “Mis padres me trajeron [a EE. UU.], y crecí allí. Si tuviera que cantar un himno ahora mismo, sería ‘La bandera tachonada de estrellas’; no sé el himno mexicano”, afirmó[31].

Varias de las personas que entrevistamos habrían reunido los requisitos para la DACA o lo hicieron en algún momento. La DACA es un programa de la gestión Obama para proteger a jóvenes inmigrantes de la posibilidad de deportación, que fue rescindido por el presidente Trump a principios de septiembre de 2017. Algunos manifestaron que nunca habían podido pagar el arancel de USD 500; y otros nos dijeron que no habían podido renovar sus permisos de trabajo por falta de fondos[32].

Familias desarraigadas y separadas

Una de las consecuencias más arduas de la deportación es la separación familiar. En las últimas décadas, cientos de miles de familias en todo Estados Unidos han sido separadas por políticas estadounidenses sobre deportación punitivas e inflexibles. Aunque algunas familias optan por irse de EE. UU. y reunirse con el resto de familiares deportados en el extranjero, muchas familias toman la difícil decisión de mantener algunos de los demás miembros, o todos, en EE. UU. debido a las dificultades que estos familiares enfrentarían en el extranjero.

• Una ciudadana estadounidense llamada Laura indicó a Human Rights Watch que la deportación de su concubino Omar G. la priva de contar no sólo con la presencia de su pareja, sino además de la persona que la cuidaba[33]. Según nos contó, en 2008 sufrió discapacidad a causa de un dolor insoportable en los brazos —no se ha determinado si la causa fue artritis, síndrome del túnel carpiano o una lesión nerviosa—, y la cirugía a la cual se sometió dos años más tarde no fue de mucha ayuda. Laura contó que en los momentos en que no podía bañarse sola, la ayudaba Omar, que llegó a EE. UU. hace más de 20 años. La pareja dijo a Human Rights Watch que tenían previsto casarse legalmente, para intentar así poder regresar a su vivienda de Waco, Texas. Lamentablemente, según las leyes vigentes en la actualidad, es probable que las sucesivas deportaciones y reingresos de Omar hagan que sea muy difícil que pueda regresar en forma legal a Estados Unidos. “No es para nada agradable ser deportado del lugar que consideras tu hogar”, dijo Laura. “Es posible que no hayas nacido allí, pero has vivido toda tu vida en ese lugar, y una parte de mí nunca estará ahí si Omar no está”.

Las deportaciones también desarraigan a familias enteras.

• Human Rights Watch conoció a Leah, nacida en Ohio, México, adonde se había trasladado para reunirse con su esposo deportado. Describió a Marco G. –su esposo durante 16 años y la única pareja que tuvo en toda su vida– como “el hombre más inteligente que haya habido”. Contó que Marco cruzó ilegalmente la frontera entre EE. UU. y México cuando tenía 18 años, y debido a esto habría sido casi imposible que él obtuviera una tarjeta de residencia (green card) a través de su esposa, sobre todo después de las varias deportaciones. “Es más estadounidense que algunas personas que viven allí”, afirma Leah sobre Marco, mientras con la mano señala hacia el norte, al otro lado del Río Grande, “pues él trabaja arduamente y se ocupa de su familia, y no se puede decir lo mismo de todos los que están allí”[34].

Niños y niñas que quedan abandonados

A menudo se deporta de Estados Unidos a padres con hijos pequeños. En muchas de nuestras entrevistas, se hizo patente su ansiedad por el hecho de que sus hijos estén sufriendo como resultado de la deportación y la separación prolongada. Hablamos con muchos padres en esa situación. En la mayoría de los casos, los hijos que quedaron en el país tenían ciudadanía estadounidense.

• “Tengo que ser paciente”, nos dijo “José R.”, padre de un niño de cuatro años con ciudadanía estadounidense, sin poder evitar que le brotaran las lágrimas. “Estar sin mi esposa y mi hijo es terrible… No tengo idea de cómo regresar, pero tengo que hacerlo. Los extraño tanto”[35].
• Santiago H. se quebró y hundió el rostro entre sus manos, mientras describía la vida que llevaba en Michigan con su familia. Tuvo que respirar hondo para recomponerse: “Salíamos a comer afuera o al cine, o pedíamos comida y mirábamos una película en casa… Es la primera vez que están sin mí”, expresó[36].
• Cuando “Andrés L.” fue deportado a su México natal en julio, una de las primeras cosas que hizo fue tatuarse el nombre y la fecha de nacimiento de su hijo Anthony, nacido en EE. UU., en la muñeca. “Quiero que siempre esté conmigo. Él es mi mundo”, dijo Andrés. En todo este doloroso proceso, los recuerdos de su hijo son lo que ha ayudado a Andrés a seguir adelante. “A Anthony le encanta jugar en el agua”, nos cuenta sonriendo. “Yo solía bañarlo, y pasábamos horas chapoteando y haciendo ondas con las manos en el agua”[37].
• “Lucia H.” dijo a Human Rights Watch que, tras las varias deportaciones que hicieron que ya no estuviera en condiciones de reunirse con su familia en EE. UU., su hijo de cinco años ha dejado de comer y tuvo que ser internado, su esposo se vio obligado a dejar su trabajo en el campo para cuidarlo y su hijo mayor, de 14 años, sufrió una crisis nerviosa y ahora está en tratamiento. “El más pequeño me dice ‘vuelve, mami. No voy a comer más. No quiero vivir si no regresas’”, contó[38].
• Desde la deportación de Sonia H. en agosto, “David”, su hijo de 9 años con ciudadanía estadounidense, ha estado viviendo al cuidado de monjas en un hogar para niños en Laredo, Texas. Sonia consideró que dejar a su hijo a cargo de las religiosas para que pudiera continuar su educación en EE. UU. era la mejor opción que tenía. “Es duro, muy duro”, afirmó. “Pero voy a tener que contentarme con estar aquí, y verlo cada vez que pueda”[39].
• “Marco T.” mostró a un investigador de Human Rights Watch una fotografía de sus tres hijos. Se ve a los niños abrazados, mientras el de 10 años está hace una morisqueta graciosa. Cuando mostró las imágenes de su familia, las manos le temblaron levemente y le brotaron las lágrimas. “Es doloroso”, expresó. “No que nos envíen de regreso, sino que nos separen de nuestra familia”[40].
• A los migrantes deportados les preocupa quién pagará las facturas de sus familias ahora que ellos no aportan a la economía familiar[41]. María, esposa de “José R.” y madre del niño de cuatro años que tuvieron en común y que tiene ciudadanía estadounidense, dejó el departamento familiar en la ciudad de Kansas después de la deportación de José y alquiló una habitación en una vivienda con su hijo. “Mi esposa ahora tiene que hacer de dos personas para ocuparse de nuestro hijo”, explicó José.

Trabajadores, contribuyentes, empresarios, veteranos militares y miembros de la comunidad deportados

Los inmigrantes son una parte crucial de la economía estadounidense, al igual que los contribuyentes, los propietarios de viviendas, los empleados valiosos y los emprendedores[42]. Las personas deportadas recientemente a quienes entrevistamos habían pasado años o décadas trabajando en restoranes, agricultura, construcción y otros sectores; habían pagado impuestos; habían empezado negocios y eran dueños de empresas; y habían comprado viviendas.

• “Manuel P.” nos dijo que, los 12 años que estuvo en EE. UU., tomaba la precaución de pagar el arrendamiento y los impuestos puntualmente e inició dos emprendimientos propios: un servicio de reparaciones y una empresa constructora. En su tarjeta comercial se muestra una imagen de una parrilla externa de categoría, que diseñó y construyó para un cliente. La tarjeta refleja en pocas palabras la historia de la inmigración: para español, dice la tarjeta, llame a Manuel; para inglés, a su hijo Carlos[43].
• Muchos de los deportados nos dijeron que trabajaron duramente por años. Nacida en México, Lucía H. llegó a EE. UU. por primera vez en 1999. Durante más de 10 años, trabajó con su esposo cosechando lechuga en la zona rural de California. “El dolor era tremendo, pero pude soportarlo”, dijo Lucía. “No me importaba trabajar 14 horas por día para que mis hijos salieran adelante”[44].
• Cuando llegó a Houston en 2001, Carlos G., de 34 años, empezó a trabajar en remodelaciones. Aprendió a realizar tareas de pintura, colocación de estuco y otros oficios, y más tarde empezó su propio negocio de pintura, T’NO’s Painting. En el momento de mayor actividad de T’NO’s, Carlos era dueño de todas las maquinarias y daba empleo a otros cinco trabajadores[45].
• “Santiago H.” contó a Human Rights Watch que era dueño de una empresa constructora con su hermano en Pontiac, Michigan, que daba trabajo a otras siete personas, sobre todo familiares[46].
• José Luis O. dijo a Human Rights Watch que le preocupa cómo hará para arreglárselas su madre, que vive sola desde que murió su padrastro. Aunque es ciudadana estadounidense y recibe beneficios de la Seguridad Social, José Luis solía ayudarla con los ingresos que obtenía como conductor de Uber[47].
• Lo primero que “Orlando” quiso que Human Rights Watch supiera fue que su último pago de impuestos al gobierno de Estados Unidos fue de USD 17.655. Mientras nos contaba su historia en un centro de recepción de personas deportadas en Nuevo Laredo, México, insistió en que él nunca “le cost[ó] un centavo a Estados Unidos… Nunca p[idió] nada”. Afirmó ser propietario de un edificio en Fort Worth, Texas, cuyo valor, según estima, es de USD 500.000. “Mi esposa y yo tenemos un seguro de vida por USD 500.000 cada uno, pues si morimos no queremos darle ningún problema a Estados Unidos” dijo sollozando. “¿Qué fue lo que hice? ¿Qué hice?”[48].
• Después de servir en el Ejército en Guam durante los años noventa, Sergio H. recibió una baja honorífica y abrió un taller de reparación de carrocerías de automóviles en Dallas. Trabajó duro toda su vida, cuenta, para criar a dos hijos nacidos en Estados Unidos; actualmente, uno de ellos es pediatra y el otro se dedica a la administración de empresas. Pero como muchos militares retirados mayores, Sergio, que ahora tiene 50 años, ha luchado contra la dependencia de las drogas. Su dependencia empeoró en 2012, y dos años más tarde, Sergio fue condenado por tenencia de cocaína con intención de distribuirla. Recibió la libertad condicional después de cumplir dos años y medio de una pena de cinco años, pero en vez de ser liberado le quitaron su tarjeta de residencia (green card) y lo deportaron a México. “Estoy limpio ahora”, cuenta. “Lo peor es que desperdicié años de mi vida”[49].
• Durante años, Manuel G. coordinó un grupo de 25 personas que se reunían habitualmente –cinco noches por semana– en la sede Nueva Vida de Alcohólicos Anónimos en Tulsa, Oklahoma. En 2011, la policía interceptó el automóvil de un amigo de Manuel en el cual viajaba él también, y detuvo a Manuel por estar ebrio en público, nos contó. Pasó dos meses en la Cárcel del Condado de Tulsa, fue deportado y pronto volvió a cruzar la frontera nuevamente para regresar con su familia. Fue entonces cuando dejó de consumir alcohol, contó, y Laura lo acompañó como líder del movimiento AA, compartiendo sus experiencias como esposa de un alcohólico. “Realmente disfruto de ayudar a personas que consumen alcohol porque recuerdo cómo era”, dijo a investigadores de Human Rights Watch en el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, un centro de recepción en Nuevo Laredo, México. La otra persona que dirige al grupo de Alcohólicos Anónimos con él en Tulsa, Nancy Muñoz, describió a Manuel como un “hombre de fe” y elogió “su pasión por ayudar a otros”. Manuel no ha consumido alcohol por cinco años, afirmó, y tenía una vida ordenada en Tulsa. “Empecé mi propio negocio de pulido de automóviles hace un año y recién había comprado un tráiler que estaba remodelando junto con mi esposa”[50].

Tener antecedes penales mínimos o estatus de indocumentado puede bastar para ser deportado

Algunas de las personas que habían emigrado hacía mucho tiempo y con las cuales hablamos tenían condenas penales, pero la mayoría de estas condenas estaban relacionadas con tráfico de drogas o con infracciones inmigratorias.

• “Moisés R.” no tenía otra forma de llegar a su trabajo en un restaurante más que recorriendo en el automóvil Honda de la familia el trayecto de media hora desde el complejo de departamentos donde vivía en el sur de Mineápolis hasta la ciudad cercana de Eden Prairie. La noche del 3 de junio de 2017, mientras volvía del trabajo a su casa a las 2 a.m., la policía de Eden Prairie lo detuvo porque la matrícula del vehículo vencía en junio. El automóvil estaba a nombre de la esposa de Moisés, “Zoraida”, cuya licencia de conducir había sido suspendida, y los agentes pronto descubrieron que también lo estaba la licencia de Moisés. Desde 2003, se prohíbe expedir licencias de conducir a inmigrantes indocumentados en Minnesota, y Moisés y Zoraida no pudieron conseguir nuevas licencias válidas. Moisés contó que un juez lo puso en libertad después de haber pasado dos días en la cárcel del condado de Hennepin, —a pesar de haber tenido un arresto anterior en 2013 por conducir sin licencia—, pero al salir lo estaban esperando agentes de inmigración. Moisés fue deportado a Nuevo Laredo, México, el 21 de junio[51].
• Una noche de abril, “Marco T.” conducía hacia su casa, en el área de Dallas, luego de terminar la jornada en una fábrica de reciclado de productos químicos peligrosos, donde trabajaba desde hacía dos años. Dijo que es posible que estuviera conduciendo a demasiada velocidad. Un alguacil le ordenó que se detuviera al costado de la carretera. Marco fue detenido y acusado de conducir sin licencia. A pocos días de su detención, Marco quedó a disposición del ICE y se enfrentaba a la posibilidad de ser deportado del país donde vive desde 1997[52].
• Lucía H. tiene antecedentes penales debido a que, en menos de dos años, intentó ocho veces volver con sus hijos en EE. UU. En 2013, tras 14 años en EE. UU., regresó a México para atender a su madre, que padecía cáncer de útero. Por haber sido indocumentada, no podía volver a ingresar legalmente en EE. UU. Separada de sus hijos, intentó en varias oportunidades volver a cruzar, pero todas las veces fue interceptada y enviada de regreso a México. En enero de2016, fue procesada penalmente por reingreso ilegal. “Me llevaron a la cárcel del condado de Aransas, en Rockport, Texas, y me condenaron a tres meses de prisión”. Luego fue transferida a un centro privado de detención de inmigrantes en Houston, donde estuvo confinada 10 meses. Durante ese período, intentó encontrar una forma de permanecer en EE. UU., hasta que finalmente fue deportada en abril de 2017[53].

Otras personas con quienes hablamos fueron deportadas por motivos que no tenían ninguna relación con delitos penales.

• “Sonia H.” contó a Human Rights Watch que fue interceptada por agentes de la Patrulla Fronteriza en julio cuando se bajó de un autobús urbano. Esto ocurrió a las 3 a.m., cuando regresaba a casa después de haber trabajado un turno en Denny’s. Las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas la mantuvieron en detención inmigratoria y la deportaron 10 días después. “Nunca he cometido ningún delito, nunca estuve en la cárcel”, afirmó Sonia. “No conducía porque no tenía licencia; nunca violé las leyes, salvo por el hecho de no tener papeles”. Sonia intentó contener las lágrimas. “Trump no debería expulsar a quienes lo único que pretenden es cuidar de sus familias”[54].
• El 18 de abril de 2017, Linda y su madre estaban llevando a Justin al médico cuando su vehículo Ford Explorer fue interceptado por la policía de Dallas. “No creo haber estado excediendo el límite de velocidad... estaba con mi madre y mi hijo, pero ellos dijeron que circulaba a 45 millas por hora en una zona donde la velocidad máxima es de 40”, explicó Linda. Mientras Justin lloraba e imploraba “¡por favor no se lleven a mi madre!”, arrestaron a Linda por conducir sin licencia. Luego de tres días en la cárcel del condado de Richardson, y 25 años viviendo en Estados Unidos, Linda fue deportada[55].
• Manuel G. estaba dando un aventón a un amigo hasta el hotel donde se alojaba, luego de un evento de Alcohólicos Anónimos en Tulsa, Oklahoma, cuando la policía los obligó a detenerse, según dijo, por hacer un giro en U. Ese control hizo que Manuel luego fuera deportado del país que había sido su hogar durante 29 años[56].

 

Graves deficiencias en los procedimientos de deportación

Falta de oportunidades adecuadas de defenderse de la deportación

El sistema de deportación estadounidense se asemeja a un sistema de justicia penal, y sin duda se siente como tal. Numerosos inmigrantes son detenidos en condiciones prácticamente carcelarias y la deportación es un “castigo” que muchos inmigrantes experimentan como algo más severo que una pena de prisión. Sin embargo, no hay en el sistema garantías esenciales que sí se reconocen a muchas o todas las personas que delinquen, como asesores legales designados por el tribunal para quienes no puedan pagar un abogado, oportunidades periódicas de obtener la fianza y garantías genuinas contra registros e incautaciones ilegales.

Con un atraso de causas inmenso, el sistema de justicia inmigratoria no emite resoluciones oportunas y congruentes[57]. Y la gran mayoría de casos en los cuales el gobierno emite órdenes formales de expulsión —en 2013 era el 83 %— nunca llegan a los tribunales inmigratorios. La mayoría de las deportaciones son reposiciones de órdenes de expulsión anteriores, es decir, expulsiones aceleradas “emitidas por funcionarios de inmigración en las primeras líneas que actúan como investigadores, fiscales y jueces al mismo tiempo, y se elude totalmente el paso por la justicia inmigratoria”[58].

La detención tiene un impacto particularmente pernicioso para las garantías de debido proceso. A fines de 2016, el sistema de detención inmigratorio alcanzó niveles sin precedentes, con un promedio de más de 41.000 personas detenidas por día, muchas de las cuales quedaron detenidas sin oportunidad de ser liberadas bajo fianza.

Son pocos los inmigrantes detenidos —apenas el 14 % entre 2007 y 2012— que contaron con representación legal[59]. No se reconoce a las personas en los tribunales inmigratorios el derecho a un abogado designado por la justicia, a pesar de las enormes complejidades de la ley inmigratoria, y de que los inmigrantes con bajos ingresos no pueden pagar los honorarios de un abogado propio. Un juez inmigratorio comparó las audiencias en este ámbito con “dirimir casos de pena de muerte en un tribunal de infracciones de tránsito”[60].

A menudo, las condiciones de detención inmigratoria son deficientes e, incluso, abusivas. Y para las personas detenidas que tienen problemas de salud, pueden ser mortales, debido a que la atención médica que se brinda es inadecuada y de calidad inferior a la aceptable[61]. Numerosas personas y profesionales han informado a Human Rights Watch a lo largo de los años que la probabilidad de quedar detenidos por largos períodos en esas condiciones hacen que muchos acepten la expulsión inmediata, en vez de esperar a una audiencia ante un juez[62].

• Alexis G., que contrajo matrimonio con una ciudadana estadounidense, contó que el centro de detención inmigratoria donde la encerraron estaba tan abarrotado de gente que él y su hermano, detenidos al mismo tiempo, dormían debajo de una escalera. Su hermano, que había sido deportado antes dos veces, le aconsejó que firmara la expulsión voluntaria. Alexis dijo “Creo que hasta hace algunos años, podías realmente defender tu caso y tener un juicio justo, y te daban esa oportunidad. Ahora creo que simplemente nos deportan por cualquier cosa. No vale la pena permanecer detenido”[63].

No se consideran individualmente los lazos profundos de los inmigrantes con EE. UU.

La legislación inmigratoria estadounidense es un marco normativo severo e inflexible, y el gobierno de Trump lo está aplicando de manera particularmente estricta y draconiana. La legislación inmigratoria estadounidense reconoce oportunidades sumamente limitadas para la consideración individualizada de los sólidos nexos de los inmigrantes con comunidades y familias estadounidenses. Sin embargo, en primer lugar, el presidente tiene un margen de discrecionalidad que puede usarse para influenciar cuáles y cuántas personas son asignadas a procedimientos de expulsión.

Durante el segundo mandato del Presidente Obama, se dictaron nuevas políticas que dieron instrucciones a los funcionarios federales de ya no considerar prioritaria la deportación de inmigrantes no autorizados sin antecedentes penales que hayan estado mucho tiempo en el país. Como se explicó antes, el gobierno de Trump ha revertido estas medidas y ha convertido a todos los inmigrantes no autorizados en blanco “prioritario” de las acciones de deportación. Este cambio durante la gestión de Trump ha tenido como resultado deportaciones de numerosos inmigrantes —que recibieron amplia difusión— que se habían estado “presentando” para controles ante el ICE periódicamente sin ser expulsados del país[64].

Por ejemplo, en 2014 se dispuso la deportación de Maribel Trujillo Díaz, luego de quedar registrada en una redada inmigratoria realizada en 2007 en Koch Foods[65]. Al comprender el impacto que tendría para sus hijos que ella fuera deportada, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas decidió no ejecutar la orden y programó que se presentara anualmente conforme a una orden de supervisión. Trujillo tiene cuatro hijos pequeños con ciudadanía estadounidense, de 14, 12, 10 y 3 años. Era el principal sostén económico de su hogar y vivía en Estados Unidos desde 2002. Aunque era indocumentada, no tenía condenas penales. Sin embargo, en marzo el gobierno de Trump decidió deportarla.

En 2014, no habían sido deportadas cerca de 900.000 personas contra quienes la justicia inmigratoria había dictado órdenes de deportación[66]. Durante el gobierno de Trump, las personas como Trujillo, que se presentan periódicamente a controles ante las autoridades inmigratorias, son “blanco fácil”, explicó la abogada inmigratoria de Trujillo, Emily Brown. “El motivo por el cual hay órdenes de supervisión respecto de estas personas es que hay circunstancias contundentes que las convierten en candidatas ideales para la discrecionalidad”, dijo a Human Rights Watch.

Algunas de las personas con quienes habló Human Rights Watch en México luego de haber sido deportadas deberían haber sido consideradas como beneficiarias de este tipo de ejercicio de la discrecionalidad.

• Por ejemplo, “Alberto Z”, padre de tres hijos pequeños con ciudadanía estadounidense, se había estado presentando ante el ICE durante cinco años, hasta que esa institución decidió deportarlo durante una visita de control en febrero[67]. La solicitud planteada por Alberto para que se le concedieran beneficios inmigratorios en función de su extenso período de residencia en EE. UU. y su familia estadounidense fue denegada en 2016.

• “Marco T.” podría haber sido el tipo de persona que reunía los requisitos para ese tipo de trato discrecional durante el gobierno de Obama. Contó que tenía tres hijos nacidos en EE. UU. —dos varones de 10 y 14 años y una hija de 7, a quienes describió como típicos niños estadounidenses— y que no había sido deportado anteriormente ni tenía condenas penales. Quedó bajo custodia del ICE luego de ser detenido en un control de tránsito cerca de Dallas. “Es solamente que el gobierno ahora es muy severo”, contó a Human Rights Watch. “Tarde o temprano, van a detenerte por una falta menor. Y entonces, la consecuencia es la deportación”[68].

 

Estándares internacionales

No hay un derecho humano reconocido a migrar a otro país y obtener allí estatus legal, y los Estados tienen un importante margen de discreción para expulsar de su territorio a personas que no son ciudadanas de ese país, sobre todo si están allí de manera ilegal[69]. Pero esa discreción no es ilimitada, y EE. UU. debería asegurarse de que sus políticas inmigratorias sean acordes con las obligaciones que le corresponden conforme al derecho internacional de los derechos humanos. En particular, el derecho estadounidense debería tomar en cuenta las profundas implicancias de derechos humanos que tiene la deportación, y ponderarlas en contraste con su interés en deportar a una persona. Actualmente, el derecho estadounidense no permite un margen significativo para esta posibilidad, salvo en circunstancias sumamente limitadas.

Los relatos que se presentaron antes —y otros mucho más detallados en el apéndice más adelante— demuestran que el actual sistema migratorio estadounidense incumple esas obligaciones y responsabilidades. Nuestro objetivo no consiste en probar que alguna persona en particular no debería haber sido deportada, sino mostrar que, en cada caso, hay importantes desigualdades de derechos humanos que las autoridades inmigratorias de EE. UU. ignoraron completamente al tomar la decisión. Los relatos individuales demuestran la necesidad urgente de reformar las prioridades de las autoridades de inmigración y un programa de legalización justo.

