El 20 de febrero de 2017, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés) emitió dos memorandos para guiar la implementación de las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump sobre la aplicación de la ley de inmigración, tanto en la frontera como en el interior del país. Estos documentos introducen cambios sorprendentes y radicales a la política de inmigración de EE.UU. para facilitar la deportación de millones de personas mediante procedimientos que ya han demostrado violar los derechos fundamentales o perjudicar gravemente a residentes de largo plazo, sus familiares con nacionalidad estadounidense y solicitantes de asilo que huyen de la persecución y la violencia. Los memorandos también dejan claro que las autoridades migratorias usarán todo el alcance de sus poderes bajo problemáticas leyes de deportación vigentes desde 1996. Los documentos revocan las directrices del gobierno de Obama que restringían la aplicación de estas leyes de 1996 a ciertas categorías de personas que no son ciudadanas. Basándose en décadas de investigaciones sobre el sistema de inmigración estadounidense y el funcionamiento de las leyes de 1996, Human Rights Watch predice que estas políticas tendrán un desastroso impacto en los derechos humanos.
Los memorandos completos, “Implementando las políticas de seguridad fronteriza e inmigración del presidente” y “Aplicación de las leyes de inmigración para servir el interés nacional”, se pueden consultar aquí.
¿Cuáles son los principales temas de derechos humanos que están en juego?
¿No tiene todo el sentido que el gobierno de EE.UU. deporte a las personas que se encuentran aquí ilegalmente?
¿De qué manera cambian estos memorandos las prioridades de deportación de EE.UU.? ¿Permiten deportaciones masivas?
Pero, ¿acaso no se debería deportar a los delincuentes?
¿Podría Trump tratar a los inmigrantes indocumentados que no tienen antecedentes como “delincuentes”?
¿Penalizan los memorandos a las ciudades “santuario”?
¿Cómo afectan estos memorandos a las personas que huyen de la violencia y la persecución?
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¿Cuáles son los principales temas de derechos humanos que están en juego?
Entre los cambios radicales en la política inmigratoria detallados en los dos memorandos y las potenciales consecuencias para los derechos humanos cabe destacar:
- Convertir a casi todos los inmigrantes indocumentados en blancos de persecución bajo nuevas prioridades de aplicación de la ley inmigratoria.
- Aumentar la intervención de las autoridades policiales locales en la aplicación de la ley federal de inmigración, lo que se ha traducido en un incremento de la desconfianza de la policía en las comunidades de inmigrantes;
- Incrementar la detención de personas aprehendidas en la frontera en un sistema de detención que es notorio por sus condiciones punitivas y, a menudo, inhumanas, incluida la insuficiente atención médica que ha llevado a muertes innecesarias bajo custodia;
- Aumentar los procesos penales federales por delitos relacionados con la inmigración, como cruzar la frontera ilegalmente, lo cual puede dar lugar a condenas penales de residentes de larga duración, padres de niños de nacionalidad estadounidense y solicitantes de asilo;
- Potencialmente extender los procedimientos de deportación de vía rápida que han demostrado perjudicar la capacidad de los solicitantes de asilo y otros de obtener audiencias justas;
- Aumentar considerablemente el número de agentes de inmigración, aunque los procedimientos existentes para la rendición de cuentas de los agentes de inmigración por mala conducta han sido claramente inadecuados;
- Eliminar protecciones de privacidad de larga data para cualquier persona en las bases de datos del gobierno de EE.UU. que no sea un ciudadano o residente permanente legal de EE.UU.
El compromiso declarado de hacer cumplir las leyes existentes de 1996 en toda su extensión significa que un gran número de personas con antecedentes penales muy antiguos o de escasa importancia, muchas de los cuales son residentes legales permanentes (poseedores de tarjetas verdes o green cards) y/o tienen vínculos familiares y comunitarios con EE.UU., serán detenidas y deportadas, muy probablemente en procedimientos de vía rápida.
Estos cambios y prioridades de aplicación tendrán un impacto devastador en los derechos de millones de inmigrantes, sus familias y comunidades.
¿No tiene todo el sentido que el gobierno de EE.UU. deporte a las personas que se encuentran aquí ilegalmente?
