(Washington, DC) – La nueva ley de inmigración de Alabama impide el ejercicio de los derechos fundamentales de los inmigrantes en situación irregular y sus familiares, incluso de niños ciudadanos estadounidenses, y amenaza su acceso a las necesidades cotidianas y la igualdad ante la ley, Human Rights Watch señaló en un informe publicado hoy.
El informe de 53 páginas, “Vivir sin dignidad: La Ley de Inmigración de Alabama”, documenta el efecto de la Ley Beason-Hammon de Protección a Contribuyentes y Ciudadanos de Alabama, comúnmente conocida como HB 56, sobre los inmigrantes en situación irregular y sus familias, así como las consecuencias más generales sobre las comunidades en las que viven. El informe se basa en parte en los testimonios directos de 57 residentes de Alabama, entre ellos ciudadanos y residentes permanentes, que denunciaron el abuso o la discriminación provocados por la aplicación de esta ley.
Uno de los promotores de HB 56 declaró durante el debate legislativo que la intención de la ley es “atacar todos los aspectos de la vida de un inmigrante”. En su intento de expulsar del estado a los inmigrantes en situación irregular, la ley no reconoce de ninguna forma que muchos de ellos llevan muchos años viviendo en el estado y están profunda y ampliamente ligados a Alabama a través de sus familiares ciudadanos estadounidenses, su trabajo y su vida en la comunidad.
“Muchos de los inmigrantes en situación irregular con quienes nos reunimos y sus familiares están profundamente ligados al estado”, dijo Grace Meng, investigadora del Programa de Estados Unidos de Human Rights Watch y autora del informe. “Sus hijos se ven evidentemente afectados, pero también nos reunimos con una profesora que tuvo que contener las lágrimas cuando describió el miedo que experimentan sus alumnos, un pastor religioso que había perdido el 75 por ciento de sus feligreses, y un residente permanente latino que había sido detenido por un policía estatal sin ninguna otra razón que su origen étnico”.
Human Rights Watch observó que muchos inmigrantes en situación irregular y sus familias han abandonado el estado, y la vida se ha vuelto cada vez más difícil para los que han permanecido. De acuerdo con la Ley Beason-Hammon, los inmigrantes en situación irregular tienen prohibido realizar "transacciones comerciales" con el estado. Un inmigrante en situación irregular que lo intente comete un delito Clase C, que acarrea de uno a diez años de prisión y multas de hasta 15,000 dólares. Como consecuencia, las agencias estatales y locales han declarado que los inmigrantes en situación irregular no pueden contratar el suministro de agua u otros servicios públicos, residir en las viviendas móviles de las cuales son propietarios, o renovar las licencias de sus propios pequeños negocios.
Varias personas señalaron a Human Rights Watch que las víctimas de crímenes tienen miedo de denunciarlos a las autoridades. Algunos inmigrantes irregulares a quienes no se les pagó su salario tuvieron que considerarlo perdido porque la ley les niega el derecho a que los tribunales de Alabama hagan valer sus contratos. Tampoco pueden obtener la libertad bajo fianza, independientemente de la levedad la infracción.
La nueva ley ha dado a la policía y a los particulares autoridad efectiva para discriminar a los inmigrantes en situación irregular, así como a los ciudadanos y residentes permanentes en Estados Unidos que forman parte de minorías, según observó Human Rights Watch. Un joven inmigrante que se encuentra en situación irregular describió cómo fue detenido y arrestado por la policía por no tener licencia de conducir, y cómo el agente le dijo en repetidas ocasiones: “Usted no tiene derechos”. Un empleado de una tienda importante dijo a una residente permanente que no podía proporcionarle las medicinas que le habían recetado porque no era ciudadana de Estados Unidos. Una madre ciudadana de Estados Unidos contó que su hija, ciudadana por nacimiento en Estados Unidos, llegó un día de la escuela llorando porque un compañero le había dicho que tenía que regresar a México.
Human Rights Watch también documentó numerosas formas en que la ley perjudica a los niños de Alabama. A pesar de que un tribunal federal anuló temporalmente una disposición que exige a las escuelas comprobar la situación migratoria de los estudiantes, muchas familias sacaron a sus hijos de la escuela y huyeron del estado. Human Rights Watch observó que quienes se han quedado experimentan miedo y ansiedad. Una madre dijo que su hija, nacida en Alabama, ya no se siente identificada con el lugar y le pregunta: “¿Por qué estamos aquí? No nos quieren”. Varios padres dijeron que habían tenido que tomar la difícil decisión de no acudir a citas médicas por miedo a que los pararan durante el trayecto en automóvil. Uno de ellos dijo que tuvo incluso miedo de llevar a su hija al hospital cuando padeció un ataque de asma.
La ley de Alabama también ha empezado a afectar la economía y la imagen del estado. Los agricultores señalan escasez de trabajadores, las empresas que dependen de las comunidades de inmigrantes están teniendo dificultades y las empresas extranjeras están reconsiderando sus inversiones.
Si bien cada país tiene potestad para regular la entrada de inmigrantes en su territorio, deportar a aquellos que han entrado de manera irregular y aplicar sus leyes de inmigración a las personas que ya no tienen autorización para permanecer en su territorio, el derecho internacional dispone que toda persona tiene derecho a disfrutar de sus derechos humanos fundamentales en virtud de su humanidad, dijo Human Rights Watch. El hecho de que la ley viola los derechos de los niños y, posiblemente, de los de miles de ciudadanos y residentes legales pertenecientes a minorías, es un motivo adicional de preocupación.
Cuando se estaba imprimiendo este informe, el fiscal general de Alabama, Luther Strange, recomendó que la Asamblea Legislativa del estado modificara o revocara algunas disposiciones de la ley. También remitió cartas de orientación a las agencias estatales para limitar el impacto de la ley sobre el acceso a los servicios públicos y vivienda. Algunos legisladores han expresado su apoyo a la modificación o derogación, mientras que otros se oponen totalmente a cualquier debilitamiento de la ley. En los tribunales estatales y federales se sigue litigando acerca de la constitucionalidad de varias disposiciones de la ley. Mientras tanto, la incertidumbre sobre la aplicación de la ley alimenta los temores entre los inmigrantes en situación irregular de Alabama y sus familias. Una coalición de organizaciones locales y nacionales de derechos de los inmigrantes ha lanzado una convocatoria para reunirse enfrente del Capitolio del Estado en Montgomery, el 17 de diciembre de 2011, para protestar contra la ley y reclamar su derogación total.
La mayoría de los inmigrantes en situación irregular entrevistados por Human Rights Watch llevaban al menos diez años viviendo en Estados Unidos, y muchos tenían hijos ciudadanos de Estados Unidos. Estas cifras se reproducen en todo el país: las investigaciones recientes demuestran que casi dos tercios de los inmigrantes en situación irregular llevan al menos diez años viviendo en Estados Unidos, y casi la mitad de ellos tienen hijos menores de edad. Lo que está ocurriendo en Alabama demuestra la probabilidad de que las iniciativas centradas exclusivamente en la persecución de los inmigrantes en situación irregular afecten también los derechos de los ciudadanos y residentes permanentes en Estados Unidos, y que perjudiquen a las comunidades y economías que dependen de ellos.
“En Alabama, escuchamos una y otra vez a los inmigrantes afirmar su humanidad y declarar: ‘Legal o ilegal, antes soy un ser humano’”, dijo Meng. “Alabama debe reconocer la humanidad y los derechos fundamentales de todos los residentes en el estado y derogar inmediatamente la Ley Beason-Hammon”.