Derechos humanos, familia y hogar

Los tratados de derechos humanos que son vinculantes para Estados Unidos protegen el derecho a la unidad familiar. El artículo 17 del PIDCP estipula que nadie “será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia”. En el artículo 23, se dispone que “[l]a familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”, y que todos los hombres y mujeres tienen derecho a “contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello”. El derecho a fundar una familia incluye el derecho de “vivir juntos”[70].

El Comité de Derechos Humanos de la ONU, el órgano especializado que interpreta y da seguimiento al cumplimiento del PIDCP por los Estados Partes, ha señalado expresamente que el derecho a la unidad familiar entraña límites a la facultad de los Estados de regular la inmigración[71]. En Winata vs. Australia, el CDH concluyó que se había producido una violación cuando Australia intentó deportar a dos ciudadanos indonesios cuyo hijo de 13 años, Barry, había nacido en Australia y había adquirido la ciudadanía de ese país. En esas circunstancias, el Comité determinó que el Estado tendría que identificar intereses gubernamentales más allá de la “simple aplicación” de las leyes inmigratorias de Australia para justificar la deportación de los dos padres del niño. Pero al no hacerlo, los intentos de Australia por expulsar a los padres del niño constituyeron una injerencia arbitraria en el derecho a la unidad familiar[72].

Desde entonces, el CDH ha aplicado el mismo análisis en otros casos, con distintos resultados[73]. Un criterio constante y claro en la jurisprudencia del CDH es que toda injerencia en la familia de una persona provocada por una deportación es indefectiblemente “arbitraria” si el Estado no toma en cuenta el impacto para los derechos humanos, contrastándolo con su interés en deportar a la persona. Eso es exactamente lo que hace el derecho inmigratorio estadounidense en forma rutinaria.

El relator especial de la ONU sobre los derechos de los ciudadanos extranjeros manifestó que la “[d]eportación únicamente está justificada si la injerencia en la vida familiar no es excesiva en comparación con el interés público en ser protegido”[74].

Incluso sin sólidos vínculos familiares, a medida que pasa el tiempo una persona indocumentada va desarrollando gradualmente lazos más firmes con el país al cual emigró. Los niños que llegaron a Estados Unidos como inmigrantes no autorizados, conocidos como Soñadores (Dreamers), a menudo no tienen ningún lazo con su país de origen, salvo haber nacido allí, y no obstante ello son deportados sin tomar en cuenta sus nexos con EE. UU.

El artículo 12(4) del PIDCP exige que “[n]adie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país”, y el Comité de Derechos Humanos ha concluido que la definición de “propio país” es más amplia que el concepto del país de nacionalidad de una persona[75]. En dos casos de personas que fueron llevadas a Australia y Canadá desde otros países en su temprana infancia, el Comité identificó que se había violado el artículo 12(4) cuando el Estado intentó deportar a esas personas posteriormente durante su vida[76]. Los hechos en ambos casos son muy similares a la situación de los “Dreamers” de EE. UU.

El artículo 17 del PIDCP estipula que nadie “será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada... su domicilio o su correspondencia... Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”. El Comité de Derechos Humanos ha manifestado que el término “domicilio” debe “entenderse en su acepción de lugar donde una persona reside o ejerce su ocupación habitual”[77].

Derechos de los niños

Los estándares internacionales también protegen de manera expresa el derecho de los niños y niñas a ser criados por sus padres. Estos estándares deberían reflejarse en los procedimientos inmigratorios, de modo de desaconsejar la separación de los hijos de sus padres como resultado de la deportación. Según el Pew Hispanic Center, cerca de la mitad de todos los inmigrantes no autorizados tienen hijos menores[78]. Los derechos de estos niños prácticamente no son tomados en consideración por el derecho inmigratorio estadounidense.

El artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual es parte Estados Unidos, reconoce a los niños y niñas “las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado”. La Convención sobre los Derechos del Niño, que fue suscripta por Estados Unidos pero no ratificada, establece pautas útiles sobre las medidas de protección que requieren los niños y niñas, incluidos aquellos que podrían verse afectados por la deportación de uno de sus padres. La convención reconoce a la familia como “grupo fundamental de la sociedad” y estipula que los niños y niñas deberían “crecer en el seno de la familia”[79]. El artículo 9 de la convención dispone que “los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando... tal separación es necesaria en el interés superior del niño”[80].

Para efectivizar el principio del interés superior y proteger el derecho de los niños a no ser privados de una familia, el Comité de los Derechos del Niño ha instado a los Estados a “abstenerse de detener y/o deportar a los padres cuando sus hijos sean ciudadanos del país”. El comité ha manifestado en este sentido:

“En vez, se debería considerar la posibilidad de regularizar su situación. Los niños deberían gozar del derecho a ser escuchados en procedimientos relativos a la admisión, residencia o expulsión de sus padres, y tener acceso a recursos administrativos y judiciales contra la orden de detención y/o deportación de sus padres, a fin de asegurar que las decisiones no frustren su interés superior. Deberían establecerse en el derecho y en la práctica alternativas a la detención que sean acordes con el interés superior del niño, incluida la regularización”[81].

 

Recomendaciones

Al presidente de EE. UU. Donald J. Trump:

• Comprometerse a proteger los derechos humanos de todas las personas en Estados Unidos, entre otras cosas, renunciando al uso de la retórica xenófoba y la culpabilización arbitraria de los inmigrantes como criminales;
• A fin de asegurar políticas estadounidenses de inmigración y deportación que sean justas y respeten los derechos, dar instrucciones al Departamento de Seguridad Nacional de cerciorarse de que se analicen y se consideren los lazos de los ciudadanos extranjeros con Estados Unidos, antes de que se identifique a estas personas como blanco de expulsión prioritaria del país, y que tal consideración no se excluya automáticamente para las personas que tengan condenas penales;
• Respaldar de manera pública un programa de legalización justo e inclusivo que otorgue estatus legal a los inmigrantes no autorizados en EE. UU. que reúnen una serie claramente definida de criterios, y que procure integrar a quienes tengan sólidos lazos familiares y comunitarios con EE. UU.;
• Como paso inmediato para una reforma de ese tipo, rescindir los “Principios y Políticas sobre Inmigración” del 8 de octubre de 2017 y apoyar la aprobación de una Ley DREAM “limpia”, que no implique concesiones perniciosas para su aplicación;
• A fin de asegurar las garantías del debido proceso y un trato justo a los inmigrantes en los tribunales inmigratorios de EE. UU., seguir trabajando con el Congreso para que estos tribunales tengan recursos adecuados para dictar resoluciones justas e imparciales de las pretensiones inmigratorias.

Al Congreso de Estados Unidos:

En el plazo inmediato:

• Aprobar una Ley DREAM “limpia” que no conlleve concesiones perniciosas, como las que se describen en los “Principios y Políticas sobre Inmigración” emitidos por la Casa Blanca, que instan a debilitar las garantías para niños y niñas y solicitantes de asilo y a realizar incrementos sustanciales en cuanto a personal y capacidad de detención;
• Negarse a aumentar el financiamiento para el sistema de detención y deportación, a menos que tales fondos se destinen a reformas sistémicas que mejoren las condiciones de detención y aseguren mayor transparencia y rendición de cuentas.

A fin de avanzar hacia políticas inmigratorias que respeten los derechos humanos en Estados Unidos:

• Implementar un programa de legalización justo e inclusivo que otorgue estatus legal a los inmigrantes no autorizados en EE. UU. que reúnan una serie claramente definida de criterios, y que procure integrar a quienes tengan sólidos lazos familiares y comunitarios con EE. UU.;
• Aprobar reformas que otorguen discrecionalidad a los jueces inmigratorios, al tomar decisiones sobre expulsión, para considerar los lazos familiares y de otro tipo de una persona con EE. UU. y el impacto de la potencial deportación para los familiares (sobre todo niños y niñas);
• Aprobar reformas orientadas a que EE. UU. avance gradualmente hacia un sistema en el cual todas las personas que enfrenten la posibilidad de deportación puedan conseguir una audiencia justa e individualizada ante un juez imparcial, en la cual se tomen en cuenta adecuadamente las equidades de derechos humanos.
• Generar vías para que los inmigrantes que actualmente no sean admisibles o que no estén autorizados y se les prohíba estar en Estados Unidos, incluidos aquellos excluidos por infracciones inmigratorias o que tienen condenas penales, puedan solicitar permiso para obtener estatus legal si están en condiciones de probar que actualmente tienen una conducta acorde con las buenas costumbres, residen desde hace tiempo en Estados Unidos, han prestado servicio militar, un familiar cercano está presente legalmente en EE. UU. u otros factores similares a su favor.
• Derogar las leyes que permiten la deportación automática de inmigrantes con una amplia variedad de condenas penales, incluidas infracciones menores u ocurridas mucho tiempo antes, sin ninguna consideración de sus lazos familiares o de otro tipo con EE. UU.

 

Al Departamento de Seguridad Nacional, incluido el ICE y el CBP:

• Establecer políticas de control inmigratorio que no se orienten específicamente en los inmigrantes no autorizados que viven en el interior de EE. UU., salvo cuando haya un interés gubernamental imperioso en expulsar a esas personas con independencia de su condición de no autorizadas;
• Ejercer discrecionalidad, cuando sea posible, para liberar de la detención a los inmigrantes que no representen un riesgo de fuga o un peligro para la comunidad;
• Brindar mayores garantías de debido proceso y trato justo a las personas que están en centros de detención inmigratoria en sitios remotos y aislados, entre otras cosas, reduciendo considerablemente la cantidad de personas detenidas, asegurando el acceso a información legal, ampliando los programas pilotos de asesoramiento legal, haciendo cumplir rigurosamente el derecho de los detenidos a cuestionar la legalidad de su detención y asegurando el acceso a centros de detención por parte de actores interesados y medios de comunicación locales;
• Aplicar las facultades discrecionales existentes para garantizar el trato justo de los inmigrantes que consideran a Estados Unidos su hogar, absteniéndose de llevar a cabo acciones de control inmigratorio en “lugares sensibles” como escuelas, hospitales o lugares de culto, y de arrestar a personas “colaterales” que casualmente están presentes cuando se desarrollan acciones de aplicación de la ley con una finalidad específica;
• Publicar y difundir periódicamente estadísticas precisas sobre los tipos de ciudadanos extranjeros que son expulsados y detenidos en Estados Unidos, con datos pormenorizados sobre su actual prontuario penal, relaciones familiares, estatus inmigratorio y antecedentes laborales.

A los estados y las localidades:

• Generar confianza entre las comunidades de inmigrantes separando las medidas de control de policía local de las de control inmigratorio, y limitando las situaciones en las cuales el contacto con los funcionarios locales de aplicación de la ley conduzca a una deportación;
• En la medida de lo posible, asegurar que los inmigrantes en situación de indigencia, sobre todo aquellos que son detenidos en el ámbito local, reciban asesoramiento legal cuando no puedan contratar ellos mismos servicios letrados.

 

Agradecimientos

Este informe fue compilado y redactado por Clara Long, investigadora sénior sobre EE. UU., Brian Root, analista cuantitativo, y Grace Meng, investigadora sénior sobre EE. UU. Un equipo de miembros y voluntarios de Human Rights Watch, incluidos Dan Baum, Margaret Knox, Daniel Wilkinson, Maya Goldman, Claudia Núñez, Clara Long, Tamara Taraciuk Broner, Mirte Postema, César Muñoz y Rosa Baum, realizaron entrevistas con personas deportadas y registraron sus relatos. Thomas Rachko y Maya Goldman, asociados del Programa de EE. UU., colaboraron con la investigación. Jonathan Beeler, Lynn Stopher, Nicola Haubold, Arturo Castellanos Canales y Raisa Camargo, pasantes del Programa de Estados Unidos y de las Américas, también brindaron asistencia con la investigación. Jasmine L. Tyler, directora de incidencia para EE. UU., analizó los hallazgos. El informe fue editado por Daniel Wilkinson, director adjunto de la división de las Américas; Alison Leal Parker, directora adjunta del Programa para Estados Unidos; Michael García Bochenek, asesor legal sénior de la división de Derechos del Niño; Joseph Saunders, subdirector de programas; y Chris Albin-Lackey, asesor legal sénior.

Quisiéramos agradecer al personal y las autoridades del Instituto Tamaulipeco en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por su apoyo y por habernos recibido. También agradecemos a la Casa Migrante de Nazareth en Nuevo Laredo, la Casa Migrante de Tijuana y el Ejército de Salvación de Tijuana y a Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante. Valoramos profundamente la ayuda brindada por Raymundo Ramos y el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Expresamos nuestra gratitud a la Harman Family Foundation por su ayuda para este trabajo.

Por sobre todo, deseamos agradecer a los inmigrantes y sus familias que aceptaron compartir sus historias con nosotros, con la esperanza de que las leyes y políticas estadounidenses puedan reformarse y que sus historias contribuyan a evitar que otros tengan que padecer una situación similar.

Apéndice

Entrevistas con personas deportadas recientemente en Tijuana, Baja California y Nuevo Laredo, Tamaulipas, de abril a octubre de 2017, de las cuales 43 fueron publicadas en el blog "Los Deportados".

1. “Adriana P.”: “Esposa y madre de ciudadanos estadounidenses desesperada por regresar con sus hijas”[82]

“Adriana P.”, de 23 años, hace dos años vivía en el estado mexicano de Michoacán cuando ella y su esposo “Ricardo”, que tiene ciudadanía estadounidense, decidieron que era momento de trasladarse a Estados Unidos. La violencia entre carteles, y entre estos y la policía, se estaba volviendo intolerable en la región, y temían por su hija de 2 años, “Rosie”, que nació en Michoacán.

“No fue tanto porque quisiéramos ganar más”, les dijo Adriana a investigadores de Human Rights Watch en un centro de asistencia a migrantes en Nuevo Laredo, México, el 1 de septiembre, el día en que fue deportada. “Necesitábamos alejarnos de los asesinatos”.

Adriana, Ricardo y Rosie tomaron diferentes caminos para ingresar en Estados Unidos. Ricardo mostró su pasaporte en un puesto fronterizo, Rosie cruzó en automóvil con un amigo de la familia y Adriana caminó durante ocho días por el desierto. Cuando se le preguntó por qué su esposo ciudadano estadounidense no presentó una petición por ella, dijo: “No sabía cómo actuar en mi nombre”.

Se reunieron en Houston, donde viven el padre, el hermano y otros familiares de Adriana, y pronto se mudaron a una pequeña ciudad en Texas, aproximadamente a 200 millas de allí. Ricardo empezó un negocio de poda de árboles. Adriana vendía comida casera que preparaba en su pequeña cocina. En marzo de 2016 tuvieron a su segunda hija, “Riley”. Tenían una buena vida.

Como muchas familias de inmigrantes, Adriana y Ricardo de vez en cuando acogían en su casa a amigos y familiares que necesitaban ayuda. En enero de 2017, el hermano de Ricardo, “Tom”, se estaba quedando con ellos cuando policías llamaron a la puerta. Los agentes parecían saber exactamente lo que buscaban, dijo Adriana, y encontraron una pequeña cantidad de marihuana en la habitación de Tom. Adriana estaba en su propia habitación cuidando a sus hijas. Pero la policía detuvo no solo a Tom, sino también a Ricardo y a Adriana.

Adriana pasó un mes en la cárcel y luego estuvo seis meses en un centro de detención para inmigrantes. “En ese momento estaba amamantando a Riley, pero eso no les importó en absoluto”, cuenta. Adriana firmó una orden de expulsión voluntaria, pero el día en que llegó a México, supo que no se quedaría.

“Por supuesto que voy a volver a Estados Unidos”, dijo. “Mis hijas están allí”.

2. “Alberto Z.”: “Padre de tres hijos deportado tras presentarse ante el ICE”[83]

Durante 18 años, “Alberto Z.” se esforzó por “salir adelante” en el área suburbana de Atlanta: se casó, tuvo hijos, y vivía con el sueldo que ganaba como mecánico en un concesionario de autos usados; se mudó de un remolque a una casa de una planta y adquirió un vehículo todoterreno y una camioneta pickup. Un día, a mediados de junio, lo encontramos en el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, tras su segunda deportación en tres meses. Estaba tratando de enviarles un mensaje a su esposa, “Marta”, y a su hijo “Thomas”, que cumplía 13 años al día siguiente, en Georgia.

“Voy a llamar a Marta para decirle que estoy bien, y hablar, porque realmente no sé qué hacer”, contó Alberto. “Tengo casas, hipotecas, mis impuestos en orden, tres hijos que nacieron en Georgia… El juez dijo que lo único que podría ayudarme es que alguno de ellos tuviera una enfermedad crónica; en ese caso, podría conseguir una visa humanitaria. Pero, gracias a Dios, ninguno está enfermo”.

Alberto dejó Cuernavaca, México, cuando tenía 21 años e hizo dedo hasta Estados Unidos, sin conocer a nadie. Conoció a Marta, que también es indocumentada, cuando él era cocinero y ella camarera en un restaurante mexicano del área suburbana de Atlanta. Se casaron, se mudaron a Sugar Hill, y comenzaron una familia.

Con sus tres hijos, la familia asistía a la iglesia pentecostal los domingos, pasaba tiempo los fines de semana en el parque, y se tomaba breves vacaciones familiares en Savannah, Georgia, o en Clearwater, Florida. Su bebé, “Natalia”, nació en noviembre pasado, alrededor de la misma época en que sus hijos varones —Thomas y “Nelson”, que tiene 10 años— obtuvieron sus cinturones negros en artes marciales mixtas.

Alberto trabajaba a solo diez minutos de su casa, pero hace cinco años, cuando volvía del trabajo, fue detenido en un retén policial. La policía vio que no tenía licencia de conducir —en Georgia no se expiden licencias a inmigrantes indocumentados— y lo detuvo durante tres días, hasta que llegaron autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) y lo llevaron a un centro de detención en el condado de Irwin, Georgia. “Mis hipotecas, mis impuestos, todo estaba en orden”, dice Alberto. Tenía antecedentes por conducir bajo la influencia de sustancias en 2007, pero había cumplido con todos los requerimientos para que la situación quedara atrás. Su abogado solicitó la “cancelación de la deportación”, que permite permanecer en Estados Unidos a algunas personas que han vivido en el país durante al menos 10 años en situación irregular y cuyos familiares con ciudadanía estadounidense sufrirían “dificultades excepcionales e inusuales” si la persona fuera deportada. Mientras su caso se encontraba en curso, Alberto recibió un permiso de trabajo temporal, renovable cada año.

En 2016, sin embargo, Alberto tuvo su audiencia de cancelación y esta fue denegada. Cuando la apelación fue denegada, continuó presentándose, como lo requería el ICE. El 18 de febrero, cuando Alberto se presentó, el ICE lo arrestó de inmediato, lo tuvo detenido en un celda durante un par de semanas y lo envió a Brownsville, Texas, para deportarlo a Matamoros, México.

A principios de junio, Alberto pagó US$7.000 para cruzar el Río Grande en una embarcación y ser guiado por el desierto. Después de tres noches y dos días de caminar con una temperatura agobiante, su grupo de cinco personas se separó, y él quedó con otro migrante que estaba exhausto y debilitado. “Tuve que llevarlo hasta la autopista”, cuenta Alberto —y allí es donde lo atrapó la Patrulla Fronteriza.

En Georgia, la familia ha estado viviendo de los ahorros de Alberto y del dinero obtenido de la venta de su camioneta. Su iglesia les da frutas y alimentos una vez por semana.

“Quiero arreglar las cosas de manera legal ahora”, nos dijo Alberto. “Podría parecer más rápido cruzar de manera ilegal, pero puedes morir de deshidratación o por una mordedura de serpiente”. Lamentablemente, las leyes que rigen en la actualidad en EE. UU. harán que sea casi imposible que Alberto regrese a vivir con su familia de manera legal.

3. “Alejandro D.”: “Padre de seis hijos estadounidenses deportado “[84]

“Alejandro D.” no pudo contener las lágrimas ni articular palabra alguna cuando se le preguntó por su familia en Fort Worth, Texas. Este hombre de 40 años, que se dedica a pintar casas, había sido deportado recientemente a Nuevo Laredo, México, y sencillamente no conseguía expresar en palabras su difícil situación.

Nació en San Luis Potosí, México, y en 1995, a los 18 años, cruzó por primera vez hacia Estados Unidos sin documentos. Encontró trabajo en Fort Worth como pintor, contrajo matrimonio con “Claudia”, también oriunda de México, y juntos armaron una familia. Con cinco hijos nacidos en Estados Unidos – de 15, 10, 8, 7 y 4 años– Alejandro y Claudia tenían una vida plena y sumamente activa.

Alejandro contó con los dedos de las manos las paradas que hacía cada mañana en el trayecto hasta el trabajo: 8:00 a.m. en la escuela primaria, 8:30 a.m. en un jardín de infantes cercano y 8:45 a.m. en la escuela secundaria; y luego a las 9:00 a.m. empezaba su trabajo de pintura.

Para cuando salía del trabajo, contó, sus hijos ya estaban en casa y ayudaban a su madre con las tareas del hogar y a preparar la cena. Cada noche, comían juntos en la misma mesa. Alejandro se enorgullecía de poder ocuparse económicamente de su familia; además de mantener a Claudia y a los cinco niños del hogar, de cada salario que percibía se le descontaba una cantidad para la manutención de otro hijo, también estadounidense, que tuvo durante una relación anterior.

En 2013, recuerda Alejandro, fue separado por primera vez de su familia. Su calvario empezó cuando la policía de Fort Worth lo obligó a detenerse por conducir sin matrícula en el automóvil y descubrió que no tenía licencia de conducir (en Texas no se emiten licencias a inmigrantes indocumentados). El agente controló su nombre en el sistema y apareció una orden de detención por incumplimiento en los pagos de manutención infantil. Alejandro dijo que, en 2012, la empresa para la cual estaba trabajando despidió a todos sus empleados indocumentados. Según dijo, hubo un período durante el cual no pudo cumplir los pagos hasta que consiguió el siguiente trabajo. Luego de que se detectara esa interrupción, trabajó con un funcionario de libertad vigilada para efectuar pagos todos los meses. Cuando el agente de Fort Worth lo obligó a detener el vehículo, Alejandro le pidió que consultara sus datos en el sistema, pues creía que indicaría que había estado cumpliendo.

En cambio, la policía lo entregó a Agentes de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE), quienes lo deportaron. Sabiendo que necesitaba a su familia y que ellos lo necesitaban a él, nos contó que volvió a cruzar la frontera pocos días después, se reunió con su familia y retomó su ajetreada rutina en Fort Worth.

En junio, dijo Alejandro, un vecino del complejo de departamentos donde vive se enfadó porque los hijos de Alejandro estaban provocando mucho alboroto mientras jugaban afuera y habían volcado agua en los escalones del ingreso a su vivienda. Alejandro contó que intentó tranquilizarlo, pero que el vecino llamó a la policía y alegó que Alejandro lo había empujado. La policía lo detuvo y lo llevó a la cárcel Tarrant County, pero no fue acusado de ningún delito. (Un control de antecedentes permitió constatar su afirmación de que no se presentaron cargos). Sin embargo, dijo que mientras lo registraban, descubrieron que era indocumentado y lo entregaron a agentes del ICE, que se lo llevaron apenas salió de la cárcel.

Tres días más tarde, la frontera volvió a separar a Alejandro de su familia.

4. “Alejandro S.”: “¿Quién les dará de comer a mi esposa e hijo?”[85]

El día que “Alejandro S.” fue deportado a México, lo primero que le preocupó fue la familia que había quedado atrás.

Alejandro, de 49 años, que trabajaba como operador de barredora y paisajista, se apresuró a tomar uno de los teléfonos en el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, en Nuevo Laredo, y llamó a su esposa, “Anna” –de nacionalidad colombiana y también indocumentada– y a su hijo “Daniel” de 15 años, que tiene ciudadanía estadounidense.