Bajo el derecho internacional, los gobiernos tienen el poder de regular la migración y vigilar sus fronteras, pero deben hacerlo de una manera que no viole los derechos humanos fundamentales. Una decisión gubernamental de privar a alguien de las conexiones con el lugar que considera su hogar plantea serias preocupaciones en materia de derechos humanos, y exige al menos una cuidadosa consideración de cualquier decisión de deportación, con todas las consecuencias relevantes y las potenciales violaciones de derechos evaluadas por alguien que tome las decisiones de forma independiente.
Desafortunadamente, no es habitual que EE.UU. lleve a cabo este tipo de evaluaciones. Entre los derechos fundamentales en juego se destacan, en numerosos casos, el derecho a la unidad familiar, el derecho a solicitar reparación por las violaciones y los delitos en el lugar de trabajo, el derecho a no ser devuelto a un país donde la persona sería blanco de persecución o tortura y el derecho a ser tratado durante la detención de una manera no punitiva y humana.
¿De qué manera cambian estos memorandos las prioridades de deportación de EE.UU.? ¿Permiten deportaciones masivas?
Los memorandos, al igual que las órdenes ejecutivas de Trump, se basan en la falsa y peligrosa combinación de inmigración ilegal y crimen. Las nuevas prioridades de aplicación de la ley de inmigración potencialmente convierten a casi todos los 11 millones de inmigrantes indocumentados en objetivos “prioritarios” para la deportación, preparando el escenario para lo que podría ser un desastre nacional que dañaría a millones de personas.
El memorando de aplicación interna declara expresamente: “El Departamento ya no eximirá a ciertas clases o categorías de extranjeros de la posible aplicación (de la ley)”. El memorando excluye expresamente a las personas cubiertas por los memorandos del gobierno anterior sobre la Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Al mismo tiempo, las prioridades que enumera son increíblemente amplias y podrían abarcar a personas que actualmente tienen el estatus de DACA.
Las prioridades detalladas son los no ciudadanos que:
- Hayan sido condenados por cualquier delito criminal;
- Hayan sido acusados de algún delito criminal pero que no se haya resuelto;
- Hayan cometido actos que constituyen un delito penal imputable;
- Hayan cometido fraude o declaraciones falsas deliberadas en relación con cualquier asunto oficial ante una agencia gubernamental;
- Hayan abusado de un programa relacionado con la recepción de beneficios públicos;
- Sean sujeto de una orden final de salida pero no hayan abandonado EE.UU.;
- Que a juicio de un oficial de inmigración, representen de alguna otra manera un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional.
“Cualquier delito penal que no se haya resuelto” contraviene la presunción de inocencia. “Actos que constituyen un delito penal imputable” es tan amplio que abarcaría a cualquier persona que haya cruzado una calle imprudentemente o conducido sin licencia. Combinado con el llamado del memorando sobre seguridad fronteriza al aumento de los enjuiciamientos penales por delitos de inmigración, esto indica que cualquiera que haya entrado en EE.UU. sin visa, aproximadamente la mitad de todos los inmigrantes indocumentados en el país, sería considerado una prioridad para la deportación (la mayoría de los demás no han abandonado el país después de la expiración de su visa, lo cual no es un delito penal sino una ofensa civil). Cualquier persona que haya “cometido fraude o hecho declaraciones deliberadamente falsas” podría incluir a cualquiera que alguna vez alegara tener autorización de trabajo para conseguir un empleo, lo que incluiría prácticamente a todas las personas que se encuentran en situación irregular pero han trabajado en EE.UU. El comodín, cualquier persona que “a juicio de un oficial de inmigración, represente de alguna otra manera un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional”, sin ninguna orientación adicional sobre lo que esto podría significar, deja claro que, en realidad, estas prioridades no son prioridades en absoluto, sino que están destinadas a abarcar a cualquiera de los millones de personas que son técnicamente deportables.