“Le dije a Daniel: ‘Ahora tú eres el hombre de la casa’”, contó Alejandro a investigadores de Human Rights Watch. “Pero tengo que regresar”.

Alejandro ingresó por primera vez en Estados Unidos en 1998, en un vuelo de la ciudad de México a Nueva York con una visa de turista. Encontró empleo bien remunerado en una empresa de paisajismo en Waterbury, Connecticut. 

Alejandro conoció a Anna en Connecticut. Se casaron, rentaron un apartamento y tuvieron a Daniel en 2002. Llevaban un estilo de vida que Alejandro describió como “totalmente estadounidense”. “Ganaba bien”, expresó. “Pagaba muchos impuestos”.

Al pequeño Daniel le gustaba imitar a su padre mientras trabajaba, usando un rastrillo para niños. Ambos disfrutaban armando muñecos de nieve y fuertes con los montículos de nieve que Alejandro apilaba en las esquinas de los estacionamientos. Anna y Alejandro hablaban español en casa, pero Daniel, una vez que comenzó la escuela, les respondía en inglés.

En 2015, Alejandro fue acusado de conducir sin licencia. Alguien lo vio sentado en su automóvil frente a la vivienda de su hermano en Waterbury, Connecticut, según contó, y llamó a la policía. No tenía una licencia para mostrarles a los agentes que se detuvieron allí; y pasarían otros 10 años hasta que Connecticut comenzara a emitir licencias de conducir a inmigrantes indocumentados. Esa infracción aparentemente menor volvería para atormentarlo.

En 2015, un guardia de seguridad de un centro comercial escuchó que Alejandro y Anna discutían en español mientras buscaban un lugar para estacionar. Según recordó Alejandro, Anna opinaba que Alejandro estaba trabajando demasiadas horas. El guardia llamó a la policía, contó Alejandro, y los agentes encontraron una botella de tequila abierta en el vehículo. Alejandro afirmó que no había bebido, y pasó todas las pruebas de alcoholemia que le hicieron los agentes. Pero lo llevaron a la Cárcel de Waterbury por una hora.

Generalmente con esto suele bastar: el contacto más breve y en apariencia insignificante con las autoridades de aplicación de la ley en cualquier nivel puede terminar en la entrega al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) y, por último, en la deportación.

Según informó Alejandro, un juez lo liberó mediante el pago de una fianza de USD 1.000, y durante dos años, sus audiencias se pospusieron constantemente. En la última, el 23 de marzo de este año, el juez ordenó que Alejandro asistiera a un programa de tres semanas de duración en Alcohólicos Anónimos. El día en que Alejandro iba a comenzar, un agente del ICE se lo llevó detenido.

Una vez en detención inmigratoria, un juez de inmigración advirtió el cargo por conducir sin licencia de hacía 12 años, además del cargo por trasladar un envase de alcohol abierto, señala, y le negó la fianza mientras esperaba ser deportado.

En septiembre, tras dos meses de detención, agentes del ICE esposaron las muñecas y los tobillos de Alejandro a una cadena que llevaba en la cintura durante un viaje de cinco días en autobús y avión a Laredo, Texas, donde él y los otros deportados finalmente cruzaron el puente a México. En el centro de migrantes, explicó con gestos cómo había intentado comer con las manos encadenadas a la cintura.

Anna dejó su trabajo en un restorán de comidas rápidas, contó Alejandro, porque tiene miedo de mostrarse en público; y ahora trabaja limpiando casas cuando puede. Alejandro posó su mirada en sus manos. “¿Quién les dará de comer a mi esposa e hijo?”

5. “Alexis G.”: “Los sueños de una joven pareja, en suspenso”[86]

Alexis G., de 20 años, había vivido en Estados Unidos casi toda su vida cuando fue deportado en junio a Nuevo Laredo, al sur del Río Grande, en un país que apenas conocía.

“Mis padres me trajeron [a EE. UU.] y crecí allí. Si tuviera que cantar un himno ahora mismo, sería La bandera tachonada de estrellas; no sé el himno mexicano”, dijo en una entrevista.

Desde antes de empezar el jardín de infancia y hasta terminar el colegio secundario, Alexis asistió a escuelas públicas del área de Dallas. Uno de sus recuerdos más vívidos fue la detención de su madre soltera e indocumentada cuando él estaba en séptimo grado. Había ido a pagar multas de tránsito atrasadas, sin saber que las autoridades habían emitido una orden de detención por estas. Las autoridades inmigratorias la pusieron en libertad cinco días después para que pudiera regresar a casa con sus cuatro hijos —Alexis es el más joven de los varones— y su hija nacida en EE. UU. No sabe exactamente cómo hizo para evitar ser deportada.

“En la escuela estuve llorando durante cinco días”, dice Alexis, “y los maestros insistían en preguntarme qué sucedía, pero yo estaba demasiado avergonzado para contarlo... me sentía abochornado”.

Alexis alcanzó el cuadro de honor de su escuela, y tocaba el barítono en la banda musical de su colegio secundario y el bajo eléctrico en otra banda escolar. Cuando empezó el tercer año de la escuela secundaria, reunió los requisitos para solicitar la Prórroga de Procedimientos Migratorios para Personas Llegadas en la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrival, DACA), y esto le permitió trabajar en un supermercado después del horario de escuela. Contó que terminó los estudios entre el 15 % con mejor promedio de su clase.

Conoció a su esposa Maryjo, que es ciudadana estadounidense, en Internet después de terminar la escuela secundaria, y se mudó a San Antonio, Texas, durante un tiempo para estar cerca de la “estupenda” familia germano-mexicana de su esposa, en la antigua San Antonio. Sin embargo, la perspectiva de ganar buenos ingresos en la colocación de estuco en Dallas hizo que regresara allí, y Maryjo lo acompañó. El traslado resultó costoso: Alexis no tuvo trabajo por un mes y medio y, en 2016, no tenía los USD 500 para pagar la renovación de la DACA por dos años.

Aun así, en marzo de 2017, él y Maryjo lograron casarse. Su luna de miel terminó el 4 de junio, cuando se produjo una pelea en una zona donde había un mercado de pulgas y una feria. Alexis había ido allí con sus hermanos, Francisco y Andrés, y con la familia de este último. Dice que no sabe exactamente qué sucedió, pero que al bajar Andrés de un juego con su hijo de tres años, el operador lo empujó. En la riña que se produjo a continuación, Alexis dijo que su cuñada, que llevaba un bebé sujetado al pecho, cayó al suelo de un golpe, y que él “reaccionó”, empujando a un guardia de seguridad. Fue detenido por la policía, acusado de agresión y entregado al ICE.

En el centro de detención inmigratorio había tanta gente esa noche que Alexis y Andrés, detenidos simultáneamente, durmieron bajo una escalera. Fue la primera vez que Alexis estuvo detenido por motivos inmigratorios, y Andrés, que antes había sido deportado dos veces, le aconsejó que firmara para ser expulsado voluntariamente. Y así lo hizo.

“Creo que hasta hace algunos años, podías realmente defender tu caso y tener un juicio justo, y te daban esa oportunidad. Ahora me parece que simplemente nos deportan por cualquier cosa. No vale la pena permanecer detenido”. Cree que se desistió de los cargos por agresión, y de hecho un control de antecedentes penales no arrojó ningún resultado.

Su esposa Maryjo dijo a Human Rights Watch que, desde que deportaron a Alexis, hablan por teléfono todos los días. “Queremos... estudiar juntos, empezar una familia, conseguir una casa”, dijo, pero todos estos planes por el momento están en suspenso.

“Es muy duro”, nos dijo Alexis. “A veces sientes que no perteneces a ningún sitio, estás atrapado en medio. Al crecer, conocí a niños procedentes de México que habían llegado durante la adolescencia, y ellos me decían ‘Tú no eres mexicano’. Y luego desde otro lado te dicen que no eres estadounidense porque no tienes papeles. Eso duele. ¿Acaso yo no cuento?”.

6. “Alfonso B.”: Una detención injusta que termina en deportación[87]

Para “Alfonso B.”, de 29 años, y su esposa “Rebecca”, que es ciudadana estadounidense, hay algo paradójico y cruel en su deportación: la serie de acontecimientos que llevaron a que ocurriera empezó, justamente, con una discusión acerca de que él debía pasar más tiempo con la familia.

Alfonso dirigía una empresa de limpieza en Houston que empleaba a 25 personas. Los contratos a menudo requerían que trabajara de noche, y él era un empleador siempre dispuesto a dar una mano. “Tenía que hacer de jefe, secretario, supervisor y empleado de limpieza. Con todo eso, a veces trabajaba 70 horas por semana”, contó a investigadores de Human Rights Watch en Nuevo Laredo el 20 de septiembre, el día en que fue deportado.

Lo que dio inicio a sus problemas de deportación en 2016 fue la llamada que él mismo hizo a la policía, después de que Rebecca lo esperó en la puerta de su apartamento para reprocharle la cantidad excesiva de horas que estaba trabajando. Rebecca estaba alzando la voz. “Traté de intentar que entrara, porque sabía que alzando la voz podía hacer que algún vecino se enfadara, y luego llamé yo mismo a la policía, pues creí que sería lo mejor”, cuenta.

“Fue lo único por lo que discutimos”, informó Rebecca en una entrevista telefónica. “A veces trabajaba hasta las 3 a.m. y luego necesitaba descansar. Pero los niños querían salir. Querían que jugara. En ocasiones, esto me molestaba”.

Rebecca dijo que, cuando la policía llegó, ella insistió en que se encontraba bien —él nunca le pegó— y cuando eso no impidió que lo detuvieran por un delito menor de violencia doméstica, escribió una carta al tribunal. Para el momento en que fue detenido, a Alfonso solo le quedaba un paso más, según cuenta Rebecca, en el proceso de regularización de su situación inmigratoria tras haberse casado con una ciudadana estadounidense. Alfonso contó que su abogado le informó que no era posible que se levantara la acusación y que la única manera de avanzar era declararse culpable y cumplir la pena —nueve días—, que es lo que finalmente hizo.

Alfonso llegó a Estados Unidos desde Ciudad de México apenas cumplió los 18 años, y pronto encontró trabajo en una carnicería. Pero descubrió que su trabajo nocturno, limpiando distintos centros de la YMCA, era lo que realmente le gustaba. Conoció a Rebecca cuando ambos limpiaban un concesionario Honda, y después de dos años de relación, se casaron en 2012 y él se convirtió en el único sostén de la familia. La hija que Rebecca tenía de una relación anterior, “Alison”, que ahora tiene 7 años, nunca había conocido a su padre, y Alfonso asumió ese rol. “Jamie” nació en 2013, cerca de la época en que Alfonso comenzó su propio negocio de limpieza. No tenía antecedentes, salvo un cargo por conducir bajo los efectos del alcohol, y los cargos que se originaron por su discusión con Rebecca.

El 23 de agosto, Rebecca estaba saliendo para llevar a Alison y a Jamie a la escuela cuando autoridades de inmigración se presentaron en su apartamento para detener a Alfonso, aunque se anunciaron inicialmente como policías. (La práctica del ICE de identificarse como la “policía” ha generado controversia; algunos funcionarios electos la han cuestionado, por considerarla engañosa, sobre todo cuando las autoridades locales de aplicación de la ley han estado trabajando para diferenciarse de las autoridades de control inmigratorio en un intento por generar confianza en las comunidades de inmigrantes). Alfonso explicó que la acusación de violencia doméstica se había resuelto, pero los agentes le dijeron que, según lo que ellos entendían, esto no era así.

El huracán Harvey llegó a Houston cuando Alfonso estaba allí en un centro de detención para inmigrantes. Rebecca contó que Alfonso la llamaba constantemente, pues ella y los niños abandonaron su vecindario, propenso a las inundaciones, y escaparon de la tormenta para dirigirse a la casa de la madre de Rebecca, ubicada a una hora de la ciudad, un lugar relativamente seguro.

“Los niños lo extrañan”, contó Rebecca, mientras embalaba los objetos en su apartamento para mudarse con los niños a Ciudad de México y poder estar con Alfonso.

Rebecca teme a las pandillas de Ciudad de México y cree que el nivel de las escuelas será peor. Los niños, ambos ciudadanos estadounidenses, no quieren dejar a sus maestros y amigos, señaló. Pero, según contó Rebecca, el abogado de Alfonso sugirió que Alfonso tendría mayores probabilidades de obtener la residencia legal en Estados Unidos, si presentaba los documentos desde México.

“Me preguntan dónde está, y el pequeño quiere saber por qué se lo llevó la policía”, cuenta Rebecca. “Jamie piensa todo el tiempo en eso, en que vinieron a la casa y se lo llevaron. Esa es la imagen que tienen, y me parte el corazón”. 

7. “Alfredo R.”: “Joven de Utah desesperado por regresar con su familia y reanudar su vida en Estados Unidos”[88]

Fue la devoción de un hijo la que dejó a Alfredo R. del otro lado de la frontera, separado de su familia y del país que había sido su hogar desde que era un bebé.

Alfredo, que ahora tiene 22 años, llegó a Estados Unidos desde México cuando era pequeño y creció en Provo, Utah. Pero cuando tenía 17 años, su padre se enfermó gravemente en México. La familia pensó que se trataba de un problema cardíaco, y Alfredo fue a cuidarlo. Para cuando su padre comenzó a mejorar, Alfredo había quedado atrapado. No había manera legal de que regresara a EE. UU.

Eso no ha sido un obstáculo para que lo intentara. En abril fue arrestado y deportado después de su quinto intento de cruzar la frontera y volver a su casa con su familia en Provo.

A pesar del aprecio que siente por su país de adopción, la vida de Alfredo en EE. UU. estuvo marcada por la lucha y la tragedia. En mayo de 2008, un camión con remolque chocó de costado al Pontiac Grand Am de su madre en el cañón de Provo; su hermana Jennifer, de 8 años, y su hermano Daniel, de 7 años, salieron despedidos y murieron en el accidente. Alfredo, que en ese momento tenía 13 años, solo sufrió lesiones leves. Su madre, que conducía, resultó gravemente herida y quedó emocionalmente devastada.

“Han pasado nueve años y aún se siente como si hubiera ocurrido ayer”, escribió recientemente en inglés en una publicación de Facebook dedicada a sus hermanos fallecidos. “Quisiera poder sostenerlos y abrazarlos con todo mi corazón. Daría mi vida por que estuvieran aquí”.

La madre de Alfredo, María, dijo en una entrevista que el accidente “lo afectó mucho” y que fue el comienzo de una adolescencia difícil. Pasó un año en un hogar para menores, recibiendo terapia para el duelo y el trauma.

“Tuve algunos problemas”, contó Alfredo a Human Rights Watch en Nuevo Laredo, México. “No iba a la escuela, y comenzaron a llevarme al tribunal de absentismo escolar”.

Finalmente, con el apoyo de su familia y terapeutas, la situación comenzó a mejorar para Alfredo. Jugó como defensa en el equipo de fútbol americano de la escuela secundaria y prestó más atención en la escuela.

Si Alfredo hubiera logrado atravesar el desierto y cruzar el alambrado en alguno de los cinco intentos, habría vuelto directamente a Provo para terminar la escuela secundaria y ayudar a su madre y a sus hermanos.

Actualmente trabaja en el centro de llamadas de atención al cliente de Zipcar, en el centro de Guadalajara, México. Espera su oportunidad, pensando todo el tiempo cómo regresar y reanudar la única vida que conoce.

“Tenía toda mi vida allí. Ahora, si vuelvo a cruzar, probablemente vaya a la cárcel”.

8. “Andres L.”: “Decidido a ver de nuevo a su hijo de dos años”[89]

Cuando “Andrés L.” fue deportado de regreso a México en julio, una de las primeras cosas que hizo fue tatuarse en la muñeca el nombre y la fecha de nacimiento de su hijo estadounidense Anthony.

“Quiero que siempre esté conmigo. Él es todo para mí”, dijo Andrés.

Andrés nació en Ciudad de México y creció en el estado cercano de Michoacán. Su familia vivía en una pequeña hacienda con acceso a un pozo de agua. Esa ventaja se convirtió en una maldición, dijo Andrés.

La disponibilidad de agua, sumada a que su hermano era policía municipal, hizo que la familia se convirtiera en blanco de los cárteles, contó Andrés.

Se levantó los pantalones en ambas piernas para mostrar cicatrices. “Recibí una bala en cada tobillo”.

En 2000, el hermano de Andrés logró sacar a toda la familia de México y llevarlos a Houston, Texas, de a uno por vez. Andrés consiguió empleo como techador, pero poco después empezaron los problemas en el trabajo. A veces no le pagaban todo el dinero acordado —estimaba que en total le debían algo de USD 1.500— y posteriormente su jefe empezó a darle palizas.

Luego de tres años, Andrés ya no pudo tolerar el hostigamiento y los engaños, y dejó el empleo, debido a lo cual prácticamente quedó viviendo en la calle. Ahí fue cuando conoció a “Raymundo”, quien lo acogió, le ofreció una habitación en su propia casa y más tarde le dio trabajo en su tienda. “Raymundo es como un padre para mí”, afirmó.

Raymundo siguió creyendo en Andrés pese a los dos roces que había tenido con la ley. En 2005, tras haber sido obligado a detener su vehículo por exceso de velocidad, Andrés pasó 10 días en la cárcel y pagó una multa de USD 1.000 por tenencia de marihuana, que según dice un amigo suyo dejó en la guantera de su camión. Y en 2014, Andrés fue multado por participar en carreras.

Andrés nunca contrajo matrimonio con “Karen”, la madre de Anthony, pero intentó que tuvieran un hogar estable, no solo para Anthony sino también para Karen y los seis niños que ella tenía de una relación anterior. El problema, según Andrés, era que Karen a menudo regresaba con su anterior pareja. En septiembre de 2016, Andrés volvió a casa del trabajo y encontró a Karen preparándose para irse. Dijo que tuvieron una discusión y ambos terminaron llamando a la policía. Su objetivo era evitar que Karen se llevara a Anthony de visita a la casa de su expareja, pues él creía que no era una buena persona. Fue interrogado por la policía y acusado de interferir con una llamada al 911, pero posteriormente se desistió del cargo.

El día siguiente a su detención, Andrés pagó la fianza. Sin embargo, en vez de liberarlo, lo llevaron al piso superior de la Cárcel del Condado de Harris, hasta el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE). Fue trasladado por agentes del ICE hasta el centro de detención inmigratoria de Houston, y el 21 de septiembre de 2016 Andrés ingresó en el Centro de Detención de Río Grande, donde hizo lo posible por defender su caso durante casi 10 meses, hasta que el 14 de julio fue deportado.

En todo este doloroso proceso, los recuerdos de su hijo son lo que han ayudado a Andrés a seguir adelante. “A Anthony le encanta jugar en el agua”, nos cuenta sonriendo. “Yo solía bañarlo, y pasábamos horas chapoteando y moviendo las manos en el agua”.

Andrés no sabe cuánto tardará en regresar a Houston, pero está decidido a ver de nuevo a su hijo.

9. Benjamin M.: “Ansiaba pertenecer a la Marina, pero ahora está deportado en México”[90]

Benjamín M. controlaba continuamente su teléfono en el centro de recepción de migrantes en Nuevo Laredo, México; acababa de ser deportado ese día de agosto, y estaba atento al trayecto que estaban haciendo su madre y su esposa, que conducían desde Dallas para reunirse con él.

“Tengo un matrimonio extraordinario y dos hijos encantadores”, dijo este hombre de 26 años, mientras mostraba una fotografía de su familia sonriente reunida junto a una torta de cumpleaños con una vela.

“Camille”, la esposa de Benjamín, que tiene ciudadanía estadounidense, solamente pudo pasar con él unas pocas horas en Nuevo Laredo, antes de regresar con sus hijos, un varón de dos años y una niña de un año. Pero su madre, que tiene residencia legal en Estados Unidos, tenía previsto tomarse el autobús junto con Benjamín para ayudarlo a que llegara seguro hasta donde viven sus familiares en Toluca, cerca de la Ciudad de México.

Todos los siete hermanos y hermanas de Benjamín están en situación legal en Estados Unidos, ya sea como ciudadanos o con visas, o permisos conforme a la Prórroga de Procedimientos Migratorios para Personas Llegadas en la Infancia, y Benjamín, el más joven de todos, esperaba poder regularizar su situación en el plazo de un año, como esposo de Camille.

México le parecía un país extranjero.

Cuando Benjamín tenía 11 años, su madre, que había enviudado, se mudó con él de Toluca a Dallas para estar cerca de sus hijos mayores, que habían emigrado. Contó que pronto aprendió inglés para desenvolverse ante el hostigamiento escolar durante la primaria. Al cursar la escuela media, “Podía defenderme con palabras”, dijo, y en la secundaria descubrió algo que lo apasionaba: el Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva (Reserve Officers Training Corp, ROTC). “Fue la mejor experiencia de mi vida”, afirmó. “Siempre me fue bien en la escuela, y nunca andaba en patineta ni me quedaba merodeando; simplemente estaba compenetrado con la escuela y el ROTC”. Formó parte de la guardia de color, del equipo de fusiles y de un grupo de entrenamiento físico galardonado. Su mejor amigo, un año mayor, se incorporó a la Marina tras graduarse, y también Benjamín fue reclutado. El último año, entrenó con los Marines y luego sufrió la mayor decepción de su vida: se enteró de que, sin estatus legal, no podría formar parte de esta fuerza.

Mientras su amigo se embarcó hacia California y luego a Japón, Benjamín cayó gradualmente en depresión. No sabe por qué no solicitó el beneficio de la DACA, salvo que se sentía “tan mal por haber sido rechazado [en la Marina]”. Empezó a beber alcohol por primera vez. “Mi madre y mis hermanos me decían continuamente que tenía que parar, que había otras formas de salir adelante, pero yo estaba demasiado deprimido para escucharlos”.

En 2013, tras una comida en la casa de un amigo, dijo que la policía lo obligó a detenerse por conducir a una velocidad 10 millas superior a la permitida en una autopista y lo arrestó por conducir bajo el efecto del alcohol. Pagó la multa de USD 750 y cumplió dos años de libertad vigilada, durante los cuales tuvo que presentarse mensualmente y someterse a pruebas para detectar el consumo de alcohol y drogas, además de asistir a clases. Durante el período de libertad vigilada, conoció a Camille y se casó con ella, y empezaron su familia.

Benjamín trabajó como colocador de cristales, incluso en el estadio de los Cowboys en Frisco y otros predios comerciales. Su madre, que vivía con ellos, ayudaba en el hogar, y todos disfrutaban de las comidas juntos, las salidas y de ir a la iglesia. Sin embargo, cuando Camille quedó embarazada de la niña, Benjamín tuvo otro momento difícil. “Trabajaba de 4 a.m. a 9 p.m., a veces 7 días por semana, y mi esposa me recriminaba que no pasaba tiempo suficiente con ellos, así que me sentía frustrado y cansado”. Por primera vez desde que estaba en libertad vigilada, Benjamín pasó por la casa de un amigo en julio de 2016 y tomó una cerveza, “luego otra, y otra”, dijo, “y así”. La policía lo obligó a detener su vehículo por conducir a una velocidad 5 millas mayor a la permitida en la autopista cuando regresaba a casa, y lo arrestaron nuevamente por conducir bajo los efectos del alcohol.

La libertad vigilada ya no tenía sentido esta vez, pues el ICE ahora se llevaba a muchísimas personas durante las visitas de control. Dijo que las personas que son deportadas sin haber terminado de cumplir condenas luego tienen enormes dificultades para regresar legalmente a EE. UU. Así que siguió el consejo que le dio un abogado de cumplir la pena de prisión. Luego de tres meses en la Cárcel de Condado de Tarrant fue puesto a disposición del ICE en la Cárcel del Condado de Johnson, donde, según contó, las condiciones eran nefastas. Benjamín suspiró y se secó una lágrima cuando mencionó a un amigo de nacionalidad china, que había estado encerrado allí más de un año sin saber cuándo sería puesto en libertad o deportado. “Realmente me siento mal por su situación”, dijo.

Pero Benjamín espera tener la posibilidad de regresar legalmente, aunque conforme al actual derecho estadounidense, durante 10 años tiene prohibido solicitar una visa por haber vivido más de un año en EE. UU. irregularmente. “No quiero que nada se interponga en mi camino”, afirmó. “Tengo que regresar”.

10. “Braulio Q.”: “Procesado penalmente varias veces por intentar regresar con su hijo”[91]

“Braulio Q.”, de 45 años, ha pasado más años de su vida en Estados Unidos que en México. Pero luego de más de 10 meses en detención inmigratoria y su quinta deportación en septiembre, su hijo “Miguel”, que tiene ciudadanía estadounidense, le dijo que aguardara en México. Algún día, le dijo su hijo, habrá una forma de lograr que vuelva a EE. UU. por la vía legal.

“Estoy muy cansado de ser preso”, dijo Braulio a investigadores de Human Rights Watch en Nuevo Laredo, México, el día siguiente a la fecha de su deportación, el 30 de septiembre.

Braulio tenía 21 años cuando se fue de la localidad rural de Ignacio Zaragoza, Chihuahua, en 1993, y se dirigió a EE. UU., en respuesta a un pedido de un ganadero de Texas que necesitaba una persona para entrenar a caballos de espectáculos. “Desde la infancia, me fascinaban los caballos y empecé a trabajar con ellos”, nos contó. Braulio se hizo cargo de siete caballos en una hacienda cerca de El Paso, y les enseñó a bailar, recostarse, responder a órdenes y decir “sí” y “no” con sus patas. Ese mismo año, en la hacienda, conoció a otra jinete, “Rosa”, una ciudadana mexicana con residencia en EE. UU., y más tarde se casaron. De esta unión nació Miguel cuatro años más tarde.

Braulio afirma que trabajaba de sol a sol, los siete días de la semana. “Nunca hice nada en la ciudad; estaba siempre con los caballos, pero Rosa y Miguel venían a verme al trabajo”. En 2005, pudieron comprar una casa en El Paso, y hace tres años Braulio compró una propiedad para ofrecer un servicio de guardería para caballos de clientes.

“Fue increíble crecer con él como padre”, dijo Miguel, que ahora es paisajista, durante una llamada telefónica desde Clint, Texas. Un hijo mayor de Braulio, nacido en el estado mexicano de Michoacán de un matrimonio anterior, fue a vivir con ellos, contó Miguel, y Braulio fue un modelo paciente y enérgico para ambos jóvenes. “Nos mostraba todo tipo de cosas, no solo cómo trabajar con caballos, sino además cómo construir una vivienda de principio a fin, cómo hacer paisajismo, cómo ahorrar dinero, realmente cómo salir adelante en la vida”.

Pero para cuando Braulio pudo comprar su propiedad para los caballos en 2014, ya había sido deportado varias veces. En 2008, cuando regresaba de una fiesta, fue interceptado por la policía, acusado de conducir en estado de ebriedad y deportado. En 2013, recibió una multa por conducir sin registro –Texas no emite registros a personas indocumentadas– y más tarde ese año tuvo un altercado con su cuñado, que vivía con él y el resto de la familia.

Su suegra, enfadada, llamó a las autoridades de inmigración, contó. Según consta en los registros federales, Braulio fue procesado por reingreso ilegal luego de ser deportado; pasó nueve semanas bajo la custodia de un alguacil federal y fue deportado. En 2014, intentó cruzar la frontera, fue interceptado y juzgado por nuevo reingreso ilegal, y condenado a 10 meses antes de ser deportado nuevamente. Consiguió cruzar a Estados Unidos en 2015, y retomó su vida en Texas, hasta que recibió una notificación de que, contrariamente a lo que creía, no se había resuelto la multa que le habían emitido por conducir sin registro antes de su deportación en 2013. Cuando acudió para resolver este asunto, el 14 de noviembre de 2016, las autoridades inmigratorias lo arrestaron.

Tras 10 meses de detención, siguió encarcelado, según dijo, mientras las autoridades insistían en que había solicitado asilo. Negó que fuera así, pero las autoridades tardaron cinco días en resolver el malentendido; finalmente se le permitió firmar una cancelación de pedido asilo, y fue deportado.

Por el momento, tiene intención de dirigirse a Madera, Chihuahua. “Hay trabajo allí para mí, con vacas”, afirmó. “Debo empezar con algo”.

Miguel, que ahora tiene 20 años, se casó el año pasado, y él y su esposa esperan un hijo. “Me enoja no poder tener a mi padre conmigo y con mi familia”, dijo. “No voy a vivir sin verlo. Tendré que dejar de trabajar un día por semana para visitarlo. Voy a tardar una o dos horas en llegar a donde está él, y luego cruzar de regreso dos o tres horas más”.

11. “Calixto L.”: “Una larga recuperación de un accidente y una deportación rápida”[92]

Una mañana a fines de abril, Calixto L. estaba conduciendo al trabajo, dispuesto a empezar otro turno de su empleo en una fábrica que produce cápsulas de cloro para piscinas. Esa misma noche, estaba de regreso en México, luego de ser deportado a un país donde no había estado en más de una década.

Calixto, de 39 años, salió de casa con su hija Emily de 8 años ese día a las 5:30 a.m. con la intención de llevarla a la guardería a la que asiste antes de la escuela, para que su esposa Blanca pudiera cumplir su turno de trabajo en Taco Bell. Aproximadamente a cinco cuadras de distancia de su casa, advirtió que un automóvil lo estaba siguiendo. Algunas calles más adelante, cuando se detuvo en una señal de tránsito, otro auto y una camioneta se aproximaron desde una calle lateral.

Los vehículos llevaban a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE). Luego de que Calixto no pudiera mostrar una licencia de conducir, los agentes controlaron sus huellas digitales en la base de datos y le dijeron que quedaba detenido por estar ilegalmente en el país. Había sido deportado en 2004, cuando las autoridades hallaron que llevaba documentos falsos. Su hija, con ciudadanía estadounidense, quedó sola en el vehículo, custodiada por personas desconocidas con uniforme negro, hasta que su tía pasó a retirarla. “Ni siquiera permitieron que Calixto se despidiera”, nos contó Blanca. “La niña estaba tan asustada”.

Calixto y su familia han sobrellevado distintas adversidades recientemente, pero las cosas parecían estar mejorando. A principios de septiembre de 2015, mientras llevaba en auto a su hija y su hijo de ciudadanía estadounidense Erik, que ahora tiene 15 años, luego de asistir al cumpleaños de otro niño, Calixto hizo una maniobra con su vehículo Honda Accord para esquivar a otro automóvil y, tras caer por la banquina, colisionó contra un árbol. En el accidente sufrió graves lesiones en la espalda que lo dejaron postrado, pero lo más angustiante para él fue que su hija sufrió fractura del fémur izquierdo. Calixto había consumido alcohol con otro padre durante la fiesta y fue hallado culpable de causar lesiones graves al conducir bajo el efecto de sustancias y condenado a libertad vigilada, servicio comunitario y una multa de USD 6.400.

La recuperación de Calixto y su hija llevó mucho tiempo. Debido a las lesiones sufridas, ya no le fue posible seguir trabajando en la tala de árboles. “Pasé dos meses en el hospital y tres meses en rehabilitación”, dijo. “Vi una película de un boxeador que estuvo en la misma situación. Hizo ejercicios para recuperarse, y entonces yo también los hice. Y mejoré”.

Pasó un año y medio, pero para cuando llegó la fecha de la última comparecencia judicial por el delito de conducir bajo el efecto de sustancias, en febrero de 2017, Calixto ya tenía un nuevo empleo y Emily caminaba normalmente. “Sí le quedó una cicatriz”, nos dijo. “Y probablemente no va a querer usar falda”. Blanca nos contó que Emily llora y pregunta cuándo regresará su padre luego de la deportación. “Ellos tienen un vínculo muy estrecho”.

Mientras estaba bajo custodia del ICE, los agentes pidieron a Calixto que firmara un documento, y él obedeció. Nos dijo que, al darse cuenta poco después de que tal vez había firmado los documentos de su propia deportación, pidió hablar con el agente que le había dicho que firmara. Le respondieron que no era posible, y algunas horas más tarde estaba en un autobús camino a la frontera.

Esa noche en Tijuana, Calixto no pudo dejar de pensar sobre cómo estaría su familia. Ya tenían dificultades para pagar la renta, pues gran parte del dinero lo destinaban a pagar la multa judicial. ¿Y si los desalojaban de la casa? ¿Cómo harían para subsistir?

12. “Carlos G.”: “Dieciséis años de arduo trabajo en EE. UU.”[93]

En 2001, Carlos G., de 34 años, pasó por la ciudad fronteriza mexicana de Nuevo Laredo, cuando se dirigía al norte para entrar en Estados Unidos sin documentos. Dieciséis años más tarde, se encontró de nuevo en esa localidad, contando su historia a investigadores de Human Rights Watch en un centro de acogida de personas deportadas.

Cuando llegó a Houston en 2001, Carlos empezó a trabajar en remodelaciones. Aprendió a realizar tareas de pintura, colocación de estuco y otros oficios, y más tarde empezó su propio negocio, T’NO’s Painting. En el momento de mayor actividad de T’NO’s, Carlos era dueño de todas las maquinarias y daba empleo a otros cinco trabajadores.

Lamentablemente, su negocio no siguió siendo próspero y tuvo que volver a trabajar para otras personas; pero sus nuevos jefes le agradaban, y dijo que eran justos y que le ofrecían tareas interesantes.

En diciembre de 2015, Carlos fue a la casa de un primo para ver un partido de fútbol entre EE. UU. y México. Cree haberse ido de la casa para volver a su hogar en Houston cerca de las 2 a.m. y afirma que estaba completamente sobrio. Cuando vio luces de emergencia por el espejo retrovisor, no se preocupó, pues había otro automóvil detrás del suyo que circulaba —según pudo ver los instantes en que miró por el espejo— de manera bastante errática. Supuso que la policía pretendía detener a ese vehículo. Pero Carlos fue obligado a detenerse y acusado de intentar evadir ser arrestado.

Carlos estuvo encarcelado dos meses. Luego, sus jefes le ayudaron a pagar la fianza, y pasó seis meses teniendo una audiencia judicial tras otra. En su expediente se indica que se dispuso la suspensión condicional del proceso. En agosto de 2016, empezó un período de libertad vigilada de tres años durante el cual tuvo que comparecer una vez por mes y, según afirma, no faltó ni una vez a las fechas estipuladas.

El 27 de abril de 2017, se presentó como era habitual ante su supervisor de libertad vigilada. Apenas cruzó la puerta, un hombre con uniforme del ICE le preguntó cuál era su nombre y lo esposó.

Luego de varias semanas en el centro de detención inmigratoria de CCA en Houston, fue deportado en junio. En el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, Carlos todavía estaba preocupado por un trabajo de pintura que había quedado sin terminar en Texas, en la casa de su jefe. Solo quedaban por dar unos últimos retoques a las molduras del techo.

13. David B.: “‘Lloramos por él a diario”[94]

David B. se siente más cómodo hablando inglés que español. Nació en Guanajuato, México, pero cuando tenía dos años y medio cruzó la frontera con sus padres. Se instalaron en Victoria, Texas, donde nacieron sus hermanos y su hermana, y David nunca regresó a México hasta el 22 de junio, cuando lo deportaron, a los 31 años.

“Ni siquiera sé cómo comprar algo para comer aquí”, dijo, mientras observaba la sala iluminada con faroles fluorescentes del centro de recepción de personas deportadas en Nuevo Laredo. “Tengo que regresar con mi familia”, dijo con un gesto de desazón.

Luego de graduarse de la escuela secundaria, David empezó a trabajar en la remodelación de viviendas. En 2012 contrajo matrimonio con “Katherine”, una ciudadana estadounidense, y se convirtió en un dedicado padrastro para las dos hijas de su esposa, que entonces tenían 2 y 5 años. David se convirtió en el único sostén económico de la familia, no solo para Katherine y sus hijastras, sino además para los dos niños —un varón y una niña— que tuvieron luego juntos. A medida que se ampliaba la familia, adoptaron una plácida rutina que consistía en ir a la Iglesia los domingos y luego hacer paseos por el parque o escapadas de fin de semana a Corpus Christi.

David y su madre intentaban conseguir la residencia, y dijo que su padre ya tenía ciudadanía estadounidense.

En 2005, David fue obligado a detener el vehículo en el que circulaba cuando se dirigía a un partido de fútbol con algunos amigos. Dice no recordar el motivo. La policía descubrió que conducía sin tener licencia, y esto hizo que se diera aviso a las autoridades de inmigración.

Mientras permaneció recluido algunas semanas en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) en Corpus Christi, entabló vínculo con uno de los guardias, que también era de Victoria, Texas, como él. El guardia le dijo que lo pondría en libertad si su familia podía presentarse allí en el lapso de unas horas. Sin comprender bien qué estaba sucediendo, David aceptó la propuesta, firmó el documento que le proporcionaron, y se fue acompañado de sus padres.

Recapacitando, presume haber firmado un acuerdo para irse voluntariamente de EE. UU. Pero no se fue del país.

No tuvo inconvenientes, hasta una noche este verano cuando condujo con Katherine y sus dos hijos menores en busca de una nueva vivienda. Dobló en el semáforo, y ni él ni Katherine advirtieron que tenía encendidas las luces de emergencia hasta que fue obligado a detenerse por un policía de Victoria. Una vez más, el agente descubrió que estaba conduciendo sin licencia, pero esta vez supo también que las autoridades inmigratorias tenían interés en localizarlo, pues nunca recibieron notificación de que se hubiera ido voluntariamente del país, algo que jamás sucedió.

David fue enviado inmediatamente a un centro de detención privado en Houston, donde permaneció tres semanas. Su familia pudo visitarlo solamente una vez. Su hija de dos años se apoyó en el cristal que los separaba y rompió en llanto; no entendía por qué no podía tocar a su papá.

Varado en la localidad fronteriza de Nuevo Laredo luego de la deportación, David se muestra visiblemente atemorizado. “Siempre supe que yo venía de México. Pero no tengo recuerdos, y dicen que es peligroso”.

Mientras tanto, en Texas, Katherine intenta conseguir un empleo y mantener unida a la familia. “Lloramos por él a diario. El tiempo no mejora las cosas”.

14. “Diego L.”: “Desesperado por ‘volver a casa’”[95]

“Diego L.”, de 28 años, se tomó un descanso de su trabajo de colocación de pisos en Amarillo, Texas, una gélida tarde de enero para llenar el tanque de su Ford Focus en una tienda de autoservicio cercana. Diego dijo que, mientras salía del estacionamiento para regresar al trabajo, un policía de Amarillo le indicó que se detuviera, alegando que no había cedido el paso como correspondía. Ese control llevó a que fuera deportado en junio, 18 meses después.

“No tengo familia aquí en México”, dijo en inglés, cuando investigadores de Human Rights Watch lo conocieron en un centro de acogida de personas deportadas en Nuevo Laredo, México. El menor de cinco hijos, nació en México D.F. y fue llevado al norte con su familia cuando tenía dos años. “Mis padres siguen viviendo en California; cosen para una fábrica en Santa Ana”.

La esposa de Diego, nacida en Estados Unidos, está intentando desesperadamente todos los recursos legales posibles para lograr que regrese. Ella tiene una hija de 9 años y un hijo de 7 que lo extrañan muchísimo. “Es un buen padrastro”, les dijo por teléfono a los investigadores desde Amarillo. “Realmente nunca ha hecho nada malo. Simplemente le tocó nacer en otro lado”.

Los problemas inmigratorios de Diego empezaron en 2012, cuando él y Amanda estaban discutiendo en su departamento —solo verbalmente, insisten ambos— y un vecino llamó a la policía. Diego dijo que salió con tranquilidad para recibirlos, y permitió que lo esposaran. Se declaró culpable de obstrucción a la policía porque, según dijo, “No sabía lo que hacía. No pude hablar con nadie”. Diego pasó dos meses en la Cárcel del Condado de Potter, y luego un agente de la Patrulla Fronteriza llegó allí para llevárselo. “Me amenazaron diciendo que si no firmaba un documento, iba a ir a prisión y nunca más volvería a ver a mi familia”, afirma Diego. “No leí el documento, solamente lo firmé”.

Esa primera deportación fue muy difícil para Diego, y más tarde lo atraparon dos veces cuando intentaba cruzar de nuevo la frontera. “No conocía a nadie”, cuenta Diego. “En México me robaron, se llevaron todo mi dinero, aproximadamente USD 100. Cuando iba caminando por el desierto, vi dos cadáveres que yacían en medio del polvo”.

Cuando la policía detuvo a Diego en la tienda de autoservicio ese día de enero, no pudo mostrar una licencia de conducir, pues en Texas estas no se emiten a migrantes indocumentados. La policía también encontró en el automóvil una pequeña cantidad de metanfetamina, que Diego dijo que había consumido ocasionalmente en los últimos años, “como Red Bull”, para estar despierto en el trabajo. Esta vez, su estadía en la Cárcel del Condado de Potter duró nueve meses, y luego fue entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, para quedar detenido otros nueve meses. Aunque Amanda lo instó a no firmar nada mientras ella intentaba por todos los medios lograr que pudiera permanecer legalmente, Diego firmó los documentos de deportación.

Amanda manifestó que, para ambos, su primera elección es que él pueda volver legalmente a Amarillo. Pero mientras tanto, Diego tendrá que apañárselas en un país que no conoce. “Esta vez, conocí a un hombre mayor que estaba detenido conmigo, y me sentí un poco más seguro”, dijo, mientras esperaba para usar un teléfono en el centro de recepción de personas deportadas. “Me ha ofrecido quedarme en su casa”.

“Su instinto”, dijo Amanda acerca de Diego, “es tan solo volver a casa”.

15. “Diego R.”: “Deportado a un país que no ha visto desde los tres años”[96]

A las dos de la madrugada del 28 de agosto, guardias del centro federal de detención inmigratoria de Cleburne, Texas, despertaron a “Diego R”, de 24 años, y lo subieron a un autobús con otros migrantes mexicanos. Todos estaban sentados con las muñecas y los tobillos encadenados. Mientras el autobús avanzaba hacia el sur en dirección a la frontera, Diego pensó en su hija, que ese día cumplía cuatro años.

“Mi esposa compró obsequios para darle de mi parte, para que no se olvide de que tiene un papá”, dijo Diego a un investigador de Human Rights Watch en un centro de recepción de deportados en Nuevo Laredo, México, el día siguiente a su llegada.

El autobús llegó a la frontera al mediodía y los migrantes debieron cruzar el Río Grande por un puente peatonal hasta México, país donde Diego no había estado desde los tres años de edad.

Cuando tenía siete años, los padres de Diego lo llevaron legalmente a Estados Unidos junto con su hermana, con una visa que posteriormente venció. Diego asistió a la escuela en Lewisville, Texas, pero abandonó los estudios en 7.º grado. Comenzó a trabajar como pintor y ganaba cerca de USD 300 por semana, en los períodos buenos. Contribuía con casi un tercio de sus ingresos a solventar los gastos del hogar. Luego, Diego trabajó en la oficina de un notario público y como operador de montacargas en una fábrica. A los 19 años, conoció a su esposa, Michelle, que es ciudadana estadounidense, y desde entonces están juntos.

Diego trabajaba en cualquier tarea que se presentara para sostener a su familia: jardinería, construcción y, en el último tiempo, como soldador. Esta fue la tarea mejor remunerada que tuvo hasta el momento. “Siempre me gustó trabajar”, manifestó. “Me estaba yendo muy bien”. Él y Michelle estaban esperando su tercer hijo.

El día de Navidad de 2016, Diego se dirigía en automóvil a la casa de sus padres cuando un vehículo policial lo obligó a detenerse. Un agente le preguntó si había bebido alcohol. Dijo que había tomado dos cervezas en la casa de un amigo seis horas antes. Los policías le hicieron una prueba de sobriedad y le dijeron que no la había pasado. Diego pidió, varias veces, que le realizaran una prueba de alcoholemia, pero los policías no lo hicieron. Los agentes encontraron un solo cigarrillo de marihuana en su automóvil. Diego dijo que era posible que se le hubiera caído a alguno de sus amigos.

Los agentes llevaron a Diego a la dependencia policial. Le hicieron un análisis de sangre en el cual, según dijo, no se identificó la presencia de alcohol ni drogas. En Texas, al igual que en muchos otros estados, una persona puede ser acusada de conducir bajo los efectos de sustancias incluso si pasa el análisis de sangre.

Diego todavía estaba en la cárcel cuando nació su hijo, en enero. “Fue triste no poder estar presente”. También se sentía muy ansioso por los honorarios que tendría que pagar a sus abogados, el gasto que suponían las numerosas llamadas telefónicas y el costo de los alimentos que debía comprar en la cárcel. Los ahorros de la familia se agotaron rápidamente. Su abogado le dijo que sería deportado incluso si no era declarado culpable de los delitos de conducir en estado de ebriedad y tenencia de estupefacientes, pues la detención ya había llamado la atención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Diego aceptó declararse culpable del delito de conducir en estado de ebriedad y el fiscal desistió del otro cargo. Firmó una orden de expulsión voluntaria.

Cuando Human Rights Watch lo entrevistó, Diego estaba viendo la posibilidad de que familiares mexicanos de su esposa pudieran ir a recogerlo. “Ahora mismo, no sé qué hacer”.

16. Elio H.: “Separado de su familia cuando llegó el huracán Harvey”[97]

Cuando el huracán Harvey azotó la costa de Texas a fines de agosto, Elio no se encontraba en su hogar en Houston con su mujer y sus dos hijos; estaba en un centro de detención para inmigrantes en Laredo, Texas, esperando a ser deportado.

“Gracias a Dios nuestra casa se encuentra en una zona elevada”, señaló el mesero de 33 años mientras formaba fila para comprar un boleto de autobús en Nuevo Laredo, México. “El agua llegó hasta un punto a diez minutos de distancia en automóvil”.

Elio dejó Ciudad de México y viajó a Estados Unidos a los 15 años para reunirse con su familia, que hacía tareas de mantenimiento de jardines en Montgomery, Alabama. Sus dos hermanos lograron convertirse en residentes legales a través de sus esposas estadounidenses, pero Elio se casó con “Juana”, que es mexicana. “Tuve oportunidades de casarme con ciudadanas”, afirmó con una sonrisa, “pero me enamoré de Juana”. Con el tiempo tuvieron dos niños: “Tom”, que ahora tiene 11 años, y “Quinn”, de 8.

Una oferta de trabajo en un restaurante mexicano en Houston llevó a la familia a Texas hace cinco años, y allí tenían una buena vida, comentó Elio. Juana era ama de casa, y las 60 horas que Elio trabajaba en el restaurante no les impedían ir al cine, comer afuera, jugar al fútbol en el parque con los niños o ir a misa los domingos.

“El trabajo también iba bien”, expresó. “Tenía muchos clientes, personas que me conocían bien, y han estado preguntando: ‘¿cuándo vuelve Elio?’. Conozco mucha gente buena allí”. Hizo una pausa y posó la vista en sus manos. “Entiendo que es la ley, pero no me parece justo el modo en que me deportaron, después de 15 años, por haber cometido un solo error”.

El “error” en cuestión tuvo lugar el verano pasado. Elio contó que, una tarde de verano, había bebido cuatro cervezas en dos horas en la casa de un amigo, y luego la policía lo obligó a detener su camioneta pickup. Él no cree haber estado ebrio, pero manifestó que padece pie plano y que no tiene buen equilibrio al caminar. Habría preferido someterse a la prueba de alcoholemia o a un análisis de sangre en lugar de tener que caminar en línea recta, pero cuando trató de explicarlo, el policía anotó que no había aceptado realizar ninguna de las pruebas. Después de cumplir una pena de prisión, fue trasladado a un centro de detención para inmigrantes y deportado el 30 de julio. “Terminé firmando la repatriación voluntaria (le dijeron que no era una deportación), pero cuando tomaron mis huellas dactilares, vi en el papel que decía deportación”.

Para reunirse con su familia, en agosto Elio intentó cruzar el Río Grande flotando en una cámara de aire, pero los agentes de la Patrulla Fronteriza lo detuvieron en el lapso de una hora. Contó que después de 15 días en el centro de detención para inmigrantes en Laredo, durmiendo sobre un colchón en el suelo sin mantas, fue deportado nuevamente.

En Houston, Juana, que tiene la condición de residente legal, estaba buscando trabajo cuando se desató el huracán, contó Elio. Ella y los niños están asustados y muy ansiosos por que regrese.