A pesar de la señalada referencia del memorando de que el programa DACA no está siendo rescindido, un reciente arresto migratorio de un destinatario de DACA muestra cómo éstos, al igual que otros no ciudadanos, enfrentan un mayor riesgo de deportación bajo las nuevas prioridades. Daniel Ramírez Medina, amparado bajo el programa DACA, fue arrestado cuando agentes de inmigración llegaron a su casa en busca de su padre. El Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) sostiene ahora que admitió su afiliación a una pandilla, una acusación que no requiere prueba de condena, y que él, a través de su abogado, ha negado enérgicamente. Uno de los requisitos para recibir el estatus de DACA es no tener ninguna condena por un delito grave o ciertos delitos menores. Sin embargo, en virtud de las nuevas prioridades, que no requieren tener antecedentes penales para ser deportado, otros beneficiarios de DACA pueden encontrarse con que no están protegidos de la deportación bajo las prioridades mucho más amplias de aplicación de la ley de inmigración.
Los memorandos también permiten la ampliación de ciertos tipos de procedimientos de expulsión que ayudarían a acelerar las deportaciones, a expensas de los derechos fundamentales de debido proceso.
Pero, ¿acaso no se debería deportar a los delincuentes?
“Cualquier delito penal” incluye a personas que son culpables sólo de faltas extremadamente menores o cuyo único delito penal es el de entrar ilegalmente al país. También incluye a personas que cumplieron sus condenas hace tiempo y que cambiaron sus vidas. Muchos no ciudadanos con estas condenas no conocen ningún otro país porque llegaron legal o ilegalmente siendo niños. Forman parte de las comunidades, iglesias, lugares de trabajo y familias de EE.UU. Son veteranos militares, obreros y dueños de empresas y viviendas. En muchos casos, las leyes de 1996 ya exigían severamente su detención y deportación sin tener en cuenta estos factores.
La experiencia de Human Rights Watch documentando el impacto de las deportaciones de “extranjeros criminales” durante la última década es ilustrativa. Incluso bajo el gobierno de Obama, que afirmaba centrarse en “delincuentes, pandilleros, [y] personas que están perjudicando a la comunidad”, el gobierno deportó a cientos de miles de personas por delitos menores, o que no tenían condenas pero que, de todos modos, se vieron atrapadas en la aplicación de la ley inmigratoria, y a cientos de miles de personas cuyo delito más grave había sido una violación migratoria.
Esto no era una nueva tendencia. Un análisis de Human Rights Watch de los datos del gobierno de EE.UU. revela que el 72 por ciento de los no ciudadanos deportados por condenas penales de 1997 a 2007 habían cometido delitos no violentos. Esas deportaciones afectaron a más de un millón de miembros de familia. Los análisis de Human Rights Watch de los datos del gobierno en 2009 y 2013 también revelaron que cientos de miles de personas con condenas penales menores por delitos no violentos y fuertes lazos familiares en EE.UU. fueron detenidas y deportadas. Aun cuando los legisladores federales y estatales abogaban por sentencias menos punitivas por los delitos de drogas, las deportaciones de personas cuya convicción más grave era por posesión de drogas dieron un salto de un 43 por ciento entre 2007 y 2012. Las personas etiquetadas como “narcotraficantes” incluían a personas como Marsha Austin, una abuela de origen jamaiquino pero residente permanente en Nueva York. El gobierno de EE.UU. trató de deportarla en 2010 como delincuente agravado por una condena de 1995 por haber comprado una pequeña cantidad de crack para un policía encubierto, por la que recibió US$5. Su recuperación de la dependencia de las drogas fue tan ejemplar que su consejera testificó a su favor en su audiencia de inmigración, la primera vez que había hecho algo así en su carrera.
¿Podría Trump tratar a los inmigrantes indocumentados que no tienen antecedentes como “delincuentes”?
Fácilmente. El memorando de seguridad fronteriza pide aumentar los procesos penales de las personas por delitos cometidos en la frontera. Eso incluye el ingreso y reingreso ilegal, que ya constituyen los delitos federales más comúnmente procesados en EE.UU. Junto con otros delitos de inmigración como el fraude y contrabando de visas, ahora representan el 50 por ciento de todos los casos penales federales. Los juicios por ingreso e reingreso ilegal, ambos delitos no violentos, registran un alza de un 182 por ciento y un 87 por ciento, respectivamente, en comparación con hace 10 años. Mientras que el procesamiento penal solía estar reservado para aquellos con los antecedentes penales más graves, en 2015, sólo una de cada cinco personas sentenciadas bajo las Pautas para la Determinación de Sentencias (Sentencing Guidelines) por reingreso ilegal recibió el aumento de la sentencia reservado para aquellos con los antecedentes penales más graves.