En el centro de recepción para migrantes, Elio compró un boleto de autobús con destino Ciudad de México, donde aún tiene familiares, pero cuando le preguntamos qué tenía pensado hacer a continuación, se le llenaron los ojos de lágrimas. “No tengo la menor idea”, afirmó.

17. “Fabio G.”: “Robado por pandillas a poco de haber sido deportado”[98]

Menos de 24 horas después de haber sido deportado a México, “Fabio G.” fue identificado y robado por miembros de una pandilla.

Tras su deportación el 19 de septiembre, Fabio pasó la noche en un refugio antes de dirigirse, con otros tres deportados, a un banco en la plaza principal de Nuevo Laredo para cobrar un dinero que le había enviado su familia desde Saint Paul, Minnesota. Cuando los deportados salían del banco, una camioneta pickup se frenó delante de ellos con un fuerte chirrido, contó Fabio. Dos hombres fornidos bajaron del vehículo y les dijeron que entregaran el dinero que llevaban o serían secuestrados.

“Sabíamos que habría armas que nos apuntaban y que seguramente había otras personas en la plaza que eran cómplices, así que pagamos”, dijo Fabio a investigadores de Human Rights Watch en el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes en Nuevo Laredo, poco después de la agresión. “Estábamos aterrados. Nunca antes había sido atacado”. El instituto, que se dedica a proteger a personas deportadas y otros migrantes, intervino y pagó a Fabio un billete de USD 80 para que visitara a familiares en Jiquilpan, Michoacán.

Fabio todavía no le había dicho a su esposa “Lara”, que tiene ciudadanía estadounidense, sobre el robo, y ella ya estaba sumamente angustiada, nos contó, desde que en marzo, cuando lo detuvieron por conducir alcoholizado, empezó un sinfín de problemas inmigratorios. Acababan de comprar una casa, contó, y tenían muchísimas cuentas por pagar, además de mantener a los tres hijos que él tenía y a los dos de su esposa, y también a “Mía”, la hija que tuvieron en común. Todos ellos eran ciudadanos estadounidenses, salvo su hijo mayor, que según dijo tenía estatus temporario conforme al programa de Prórroga de Procedimientos Migratorios para Personas Llegadas en la Infancia [Deferred Action for Childhood Arrivals].

Fabio se fue de México hacia Saint Paul hace 14 años, cuando tenía 25. Encontró distintos trabajos en el sector de la construcción –en colocación de techos, de revestimientos y paisajismo– y recientemente estaba haciendo un reemplazo como cargador de contendores. “Trabajaba día y noche, a menudo por 18 horas”, afirmó. “Llegaba a casa, me duchaba e iba a otro trabajo. Los domingos, podía salir con la familia –o dormir– porque a veces solo puedo dormir dos horas”.

Fabio y Lara se conocieron en 2009, y en pocos años habían unido a sus familias. La primera esposa de Fabio vivía cerca de ellos, en Saint Paul, explicó Fabio, y los tres hijos que tenían en común, que ahora tienen 17, 13 y 11, podían estar con uno u otro de sus padres fácilmente. El padre del hijo de 11 años y la hija de 14 años de Lara no se mantiene en contacto, afirmó Fabio, y ellos consideran a Fabio como su padre. Mía, la hija de 4 años de Fabio y Lara, es muy querida por los hijos mayores, afirmó. Los videos y fotografías en su teléfono celular incluyen desde la fastuosa fiesta de quinceañera de la hija mayor hasta imágenes de los niños enterrándose unos a otros en la arena en la playa de un lago, o Mía tarareando la canción “Happy”.

Cuando Fabio fue detenido en marzo por conducir alcoholizado, pasó 48 horas en la Cárcel del Condado de Ramsey en Saint Paul. Las autoridades advirtieron que tenía otra detención previa por conducir bajo la influencia de sustancias, de ocho años antes, y varias multas que había pagado por conducir sin registro (los inmigrantes indocumentados no pueden obtener registros de conducir en Minnesota). Liberaron a Fabio con una fianza de USD 1.200 y este se reunió con su familia, hasta que las autoridades inmigratorias lo detuvieron en el lugar de trabajo unas seis semanas más tarde. (En algunos estados, la policía da aviso a las autoridades inmigratorias cuando detienen a una persona indocumentada, de modo que una vez que se han resuelto las infracciones o cargos locales, los agentes inmigratorios pueden proceder a realizar su propia detención).

Tras 67 días en el centro de detención inmigratoria en Albert Lea, Minnesota, el 3 de mayo Fabio fue puesto en libertad nuevamente, con una fianza de USD 7.500, y le colocaron una pulsera electrónica. Pero el 17 de junio, se lo llevaron las autoridades de inmigración, según dijo, luego de que revocaran la fianza. Lo deportaron tres meses después.

Fabio afirmó que ha estado haciendo gestiones desde 2013 para obtener la residencia legal, debido a su matrimonio con una ciudadana estadounidense, y rezaba para conseguir resultados positivos en la cita que tenía con el consulado estadounidense en Juárez, México, programada para enero. “Ruego a Dios que todo vaya bien”, dijo, “y poder reunirme con mis hijos en enero”.

18. “Grace B.”: “Sobreviviente de violencia doméstica deportada sin sus hijos”[99]

A 24 horas de haber sido deportada, “Grace B.”, madre de dos niños, estaba de regreso en el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, prodigando abrazos y tranquilizando a otra madre que recién había bajado del autobús que trasladaba a deportados. El 22 de junio, el día en que Grace misma fue deportada, había hecho un esfuerzo tan grande por contener las lágrimas que no podía hablar.

Dijo que, cuando vivía en Houston, Texas, había realizado ocho denuncias policiales contra su esposo “Esteban” por abusos, pero que durante años la policía no había hecho nada. Las cicatrices que tiene en la mano y la cabeza dan cuenta de 16 años de golpizas. Grace contó a Human Rights Watch que incluso después de que se negó a que Esteban ingresara en el departamento donde ella vivía con sus dos hijos, su pareja rompió los cristales en seis oportunidades para poder llegar a ella.

Grace y Esteban abandonaron Guerrero, México, poco después de casarse en 2001 y se dirigieron a Texas, donde los celos de él, cuenta Grace, se convirtieron en su prisión. Casi no podía salir del departamento y, con el tiempo, se dio cuenta de que, aunque por las mañanas Esteban salía vestido con atuendo de mecánico, en realidad estaba traficando drogas. Vivía bajo el temor constante de sus golpizas y, a pesar de eso —o, quizá, debido a eso— siempre volvía a darle otra oportunidad, sobre todo después del nacimiento de Billy en 2002 y de Jim en 2006.

Grace relató que, cuando Esteban fue a prisión en 2008, empezó una nueva vida, aprendió a manejar y consiguió trabajo como camarera en un restaurante italiano. Sin embargo, poco más de cuatro después, cuando cumplió su condena, Esteban fue deportado a México, pero y pronto cruzó la frontera y regresó a Houston. Le dijo que había encontrado a Dios y era un hombre distinto y que estaba dispuesto a hacer lo necesario para que su matrimonio funcionara. Pero en el lapso de dos semanas, reaparecieron las antiguas furias y golpizas cuando se alcoholizaba, y esta vez se sumó algo más: la amenaza de enviar un cartel para que agrediera a su familia. Grace volvió a acudir a la policía —golpeada, lastimada y ensangrentada— y a una organización de Houston llamada Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica (Aid to Victims of Domestic Violence, AVDA), donde también le tomaron fotografías de sus heridas.

Billy comenzó a tener espasmos, y después de las agresiones de su padre a su madre, experimentaba parálisis. Con el tiempo, cuenta Grace, se le diagnosticó que tenía síndrome de Tourette vinculado con el estrés.

No fue sino hasta el 10 de diciembre de 2016, que Esteban fue detenido debido a las denuncias de Grace. Doce días más tarde, la propia Grace fue detenida. Cuando volvía a su casa después de festejar el cumpleaños de un amigo en el trabajo, la hicieron detenerse, la acusaron de manejar alcoholizada y la detuvieron en la cárcel del condado de Harris. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se hizo cargo de su custodia, y Grace pasó la Navidad en el centro de detención de inmigrantes privado conocido como Centro de Procesamiento de Houston CCA.

Su caso se complicó debido a un delito ocurrido 10 años antes, cuando un vecino que discutió con su esposo llamó a la policía para quejarse por un asado que se estaba preparando en la casa de Grace. Dijo que, en esa oportunidad, había bebidas alcohólicas pero que nadie se había embriagado y que los niños nunca estuvieron en peligro. Sin embargo, terminó declarándose culpable del delito grave, relacionado con el alcohol, de poner en peligro a los niños. Recuerda que sus asesores en ese momento le dijeron: “Es mejor firmar que comparecer ante el juez. No pasará nada”.

Esta vez, Grace luchó para no ser deportada durante seis meses y solicitó, debido a los abusos sufridos a manos de Esteban, una visa de tipo U, que tiene por objeto alentar a los inmigrantes que sean víctimas de delitos a denunciarlos a la policía, algo que Grace había hecho sistemáticamente por años. Afirma que la deportaron antes de que se revisara su solicitud.

Grace tiene previsto impulsar su solicitud de visa de tipo U desde México. Le preocupa que Esteban pueda enviar alguna pandilla para hacerle daño —o que él mismo regrese a México— y se le llenan los ojos de lágrimas cada vez que menciona a Billy y Jim. Sin embargo, le está sumamente agradecida a sus padres en Houston (a quienes describe como “los mejores padres del mundo”), que sí tienen tarjeta de residencia (green card), por cuidar a los niños hasta que ella pueda volver. (Sus padres pudieron obtener la residencia legal a través de un hijo, que obtuvo la ciudadanía por vía de matrimonio).

“Por lo general, soy una persona feliz y muy sociable”, dice. “Pero ahora estoy muy deprimida y triste... y desmoralizada”.

19. Guadalupe G.: “Una abuela trabajadora rural intenta regresar con su familia”[100]

Después de 27 años en Estados Unidos, la vida de Guadalupe quedó destrozada por la fatídica decisión de regresar a México para visitar a sus hermanos, ya entrados en años.

Después de viajar a Oaxaca este verano, Guadalupe, de 56 años, fue interceptada dos veces a principios de agosto cuando intentaba regresar a EE. UU. y las dos veces fue deportada. Tiene toda la intención de regresar con su familia, que se encuentra en Alabama.

No es la primera vez que la separan de sus seres queridos. Cuando tenía 30 años, luego de que sus padres fallecieran, dejó a sus tres hijos con su exsuegra en Tanivet, Oaxaca, y se dirigió rumbo a EE. UU. con el objetivo de ganar dinero para mantenerlos y, en algún momento, llevarlos al norte.

Al hablar de los años que estuvo alejada de sus hijos, Guadalupe tuvo que secar las lágrimas que le corrían por las mejillas. Fueron años en los que se dedicó a cortar malezas en canales de irrigación en Phoenix, a cultivar maíz en Indiana, a cosechar manzanas y calabazas de Halloween en Virginia y a cortar tabaco en Carolina del Norte, una actividad donde era habitual que los trabajadores vomitaran debido al olor fuerte y desagradable de las hojas pegajosas.

Finalmente, cuando Guadalupe consiguió un trabajo estable trozando y embalando aves de corral en una empresa exportadora de Alabama, pudo traer a sus hijos: a “Fernando” lo enviaron al norte sus familiares en 2003, cuando tenía 15 años, y Guadalupe fue al sur en 2007 a buscar a “Oscar” cuando este tenía 18 años y a “Emiliano” a los 15. Cuando intentaron cruzar la frontera por primera vez, forajidos a punta de pistola les robaron, y la Patrulla Fronteriza los interceptó dos veces. Sin embargo, a la larga consiguieron llegar a su casa en Arborville, Alabama. “Fue tan bello tenerlos aquí conmigo a los tres, un verdadero honor. Los había mantenido y había ahorrado para traerlos, y ahora podía darles un hogar”.

Fernando se hizo albañil, Oscar consiguió trabajo en el ámbito gastronómico y Emiliano encontró empleo en un taller de reparaciones. Con el tiempo Oscar se mudó a Mazatlan, México, pero sus hermanos se quedaron, se casaron y formaron familia en Alabama. Guadalupe está ansiosa por volver a estar con sus hijos y nietos.

Dice que es peligroso intentar el cruce en los días calurosos y secos de finales del verano, y que hay muchas probabilidades de que la intercepten. Pero para Guadalupe, no es cuestión de intentarlo o no. La pregunta es cuándo lo hará. “Debo ir”, dice.

20. Jorge S.: “La prioridad de un padre: reunirse con su esposa y su hijo de 4 años”[101]

Después de casi seis meses en la cárcel del condado de Harris en Houston, lo primero que Jorge S., de 30 años, quería hacer tras ser deportado a México era encontrar un teléfono y llamar a su esposa ciudadana estadounidense, Kaitlynn.

“Necesito averiguar qué está pasando con mi bebé”, nos dijo nada más sentarse en un escritorio con un teléfono en el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, una agencia estatal mexicana que es la segunda parada de los deportados después de la Inmigración Mexicana. “Han pasado unos cuatro meses sin que haya tenido ningún tipo de contacto con ellos”, señaló.

Jorge fue de México a Houston hace cinco años, y después de trabajar ocho meses en un lavado de autos, fue ascendiendo hasta ganar más de US$120 al día construyendo vallas de madera. Conoció a Kaitlynn un año después de llegar, cuando ésta fue a ayudar a Jorge y a sus compañeros de departamento con la limpieza y la lavandería. Debido a que una de sus abuelas es mexicana, Kaitlynn hablaba un poco de español. Cuando se conocieron, utilizaban los traductores automáticos de Internet para charlar, enseñándose mutuamente sus lenguas nativas.

Su bebé, Ja, dan – Kaitlynn quería un nombre original – nació prematuramente en Houston en febrero de 2016, pero no tardó en liberarse del respirador y a los 8 meses ya gateaba, siguiendo a Jorge por todas partes y maravillando a sus padres con su rápido desarrollo. Como recuerda su padre, sonreía “todo el tiempo”.

Jorge a veces trabajaba seis días a la semana, pero la familia iba paseando hasta el parque Parker Road. Durante las noches de la semana, Kaitlynn y Jorge se ayudaban mutuamente a entender los programas de televisión en inglés o español. La Rosa de Guadalupe era uno de los favoritos de Kaitlynn.

El 22 de noviembre, Jorge fue arrestado; según él, por primera vez en su vida. Estaba bebiendo una cerveza mientras conducía, nos contó con tristeza, y se saltó una señal de stop en Houston sin esperar los tres segundos reglamentarios. Un agente lo detuvo, lo sacó del coche y acusó a Jorge de golpearlo. “No lo hice”, asegura Jorge. “Me empujó para que levantara los brazos y me agaché. Me ordenó que me diera la vuelta, me empujó al suelo – aplastándome la boca – me esposó y me llevó a la cárcel. Pero él dijo que yo me resistí”.

Jorge recibió una sentencia reducida por un delito menor de seis meses de cárcel y sirvió su condena en un centro de máxima seguridad, ganando privilegios que finalmente le permitieron trabajar en la lavandería, lavando los uniformes de color naranja. Eso le dio derecho a recibir un plato adicional de comida y – lo que era más importante – libertad para usar los teléfonos para poder hablar con Kaitlynn. Al final, cuando fue entregado al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), se inscribió en el programa de repatriación voluntaria porque no podía pagar a un abogado para luchar contra la deportación.

Cuando lo vimos, Jorge primero planeaba ir a ver a sus padres en Tuzantla, Michoacán, y luego intentar reunirse con Kaitlynn y Ja,dan. “Yo quería obtener la ciudadanía (estadounidense), pero ahora, con mis antecedentes penales, conseguir papeles será más complicado”, nos dijo. “Quiero estar con mi bebé. Si Dios quiere (...) un amigo que conocí en la cárcel sabe cómo conseguir guías para cruzar (la frontera)”.

21. José Luis O.: “Titular de tarjeta de residencia deportado por delitos menores cometidos décadas antes”[102]

En diciembre pasado, cuando regresaba a casa luego de viajar a México, José Luis O., de 36 años, y su esposa —entonces novia— Estefania se pusieron en la fila para pasar los controles de inmigración en el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston. Estefania es ciudadana estadounidense y entró sin inconvenientes. Pero José Luis quedó detenido y, cinco meses después, deportado a Nuevo Laredo, México.

En ese momento, no tenía idea de cuál era el motivo. Aunque nació en México, José Luis había estado viviendo en Houston desde los tres años, tenía una tarjeta de residencia (green card) vigente y pocos meses antes había viajado a México y regresado sin ningún problema. Lo que no sabía es que dos roces que tuvo con la ley cuando era joven habían quedado en su prontuario, y se convirtieron en bombas de tiempo, a la espera de que se diera la combinación justa de circunstancias para detonarse.

José Luis O. fue deportado de Texas a Nuevo Laredo, México en 2017, y separado a la fuerza de su esposa y sus dos hijastras. Investigadores de Human Rights Watch hablaron con José Luis en Nuevo Laredo después de su deportación. José Luis compartió tres fotografías de si mismo con su familia tomadas antes de que él fuera deportado.

El prontuario de José Luis incluía una condena por robo con ingreso en morada a los 17 años, impuesta luego de llevarse algunas prendas de vestir de una casa; cuando un amigo fue detenido, José Luis se entregó voluntariamente. Más tarde, a los 26 años, la policía detuvo a José Luis mientras esperaba fuera del departamento de un amigo, y cumplió una pena de 15 días de cárcel por contravención menor a la propiedad. José Luis no fue deportado en ninguna de estas oportunidades.

Posteriormente, mantuvo un buen comportamiento, obtuvo un Certificado de equivalencia de educación secundaria (GED), tomó clases en una institución terciaria comunitaria, trabajó como vendedor de automóviles y conductor de Uber, y ayudó a criar a sus dos hijastros y dos hijos propios, todos ellos ciudadanos estadounidenses. Su tarjeta de residencia (green card) le permitiría realizar viajes a México y regresar a EE. UU. fácilmente, hasta diciembre pasado.

Entonces se enteró de que las tarjetas de residencia —visas de residencia permanente— no tienen necesariamente carácter permanente, y pueden ser revocadas, incluso por delitos menores ocurridos mucho tiempo antes. José Luis pasó cinco meses en detención inmigratoria, e hizo todo lo posible por conservar su tarjeta de residencia y regresar con su familia en Houston, sin ningún éxito.

Cuando habla sobre sus hijastras Christina, de 9 años, y Violet, que el mes próximo cumplirá 4, se le ilumina la mirada y se ríe. “Violet me llama ‘cariño’”, dice mientras esboza una sonrisa durante una entrevista en Nuevo Laredo, “porque ella escucha que así es como me llama siempre su madre”. Extraña a todos sus hijos, incluidos dos nacidos de relaciones anteriores, un muchacho de 18 años y una niña de 7, que también viven en Houston.

Le preocupa el modo en que su ausencia los está afectando. Su hijo lo visitó una vez mientras estuvo detenido, pero empezó a llorar y tuvo que irse de la sala. Sin embargo, lo que más le preocupa es cómo se las arreglará su madre, que está sola desde que falleció el padrastro de José Luis. Aunque recibe beneficios de la seguridad social, José Luis siempre la ayudaba con todo lo que necesitaba. José Luis le explicó al juez de inmigración cuánto lo necesitaba su madre. “Evidentemente eso no importó”, comenta. José Luis podría haber reunido los requisitos para un beneficio discrecional, que le habría permitido al juez cancelar su deportación, pero por una escasa diferencia quedó fuera de la fecha de corte, que exigía que hubiera tenido la tarjeta de residencia siete años antes de la primera condena.

Cuando nos reunimos con José Luis, iba camino a Acapulco, donde se quedaría con su padre, a quien apenas conoce, y evaluaría qué opciones tiene para regresar con su familia en Houston.

22. “Jose R.”: “Estar sin mi esposa y mi hijo es terrible”[103]

“José R.” duerme en las calles de Nuevo Laredo cuando no consigue ganar suficientes pesos para pagar una cama por la noche. Este trabajador de la construcción, de 42 años, ha estado atesorando lo poco que gana trabajando en una ciudad portuaria de México desde que fue deportado en marzo, y espera pacientemente una oportunidad para cruzar el Río Grande y regresar con su esposa y su hijo de 4 años en Kansas City, Missouri. Pasó por el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes con la intención de pedir que le presten un teléfono para llamarlos.

“Tengo que ser paciente”, nos dijo, sin poder evitar que le brotaran las lágrimas. “Pero estar sin mi esposa y mi hijo es terrible”.

José, oriundo de Chiapas, en el sur de México, dijo que fue deportado por primera vez cuando intentó cruzar solo en 2009. Volvió a intentarlo en 2012, después de casarse con “María”, y esta vez lo logró. José consiguió empleo en obras de remodelación en Laredo y luego en San Antonio, Texas, donde María dio a luz a su hijo, “Santiago”. Finalmente se trasladaron a Kansas City en busca de mejores oportunidades, y se instalaron allí. José se convirtió en un fiel aficionado de los Royals y los Chiefs —aunque sigue prefiriendo mirar o jugar partidos de fútbol— y la pareja disfruta de llevar a Santiago a Lexington Park, cerca del departamento donde viven. Para referirse afectuosamente a Santiago, usan un apodo en inglés: “Lo llamamos Happy Boy (niño feliz)”, contó José con una sonrisa nostálgica.

José trabajaba para tres empleadores distintos, y ganaba algo de USD 100 por día. Intentaba que sus jefes lo llevaran en sus vehículos hasta el trabajo, para poder dejar el Hyundai de la familia a María. Un domingo de febrero, la policía de Kansas City detuvo el automóvil de uno de sus empleadores, que estaba llevando a José y otras tres personas a sus casas. “No sé por qué”, dijo José. “Tal vez el conductor tenía multas o simplemente porque era moreno. A él lo dejaron ir, y a los demás nos detuvieron por no llevar documentos”.

Después de dos días en la Cárcel del Condado de Jackson y dos semanas en un centro de detención inmigratoria en Missouri, a José le quitaron el cinturón y los cordones y lo trasladaron en avión —encadenado y esposado— hasta Alexandria, Louisiana, donde recibió su orden de deportación definitiva.

De regreso en Kansas City, María ha empezado a trabajar en el servicio doméstico. Ella y su hijo Santiago, de 4 años, han dejado el departamento para ahorrar dinero y alquilaron una habitación en una casa, pero apenas gana para subsistir. “Mi esposa ahora tiene que hacer de dos personas para ocuparse de nuestro hijo”, explicó José. Le preocupa la posibilidad de que también deporten a María. “Si se la llevan, ¿qué pasará con Santiago?” José salió a la acera, para dirigirse a tomar un autobús que lo llevara a una obra en construcción en Nuevo Laredo donde podría ganar el equivalente de USD 2,25 por día.

“No tengo idea de cómo regresar”, nos dijo, “pero tengo que hacerlo. Los extraño tanto”.

23. Josefina C.: “Puesta en libertad, pero separada de su familia”[104]

Josefina C. fue liberada tras 18 meses de detención el día en que cumplió 49 años. En vez de alegrarse, sintió solamente tristeza. La liberación fue seguida por la deportación inmediata y la separación de sus dos hijas y 20 años de vida en Estados Unidos.

Tras todos esos años en este país, lo único que pudo llevar con ella a México fueron cinco monedas y algunas cartas que su hija mayor le envío desde Emory and Henry College, donde había recibido un beca completa.

“Es todo lo que tengo”, dijo mientras miraba las cartas y las monedas que apoyó sobre el escritorio donde la entrevistó Human Rights Watch.

Había sido deportada antes, y al igual que muchas madres indocumentadas que intentan regresar con sus familias, Josefina se encontró perdida en el desierto y al borde de la muerte por deshidratación cuando la detuvieron en septiembre de 2015.

Fue condenada a pasar 10 meses en una cárcel federal por intentar volver a ingresar en Estados Unidos, y luego pasó tiempo adicional en detención inmigratoria, esperando a ser deportada. Josefina quería hacer todo lo posible para permanecer en EE. UU. y pidió asilo. Sin embargo, su pedido fue rechazado.