Según jueces federales, fiscales y abogados defensores, muchos de los procesados por reingreso ilegal son residentes de largo plazo, incluyendo ex residentes legales permanentes, que están desesperados por regresar o permanecer con sus familiares que son ciudadanos estadounidenses, incluyendo niños menores de edad. El juez federal de distrito Robert Brack, que estima haber condenado a más de 11.000 personas por reingreso ilegal, dijo a Human Rights Watch: “Desde hace 10 años, he presidido un proceso que destruye familias de forma diaria, e incluso varias veces por día”. El análisis de Human Rights Watch de datos gubernamentales de 2011 y 2012 encontró que los padres de niños de nacionalidad estadounidense son mucho más propensos que las personas sin hijos a ser deportados en la frontera varias veces y a ser procesados por ingreso y reingreso ilegal.
Entre las demás personas que son procesadas por ingreso y reingreso ilegal figuran los solicitantes de asilo, como “Brenda R”, que fue deportada después de que un agente de la Patrulla Fronteriza ignorara sus alegaciones de temor a la persecución de los cárteles de la droga, y de nuevo procesada penalmente tras intentar volver a entrar en el país. Un informe de la Oficina del Inspector General del DHS confirmó que estos casos son comunes. El enjuiciamiento de solicitantes de asilo por entrada indebida violan las obligaciones de EE.UU. bajo la ley internacional de refugiados.
¿Cuál sería el impacto de las deportaciones masivas a gran escala en las comunidades estadounidenses y en el país en su conjunto?
Los efectos van mucho más allá de las personas que son deportadas. Cónyuges y niños con nacionalidad estadounidense a menudo pasan apuros para llegar a fin de mes cuando los cabeza de familia son detenidos y deportados; los niños impactados por la deportación de uno de sus padres sufren dificultades sociales y en la escuela. La Ciudad de Nueva York creó un programa de “defensor público” para inmigrantes en procesos de deportación, en parte debido a los enormes costos sociales y económicos que las deportaciones que separan a las familias suponen para la ciudad y el estado. Los costos incluyen programas de cuidados de acogida, los ingresos fiscales perdidos de los inmigrantes deportados y las pérdidas para los empleadores que deben reemplazar a los empleados deportados.
Una nueva investigación sugiere que, en el momento álgido de la gran recesión, en los condados en los que la policía local firmó acuerdos con funcionarios federales para colaborar en la aplicación de la ley de inmigración y que causaron amplias redadas de inmigrantes, se registraron tasas significativamente mayores de ejecuciones hipotecarias para hispanos que para los hispanos en comunidades donde no existían estos acuerdos. Estas ejecuciones hipotecarias afectaron a hogares con residentes legales y ciudadanos estadounidenses.
Cuando los inmigrantes en situación irregular temen la deportación en masa, a menudo pasan a la clandestinidad. Cuando Alabama aprobó una ley contra los inmigrantes, redactada por uno de los primeros asesores de inmigración de Trump, Human Rights Watch encontró numerosos casos en los que los inmigrantes evitaban recibir atención médica, llevar a sus hijos a la escuela y denunciar delitos y abusos de sus empleadores. Human Rights Watch también descubrió un aumento del acoso por parte de la policía y ciudadanos privados a los inmigrantes indocumentados y aquellos de los que se sospechaba que eran inmigrantes, pese a que muchos eran ciudadanos estadounidenses.
Incluso si Trump planea deportar a más personas, ¿no tendrán que comparecer todas ante un juez de inmigración?
Actualmente, muchas personas que son arrestadas por funcionarios de inmigración en el interior del país tienen derecho a una audiencia ante un juez de inmigración. Aunque el sistema no es perfecto, es la mejor oportunidad para los inmigrantes para poder reclamar su permanencia en Estados Unidos. Este sistema, sin embargo, acumula enormes retrasos, con audiencias programadas a veces hasta con cinco años de antelación.