Josefina dijo que fue deportada por primera vez en agosto de 2015 tras haber sido detenida tres meses antes por usar el número del seguro social de otra persona para pedir asistencia pública.

Explicó que se vio en la necesidad de hacerlo porque su esposo se había lesionado la espalda en un accidente y no podía trabajar. “Cometí el error de solicitar cupones para alimentos y asistencia pública, pero con los nueve dólares [por hora] que estaba ganando no podía mantener a mis dos hijas y cubrir sus gastos médicos. Me equivoqué, pero sentí la necesidad de hacerlo”, contó.

Intentó regresar a EE. UU., pero luego de caminar durante tres días, se lesionó el tobillo y el grupo con el cual viajaba la abandonó en el desierto.

Josefina dijo que había decidido regresar a Carolina del Norte para ayudar a sus dos hijas,  “Elena”, de 17 años, y “Laura”, de 19. Desde el accidente de su esposo en 2014, había sido el único sostén económico de la familia. “Tenía que volver por mis hijas”.

A Elena le apasiona todo lo relacionado con informática y tecnología. “Desde pequeña arregla computadoras. Nuestros vecinos le traían aparatos y ella los reparaba”.

“La pasión de Laura es la medicina. Este año recibió una beca completa para poder cumplir su sueño de convertirse en médica... ellas son mi orgullo y una fuente de satisfacciones para mí”, dice sin poder evitar que se le dibuje por primera vez una sonrisa en el rostro.

Josefina había trabajado en una fábrica de embalaje de plásticos. Dijo que, en julio de 2014, sus jefes y compañeros de trabajo organizaron un pequeño festejo a modo de reconocimiento por su arduo trabajo y por los seis años de servicio cumplidos en la empresa.

Mientras nos contaba sobre su vida en Carolina del Norte, sacaba postales de la universidad de su hija y decía que se la imaginaba caminando por los pasillos.

Pero para Josefina, el futuro no parece tan auspicioso como el de su hija.

24. Juan L.: “Leyes implacables le negaron el permiso de residencia“[105]

Juan L. no tenía idea de que intentar regularizar su situación legal contrayendo matrimonio con su esposa estadounidense provocaría la separación de su familia y un ciclo de deportaciones.

“Tengo una esposa, una empresa y tres hijas allí [en EE. UU.]”, manifestó, sin rastros de acento extranjero, mientras se encontraba en el centro de recepción para deportados en Nuevo Laredo. “Las dos más grandes están en la universidad, una de ellas en Stanford, y esto supuso para mí un costo de USD 40.000 el año pasado”.

Juan se fue de México a Connecticut cuando tenía 16 años, para trabajar en mantenimiento de jardines y albañilería. Se casó con Mónica, y formaron una familia.

En el año 2000, cuando la hija mayor de Juan tenía cuatro años, inició su propia empresa y empleaba en forma rotativa a trabajadores mexicanos y estadounidenses.

Solicitó el permiso de residencia (green card) en 2004. “Lo hice recién entonces porque no me sentía un inmigrante. Tenía mi propia empresa e hijas nacidas en Estados Unidos. Creo que pensaba que ya era ciudadano”.

El USCIS demoró ocho años en tomar una decisión sobre la solicitud de permiso de residencia de Juan, y en 2012 le informaron que tendrían que entrevistarlo y que la entrevista debía realizarse fuera de EE. UU. Juan viajó a Ciudad Juárez, apenas cruzando la frontera desde El Paso, Texas, en 2014.

“Me preguntaron si alguna vez había salido de Estados Unidos en todo el tiempo que estuve allí y les dije la verdad”, señaló encogiéndose de hombres con tristeza. “Mi abuela murió hace 15 años, fui al funeral en Jalisco y regresé a EE. UU. en forma ilegal”.

Al haber salido y vuelto a ingresar ilegalmente, Juan Luis había eliminado toda posibilidad de obtener la condición legal. “No me quisieron dar el permiso de residencia. Ni siquiera me dejaron regresar a Connecticut”.

Por eso, a partir del otoño de 2014, Juan empezó a intentar cruzar la frontera una y otra vez para ingresar en EE. UU. y reunirse con su familia. Lo detenían y lo deportaban; luego retornaba, y nuevamente lo detenían y lo deportaban. A pesar de todo, sigue decidido a regresar con su familia: “Voy a volver”.

25. “Juan S.”: “Una vida de trabajo en EE. UU.”[106]

“Juan S.”, el menor de cinco hijos de una madre soltera, nunca pudo ir a la escuela. Ayudó a su madre a mantener el hogar y trabajó para llevar un salario a la familia en San Miguel de Allende, México. “No teníamos dinero”, dijo; “lo que sí teníamos, como dicen, era hambre”.

Aunque Juan ha pasado su vida adulta trabajando en Estados Unidos, tras cruzar la frontera a los 15 años para buscar empleo, mantuvo siempre un vínculo estrecho con su madre. Por eso, cuando ella murió en noviembre pasado en México, este carpintero de 53 años se emborrachó después del trabajo en la casa de un amigo en Marshall, Texas. Mientras volvía a casa, rozó un árbol con su automóvil. Esto provoco un raspón en su Chevy Malibu, y el accidente supuso para Juan un cargo por conducir bajo el efecto del alcohol. Juan dijo que, para la audiencia del 18 de junio, ya había pagado varias cuotas de una multa de USD 1.500. Al salir del tribunal, tenía la intención de empezar a tomar clases y cumplir 140 horas de servicio comunitario para completar sus obligaciones conforme a la condena. Pero las autoridades de inmigración lo estaban esperando fuera del tribunal, y el 22 de junio fue deportado a Nuevo Laredo, México.

Juan dijo que dejó una vivienda que había alquilado por 10 años y un empleo que le había permitido mantener a cinco hijos, que ahora tienen entre 19 y 29 años, y que crecieron al cuidado de su madre y esposa en México. Al igual que millones de hombres mexicanos, vivía separado de su esposa e hijos, que permanecen en México mientras los padres viven y trabajan en Estados Unidos para ganar un ingreso que les permita mantenerlos. Paradójicamente, su detención se produjo el Día del Padre.

Juan dijo a Human Rights Watch en un centro de recepción de migrantes en Nuevo Laredo, México, que cuando fue por primera vez a EE. UU. consiguió trabajo en Texas y Luisiana en la cosecha de la sandía, cuidando caballos —un oficio que había aprendido en México— y criando pavos. Luego paso a instalar cables para televisión en Georgia y a trabajar como encofrador en obras de construcción en Tennessee. En Marshall, dijo que se convirtió en carpintero de categoría, y que hacía trabajos de lustrado y de construcción de muebles por cuenta propia, que muestra orgulloso con fotos en su teléfono.

Esta no fue la primera vez que lo deportaron. La Patrulla Fronteriza interceptó a Juan en 2009, después de haber visitado a su familia, pero poco después volvió a cruzar. “Mejor intentar cruzar que morir de hambre”, afirmó. En su lugar de origen, es difícil encontrar trabajo sin involucrarse en la delincuencia organizada, nos contó.

Ahora, sus amigos van a vender el Chevy Malibu con el raspón en la puerta causado por el árbol, y van a llevarse las pertenencias que nunca le permitieron recuperar cuando las dejó en el estacionamiento del tribunal. Mientras tanto, Juan dijo que se dirigirá a San Miguel de Allende y, después de visitar a su familia, probablemente intentará cruzar de nuevo al norte del Río Grande para procurarse un ingreso que le permita mantener a su familia.

26. Lucía H.: “Madre deportada siete veces al intentar volver a ver a sus hijos”[107]

Lucía H. prevé intentar cruzar inadvertidamente la frontera con Estados Unidos por octava vez en menos de dos años.

Para Lucía, no hay otra opción. Sus hijos la esperan.

Lucia describió cuánto sufre su familia en su ausencia. Su hijo de cinco años ha dejado de comer y tuvo que ser internado, su esposo se vio obligado a dejar su trabajo en el campo para cuidarlo, y su hijo mayor sufrió una crisis nerviosa a los 14 años y ahora está en tratamiento.

“El más pequeño me dice ‘vuelve, mami. No voy a comer más. Si estás lejos, no quiero vivir’”, cuenta Lucía.

Lucía nació en México y vino a EE. UU. por primera vez en 1999. Durante más de 10 años, trabajó con su esposo cosechando lechuga en la zona rural de California. “El dolor era tremendo, pero pude soportarlo”, dijo Lucía. “No me importaba trabajar 14 horas por día para que mis niños salieran adelante”.

Cuando a su madre le diagnosticaron cáncer cervical en octubre de 2013, regresó a Oaxaca con sus tres hijos. Durante dos años, cuidó de su madre. Pensó en quedarse, pero sus niños tenían dificultades para adaptarse a la vida en México. A menudo se enfermaban y extrañaban su casa en la zona rural de California.

En diciembre de 2015, cuando la salud de la madre de Lucía mejoró, la familia decidió regresar a California. Los niños cruzaron legalmente, porque, al haber nacido en los EE. UU., tenían ciudadanía.

“Lloraban y me rogaban que no los dejara. Querían cruzar el desierto conmigo”, recuerda Lucía.

No imaginó que nunca volvería a abrazarlos.

El 25 de diciembre intentó por primera vez cruzar la frontera para reunirse con sus hijos en EE. UU. Varias veces la interceptaron y la enviaron de regreso a México. Cree que los contrabandistas la usaron como “señuelo”, es decir, como una persona que entregan deliberadamente a los agentes fronterizos para distraerlos mientras otras realizan el cruce.

En enero de 2016, fue procesada penalmente por reingreso ilegal. “Me llevaron a la cárcel del condado de Aransas, en Rockport, Texas, y me condenaron a tres meses de prisión”. Luego fue transferida a un centro privado de detención de inmigrantes en Houston, donde estuvo confinada 10 meses. Durante ese período, intentó encontrar una forma de permanecer en EE. UU., pero, finalmente, fue deportada en abril de 2017.

Ahora, planea intentar una vez más reunirse con su familia.

Hablar por teléfono con su hija de 11 años es una experiencia muy dolorosa. “El viernes pasado terminó la escuela. No me cree que los quiero tanto como les digo. Me dice que soy yo la que no quiere volver por ellos. ¿Cómo no voy a querer estar con ellos si he intentado ir más de siete veces?”

Lucía contempló sus manos mientras jugueteaba con un anillo que le regalaron sus hijos, y dijo con determinación: “Debo volver a intentarlo. Ya no se trata de qué quiero hacer yo, sino de lo que debo hacer. El juez me dijo que, cuando mis hijos tengan 21 años, pueden pedir que yo vaya. Nada menos que 21 años... ¿Cuando ya sean adultos? ¿Y para qué van a hacerlo? ¡Ellos me necesitan ahora!”.

27. Manuel C.: “La deportación lo tomó por sorpresa”[108]

Luego de varios años de intentar regularizar su situación en Estados Unidos, Manuel C. se veía sumamente conmocionado por encontrarse de regreso en México.

“El aviso de deportación me tomó completamente por sorpresa”, afirmó mientras esperaba para usar un teléfono en un centro de recepción de migrantes en Nuevo Laredo, México, tras haber cruzado el puente peatonal sobre el Río Grande junto con otros deportados. “Creí que todo iba a solucionarse”.

Manuel se fue de Veracruz, México, en 2009, y se dirigió a Des Moines, Iowa, donde consiguió trabajo estable en el sector de la construcción. Un domingo de 2010, conoció a su esposa “Amber” en la iglesia, y casualmente también ella era oriunda de Veracruz. Cuando la vio al otro lado de la sala, supo que tenía que hablar con ella. Se casaron poco después, y en 2013 nació su hija “Daniela”.

Manuel fue acusado de conducir alcoholizado en 2014, y dijo que cumplió un programa de libertad vigilada. Presentó una solicitud de asilo en EE. UU. ese mismo año, y alegó que temía sufrir violencia a manos de miembros de pandillas en Veracruz. Dijo que a fines de 2016 un juez lo citó a comparecer a finales de 2017, y que tenía toda la intención de asistir. Pero en primavera, su cuñada, que había pagado su fianza, recibió una “Notificación a persona obligada de entregar a ciudadano extranjero” (Notice to Obligor to Deliver Alien), en la cual se indicaba que Manuel no había comparecido a una audiencia y que se había dispuesto que fuera deportado. Creyó que tal vez le habían asignado una nueva fecha de audiencia, y que nunca había visto o recibido la notificación. A menudo se dispone en ausencia la deportación de personas que no asisten a audiencias judiciales.

El 14 de julio, Manuel se entregó a la oficina inmigratoria en Des Moines, y después de casi dos semanas detenido, fue deportado.

Amber llora cada vez que escucha su voz por teléfono, contó Manuel. Le preocupa que el sueldo que percibe por su trabajo en la portería de un consultorio odontológico no le alcance para cubrir sus gastos y mantener a su hija Daniela de 4 años.

Lo que Amber contó la última vez que habló por teléfono conmocionó profundamente a Manuel: en la fiesta celebrada por el próximo nacimiento del hijo de un familiar, los niños se turnaban para dar golpes a una piñata, uno de los juegos favoritos de Daniela. Daniela intentó juntar con sus pequeñas manos la mayor cantidad que pudo de los caramelos que cayeron al romperse la piñata.

“Son para mi papá”, explicó a Amber, “para cuando regrese a casa”.

28. Manuel G.: “Padre, esposo y líder comunitario deportado”[109]

Durante años, Manuel G. coordinó un grupo de 25 personas que se reunían habitualmente –cinco noches por semana– en la sede Nueva Vida de Alcohólicos Anónimos en Tulsa, Oklahoma. La maratónica de este verano, organizada por la sede de AA en Tulsa a mediados de agosto, atrajo a 70 personas de Oklahoma y estados vecinos durante un fin de semana de encuentros que se extendieron hasta altas horas de la noche.

Poco después de la medianoche del 13 de agosto, un amigo pidió a Manuel si podía alcanzarlo en su vehículo desde la maratónica hasta su hotel. En el trayecto, la policía los obligó a detenerse, según dijo, por hacer un giro en U. Ese control hizo que Manuel fuera deportado del país que fue su hogar durante 29 años.

“Realmente disfruto de ayudar a personas que consumen alcohol porque recuerdo cómo era”, dijo a investigadores de Human Rights Watch en el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, un centro de recepción en Nuevo Laredo, México. La otra persona que dirige el grupo con él, Nancy Muñoz, describió a Manuel como un “hombre de fe” y “elogió su pasión por ayudar a otros”. Manuel no ha consumido alcohol en cinco años, afirmó, y tenía una vida ordenada en Tulsa. “Empecé mi propio negocio de pulido de automóviles hace un año y acababa de comprar un tráiler que estaba remodelando junto con mi esposa”.

El agente que interceptó a Manuel durante la maratónica creyó que este tenía una multa de tránsito impaga, del año 2005. “Estaban equivocados”, afirmó Manuel. “Yo la había pagado”. Pero para cuando ese asunto se aclaró, dijo que ya había sido llevado por las autoridades y se encontraba en proceso de deportación.

Manuel llegó a Estados Unidos desde la pequeña localidad en el estado de Zacatecas, México, de donde es oriundo cuando tenía 16 años. Pronto consiguió empleo como cocinero en restaurantes en California, y luego se trasladó a Texas para trabajar en jardinería en un campo de golf y más tarde en una empresa de pintura industrial. Cuando tenía 19 años se casó con "Sara", que también es indocumentada, y sus hijos nacieron en Texas en la década de 1990. La familia finalmente se mudó a Oklahoma para estar cerca de los padres y hermanos de Manuel.

En 2011, la policía detuvo el automóvil de un amigo de Manuel en el cual viajaba él también, y detuvo a Manuel por estar ebrio en público, nos contó. Pasó dos meses en la Cárcel del Condado de Tulsa, fue deportado y pronto volvió a cruzar la frontera nuevamente. Fue entonces cuando dejó de consumir alcohol, explicó, y Sara lo acompañó como líder del movimiento AA, compartiendo sus experiencias como esposa de un alcohólico.

Manuel no puede evitar relacionar la mayor tragedia de su vida con el abandono propio de los años en los que bebía. Su hija del medio, "Cara", tenía una relación sentimental con un hombre con vínculos con pandillas, y en 2015, en un incidente en el que intentaron agredir a su pareja, hirieron fatalmente a Cara. Sara y Manuel recién estaban superando esta dolorosa pérdida, y enfocándose en su trabajo en AA y en sus otros hijos – "Diego", que ahora se dedica a chapa y pintura de automóviles en Texas, y "Jessica", que vive con ellos mientras ahorra para la universidad— cuando Manuel fue deportado.

“Creo que la causa es Trump”, nos dijo. “Están deportando a personas sin ningún motivo, se las llevan en restaurantes y en las esquinas, personas que han estado mucho tiempo en EE. UU.”.

Ya nadie vive en la vieja casa familiar en Río Grande, Zacatecas, dijo Manuel, aunque su padre, que adquirió la ciudadanía estadounidense, viaja de vez en cuando para hacerle mantenimiento. “No es allí donde me dirijo hoy”, dijo Manuel, “no voy a ir a una casa solitaria y vacía. Voy a volver en la misma dirección que vine”, dijo señalando hacia el norte con la mano, “donde están todos”.

29. “Manuel P.”: “Luego de 12 años, deportado de su hogar y su familia estadounidenses”[110]

Lo primero que “Manuel P.” quería hacer cuando llegó al centro de recepción de deportados que gestiona el estado en Nuevo Laredo, México, era comunicarse telefónicamente con su esposa “Rosa” para que le dijera cómo estaban sus tres hijos, todos nacidos en EE. UU., y lo ayudara a pensar un plan.

“Tengo que preguntarle qué debo hacer ahora”, nos dijo. “Siempre hacemos todo juntos”.

Manuel, de 33 años, se fue de Durango, México, hace 12 años y empezó a trabajar en el sector de la construcción y la plomería en Amarillo, Texas. En 2007, cuando su hijo mayor “Carlos” tenía apenas cinco meses, Manuel chocó por detrás a otro automóvil mientras volvía a casa luego de una jornada de trabajo. Esperó que llegara la policía —sin que hubiera lesionados— y fue detenido y deportado. Un año después, intentó una vez más viajar al norte, fue enviado de regreso por la Patrulla Fronteriza y cruzó inmediatamente de nuevo, logrando reunirse con Rosa y Carlos en Amarillo.

“Daniela” nació tres años después que Carlos, y “Gloria” un año más tarde. En 2010, Manuel y Rosa firmaron un contrato de arrendamiento con opción de compra para una vivienda de un dormitorio, que él pronto pudo remodelar para que tuviera tres dormitorios. Tenía la precaución de pagar el arrendamiento y los impuestos puntualmente e inició dos emprendimientos propios: un servicio de reparaciones y una empresa constructora. En su tarjeta comercial se muestra una imagen de una parrilla externa de categoría que diseñó y construyó para un cliente, y refleja en pocas palabras la historia de la inmigración: para español, dice la tarjeta, llame a Manuel; para inglés, a su hijo Carlos.

Esta primavera, la vida de Manuel se vio interrumpida nuevamente.

En la noche del 27 de mayo, un agente le indicó que detuviera la voluminosa camioneta Dodge pickup donde lleva sus herramientas. Manuel dijo a Human Rights Watch que había tomado una cerveza, y el agente le informó que se presentarían cargos por conducir bajo los efectos del alcohol. Contó que fue llevado a una cárcel y puesto en libertad después de diez días. Sin embargo, en un control de antecedentes penales se detectó únicamente una multa por exceso de velocidad.

Mientras salía aliviado de su celda, Manuel se encontró con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) que lo estaban esperando para llevárselo. Lo retuvieron tres semanas en Dallas y luego lo llevaron a la frontera y le advirtieron que no intentara regresar a EE. UU. por 20 años.

Desde la detención de Manuel, Rosa, que también es indocumentada, ha encontrado trabajo de limpieza en un hotel, pero afirma que tiene dificultades para ocuparse de sus tres hijos desde que deportaron a Manuel. Los fines de semana, los lleva consigo al hotel donde trabaja. Rosa dice que los niños están muy disgustados y que preguntan continuamente por su padre.

30. Marco G.: “Familia lucha para permanecer unida”[111]

Cada vez que deportan a Marco G., su esposa Leah, nacida en Ohio, lo acompaña con los niños a México hasta que todos juntos pueden regresar a casa.

No toleran estar separados. Llevan casi 16 años de matrimonio.

Después de que, recientemente, fue deportado por tercera vez, la familia empezó a considerar otra posibilidad: instalarse por algún tiempo en México. Sus hijos –Antonio, de 14 años, y Sofía, de 10– nacieron en EE. UU. y necesitan documentos mexicanos para inscribirse en la escuela.

En una entrevista realizada el 14 de junio en el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes en Nuevo Laredo, Leah describió a Marco –la única pareja que tuvo en toda su vida– como “el hombre más inteligente que haya habido”. Contó que Marco cruzó ilegalmente la frontera entre EE. UU. y México cuando tenía 18 años, y debido a esto habría sido casi imposible que él obtuviera una tarjeta de residencia (green card) a través de su esposa, sobre todo después de las varias deportaciones. La pareja aseveró que los jefes que Marco había tenido en Estados Unidos lo consideraban un empleado valiosísimo, en tareas tan diversas como trabajar con caballos en Ohio, administrar un complejo gigantesco de apartamentos o reparar maquinaria japonesa de construcción de motores en Michigan. Uno de sus empleadores lo describió como un “trabajador ejemplar” y nos confesó que ahora tiene dificultades para encontrar a quien pueda reemplazarlo.

Marco fue deportado por primera vez en 2010, luego de haber sido condenado a libertad vigilada por conducir bajo los efectos de sustancias. Leah acudió a recoger a Marco de un bar, donde no tendría que haber estado, con la intención de llevárselo a su casa, pero entablaron una discusión. “Lo que sucedió es exactamente lo que yo quería evitar”, dice. “La policía vino, y no me escuchaban cuando yo decía que estábamos bien. Se lo llevaron y lo deportaron”.

La segunda deportación ocurrió en 2013, cuando intentaban vender un remolque que él había remodelado, con el fin de usar ese dinero como seña para la compra de una vivienda; los compradores, a quienes les habían permitido mudarse, se negaron a terminar de pagar y llamaron a la policía, alegando que Marco y Leah los habían agredido, algo que ambos niegan. Marco fue deportado tan rápidamente que no pudo presentarse ante la justicia en la fecha en que debía comparecer por el cargo de agresión.

La tercera deportación fue en enero de 2017. Leah había estado llevando a Marco en automóvil hasta su trabajo en una pista de entrenamiento del Derbi de Kentucky, pero un día condujo él solo y la policía lo detuvo “sin motivo”, según afirmó. Dijeron que les había aparecido la orden por el cargo de agresión, y las autoridades lo retuvieron en la Cárcel del Condado de Claremont por tres meses, mientras citaban a la denunciante. Esta nunca se presentó, y entonces entregaron a Marco al ICE para que fuera deportado.

Reponerse de la última deportación de Marco fue menos duro que recuperarse del trauma que supuso la última estadía en México, después de que Marco fuera deportado en 2013. Nos contaron que, en su localidad de origen de La Barca, en Jalisco, Marco construyó una casa grande para su familia, y que esto, además del hecho de tener una esposa extranjera, atrajo la atención de una pandilla. Secuestraron a Marco y, con el fin de amedrentar a Leah para que pagara un rescate, lanzaron una balacera con fusiles automáticos frente a la vivienda. Escondida adentro de la casa con sus hijos que gritaban aterrados, Leah llamó al consulado estadounidense en Guadalajara y, en media hora, llegaron al lugar militares mexicanos. “Fue una media hora que duró una eternidad”, afirmó. Leah y sus hijos fueron subidos raudamente a un autobús y regresados a EE. UU., sin saber qué había sucedido con Marco. Un mes más tarde, este se presentó en Ohio. Sus familiares en La Barca habían entregado a la banda la vivienda, con todos los muebles que había dentro, a cambio de que lo liberaran.

“Tienen miedo de estar aquí de regreso”, dice Leah de sus hijos. “Estamos todos muy traumatizados”.