El gobierno de Trump planea acelerar las deportaciones expandiendo un procedimiento llamado “expulsión acelerada” bajo el cual un agente de inmigración se limita a rellenar un formulario y la persona puede ser deportada con la aprobación del supervisor del agente. El proceso puede enviar a alguien que huye de la violencia doméstica de regreso a la trampa de su abusador, o a un residente de largo plazo lejos de sus familiares con nacionalidad estadounidense, sin considerar si esa persona cumple los requisitos para recibir un “perdón” de la deportación. Los procesos de expulsión rápida incluso han provocado la deportación de ciudadanos estadounidenses y otras personas en situación legal. Probablemente no hay ninguna otra área del derecho estadounidense en la que un oficial de la ley puede hacer semejante determinación de vida o muerte sin que la persona afectada tenga representación legal y supervisión judicial.
La expulsión acelerada ahora sólo es aplicable a personas aprehendidas a menos de 100 millas de la frontera y en un plazo no superior a los 14 días siguientes a su entrada en EE.UU. El memorando de seguridad fronteriza indica que el Secretario de Seguridad Nacional emitirá próximamente nuevas regulaciones que ampliarán el programa a nivel nacional para cualquier persona que no pueda demostrar que lleva por lo menos dos años en EE.UU.
La aplicación por parte de los agentes fronterizos de la expulsión acelerada ya ha resultado en violaciones de derechos humanos, tal y como reveló la investigación de Human Rights Watch sobre el trato a los centroamericanos que huyen de la violencia de las pandillas. En particular, muchos agentes no registran las alegaciones de temor de los solicitantes de asilo y su intención de solicitar asilo, en violación del derecho estadounidense e internacional. La expulsión acelerada tampoco brinda a las personas la oportunidad de presentar ante un juez de inmigración evidencia de sus vínculos con el país, su familia u otros factores atenuantes.
Además de acelerar las deportaciones, el gobierno de Trump está dando un alarmante impulso a las agencias y los agentes que han demostrado por sus acciones en el pasado estar muy poco restringidos por las leyes que protegen a los migrantes y solicitantes de asilo.
¿Penalizan los memorandos a las ciudades “santuario”?
El memorando sobre la seguridad interna no menciona las denominadas ciudades “santuario”, pero amplía los programas locales de aplicación de la ley de inmigración que muchas de estas ciudades han encontrado profundamente problemáticas y peligrosas. El gobierno restablece el programa Comunidades Seguras, que fue suspendido después de que numerosas jurisdicciones se negaron a participar, y amplía el programa 287(g), que capacita a la policía local para convertirse en agentes de inmigración.
Ciudades, condados y estados de todo el país acabaron con su participación en uno o ambos programas debido a las preocupaciones de que retener a personas para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) era inconstitucional y que el involucramiento de la policía local en la aplicación de la ley de inmigración estaba causando terror entre los inmigrantes, hasta el punto de que evitaban llamar a la policía incluso cuando necesitaban desesperadamente protección policial. Esto significa que los delitos no se denunciaban, investigaban ni procesaban. Como un oficial de policía en Los Ángeles dijo recientemente a Los Angeles Times, “Es mi trabajo investigar delitos. Y si no puedo hacer eso, no puedo obtener justicia para la gente, porque de repente estoy perdiendo a mis testigos o a mis víctimas porque temen que hablar conmigo los lleve a ser deportados”. En virtud de la ley de derechos humanos, todas las víctimas de delitos, independientemente de su estatus migratorio, tienen derecho a pedir justicia y reparación. A pesar de que Trump afirma que sus políticas de inmigración son necesarias para proteger la seguridad pública, la expansión de estos programas frecuentemente contrarresta los objetivos locales de cumplimiento de la ley.
También se ha encontrado que estos programas facilitan la discriminación por perfil racial por parte de la policía local. Por ejemplo, una investigación del Departamento de Justicia del Departamento del Sheriff del Condado de Maricopa encontró que después de que el sheriff Joe Arpaio firmó un acuerdo 287(g), sus ayudantes demostraron conductas inconstitucionales, incluyendo la elaboración de perfiles raciales, y los conductores latinos en ciertas partes del condado tuvieron nueve veces más probabilidades de ser parados que los conductores no latinos. Un estudio realizado por el Instituto Warren de la Universidad de California en Berkeley encontró que el Programa de Extranjeros Criminales en Irving, Texas, llevó a la policía local a arrestar a hispanos por los tipos de delitos menos graves a una tasa significativamente más alta que para blancos y negros.
Para apoyar la afirmación de que las nuevas políticas de inmigración están destinadas a proteger a las víctimas de delitos, el memorando sobre seguridad interior prevé el establecimiento de una nueva oficina dentro del ICE para ayudar a las víctimas de delitos cometidos por inmigrantes indocumentados. Si bien abordar las necesidades de las víctimas de delitos es una importante meta de derechos humanos, destacar exclusivamente los crímenes cometidos por inmigrantes no autorizados implícitamente convierte en chivo expiatorio a un grupo en particular, culpándolo de problemas sociales generalizados. Destacar sólo a los inmigrantes u otros grupos por cometer delitos ha tenido resultados peligrosos en países de todo el mundo, incluida la violencia xenófoba.
El memorando también excluye explícitamente a las personas en situación irregular, afirmando que el director del ICE debería “reasignar inmediatamente todos y cada uno de los recursos que se usan actualmente para abogar en nombre de los extranjeros ilegales”. Los inmigrantes indocumentados son altamente vulnerables a la delincuencia, a veces por parte de otros inmigrantes en situación irregular, y a menudo se enfrentan a innumerables obstáculos para conseguir justicia y reparación. Su exclusión de una oficina dedicada a las víctimas del crimen perpetúa esta falta de protección de sus derechos humanos.
¿Cómo afectan estos memorandos a las personas que huyen de la violencia y la persecución?
El memorando de seguridad fronteriza establece nuevas políticas que tendrán un impacto devastador en las personas que buscan protección bajo el derecho estadounidense e internacional, incluyendo mujeres y niños que huyen de la persecución y la violencia en Centroamérica.
Ampliación de la detención
El memorando dice que las personas capturadas en la frontera por lo general no deben ser liberadas hasta que se resuelvan sus procedimientos de inmigración. Señala que las personas puestas en libertad mientras estos procesos siguen pendientes tienen “altas probabilidades de fugarse”, y pide una mayor capacidad de detención a lo largo de la frontera México-Estados Unidos.
El Departamento de Seguridad Nacional sólo ha utilizado las “alternativas a la detención”, como los programas de supervisión basados en la comunidad, de manera limitada, pero varios estudios han encontrado que las personas en estos programas tienen altas tasas de cumplimiento de los procedimientos judiciales. Un estudio del año 2000 reveló que el 84 por ciento de los solicitantes de asilo bajo supervisión mínima y el 78 por ciento de los que no tenían supervisión comparecieron ante los tribunales. Estos programas también son sustancialmente más baratos, con un costo diario de menos de US$17, en comparación con los entre US$161 a casi US$300 por día para la detención.
El memorando afirma que la política de libertad condicional para algunos solicitantes de asilo instituida bajo el gobierno de Obama sigue en vigor. Esta directiva establece que los solicitantes de asilo que han demostrado tener un temor creíble a la persecución pueden ser puestos en libertad mientras sus procedimientos están pendientes, siempre y cuando no representen un peligro para la comunidad ni haya riesgo de huída. Pero el documento enfatiza que el solicitante de asilo debe “establecer afirmativamente” la elegibilidad, y que la autoridad de la libertad condicional debe ser ejercida “con moderación”, indicando que muchos más solicitantes de asilo probablemente serán detenidos mientras los procedimientos están pendientes.
EE.UU. ya mantiene un inmenso sistema de detención de inmigrantes en el que la mayoría de ellos no han sido evaluados de manera individualizada para determinar si su detención es realmente necesaria para proteger la seguridad pública o para asegurarse de que comparezcan ante los tribunales. Numerosas organizaciones, entre ellas Human Rights Watch, han documentado las condiciones abusivas, como deficiencias en la atención médica que provocaron muertes y las vulnerabilidades particulares de las familias, los niños y las mujeres transexuales en detención. La detención impide el debido proceso, ya que los centros de detención existentes a menudo están lejos de los abogados, los proveedores de servicios legales pro bono y las familias y comunidades de las personas detenidas. La creación de más centros de detención a lo largo de la frontera sur exacerbaría estos problemas. El gobierno de EE.UU. debería tratar de reducir las detenciones, especialmente las de los solicitantes de asilo, en lugar de aumentarlas.