La familia nos dijo que perciben pagos del Seguro Social de EE. UU. –porque Leah tiene enfermedad de Crohn y Antonio sufre trastorno plaquetario– pero desde que llegaron a México no han podido conseguir los medicamentos que necesitan. Esperan poder mudarse de la asfixiante torre de departamentos de hormigón donde alquilaron un departamento en Nuevo Laredo y trasladarse a Cancún –lo más lejos posible de La Barca–, donde creen que Marco podrá encontrar trabajo.

“Es más estadounidense que algunas personas que viven allí”, afirma Leah sobre Marco, mientras con la mano señala hacia el norte, al otro lado del Río Grande, “pues él trabaja arduamente y se ocupa de su familia, y no se puede decir lo mismo de todos los que están allí”.

31. “Marco T.”: “Padre de tres niños deportado de EE. UU. después de 20 años”[112]

Una noche de abril, “Marco T.” conducía hacia su casa, en el área de Dallas, luego de terminar la jornada en una fábrica de reciclado de productos químicos peligrosos, donde trabajaba desde hacía dos años. Es posible que estuviera conduciendo a demasiada velocidad. Un alguacil le ordenó que se detuviera al costado de la carretera. Marco fue detenido y acusado de conducir sin licencia.

Pero ese fue tan solo el comienzo de los problemas para Marco, un inmigrante indocumentado procedente de México. A pocos días de su detención, Marco quedó a disposición del ICE y se enfrentaba a la posibilidad de ser deportado del país donde vive desde 1997. “Mi familia intentó conseguirme un abogado especializado en inmigración, pero era en vano”, señaló. Detenido y vencido por la impotencia, decidió aceptar regresar a México sin que se le concediera la oportunidad de tener una audiencia ante un juez.

Ahora, en una entrevista en Nuevo Laredo, México, Marco muestra orgulloso el protector de pantalla de su teléfono celular, que es un collage de fotografías con un mensaje en español que dice “las mujeres de mi vida”. Tiene fotos de su madre, sus hermanas, su hija y su esposa.

Marco tiene tres hijos nacidos en Estados Unidos: dos varones, de 10 y 14 años, y una niña de 7 años, todos con apariencia de típicos niños estadounidenses. El mayor aspira a ser jugador profesional de fútbol americano y el segundo desea incorporarse al ejército como sus tíos y primos del lado materno. A la hija de Marco le gustaría dedicarse a la misma actividad que su madre: administrar departamentos. En la foto que mostró al investigador de Human Rights Watch, se lo ve abrazando a los tres niños, mientras el de 10 años hace una mueca graciosa.

Cuando mostró las imágenes de su familia, le temblaron levemente las manos y le brotaron las lágrimas. “Es doloroso”, expresó. “No que nos envíen de regreso, sino que nos separen de nuestra familia”.

Al menos, agregó Marco, su esposa tiene un buen trabajo que le permite seguir manteniendo a la familia mientras él lidia con las dificultades que implica una deportación. Su esposa tampoco tiene documentación legal, aunque llegó a EE. UU. cuando tenía apenas pocos meses.

Las leyes inmigratorias que rigen actualmente en EE. UU., en general, no contemplan una vía para que una persona que tiene hijos estadounidenses y ha tenido residencia no autorizada durante un período prolongado y sin antecedentes penales pueda regularizar su situación.

Marco señaló que no había sido deportado anteriormente y que tampoco tenía condenas penales previas. “Es solo que el gobierno ahora es muy severo. Tarde o temprano, te van a detener por alguna una falta menor. Y entonces, la consecuencia es la deportación”.

32. “Mateo D.”: “Tiene que volver por sus hijos”[113]

“Es por esto que tengo que volver”, murmuró “Mateo D.”, de 38 años, mientras contemplaba en su teléfono una fotografía de tres niños pequeños sonrientes. Era el 13 de junio, y Mateo estaba en un centro de recepción de personas deportadas en Nuevo Laredo, México, pensando en los pasos a seguir.

“Volver”, para Mateo, implicaría tener que pagar USD 7.000 para cruzar a pie el desierto con un guía durante cuatro días —con el riesgo de que lo atrapen, lo envíen a prisión y vuelvan a deportarlo—, o incluso morir de un ataque cardíaco o a manos de bandidos. Pero no puede imaginar otra alternativa, porque sus hijos nacidos en Estados Unidos están pidiendo por él. “Summer, la pequeña, quiere que papá le prepare sus tortitas de chips de chocolate con mantequilla de maní y rodajas de banana”, nos contó con una sonrisa melancólica.

Mateo contó que hizo su primera travesía para cruzar la frontera con su madre y su hermana, cuando tenía 11 años. Se establecieron en Delano, California, donde la Unión de Campesinos de César Chávez y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días les dieron acogida. Contó que la iglesia lo ayudó a obtener la valiosa tarjeta de residencia, aunque no recuerda cómo.

Cuando estaba en noveno grado, la familia se trasladó a Pasadena, Texas. Mateo dijo que terminó la escuela secundaria allí, obtuvo un empleo como cocinero en Denny’s y pudo mudarse a su propio apartamento en una zona de la ciudad venida a menos.

Alrededor de 2005, contó, salió para comprar un refresco en la tienda de la esquina y se detuvo para responder una llamada en su teléfono celular por un posible trabajo en Red Lobster. Casi no vio que había tres jóvenes cerca de él en la acera, hasta que escuchó las sirenas de varios vehículos de la policía que se acercaban, llevando a agentes que mostraban sus armas. Ordenaron a los tres hombres que se recostaran en la acera y, según cuenta, aprehendieron a Mateo por si acaso.

Fue acusado de vender drogas. Cuando alegó su inocencia, recuerda, el abogado designado por el tribunal le dijo: “Sí, todos dicen eso. ¿Quieres seguir haciéndote el tonto?”. Entonces Mateo se declaró culpable. Contó que cumplió seis meses de una condena de tres años, le quedó un prontuario por delitos graves y fue deportado, pero que volvió a cruzar la frontera.

En Friendswood, Texas, Mateo encontró un buen trabajo en remodelación de viviendas, conoció a Ashley, una ciudadana estadounidense, y se casó con ella. En cuatro años, tuvieron un niño y dos niñas. El Sueño Americano del que su madre le había hablado cuando lo llevó por primera vez al norte, cuenta, finalmente se estaba haciendo realidad, hasta un día de marzo, en Wal-Mart.

Mateo contó que llenó su carrito con juguetes para su hijo de siete años, artículos para el hogar e ingredientes para preparar sus “Frito pies” predilectos, y que no quedó lugar para la máquina de cappuccino que deseaba comprar para Ashley y él. La colocó en el estante debajo del carrito y pasó por la caja, pero olvidó ponerla en la cinta. La alarma de la tienda sonó cuando salía, y terminó en la cárcel con un cargo por hurto. El cargo fue desestimado, pero quedó detenido por motivos de inmigración y, a continuación, lo subieron encadenado a un autobús para llevarlo a Nuevo Laredo. Sus hijos preguntan constantemente cuándo regresará, y él no puede darles una respuesta.

33. “Moises R.”: “Veintitrés años en EE. UU. terminan con un control de tránsito”[114]

La única forma que “Moisés R.” tenía de llegar a su trabajo en un restaurante era recorriendo en el automóvil Honda de la familia el trayecto de media hora desde el complejo de departamentos donde vivía en el sur de Minneapolis hasta la ciudad cercana de Eden Prairie. La noche del 3 de junio de 2017, mientras volvía del trabajo a su casa a las 2 a.m., la policía de Eden Prairie lo detuvo porque la matrícula del vehículo vencía en junio. El automóvil estaba a nombre de la esposa de Moisés, “Zoraida”, cuya licencia de conducir había sido suspendida, y los agentes pronto descubrieron que también lo estaba la licencia de Moisés. Desde 2003, se prohíbe expedir licencias de conducir a inmigrantes indocumentados en Minnesota, y Moisés y Zoraida no pudieron conseguir nuevas licencias válidas.

Moisés contó que un juez lo puso en libertad después de haber pasado dos días en la cárcel del condado de Hennepin, —a pesar de haber tenido un arresto anterior en 2013 por conducir sin licencia—, pero al salir lo estaban esperando agentes de inmigración. Moisés fue deportado a Nuevo Laredo, México, el 21 de junio.

Moisés contó que cruzó por primera vez de México a Estados Unidos hace 23 años, cuando tenía 15 años de edad. La Patrulla Fronteriza lo envió de regreso una vez, pero logró cruzar en un segundo intento y empezó su vida en Estados Unidos, donde trabajó en restaurantes y fue progresando de lavaplatos a ayudante de cocina, cocinero, ayudante de camarero y camarero. Conoció a Zoraida cuando ella trabajaba como cajera en un restaurante. Tienen dos hijos y dos hijas, con edades que van de los 8 a los 18 años, y quien más le preocupa a Moisés es el mayor, “Mark”.

Moisés contó a Human Rights Watch en un centro de recepción de migrantes en Nuevo Laredo, México, que Mark, de 18 años, recolecta las donaciones en la iglesia bautista a la que asiste la familia, juega al fútbol en un club, no bebe ni consume drogas y es un “buen chico” en todo sentido. “Pero a esa edad están expuestos a todo tipo de cosas, y necesitan a sus padres”, dijo Moisés. Cuando fue arrestado, Moisés acababa de cambiar el horario de su jornada de trabajo para poder asistir a los partidos de fútbol de Mark durante la siguiente temporada. “¿Por qué no puedo estar con él?”, se preguntaba sacudiendo la cabeza.

Moisés recuerda que su madre, una trabajadora migrante, decía que lo que más lamentaba era no poder sentarse a compartir una comida todos los días con sus hijos, y Moisés siempre ha puesto empeño en poder hacerlo. “Soy hogareño, y lo que más nos gusta es sentarnos todos juntos a cenar”, contó. Él y Zoraida son buenos cocineros, los niños colaboran en la mesa y el televisor se apaga mientras comen. Zoraida o uno de los niños dice la oración.

Durante su deportación, Moisés le preguntó a un policía por qué las autoridades apuntaban a quienes habían llegado al país para comenzar una nueva vida, en vez de concentrarse en quienes vendían drogas o se involucraban en peleas. Moisés recuerda la respuesta: “Diablos, es que ustedes son fáciles de atrapar”.

Zoraida, que antes trabajaba solamente dos mañanas por semana, ha aceptado un empleo a tiempo completo desde que Moisés fue arrestado. “Ni siquiera puede hablar porque llora continuamente” durante las llamadas telefónicas, contó Moisés.

Moisés cree que mudar a su familia a México sería una experiencia demasiado dura para los niños, y por eso está contemplando la posibilidad de volver. “Pero eso podría significar un año o dos en la cárcel”, explicó, por “cruzar la frontera para ver a mi familia”. Hizo una pausa y dijo: “Estarán conmigo de una u otra manera, pero sé que va a llevar algo de tiempo”.

34. Omar G.: “Una estadounidense que necesita con desesperación a su marido”[115]

Una llamada telefónica cambió radicalmente la vida de Omar G.

Alguien se comunicó telefónicamente con la policía para avisar que había una persona indocumentada en la casa de Omar, en Waco, Texas. A causa de esto, Omar fue arrestado y deportado a Nuevo Laredo, México, en marzo de 2017.

Su concubina Laura, que tiene ciudadanía estadounidense, lo siguió hasta México tan pronto como pudo, y cuando los investigadores de Human Rights Watch los conocieron en un centro de recepción de migrantes en junio, habían alquilado un departamento en la zona y estaban buscando asesoramiento para saber si había una forma legal de que Omar vuelva a Estados Unidos.

“Tenemos hijos y nietos en Texas; tengo que conseguir que vuelva a casa”, dice Laura refiriéndose a Omar.

Aunque es sabido que en Waco se aplica una política enérgica de detención de inmigrantes indocumentados, a Laura y Omar les encantaba vivir allí a pesar de los riesgos. “Waco es hermosa y está cada día más linda”, dice Laura, que tiene 52 años y ha vivido allí toda su vida.

Omar, de 51 años, llegó a Waco desde Monterrey, México, cuando tenía 28 años y se fue a vivir con un hermano justo frente a la vivienda de la madre de Laura. En ese tiempo Laura tenía la custodia de tres niños pequeños nacidos de un matrimonio anterior, y cuando su relación sentimental con Omar prosperó, este se convirtió en un padrastro sumamente responsable para los niños. “Los niños lo adoran”, cuenta Laura, “y ha tenido un gran impacto en la vida de cada uno de nuestros ocho nietos”.

Omar sabía reparar todo tipo de cosas y era un buen carpintero, de modo que nunca le faltó el trabajo. Laura también aportaba ingresos para el hogar haciendo tareas manuales en almacenes. En 2008, según nos contó, sufrió discapacidad a causa de un dolor insoportable en los brazos —no se ha determinado si la causa fue artritis, síndrome del túnel carpiano o lesión nerviosa—, y la cirugía a la que se sometió dos años más tarde no fue de mucha ayuda. Laura contó que, en los momentos en que no podía bañarse sola, Omar la ayudaba poniendo en práctica su conocida habilidad y mostrando sonrisas afectuosas.

Contaron que Omar tuvo su primer encuentro con el sistema inmigratorio hace cuatro años. Los inmigrantes indocumentados no pueden solicitar licencias de conducir en Texas, y después de que la policía de Waco observó algunos timbres vencidos en el Buick de Omar, descubrieron que no tenía licencia. Cuando un juez de inmigración supo que Omar se ocupaba de cuidar a Laura —su concubina— instó a la pareja a que formalizaran su relación contrayendo matrimonio. Sin embargo, cuando anotaron mal la fecha de una comparecencia ante los tribunales —y se presentaron equivocadamente un día después— Omar fue deportado por primera vez.

Tras la deportación, Laura viajó hacia el sur y se reunió con él en Monterrey, México. Juntos, volvieron a entrar a Estados Unidos y estaban viviendo en Waco cuando Omar fue deportado por segunda vez.

Esta vez, señaló Laura, “queremos hacer las cosas bien”, y por eso están buscando asesoramiento legal. Van a casarse, nos contó. Laura lamenta haberlo pospuesto, por considerar que era un procedimiento innecesario y costoso. También hace notar a las autoridades de inmigración que necesita a Omar como cuidador; tiene otra cirugía programada y necesitará someterse a varios procedimientos más. Lamentablemente, según las leyes vigentes en la actualidad, es probable que las sucesivas deportaciones y reingresos de Omar hagan que sea muy difícil que pueda regresar en forma legal a Estados Unidos.

La pareja extraña a los demás miembros de la familia y la prolija vivienda rústica de dos dormitorios que compraron con una hipoteca que ya consiguieron saldar, al igual que los muebles. Las herramientas de Omar están esperándolo en el taller que construyó en la parte trasera.

“Me llaman abuelo”, contó Omar refiriéndose a los pequeños, mientras una lágrima le corría por la mejilla.

“No es para nada agradable ser deportado del lugar que consideras tu hogar”, dijo Laura. “Es posible que no hayas nacido allí, pero has vivido toda tu vida en ese sitio y una parte de mí nunca estará ahí si Omar no está”.

35. “Orlando”: “Comerciante deportado se muestra orgulloso de sus contribuciones a Estados Unidos”[116]

Lo primero que “Orlando” quiso que Human Rights Watch supiera era que su último pago de impuestos al gobierno de Estados Unidos fue de USD 17.655. Contó que había vivido 33 años ininterrumpidos en Estados Unidos como inmigrante indocumentado, que tiene un hijo con ciudadanía estadounidense y que era habitual que diera trabajos ocasionales a ciudadanos estadounidenses en su taller mecánico en Fort Worth, Texas. Mientras nos contaba su historia en un centro de recepción de personas deportadas en Nuevo Laredo, México, insistió en que él nunca “le costó un centavo a Estados Unidos”.

“Nunca pedí nada”, dijo, con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, “cupones para alimentos, asistencia, nada”.

Orlando nos contó que dejó su hogar en el estado de Guerrero, México, y cruzó la frontera solo cuando tenía 13 años. Al igual que muchos mexicanos indocumentados, empezó trabajando en agricultura pero fue cambiando a nuevos empleos que ofrecían una mejor paga: en el Cowboy Concert Hall en Arlington, Texas, en hoteles y como vendedor de repuestos de automóviles importados en Dallas. Después de ganar suficiente dinero, regresó a México, contrajo matrimonio con Cynthia –la muchacha que había dejado cuando se marchó— tuvo un hijo y después de algunos años los llevó a todos al Norte. En 2007, contó, ya había ahorrado dinero suficiente para que Cynthia pudiera abrir un salón de belleza y él un taller mecánico en Fort Worth. Actualmente es propietario de un edificio allí, cuyo valor, según estima, es de USD 500.000. También paga las hipotecas e impuestos de cinco casas que alquila, en sus propias palabras, “a mexicanos”.

“Le pago USD 12.000 por año al contador que se encarga de mis impuestos”, afirma con orgullo.

Entretanto, él y Cynthia tuvieron otro hijo, el único de la familia con ciudadanía estadounidense. Su hijo mayor, que está en la universidad, es un “DREAMer” (se suele denominar DREAMer a un inmigrante traído a Estados Unidos durante la infancia, que reuniría los requisitos para regularizar su situación legal en virtud del proyecto legislativo conocido como Ley DREAM).

Nada de eso evitó los acontecimientos de principios de junio en Fort Worth, cuando mantuvo una discusión con su hermano que terminó con este rompiendo todas las ventanillas del automóvil de Orlando. Habiendo progresado durante tanto tiempo en Estados Unidos, olvidó la regla de oro para muchos inmigrantes indocumentados: nunca llamar a la policía.

“La policía llegó, me dijo ‘Dese vuelta’ y me esposó. Mi hermano sostuvo que yo lo había golpeado y me acusaron de violencia doméstica”, contó Orlando, con los ojos vidriosos por las lágrimas. Orlando pasó tres días en la prisión de Arlington, hasta que su hermano firmó una declaración indicando que Orlando nunca lo había golpeado.

Para entonces, Orlando ya había llamado la atención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) e iba camino a ser deportado. En lugar de comparecer ante un juez de inmigración, Orlando firmó una orden de expulsión voluntaria. Se secó los ojos con la manga, y no pudo evitar de nuevo las lágrimas. “Mi esposa y yo tenemos un seguro de vida por USD 500.000 cada uno, pues si morimos no queremos darle ningún problema a Estados Unidos”, dijo sollozando. “¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hice?”.

36. “Ricky M.”: “Secuestrado por carteles tras ser deportado”[117]

Al igual que en muchas de las canciones country que le agrada escuchar, los problemas de “Ricky M.” empezaron con un desengaño amoroso.

Ricky, quien llegó a Estados Unidos desde México cuando tenía dos años, afirmó haber sufrido una depresión cuando su novia se fue para estudiar en la universidad. Hizo nuevas amistades, y empezó a fumar marihuana con estas personas. Esto supuso un cambio para Ricky. Durante los años de la escuela secundaria, no tuvo contacto con alcohol ni drogas, y se concentró en el fútbol, un deporte que le apasiona. Mientras se mantuvo limpio, su condición conforme a la Prórroga de Procedimientos Migratorios para Personas Llegadas en la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrival, DACA) nunca estuvo en peligro.

En abril de 2015, uno de sus nuevos amigos le dio algunos paquetes pequeños con cocaína y lo instó a que intentara venderlos, contó. Dijo que los puso en su mochila y, más tarde, cuando un guardia forestal en Canyon Lake olió humo de marihuana y lo palpó, descubrió los paquetes, junto con un cigarrillo de marihuana.

Ese momento hizo que posteriormente fuera deportado a un país que nunca había conocido, y quedara en manos de violentos criminales. Eso casi le cuesta la vida.

En septiembre, desde un centro de recepción de deportados en Nuevo Laredo, México, Ricky contó su historia a un investigador de Human Rights Watch. México le parecía un lugar tan ajeno que sentía como si hubiera sido “expulsado de la faz de la tierra y hubiera llegado a otro planeta”.

Tras su detención, Ricky se declaró culpable de tenencia de marihuana y menos de 14 gramos (media onza) de cocaína “con fines de comercialización”, un delito grave de primer grado en Texas. Cumplió 28 meses de una pena de 5 años de cárcel, perdió su condición al amparo de la DACA y fue deportado “de por vida” el 17 de agosto de 2017. Los agentes de inmigración le dieron la “bolsa de deportado” roja que entregan habitualmente para que estas personas guarden allí los pocos objetos que se les permiten llevarse, y cruzó a pie el puente que une Laredo, Texas, con Nuevo Laredo.

Allí fue donde las cosas se pusieron feas.

Ricky tomó un autobús desde el centro de Nuevo Laredo para visitar a una hermana en Piedras Negras, pero se durmió en el trayecto y fue despertado por la luz de una linterna en los ojos y un arma apuntándole a la cabeza. El agresor, que se identificó como miembro del cartel de narcotráfico de Nuevo Laredo, dijo a Ricky que lo identificó como una persona deportada por la bolsa roja y le advirtió que el cartel en Piedras Negras lo mataría si no llegaba con la contraseña correcta. Luego sacó arrastrando a Ricky del autobús, lo golpeó con un palo y lo llevó por la fuerza a un departamento donde había otros seis deportados, totalmente aterrorizados.

Ricky contó que estuvo ocho días en ese departamento, hambriento, esperando que su madre enviara al cartel USD 3.500 y se comprometiera a pagar otros USD 3.000 cuando Ricky llegara seguro a San Antonio, Texas, a una distancia a pie de la frontera de 144 millas, que se tarda 47 horas en recorrer a pie. Ricky no quería ir; sabía que si lo atrapaban regresaría a prisión por 29 meses para completar su condena, además posiblemente estaría un tiempo en el centro de detención inmigratoria y luego sería deportado nuevamente de por vida. Pero los pandilleros no le dieron opción. Para ellos, Ricky y las otras personas cautivas eran moneda de cambio.

Los deportados vadearon el Río Grande a la luz de la luna, apuntados por la espalda por los pandilleros, según contó, y estuvieron horas en un bosque escapando de vehículos de la patrulla fronteriza y helicópteros, pasando de una casa abandonada a otra, donde esperaban otros grupos de personas cautivas.

Al llegar el mediodía del primer día de expedición, el grupo de Ricky fue abandonado por su guía, contó. Tenían muy poca agua y ningún alimento, dijo, y no habían comido en varios días. Un hombre empezó a gritar, y Ricky vio que estaba siendo atacado por un enjambre de abejas, que se dividió y rodeó a Ricky. A media que la jornada se tornaba cada vez más calurosa, Ricky dijo que se quedó sin agua y, lo siguiente que recuerda, es ser despertado por un agente de la Patrulla Fronteriza. Había perdido el conocimiento junto a una carretera. El agente lo revivió con suero intravenoso, según contó, y en un acto que Ricky dijo que agradecerá por siempre, en vez de devolverlo al sistema de justicia penal para completar su pena de prisión, lo condujo directamente hasta el puente peatonal entre Laredo y Nuevo Laredo.

Cuando Ricky relató lo sucedido casi dos semanas después, su rostro, cuello y brazos todavía estaban cubiertos de picaduras de abejas. Pero igualmente esbozó una sonrisa melancólica. “Creo que tengo suerte de estar vivo y de no estar en la cárcel”, expresó.

37. Reginaldo R.: “Él necesita ayudar a sus hijas a cumplir sus sueños”[118]

Si Reginaldo R. hubiera escuchado a su hija de 14 años, tal vez ahora no estaría varado en México, a cientos de millas de distancia de su familia en Texas.

Reginaldo nació en Michoacán y había vivido Chicago la mitad de su vida cuando, en octubre pasado, su hija mayor, Valerie, le mostró algunas cifras alarmantes. Le dijo que había estado haciendo cálculos y que, aun considerando las becas y subsidios que probablemente conseguiría, enviarla a estudiar medicina probablemente le costaría a la familia al menos USD 22.000.

Él le sonrió. Pensó en que tenía 15 años y ya estaba pensando cómo pagar sus estudios en la facultad de medicina, para los que faltaban al menos seis años. Pero eso no le sorprendió, pues desde la escuela primaria ella deseaba convertirse en médica para “ayudar a las personas”. En Halloween siempre se vestía de médica.

Reginaldo hizo algunas averiguaciones por su cuenta y descubrió que los salarios eran mejores en Houston que en Chicago, donde ganaba USD 120 por día en trabajos de albañilería y pintura. Valerie opinó que debía ir a Houston para ahorrar dinero para la matrícula. Sin embargo, su hermana de 14 años, Lesley, que estaba decidida a convertirse en abogada para “poder proteger a personas como yo”, le aconsejó que no lo hiciera.

Reginaldo no lamenta haber tomado la decisión de ir a Houston, pero sí desearía nunca haber subido al automóvil de un amigo de su primo ese día de diciembre, que hizo que emprendiera un camino que terminó con su deportación. La policía vio que el conductor no se comportaba seriamente detrás del volante, lo obligó a detenerse y descubrió ocho onzas de metanfetamina que, según dijo Reginaldo, no sabía que estaban en el automóvil. Finalmente se retiraron los cargos por drogas, pero los policías que lo detuvieron sospecharon que estaba ilegalmente en Estados Unidos y llamaron a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE). Los agentes lo estaban esperando en el juzgado cuando fue liberado, identificaron que tenía dos ingresos ilegales anteriores a EE. UU. en su prontuario —el ingreso luego de una deportación constituye un delito grave— y lo encerraron en un centro de detención inmigratoria. Seis meses después, en junio, lo subieron a un autobús que transportaba a personas deportadas a Nuevo Laredo.

“Tengo que volver para ayudar a mis princesas a cumplir sus sueños”, dice con tristeza.

Valerie se siente culpable por haber instado a su padre a ir a Houston, y Lesley está enfadada porque no siguió sus instrucciones. “Necesitan que esté en sus vidas”, dice su esposa Yuridia.

38. Rosalinda C.: “Una madre es deportada después de ser detenida mientras conducía”[119]

En una oscura noche de fines de mayo, Rosalinda C., de 29 años, estaba viajando por el Río Grande en un bote inflable. Era la única mujer en un grupo de 41 migrantes. Al cruzar el desierto a primera hora de la mañana, casi pisa una serpiente de cascabel —“no las oías”, dice recordando el suceso— pero siguió adelante, y más tarde, luego de dos días de caminata, fue interceptada por la Patrulla Fronteriza. Pasó 25 días en un centro de detención en Encino, Texas, y luego fue deportada a Nuevo Laredo, México. Al igual que cerca del 15% de las personas deportadas por la Patrulla Fronteriza, Rosalinda es madre de hijos con ciudadanía estadounidense.

“Supuestamente, si lo intento de nuevo, me darán tres meses” de cárcel, dijo a Human Rights Watch en Nuevo Laredo, en alusión a la advertencia que le dio un agente de la Patrulla Fronteriza. “Para mí no cambia nada. Tengo que volver para estar con mis hijos”, dijo, mientras se secaba una lágrima en la mejilla.

Los delitos inmigratorios, incluido el ingreso ilegal, representan la categoría individual con mayor número de casos en la justicia penal en todo el país, y muchas de estas personas son padres de ciudadanos estadounidenses.

Estados Unidos fue el hogar de Rosalinda desde que ella tiene memoria. Cuando tenía apenas 4 años y su hermano Martín tenía 3, se fueron de Matamoros, México, a Georgia, Estados Unidos. Sus padres trabajaron en el campo durante diez años, cosechando pepinos, zapallos, tomates, arándanos, duraznos y tabaco por todo el sur del país.

Poco tiempo después, Rosalinda pasó a ser simplemente Linda, hablaba inglés y era otra niña más que daba vueltas en el patio de la escuela primaria a la que asistía. Terminó la escuela media, pero no la educación secundaria. Finalmente, la familia emprendió una nueva vida en Corsicana, Texas, donde el padre de Linda encontró empleo en la construcción. Su madre se quedó en casa mientras su hermano asistía a la escuela. Linda se casó con su novio de siempre, Abel, quien también había nacido en México. Un año después, tuvieron a su primer hijo, Justin, en Dallas, donde Abel estaba trabajando en la construcción. Poco tiempo después llegaron Anthony y Axel.

La tranquilidad en la vida de Linda terminó poco después de que nació Axel, en 2015. La policía interceptó a su padre, Martín Sr., por conducir con un farol trasero roto, y posteriormente fue deportado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. En Matamoros, Martín Sr. estaba cruzando una calle para entrar a una tienda cuando se produjo una balacera, y murió alcanzado por el fuego cruzado.

“Ni siquiera pude ir a su funeral porque no podía arriesgarme a cruzar la frontera y que me separaran de mis hijos”, dijo Linda. Ese mismo año, el matrimonio de Abel y Linda concluyó con un divorcio amistoso. Linda se quedó con los niños, se mudó con su madre viuda y empezó a trabajar reparando teléfonos para Samsung. Trabajaba en el turno de 10 a.m. a 8 p.m., los sábados llevaba a los niños a pasear, hacer compras o al cine, y los domingos, cuando Abel tenía a los niños, ella y su madre limpiaban la casa y lavaban la ropa. Linda tiene en el brazo izquierdo un tatuaje que representa una paloma volando desde el nombre de su madre, escrito en cursiva: Rosalaura.

Linda hubiera querido postularse a la Prórroga de Procedimientos Migratorios para Personas Llegadas en la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA) que, desde 2012, ha permitido que algunas personas indocumentadas que ingresaron a Estados Unidos durante la niñez postergaran la deportación y recibieran un permiso de trabajo si terminaron la escuela secundaria. Linda no tiene antecedentes penales que podrían excluirla de reunir las condiciones para la DACA, aunque su hermano Martín Jr. sí los tiene. Pero, entre los niños y el trabajo, Linda estaba demasiado ocupada para terminar su Certificado de equivalencia de educación secundaria y postularse para la DACA.

El 18 de abril de 2017, Linda y su madre estaban llevando a Justin al médico cuando su vehículo Ford Explorer fue interceptado por la policía de Dallas. “No creo haber estado excediendo el límite de velocidad... estaba con mi mamá y mi hijo, pero ellos dijeron que circulaba a 45 millas por hora en una zona donde la velocidad máxima es de 40”. Mientras Justin lloraba e imploraba “¡por favor no se lleven a mi madre!”, arrestaron a Linda por conducir sin licencia.

Luego de tres días en la cárcel del condado de Richardson, y 25 años viviendo en Estados Unidos, Linda fue deportada a un país en el que no había estado desde los 4 años. “Nunca antes había sido deportada”, dijo. “No conocía México”. Pero una tía la acogió en Monterrey. Durante aproximadamente seis semanas, habló continuamente por teléfono con sus hijos, que la extrañaban. Deseaba traerlos con ella. Sin embargo, México no sería una alternativa para su anterior pareja, Abel, que ahora está formando una familia con otra mujer. Linda entiende la situación: ir a México y separarse de su padre tampoco sería algo positivo para sus hijos estadounidenses.

Entonces, pagó USD 2.000 a una persona para que la ayudara a cruzar la frontera de contrabando, y esa noche de mayo, mientras atravesaba con calzado deportivo un desierto donde abundan las serpientes de cascabel, casi logra cumplir el objetivo de reunirse con su familia.

Cuando la vimos en Nuevo Laredo, estaba comprando un pasaje de autobús para volver de nuevo con su tía de Monterrey. Pero solo por algún tiempo, insistió. Tiene confianza de que, la próxima vez, conseguirá reunirse con sus hijos.

39. Ruben Rojas: “Deportado tras ahorrar durante años para una casa propia”[120]

Rubén Rojas estuvo muy cerca de cumplir su sueño de comprar su primera vivienda. Sin embargo, en menos de 10 horas, ese sueño se desmoronó.

El 7 de junio, aproximadamente a las 7 p.m., un grupo de policías se presentó en su departamento y lo detuvo. Rubén todavía recuerda que abrió la puerta pensando que era su mujer la que estaba golpeando. Nunca sospechó que las autoridades lo estaban buscando a él. Cuando los agentes le dijeron que estaba siendo detenido por robo, Rojas no daba crédito a sus palabras. ¿Robo a quién? ¿De qué?

Los datos le fueron revelados de a poco. Uno de sus clientes, un “paisano con documentos”, según lo describió Rubén, lo acusó de robo luego de que el cliente se negara a pagar el precio total de USD 3.500 que Rubén le había cobrado por un trabajo de construcción.

“Cuando terminé el trabajo, no quiso pagarme. Me dio USD 1.500 y luego, de la nada, me pidió ver mi licencia de electricista, contó Rubén a Human Rights Watch en un centro de recepción de migrantes en Nuevo Laredo, México.

“Mantuvimos una discusión, pero yo creí que el tema se resolvería solo. Esto sucedió cerca de las 9 de la mañana, y esa misma noche estaba por ser deportado”, dijo Rubén mientras sacaba fotografías y documentos de una mochila negra donde guarda los únicos artículos personales que pudo llevarse con él luego de 22 años en Estados Unidos.

Rubén es oriundo de Cuernavaca, Morelos, en México, y afirma que en el vecindario donde vivía en el Este de Los Ángeles era conocido por su habilidad como electricista y por los buenos precios que ofrecía a sus clientes.

“A los paisas [otros mexicanos] les cobro muy poco. Yo solo quería poder comprarme mi casa. Mi esposa tiene documentos y estábamos por comprarla”, dijo. Todavía no puede asimilar que se encuentra en este centro, a más de 1.300 millas de sus hijos, Jhona, de 17, y Jessenia, de 22.

Tras la acusación de robo, Rubén pasó un mes detenido en la cárcel del Condado de Los Ángeles. En un control de antecedentes penales no se detectó que hubiera sido condenado. Luego fue trasladado al Centro de Detención de Adelanto en Adelanto, California, donde permaneció 15 días.

“El funcionario de deportación me pidió que firmara mi partida voluntaria. Años atrás, había consumido drogas, y por eso me dijeron ‘Si no firma, lo deportaremos de todos modos’. Nunca hablé con ningún abogado de inmigración”, explicó. Casi todas las condenas por drogas hacen que sea sumamente difícil que un inmigrante indocumentado pueda evitar ser deportado.

Cuando Rojas emigró a EE. UU. en 1989, era apenas un adolescente. Llegó escapando de la pobreza junto con su pareja, Aura, y ambos trabajaron para criar a sus hijos y cumplir el sueño de la vivienda propia.

“Ahora tengo la sensación de haber llegado aquí [a México] sin documentos. Me siento desolado. No tengo nada que hacer aquí. Mi vida está en California. Cada vez que compro una soda y me dicen que cuesta 10 pesos, pienso cuánto será eso en dólares. ¿15 centavos? ¿10 centavos? No lo sé”.

40. “Santiago H.”: “Una vida familiar feliz que termina en deportación”[121]

Una jornada de fines de julio, el día después de haber sido deportado, “Santiago H.” se sienta en una mesa en un centro de recepción de migrantes en la ciudad fronteriza mexicana de Nuevo Laredo y mira las fotografías familiares que guarda en su teléfono.

“Mira, este es mi hijo del medio en la celebración del 4 de Julio. Es una de mis fiestas favoritas”.

La tradición familiar era ir a uno de los lagos cercanos a su casa en Pontiac, Michigan, para comer una barbacoa y contemplar los fuegos artificiales. Pero Estados Unidos lo deportó dos veces en los dos últimos meses.

En 2007, Santiago se fue de Jalisco, Guadalajara, México, por dos razones: quería reunirse con su novia “Sonia”, con quien tenía una relación desde hacía cuatro años y ahora es su esposa, y estaba recibiendo amenazas de carteles de narcotráfico. En primer lugar, intentó viajar hacia el norte en avión, ya que tenía visa y anteriormente había visitado a Sonia en Alabama de esa manera. Santiago refirió que agentes de inmigración lo interceptaron en el aeropuerto en Houston y le dijeron que había entrado y salido de Estados Unidos con demasiada frecuencia, y que sospechaban que estaba trabajando en el país sin permiso. Tomaron su visa y la rompieron frente a él. Entonces Santiago, al ver que no había ninguna otra opción para reunirse con Sonia y resguardar su seguridad, cruzó la frontera a pie.

Sonia y Santiago vivieron tres años en Alabama, donde nacieron sus hijos “David” y “Bryan”. Luego se mudaron a Pontiac. En 2016, contrajeron matrimonio y Sonia dio a luz a su hija menor, “Mary”.

Santiago y su hermano eran propietarios de una empresa constructora allí, y empleaban a otras siete personas que, en su mayoría, eran familiares. Les iba realmente bien, dijo Santiago, con una sonrisa. Santiago y Sonia compraron su primera vivienda hace poco tiempo, y el año pasado, la familia entera viajó a Chicago para comprar un vestido para el bautismo de Mary. Pasaron un fin de semana muy grato que quedó plasmado en una fotografía de David y Bryan sonriendo en la habitación del hotel en el centro de Chicago. Santiago dijo que, por primera vez en diez años, había planeado tomarse unas vacaciones largas y había ahorrado para llevar a su familia a Disney World en Orlando, Florida.

Pero en lugar de gastar el dinero en ese viaje, tuvo que usarlo para pagarle a su abogado.

A principios de abril de 2017, Santiago se dirigía a su trabajo en la camioneta que normalmente usaba su hermano, cuando agentes de la policía local de Pontiac lo obligaron a detenerse. Afirma haber preguntado a los policías qué falta había cometido, pero que no recibió respuesta. En cambio, al tomar nota de su nombre, le preguntaron por su hermano. Supo que el departamento había recibido una orden judicial de detener a su hermano, cuya exnovia lo había acusado de agredir sexualmente a su hija.

Tras haber obligado a Santiago a detenerse con la expectativa de encontrar a su hermano, la policía lo acusó de conducir sin licencia. Michigan no otorga licencias de conducir a personas indocumentadas.

Santiago hizo todo lo posible por evitar ser deportado durante dos meses. Incluso contó que presentó una solicitud de asilo y señaló que poco antes de su detención, nueve personas fueron linchadas por los carteles a unas pocas cuadras de la casa donde él había crecido. El 31 de mayo fue deportado.

Desesperado por volver a reunirse con su familia, Santiago intentó cruzar la frontera pocos días después. La Patrulla Fronteriza lo detuvo el 12 de julio y volvió a deportarlo el 26 de julio.

Mientras describía la vida que llevaba en Michigan con su familia, Santiago se quebró y hundió la cara entre sus manos. Tuvo que respirar hondo para recomponerse: “Salíamos a comer afuera o al cine, o pedíamos comida y mirábamos una película en casa”.

Ahora se pregunta cómo sobrevivirá su familia. Sonia no trabajaba porque había optado por quedarse en casa cuidando de los niños.

“Es la primera vez que están sin mí”, expresó.

41. “Sergio C.”: “Deportado varias veces por intentar reunirse con su familia en EE. UU.”[122]

“Sergio C.”, de 31 años, se sentía inquieto cuando bajó de un autobús de deportados en Nuevo Laredo, México, el 15 de junio, tras haber pasado nueve meses en el Centro de Detención de Río Grande, en Estados Unidos. Se apresuró a llegar a los teléfonos gratuitos para comunicarse con su esposa “María” y recibir noticias de sus cuatro hijos, nacidos en Estados Unidos.

“Ahora tengo la cabeza vacía, después de haber pasado tanto tiempo detenido”, dijo, parpadeando bajo las luces fluorescentes del centro de recepción. “Pero veremos qué ocurre. Estoy muy feliz de estar afuera”.

Sergio viajó a Estados Unidos por primera vez cuando tenía 14 años, y llevó consigo a su hermano, que en aquel momento tenía 12. Su padre trabajaba en las maquiladoras de Matamoros, México, y quería un futuro mejor para sus cinco hijos. Para los hermanos, eso significaba vivir con un tío en una pequeña localidad del valle de Río Grande.

Sergio disfrutaba de ver los partidos del equipo de fútbol de la escuela secundaria local, aunque tuvo algunas dificultades con sus estudios y le faltó un semestre para poder graduarse. Pero su mayor pasión era trabajar con alimentos, y ya tenía un buen trabajo en un restaurante, donde vestía el elegante uniforme blanco y negro de los camareros y recibía generosas propinas. María, su futura esposa, otra inmigrante indocumentada, trabajaba allí como camarera.

El estilo de vida que impone un restaurante le sentaba bien a la pareja. Como beneficio adicional, en su trabajo podían comer mariscos y bistecs, y esto les permitía ahorrar en comida. Cuando comenzaron a tener hijos, pudieron complementarse: en general, él trabajaba por la noche y ella durante el día, pero a veces cambiaban los turnos para alivianar la carga del otro.

Los problemas de Sergio comenzaron en 2010, cuando le encontraron marihuana y se declaró culpable de tenencia de esa sustancia. Cumplió una pena de seis meses de prisión por ese delito, y luego pasó un período en el Centro de Detención de San Antonio antes de ser deportado. Desde aquel momento, señala, no ha tenido contacto con ninguna sustancia ilícita. En reiteradas oportunidades, trató de reunirse nuevamente con su familia, pero fue detenido en cada uno de estos intentos.

“Ahora, me detienen solo porque me conocen”, dijo en referencia a la policía local de su ciudad y demás puntos de la frontera. “Me llevan al salir de mi casa o cuando estoy en una tienda, o en cualquier lugar”, manifestó. Según señaló, lo detienen porque la policía sabe que no tiene documentos. “Firmo la deportación y listo”.

Sergio dice que no tiene miedo de ahogarse en el río ni de morir en el desierto. “Pero todo se va sumando”, dijo, “año tras año, solo por ingresar en Estados Unidos”. Ha sido procesado varias veces por ingreso ilegal reincidente, y las condenas son cada vez más severas.

Las veces en que Sergio es detenido, María lo visita con regularidad. Envía a sus cuatro hijos a que visiten a su padre en México mientras espera el momento de poder cruzar. El mayor está a punto de empezar la escuela secundaria y el más pequeño pronto comenzará la primaria. Pero María no puede visitar a Sergio en México, ya que ella tampoco tiene documentos.

“Mi esposa es valiente, es más valiente que yo”, dijo Sergio. No obstante, Sergio afirmó que María no quiere que él vuelva a cruzar, porque no quisiera que vuelvan a encarcelarlo.

Sergio tiene previsto, por el momento, ir al pueblo mexicano de China, en el estado de Nuevo León, a trabajar para una cuñada en una empresa de andamios.

“Veremos cómo salen las cosas”, dijo, mientras recogía la bolsa plástica con sus pertenencias para dirigirse a tomar el primer autobús del trayecto hasta a China.

42. Sergio H.: “Militar retirado del Ejército es deportado tras luchar contra la dependencia de drogas”[123]

Después de servir en el Ejército en Guam durante los años noventa, Sergio H. recibió una baja honorífica y abrió un taller de reparación de carrocerías de automóviles en Dallas. Trabajó duro toda su vida, nos dijo, para criar a dos hijos nacidos en Estados Unidos. Actualmente, uno de ellos es pediatra y el otro se dedica a la administración de empresas. Pero como muchos militares retirados mayores, Sergio, que ahora tiene 50 años, ha luchado contra la dependencia de drogas.

Su dependencia empeoró en 2012, según nos contó en Nuevo Laredo, y dos años más tarde, Sergio fue condenado por tenencia de cocaína con intento de distribución. Obtuvo libertad condicional después de cumplir dos años y medio de una pena de cinco años. “Estoy limpio ahora”, dijo. “Lo peor es que desperdicié años de mi vida”.

El servicio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos suele ser un camino para obtener la ciudadanía para aquellos que tienen tarjetas de residencia –esto es, visas de residencia permanente–, pero no resultó así para Sergio. Las tarjetas de residencia pueden ser revocadas por varios motivos, entre ellos la comisión de un delito relacionado con drogas.

Por lo tanto, Sergio fue directamente de la prisión a un centro de detención inmigratorio cerca de Houston. Permaneció allí ocho meses, esperando las audiencias del tribunal de inmigración.

Debido a que la madre de Sergio nació en Estados Unidos, sus abogados estudiaron la posibilidad de que en realidad pudiera ser ciudadano estadounidense. Pero no llegaba a cumplir los criterios, ya que su madre se mudó a México con sus padres cuando era muy joven. Al haberse agotado sus opciones legales, Sergio fue subido a un vehículo lleno de personas deportadas y llevado al otro lado de la frontera, a Nuevo Laredo, México.

Un consenso cada vez más amplio en Estados Unidos sostiene que la rigidez de las leyes y políticas penales en materia de drogas —incluidas las condenas desproporcionadamente severas— está causando más perjuicios que beneficios. Para las familias inmigrantes, las consecuencias pueden ser especialmente devastadoras. Hemos documentado que Estados Unidos está deportando grandes cantidades de inmigrantes como Sergio —tanto residentes permanentes como indocumentados— por delitos relacionados con drogas, tanto de gravedad menor como cometidos hace mucho tiempo. Muchas personas tienen fuertes vínculos familiares y comunitarios con Estados Unidos, y algunas —como Sergio— han servido en las Fuerzas Armadas.

Incluso mientras Sergio completaba los documentos en un centro de recepción de deportados en Nuevo Laredo, hablaba como si aún estuviera en Estados Unidos.

“Estaba dispuesto a dar la vida por este país”, nos dijo. “Aún lo estoy… es mi país”.

43. “Sonia H.”: “Madre preocupada por hijo de nueve años en hogar para niños”[124]

“David”, el hijo de 9 años —y con ciudadanía estadounidense— de “Sonia H.”, ha estado viviendo al cuidado de monjas en un hogar para niños en Laredo, Texas, desde que en agosto Sonia fue deportada al otro lado del Río Grande, a Nuevo Laredo, en México. Sonia consideró que dejar a su hijo a cargo de las religiosas para que pudiera continuar su educación en EE. UU. era la mejor opción que tenía.

“Es duro, muy duro”, afirmó. “Pero voy a tener que contentarme con estar aquí, y verlo cada vez que pueda”.

Su plan, según contó en el centro de ayuda para migrantes, era quedarse en Nuevo Laredo y que David viajara desde Laredo los fines de semana para visitarla. No le ha resultado sencillo instalarse. A esta camarera de 39 años no le fue fácil obtener los documentos mexicanos necesarios para poder acceder a un empleo.

Hace quince años, Sonia, que nació en Hermosillo, Sonora, viajó a Texas con una visa de turista de EE. UU. para cuidar a su abuela, que tenía residencia permanente en ese país. A Sonia no le renovaron la visa, pero se quedó de todos modos, incluso después del fallecimiento de su abuela. Se casó con un ciudadano estadounidense y se dedicó a limpiar casas, a cuidar ancianos a domicilio y a trabajar como mesera.

Contó que para la época en que David tenía alrededor de dos años, su esposo se comportaba de manera dominante y abusaba verbalmente de ella. Se separaron y él se mudó a Indiana. Según Sonia, su esposo nunca se encargó de la manutención del menor, porque sabía que ella, como inmigrante indocumentada que era, se encontraba en una situación de vulnerabilidad y, así, podía “extorsionarla”.

Las monjas a veces cuidaban a David después del colegio para que Sonia pudiera trabajar la cantidad de horas suficientes como para llegar a fin de mes. Pero la mayor parte del tiempo trabajaba de noche para poder estar con David, llevarlo a andar en bicicleta, a patinar, a la iglesia o a jugar con amigos en el parque.

Relató que hace aproximadamente tres meses, el 22 de julio —“después de que Trump dijera que iban a adoptar medidas drásticas contra los inmigrantes”—, agentes de la Patrulla Fronteriza la detuvieron cuando bajaba de un ómnibus urbano a las 3 de la mañana, mientras volvía a su casa luego de trabajar su turno en Denny’s. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas la confinó en un centro de detención inmigratoria y diez días más tarde la deportaron.

Sonia no sabe si los trámites de su divorcio han finalizado y teme que, si su expareja descubre que ha sido deportada, se lleve a David. Sin embargo, dice, con suerte, David puede quedarse con las monjas hasta que cumpla once años; a partir de esa edad, en el hogar solo se alojan niñas. Sonia cuenta que David es buen alumno (maneja muy bien las computadoras) y espera que cuando tenga que dejar el hogar pueda ir a un internado que las monjas tienen a su cargo en Nebraska.

“Nunca he cometido un delito, nunca estuve en la cárcel”, dice Sonia. “No manejaba porque no tenía licencia; nunca violé las leyes, salvo por el hecho de no tener papeles.” Sonia intentó contener las lágrimas. “Trump no debería expulsar a quienes lo único que pretenden es cuidar de sus familias”.