Cambios en el proceso de solicitud de asilo
El memorando también afirma que “mejorará las referencias de asilo y las determinaciones de miedo creíble”, el primer paso del proceso de solicitud de asilo, pero se centra exclusivamente en detectar y proteger del fraude, en lugar de contrarrestar el hecho de que los agentes de la Patrulla Fronteriza no cumplen de manera consistente y precisa sus obligaciones bajo el derecho estadounidense e internacional de emitir estas referencias.
El memorando también autoriza a los agentes de inmigración a devolver a algunas personas a territorios contiguos –México y Canadá— mientras se resuelven sus procedimientos de expulsión, llevando a cabo audiencias por videoconferencia. Si esta política se aplica a los solicitantes de asilo, EE.UU. podría ponerlos en riesgo de persecución y tráfico de personas en México.
La eliminación de las protecciones para los menores migrantes
En los últimos años, miles de niños, principalmente de Honduras, El Salvador y Guatemala, han llegado solos a EE.UU. Muchos buscan recibir protección bajo las leyes de asilo y contra el tráfico de personas de EE.UU., y son elegibles para ello. En virtud de la política actual, los derechos de los niños “no acompañados” se protegen mediante diversos mecanismos, como la acogida en instalaciones adecuadas para los niños, el acceso a servicios sociales y la resolución de solicitudes de asilo por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, en lugar de por medio de un procedimiento judicial en el que se deben enfrentar a un abogado del gobierno sin disponer de abogado propio, en caso de que no puedan permitirse uno.
El memorando de seguridad fronteriza ordena al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU., a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y al Departamento de Seguridad Nacional a desarrollar políticas que despojarían a los niños de estas protecciones si son entregados a un padre en EE.UU. Estos niños todavía deberían ser considerados “no acompañados” porque están pasando por los procedimientos judiciales por su cuenta.
El memorando también pide el procesamiento penal y la deportación para los padres que han pagado a contrabandistas para traer a sus hijos a EE.UU. La legislación internacional sobre los refugiados prohíbe penalizar a los solicitantes de asilo por haber entrado ilegalmente en un país. El enjuiciamiento penal de los padres de niños que huyen de la persecución y la violencia sería contrario al espíritu, si no a la letra, de la ley de refugiados.
Despojar a estos niños de las protecciones no contribuiría a la lucha contra el tráfico y los abusos sufridos por los menores que huyen de la violencia y la persecución, sino que más bien expondría a más niños a los abusos de los contrabandistas. Los niños que temen decir que tienen padres en EE.UU. pasarían más tiempo en detención donde, dadas sus vulnerabilidades especiales, a menudo sufren traumas psicológicos graves.
¿Por qué menciona el memorando de seguridad interna la Ley de Privacidad? ¿Qué derechos de privacidad están implicados en estos memorandos?
Bajo una política de larga data del gobierno estadounidense, las protecciones de la Ley de Privacidad se han aplicado a todo el mundo en sistemas de bases de datos “mixtos”: ciudadanos estadounidenses, residentes legales permanentes y otros ciudadanos extranjeros, incluyendo inmigrantes indocumentados. La Ley de Privacidad impide la divulgación no autorizada de información personal y requiere que agencias como el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Salud y Servicios Humanos sigan ciertos procedimientos cuando comparten entre sí los datos personales de las personas.
Sin embargo, el memorando de la aplicación interna de la ley de inmigración implementa una nueva orden ejecutiva en la que se establece que las protecciones de la Ley de Privacidad ya no se aplicarán a las personas que no tengan la nacionalidad estadounidense o no sean residentes legales permanentes. Aunque la intención de este cambio aún no está clara, puede indicar el deseo de concederles a las autoridades de inmigración acceso a esas bases de datos, como por ejemplo listas de personas que reciben el estatus de DACA o datos de otras agencias federales como el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que gestiona el reasentamiento de refugiados y los servicios para menores no acompañados. Dicho acceso podría facilitar el enjuiciamiento penal de los padres a los que se les ha entregado menores no acompañados. Cambiar las protecciones de larga data de la privacidad para los extranjeros que confiaron en la idea de que el gobierno no entregaría sin más su información personal a voluntad, especialmente si las consecuencias potenciales incluyen la deportación y el procesamiento penal, es cruel e injustificable.
